Intervenciones Parlamentarias de Jorge Fernández

Pleno del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2011

2011-09-15T09:37:00.004+02:00

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE LEY DE INICIATIVA POPULAR DE "TELEVISIÓN SIN FRONTERAS".

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias,señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular quiere, a través de quien les habla, manifestar su respeto más absoluto por esta iniciativa legislativa popular y por sus promotores. Somos conscientes de lo que significa la iniciativa legislativa, del trabajo que exige una iniciativa legislativa para conseguir que pueda ser, como estamos haciendo ahora, debatido si se admite o no a trámite —esta en particular ha recibido el apoyo de 671.000 personas, además del de muchas instituciones de todo tipo en el conjunto de España— y somos conscientes además de que en este momento procesal hay una especial sensibilidad en el conjunto de la sociedad española hacia este tipo de iniciativas políticas; por lo tanto, desde el comienzo, nuestro pleno respeto político y, en consecuencia, nuestro pleno respeto parlamentario.

Como saben, señorías, el debate de admisión a trámite de una proposición de ley es el equivalente al debate de totalidad en un proyecto de ley cuando la iniciativa legislativa procede del Gobierno. Comienzo por decir que nuestro grupo parlamentario no se va a oponer a que esta iniciativa pueda ser tramitada parlamentariamente, digo que no se va a oponer siendo conscientes de que con nuestra abstención, en la medida en que esta iniciativa, por su naturaleza, no va a decaer al acabar la legislatura,
esta Cámara tendrá ocasión de tramitarla, de debatirla y de votarla en la legislatura que se iniciará con ocasión de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Quiero decir también que nuestro grupo, al afirmar su abstención, quiere expresar de manera muy sensible que esa abstención no debe ser interpretada
como neutralidad ni, mucho menos, como indiferencia; todo lo contrario, esta abstención responde a la convicción de que esta iniciativa legislativa popular merece ser tratada con la consideración que merece una iniciativa legislativa popular en general y esta que estamos debatiendo en particular, pero al mismo tiempo afirmando la convicción por parte de mi grupo parlamentario de una especial reserva sobre algunos aspectos que conforman contenido material de la iniciativa y que, en consecuencia, serán objeto de la correspondiente enmienda, como procede en toda iniciativa legislativa una vez que pasado el trámite de totalidad o el trámite que en estos momentos estamos sustanciando.

Decía pues, señorías, que estamos ante una iniciativa, de televisión sin fronteras, de un gran calado político, pero para que pueda tener la adecuada solución política requiere, y en este caso de manera muy particular, como han señalado algunos intervinientes con anterioridad, una previa solución técnica. En términos matemáticos suele hablar de condición necesaria y condición suficiente. En este caso la condición necesaria es el tercer múltiplex para la Comunidad Valenciana y la condición suficiente es el acuerdo político. Por declaraciones de altos representantes de los gobiernos autonómicos catalán y valenciano, a las que ahora me referiré, es evidente que ese acuerdo político deseable es posible. Por algunas de las intervenciones que aquí se han producido evidentemente ese acuerdo político no sería posible, pero precisamente por eso los grupos políticos a los que pertenecen determinados oradores son irrelevantes en determinadas comunidades autónomas y van a ser irrelevantes a la hora de las decisiones y los acuerdos políticos, y quizá deberían reflexionar acerca de ello. A estos efectos me refiero de manera particular a las declaraciones del portavoz del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en las que, literalmente, aludía al tema que nos ocupa de la siguiente forma: La Comunidad Valencia debería tener un tercer múltiplex de TDT, igual que Cataluña, ya que cuenta con dos lenguas oficiales. Y el mismo alto cargo decía: Sin un acuerdo técnico antes, no habrá acuerdo político. Estamos hablando de declaraciones de hace escasos meses, de este mismo año. En paralelo, el vicepresidente primero y conseller de Industria del Gobierno de la Generalitat Valenciana en las mismas fechas decía: TV3 será la primera televisión en poderse ver en la Comunidad Valenciana en cuanto haya la posibilidad desde el punto de vista técnico. No son ociosas todas estas declaraciones. Conviene tener memoria: Montilla, Carod Rovira y TV3 apagan Canal Nou y humillan a Valencia. Las sensibilidades las tenemos todos y las tienen todos. Por tanto, la solución técnica —que, como se ha dicho muy bien aquí antes, ya se podía haber resuelto, la del tercer múltiplex para la Comunidad Valenciana— está en manos del Gobierno, el cual, por cierto, vetó hace once meses, exactamente el 14 de octubre del pasado año, que se pudiera tramitar esta iniciativa legislativa popular, iniciativa que hoy previsiblemente será admitida a trámite —y lo celebramos— y será debatida en consecuencia en la próxima legislatura, pero que si no la hubiera vetado el Gobierno hace once meses, hubiera sido debatida y votada en esta legislatura. (Aplausos.) Por tanto, que cada palo aguante su vela o, dicho de otra manera, que cada cual asuma sus responsabilidades. En este caso hablo del Gobierno de la nación y de los que pactaron de manera muy particular y apoyaron a ese Gobierno, y por ejemplo de la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada, como saben, después de la presentación de la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados y que en su artículo 40.3 regula una solución política del contencioso que aquí estamos debatiendo, que fue apoyada por la inmensa mayoría de los que en estos momentos se han pronunciado con anterioridad. La iniciativa legislativa popular contradice el artículo 40.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual en la medida en que dicha ley establece que, resueltas las premisas técnicas, mediante convenio bilateral y garantizando la reciprocidad no hay ningún problema para que haya lo que venimos en llamar una televisión sin fronteras. Sin embargo, como saben, la iniciativa legislativa popular no acepta —y es un tema que tendremos que debatir, evidentemente— que se someta a la suscripción de un convenio bilateral entre las comunidades autónomas afectadas. Por otra parte, hemos de tener presente, como también se ha señalado aquí, que no es solo un caso que afecte a Cataluña y a la Comunidad Valenciana, sino que también afecta a otras comunidades. Aquí se ha citado el caso del euskera, y podemos hablar de Telebista y de la Comunidad Foral de Navarra, donde estos mismos contenciosos se han planteado con anterioridad y han sido objeto de debate en esta Cámara y en el Senado.

Se ha aludido a que uno de los fundamentos jurídicos de la iniciativa legislativa popular —y es cierto— es la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Quiero recordar, señorías, que esa carta fue ratificada por el Estado español por medio de estas Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados el día 23 de
noviembre de 2000 y en el Senado el 20 de diciembre de 2000, en un momento —¡oh, casualidad!— en el que en el Congreso y en el Senado el Grupo Popular tenía
mayoría absoluta. Por tanto, se ratificó la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias por unanimidad, es verdad, pero con el apoyo, evidentemente, del Grupo
Popular, que tenía mayoría absoluta. Por tanto, apoyamos esa carta europea en su espíritu y en su letra no por obligación, sino por convicción.

Como sabemos —ya me he referido a ello—, la Ley General de Comunicación Audiovisual dio una respuesta —no tiene por qué ser la única, pero es la respuesta legal que hay— a este contencioso en el artículo 40.3, artículo que apoyaron todos ustedes, señorías. Y la ley, además, fue aprobada y apoyada por la práctica totalidad de la Cámara, salvo por el Grupo Popular, que fue marginado. Pero resulta que hay que ser coherentes y no ser contrarios a los propios actos, y no se puede apoyar simultáneamente, por lo menos en este punto, una iniciativa y la contraria. Dice el artículo 40.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad. No pone más condiciones y eso lo apoyaron todos ustedes. Nosotros tenemos que decir que apoyamos esta solución sin negar otras. Apoyamos que, previa la solución técnica, que en este caso —insisto— pasa por el tercer múltiplex a la Comunidad Valenciana, se llegue en todo caso a la solución definitiva política mediante un convenio bilateral con la reciprocidad correspondiente, convenio donde se contengan los derechos y obligaciones de ambas partes.

Para acabar, señor presidente, el Grupo Popular es favorable a la reciprocidad y entiende que es posible apostar y que se debe apostar por la televisión sin fronteras. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque el Grupo Popular no quiere televisiones que se dediquen a crear fronteras donde ni las hay ni las debe haber, dicho de pasada. (Aplausos.) Y digo que la reciprocidad de las emisiones entre comunidades limítrofes —insisto en que será tema de debate en la tramitación legislativa en la legislatura que viene— no esté vinculada solo a lo lingüístico, que por supuesto, sino también por razones de afinidad cultural, social o económica. En el caso de la Comunidad Valenciana no tiene por qué negársele la posibilidad, dotando de los medios técnicos correspondientes, de que comunidades vecinas, como Murcia o Castilla-La Mancha, por ejemplo, puedan establecer, si así lo acuerdan sus
respectivos gobiernos, los correspondientes convenios bilaterales de reciprocidad. En particular —ya que hemos hablado de respeto en varias ocasiones y en
particular cuando hablamos de la lengua, y me parece muy bien, porque debe ser así— conviene que respetemos lo que dicen la Constitución y los estatutos, y el Estatuto de la Comunidad Valenciana habla de la Comunidad Valenciana y del valenciano como lengua oficial de la Comunidad Valenciana. (Aplausos.)

Como antes insistí en que la condición necesaria es el acuerdo técnico —tercer múltiplex— y la condición suficiente es el acuerdo político, digo esto porque para
que haya acuerdo político tiene que haber buena voluntad, buena fe y respeto por ambas partes. Y el respeto implica respetar las señas de identidad cultural, histórica y por supuesto estatutaria y constitucional de las diferentes comunidades autónomas. Y, por último, como he dicho, la reciprocidad debe estar vinculada en
todo caso a la suscripción de un convenio entre las comunidades afectadas.

Con este espíritu, insisto, nosotros no nos oponemos a que se tramite. Estamos a favor de que se tramite y tendremos ocasión —Dios mediante— en la próxima legislatura de debatir en profundidad sobre esta cuestión, porque nos parece necesario y conveniente para todos que se resuelva a satisfacción del conjunto de la sociedad. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Gracias, señor Fernández.

Pleno del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2011

2011-07-20T09:11:00.004+02:00

PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 46/1977, DE 15 DE OCTUBRE, DE AMNISTÍA.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decía el señor Jorquera en la defensa de su iniciativa que su grupo no glorificaba la transición. Nosotros tampoco, lo que pasa es que nos sentimos muy orgullos de la transición a la democracia que hicimos los españoles y de la culminación de la transición, que fue el pacto constitucional de 1978. Su grupo no estaba entonces representado en esta Cámara y, por tanto, mal podía estar en el pacto constitucional. La pena es que sigue sin estar en el pacto constitucional y están ahora aquí, y es más penoso todavía que algunos que tuvieron un especial protagonismo en el pacto de la transición que culminó en el pacto constitucional hoy se hayan olvidado.

Ha dicho también algún interviniente, con una lógica evidente, que las leyes son fruto del contexto histórico del momento, claro y lo que votaremos esta tarde en relación con esta proposición de ley es fruto de correlación de fuerzas políticas que hay aquí que, a su vez, representan la voluntad del pueblo español el día que se efectuaron las elecciones generales del año 2008. Evidente. Ahora, de ahí a colegir que la Ley de Amnistía es un ley de punto final, una ley que, poco más o menos, estuvo viciada en su origen porque había determinados poderes fácticos que establecieron que fuera una ley de punto final y otras cosas, media un trecho; como también media un trecho decir, por ejemplo, que determinado juez está suspendido de sus funciones por perseguir los crímenes del franquismo; que yo sepa, está suspendido en sus funciones por presuntos delitos como el de prevaricación o uno gravísimo, como es el de interceptación de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, que es algo sagrado en un Estado democrático y de derecho, como usted sabe.

Sin embargo, no es el tema del juez el que hoy nos ocupa ni el de someter a debate la transición, aunque sí es verdad, en mi opinión y en la del grupo en cuyo nombre hablo ahora, que la Ley de Amnistía de 1977 fue una pieza clave de la transición como lo fue antes la Ley para la Reforma Política de 1976 y el referéndum de 1976, como usted sabe, que fue el que resolvió el dilema que había en aquel momento para salir del franquismo e ir a la democracia: reforma o ruptura. Había fuerzas políticas que querían la ruptura y había otras fuerzas, entre ellas Unión de Centro Democrático, que apostaban por la reforma. En el referéndum del año 1976 sobre la Ley para la Reforma Política, como usted sabrá –estoy haciendo nuestro relato, como le gusta decir y muy bien al señor Llamazares–, la izquierda pidió la abstención. Votó más del 77 por ciento del cuerpo electoral y más del 80 por ciento votaron a favor. La Ley para la Reforma Política entonces creaba el Congreso de los Diputados, creaba el Senado y permitió que hubiera unas elecciones democráticas y libres el 15 de junio de 1977.
Una de las primeras cosas que se hizo, el 14 de octubre de 1977, fue aprobar la Ley de Amnistía. La Ley para la Reforma Política jurídicamente era una ley fundamental y fíjese usted lo que fue después en la práctica. Salieron las Cortes que no eran formalmente constituyentes –en la práctica lo fueron–, que elaboraron la Constitución
de 1978. Así se escribe la historia.

Por tanto, por razones jurídicas y por razones políticas nos vamos a oponer a la admisión a trámite de su proposición de ley. Lo puedo decir más alto, pero no más claro, con todo respeto, señor Jorquera. En primer lugar, no aceptamos que se pueda cuestionar la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1977, porque la aprobaron unas Cortes absolutamente democráticas, las Cortes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977. Porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional en numerosísimas ocasiones. Sabe, usted, señor Jorquera, que hay numerosísimas sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1977. Entre todas las sentencias, le podría citar la 147 de 1986, que dice que la Ley de Amnistía fue una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia, pretende eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa, en sentido amplio, que se rechaza hoy en el presente por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. El orden político que se alumbró precisamente a partir del referéndum de la Ley de la Reforma Política, de manera muy particular, a partir de las elecciones constituyentes del 15 de junio de 1977. Ha hablado de razones jurídicas. Le sigo diciendo que el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas y el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, ambos tratados —como usted sabe muy bien y ha dicho— incorporados al ordenamiento español con posterioridad
a la aprobación de la Ley de Amnistía, obviamente de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, se refieren a hechos producidos con anterioridad evidentemente, y usted conoce —se ha citado aquí la Constitución— el principio general de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Además está la Convención de Viena que sobre el derecho de los tratados establece literalmente en su artículo 28 la irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado —reza ese artículo 28 del Tratado de la convención de Viena— no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. La misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU se ha guardado muy bien de condenar al Gobierno de España, o al Estado español o al Reino de España, como quiera, como infractora del pacto; en ningún momento. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los pactos y tratados internacionales suscritos por España, desde el punto de vista de la constitucionalidad o la legitimación de la Ley de Amnistía son absolutamente innumerables los argumentos en contra de la pretensión que jurídicamente ustedes nos han traído aquí.

Luego le he hablado de razones políticas. Decían, evidentemente se aprobó en un contexto determinado; mire usted qué contexto. Una persona que no está ya entre nosotros, pero a la que todos respetamos, don Marcelino Camacho en representación del Partido Comunista de España, dijo algo desde esta tribuna durante el debate de la Ley de Amnistía, el 14 de octubre de 1977. Nadie dudará del antifranquismo del señor Camacho ni nadie dudara, ni yo ni mi grupo lo dudamos, de que seamos afines ideológicamente al Partido Comunista y, por ello, nadie dudará de la legitimidad del antifranquismo del Partido Comunista de España del señor Camacho. Mire lo que decía el 14 de octubre de 1977: «¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos estábamos matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra» —decía don Marcelino Camacho—. Y seguía diciendo: «Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en la vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso que hoy se abre.» Eso decía cuando se debatía la Ley de Amnistía don Marcelino Camacho. Él decía que venían a enterrar sus muertos y sus rencores y ustedes hoy —treinta y seis años después— vienen a traer muertos y vienen a traer rencores. Lo que hacía el señor Camacho, en definitiva, era actualizar el manifiesto de la Declaración del Partido Comunista de España, como tuve yo ocasión de decir en la Comisión Constitucional cuando se debatió la Ley de Memoria Histórica de 1956. Con ocasión del 30º aniversario del comienzo de la guerra civil —hoy estamos cincuenta y seis años después— el Partido Comunista de España —no hablo del BNG porque entonces no existía— decía: Crece en España —año 1956— una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos y no podemos sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante la historia hacer pesar sobre esta generación, la de 1956, las consecuencias de hechos en los que no tomó parte. Y fíjese, decía el Partido Comunista de España en 1956: Una política de azuzamiento de rencores puede hacerla Franco y en ello está interesado, pero no las fuerzas democráticas españolas. Y cincuenta y seis años después determinadas fuerzas políticas españolas vienen haciendo ese azuzamiento y ese echar muertos y rencores encima, cuestionando la base de nuestra convivencia democrática de hoy que es nada más y nada menos que la Ley de Amnistía de 1977 como pieza clave de nuestro pacto constitucional.

Confundir historia con memoria colectiva nos ha dado lugar a ese híbrido de la memoria histórica, que cuando se impone por ley ya es un absoluto sinsentido. De ese revisionismo histórico, de ese intentar reescribir la historia, de esos vientos vienen estas tempestades, desde la responsabilidad de unos y la irrelevancia política de otros. Evidentemente, nosotros estamos por la Constitución, por el Pacto constitucional, por el sentido común y por la reconciliación. Por eso votaremos que no cuantas veces sea preciso a iniciativas de estas características.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.

Pleno del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2011

2011-07-14T10:42:00.002+02:00

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Para defender las del Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta. Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a las dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en relación con el Diccionario Biográfico Español. En opinión de mi grupo es lo que hoy nos convoca aquí, no un debate sobre la democracia o un debate constitucional, en el que sin duda básicamente estaríamos de acuerdo. Pero nos trae aquí en particular el Diccionario Biográfico Español. Yo me alegro de que tanto don Álvaro Cuesta como el propio señor Llamazares hayan hecho una loa del Diccionario Biográfico Español como obra en conjunto.

Conviene no olvidar que este diccionario es fruto de un trabajo de doce años, como se ha dicho anteriormente, que ha reunido en su totalidad las biografías de más de 40.000 personajes relevantes de la historia de España y que para su elaboración han trabajado más de 5.500 investigadores españoles y extranjeros pertenecientes a más de 500 instituciones a lo largo y ancho del mundo, tanto públicas como privadas. A modo de ejemplo sobre la importancia de esta obra y su repercusión internacional podíamos referirnos a muchos especialistas de cuya independencia y cualificación científica seguro que el conjunto de la Cámara no duda, y no españoles además, como sir John Elliott, Joseph Pérez o Stanley Payne. Citaré brevemente lo que en la presentación de los veinticinco primeros tomos dijo este último historiador, Stanley Payne: Es una de las dos obras máximas de esta clase en el mundo, igualada solamente por el Diccionario Británico Oxford, y que ha marcado un paso que eleva todo el nivel de la historiografía de España. Creo importante en el preámbulo de mi intervención, necesariamente breve, remarcar este dato para poner de manifiesto que no podemos cuestionar y olvidar lo que significa esta obra, que alguien ha dicho que es la mayor aportación cultural en España en los ciento cincuenta últimos años, alguien muy relevante también, por cierto. A estos efectos lo que hace nuestra enmienda en su primer punto es recordar algo que pertenece a la esencia de nuestra Constitución y, por tanto, de nuestra democracia, y es que el progreso científico e intelectual solo es posible dentro de un entorno institucional que salvaguarde la libertad, la independencia y el rigor de los investigadores, de acuerdo con los principios democráticos y derechos fundamentales que constitucionalmente lo hacen posible. ¿Cuáles son fundamentalmente, que no exclusivamente? Artículo 20 de la Constitución, se lo voy a leer. «Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra.» Apartado 2 del artículo 20 de la Constitución, escuchen, señorías: «El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo –ningún tipo— de censura previa”. Eso dice la Constitución.

Cuando se ha alegado aquí que al estar financiada con fondos públicos eso da derecho, al parecer, a algún tipo de censura, aunque sea ex post, tengo que decir que la lógica de ese discurso nos llevaría al absurdo, por ejemplo, de cuestionar la libertad de cátedra en las universidades públicas que se financian con fondos públicos o, por ejemplo, que en las subvenciones al cine los autores tuvieran que pasar la censura de los guiones de sus películas. Por lo tanto, mucho cuidado con las lógicas de determinados discursos que nos llevan a fines que sin duda no están en el ánimo de los que promueven estas iniciativas.

En segundo lugar, nuestra enmienda dice que respalda la decisión adoptada por la Real Academia de la Historia en la línea de crear una comisión permanente integrada por historiadores de reconocido prestigio pertenecientes a la academia o no, como es el caso del historiador Fusi, del que además nadie duda de su no cercanía a determinados planteamientos ideológicos; entre otras cosas, fue director de la Biblioteca Nacional durante la época de los gobiernos de Felipe González, y me parece muy bien, pero digo esto para dar idea de la independencia y objetividad que se pretende de la comisión permanente que la propia Real Academia de la Historia ha constituido con la finalidad de revisar aquellas entradas que entienda que deban ser revisadas. Creo que el respeto de esta Cámara hacia la Real Academia de la Historia y las iniciativas que ya ha adoptado nos deben eximir de cualquier tipo de tentación de censura previa.

Por último, en relación con la retirada de la difusión de la edición de los veinticinco primeros tomos, edición muy limitada, 1.000 ejemplares nada más, tengo que decirles que o hay una resolución judicial firme o eso no es posible. A mí me preocupa mucho que el Congreso de los Diputados apruebe iniciativas que son constitucionalmente imposibles o, si quiere, son inconstitucionales. Solo el Poder Judicial puede limitar la distribución de una edición, no estamos con la Ley de Prensa e Imprenta. Por tanto, señorías, respetemos todos la Constitución, respetemos la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de creación literaria aunque algunas veces, es verdad, algunas cosas no nos gusten.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Muchas gracias, señor Fernández.

Comisión de Educación, Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2011

2011-07-14T10:29:00.002+02:00

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, PARA INFORMAR SOBRE LA SUBVENCIÓN OTORGADA A LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA PARA EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL (Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds)

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, en primer lugar, va a intervenir el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Quiero fijar brevemente la posición de mi grupo en relación con la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a las subvenciones concedidas para la edición del Diccionario Biográfico Español. Agradezco al señor ministro su presencia y, en lo que hace referencia a la parte que me compete más directamente, también sus explicaciones.

Yo era en julio del 99 secretario de Estado de Educación, Universidades e Investigación, y por tanto, evidentemente, sé muy bien de lo que estamos hablando y comparto plenamente lo que ha dicho el señor ministro en cuanto a aquel convenio que entonces fijó el Ministerio de Educación y Cultura con la Real Academia de la Historia para poder llevar a cabo una obra de esa envergadura, el Diccionario Biográfico Español, con esas partidas presupuestarias, que nos ha recordado el ministro y que se alargaban en un periodo de ocho años a razón de 100 millones de pesetas anuales. Después, considerando sin duda el Gobierno de la época entonces, en el año 2004, que el objeto del convenio merecía ser prorrogado, pues así lo hizo, y no solo por medio del Ministerio de Educación sino también por medio del Ministerio de Industria. Es evidente que, como no podría ser de otra manera, el Gobierno en general y el Ministerio de Educación y el ministro en particular, en esta materia como en cualquier otra, pero en esta en concreto, sabe regirse muy estrictamente por lo que el ordenamiento jurídico determina. Y conviene recordar, porque se han dicho aquí algunas cosas que no le oculto que me preocupan desde un punto de vista democrático y de lo que es la concepción de un Estado democrático, conviene recordar algunos artículos de la Constitución porque, aunque no dudo que son conocidos, parece que algunos los han olvidado. El artículo 20 de la Constitución tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Se reconocen y protegen los derechos: 1. a) a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; b) a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) a la libertad de cátedra –sigue-. El apartado 2 del artículo 20, que sin duda el señor ministro conoce muy bien, pero no sé si otros intervinientes lo conocen tan bien: El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Esto es lo que distingue a una democracia de una dictadura, por ejemplo, entre otras cosas. Cuando dice que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, quiere decir que si hay financiación pública para expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, eso no da derecho a que haya censura previa. Si dice que es un derecho que no puede ser sometido a ningún tipo de censura previa, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, quiere decir que, si hay subvención pública, no hay derecho a que haya censura previa, etcétera.

En caso contrario nos encontraríamos, por ejemplo, con la libertad de cátedra, que también está reconocida en el artículo 20 de la Constitución. Es decir, como las universidades públicas tienen subvenciones públicas, la libertad de cátedra estaría condicionada a que los catedráticos y las universidades tuviesen financiación pública, algo que sé que en el ánimo del ministro no está en absoluto, pero que en la lógica del discurso de algunos a los que he escuchado parecería que sí. O, por ejemplo, las subvenciones al cine. ¿Qué pasa, que como los guiones tienen financiación pública han de pasar por censura previa? Hay que ser muy serios en estas cosas. Tengo la impresión de que el señor ministro ha sido serio, pero, repito, creo que otras intervenciones son muy poco serias. Podemos estar de acuerdo en que en el diccionario biográfico español, que en los veinticinco tomos ya alcanza más de 20.000 biografías, haya entradas poco afortunadas -vamos a calificarlo así, y por cierto no solo es una; yo me he leído unas cuantas, que evidentemente no tienen el relieve público de aquella entrada en la que todos estamos pensando y por la que estamos aquí-, pero hay algunas, que si empezamos a abrir el criterio de lo que nos gusta o no nos gusta, o lo que es o no es ecuánime, podríamos aplicar aquello de que entre todos la mataron y ella sola se murió -me refiero al diccionario biográfico español-; cosa que posiblemente a algunos les encanta o les encantaría. Algunas críticas no están exentas precisamente de la aportación que a la cultura española, a la historia española, a la identidad histórica de España, significa el diccionario biográfico español. Repito, con independencia de que haya entradas que podamos no compartir o disentir y puedan gustarnos poco o nada. Termino diciendo que en todo caso es evidente que, como decía al principio, el ministro se ha de mover, como no puede ser de otra manera, en el ordenamiento jurídico. He citado el constitucional, si nos vamos al más aproximado, mencionaré el real decreto que firmó precisamente el señor ministro, don Ángel Gabilondo Pujol, el 17 de septiembre de 2010 en relación con el Instituto de España, donde establece la relación del Gobierno, a través del Ministerio de Educación, con las reales academias que integran el Instituto de España. Si hablamos de los estatutos de la Real Academia de la Historia, conviene recordar que no son del siglo XIX los ya vigentes, sino que son de enero de 2009. Por tanto, hablar de estatutos democráticos y demás es, como mínimo, poco respetuoso no ya con el Gobierno, sino en este caso con los académicos, con el Instituto de España y con esas reales academias.

La Real Academia de la Historia ha acordado crear una comisión permanente integrada por historiadores de reconocido prestigio. Por cierto, unos pertenecientes a la academia; algún otro, como el señor Fussi, no perteneciente a la academia y no dudoso porque fue director -y lo digo sin ninguna segunda intención- de la Biblioteca Nacional con los gobiernos de don Felipe González. Es una comisión permanente que tiene por misión la de revisar aquellas entradas que puedan apartarse de ese rigor y ecuanimidad a la que en el convenio suscrito en el año 1999 venía obligada la Real Academia de la Historia, en el bien entendido que bajo ningún concepto, -como sabe muy bien el señor ministro, pero parece que no saben otros que han intervenido y que ahora no están presentes- los propios estatutos de la Real Academia de la Historia impiden la censura previa y son responsables de las entradas y de las biografías los que han hecho esas biografías, no la academia, que además reproduce en cada uno de los tomos y en cada una de las biografías la expresión de que la academia no se hace responsable ni hace suyos los contenidos, sino que el responsable de cada biografía es el autor. Entiendo que lo que procede es dejar, con el respeto que la Constitución nos exige, trabajar a esa comisión permanente que ha creado la Real Academia de la Historia y recordar que los tiempos de la censura previa pertenecen a otros tiempos, en los que no estamos. Algunos, en base a la dictadura de lo histórico y políticamente correcto, parece que les gustaría subordinar la libertad de opinión, la libertad de cátedra, la libertad de creación literaria, de investigación científica a lo políticamente correcto, teniendo presente que quien determina, quien juzga lo que es política o históricamente correcto son ellos.

Pleno del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2011

2011-05-25T08:57:00.006+02:00

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL PARA REPARAR CON JUSTICIA A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA Y LA TRANSICIÓN.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Tardà, pensaba que, después de la efervescencia electoral, hoy estaríamos más sosegados y se defenderían iniciativas totalmente legítimas, pero con un poco más de serenidad. Conste que se lo decía a las filas del Gobierno, y lo digo para que vea que no hablo desde una posición partidista. Menos mal que todo lo que ha dicho de asesinados por la Guardia Civil y demás lo ha dicho en nombre de la fraternidad y la reconciliación.

Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda en relación con el primer punto de su moción, donde dice: para que se modifique la norma que desarrolla Ley de Memoria Histórica en lo relativo a las indemnizaciones y se permita que las perciban también quienes han pertenecido a bandas o grupos armados con anterioridad al año 1977. Soy diputado por Barcelona y usted es catalán, Joan Tardà, y sabe muy bien de qué hablamos.

Recuerdo el asesinato del señor Bultó y del señor Tarragona por Terra Lliure en Barcelona en el año 1976, donde les pusieron unos artefactos explosivos de una manera cruel e inhumana —absolutamente cruel e inhumana—, porque además los dejaron, como usted sabe, con los dispositivos de explosión retardados para garantizar su huida y dejarles a ellos durante esos minutos, sabiendo que momentos después sus cuerpos iban a estallar. Así murieron asesinados los señores Bultó y Tarragona. Y usted pone el acento en los miembros de Terra Lliure que cometieron esos asesinatos, cuando usted plantea esta moción, en los términos literales en que ha planteado su iniciativa, y lo hace en nombre de la fraternidad y la reconciliación.

Este debate lo tuvimos usted, yo y los demás ponentes durante la discusión de la Ley de Memoria Histórica. Nosotros apoyamos al Gobierno, evidentemente entonces y le vamos a seguir apoyando, para que nunca en casos como este, ni en otros que podrían incluirse en estas características, este Congreso de los Diputados pudiera aprobar el escarnio que significaría que a las personas que cometieron esos atentados, esos terribles asesinatos, encima el Estado les considere como dignos de ser receptores de indemnizaciones. Explíquele usted a la sociedad española, que está sufriendo los recortes sociales que está padeciendo en estos momentos, que entre sus prioridades está que el gasto público se destine a homenajear, a honrar y, en definitiva, a pagar a los que cometieron, entre otros, aquellos asesinatos. Aunque me atrevo a pensar que evidentemente usted no aprueba, no ya esos actos, que por supuesto, sé que me va a decir que en el ámbito de aplicación que ustedes plantean no iría eso incluido, le tengo que decir, señor Tardà, que en la literalidad de lo que ustedes dicen sí va incluido. He citado esos casos de los señores Bultó y Tarragona, de Terra Lliure, porque se cometieron en Barcelona, y usted, señor Tardà, es diputado por Barcelona y, por tanto, conoce especialmente bien de lo que estoy hablando. No hagamos según qué tipo de discursos, porque seguramente si la opinión pública los conoce adecuadamente, van a tener que explicarlos con la cara colorada.

En cuanto a lo demás, señora presidenta, señor Tardà, como se habla otra vez del Valle de los Caídos y de la exhumación, en su caso, de los restos de personas allí enterradas, quiero hacer una declaración de principios en nombre de mi grupo parlamentario, que consta en el primer punto de la enmienda. Por supuesto, apoyamos sin ningún tipo de reservas el derecho —y fíjese en cómo lo voy a calificar— sagrado de cualquier persona a localizar, exhumar y tener a su disposición los restos de sus seres queridos —eso nos parece incuestionable—, y solo me permito añadir una cosa, siempre que sea humana y técnicamente posible y que se haga en el marco de la ley. Por lo que se refiere al Valle de los Caídos, el marco de la ley, la Ley de Memoria Histórica nos remite, como usted sabe, en el artículo 16 a la normativa general aplicable sobre cementerios públicos y lugares de culto.

Por tanto, le guste o no, la Ley de Memoria Histórica nos refiere a la Constitución, que en su artículo 148.1.21.ª establece que las comunidades autónomas —en este caso, la Comunidad Autónoma de Madrid, en cuyo territorio radica el Valle de los Caídos— tienen competencia sobre sanidad mortuoria. Hay una normativa que desarrolla esa competencia constitucional por parte de la comunidad autónoma y también el ayuntamiento, en este caso el de San Lorenzo de El Escorial, tiene competencias.
Por tanto, que eso se tenga presente porque a veces se olvida.

Y que también se tenga presente en cuanto a la publicidad de los datos que la Ley de Protección de Datos artículo 8 de la Directiva 95/46 de la Comunidad Europea es muy tajante respecto a la necesidad de no objeto de tratamiento los datos que revelen la ideología, religión y las creencias, que están especialísimamente protegidas además por doctrina constitucional española. Por tanto, ¡ojo! con la publicidad de esos datos, puesto que nos encontramos en un Estado de derecho, con una ley y con un ordenamiento jurídico que establecen claras líneas rojas a esos efectos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

Pleno del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2011

2011-05-05T09:31:00.002+02:00

MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL 80 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Muchas gracias, señor Llamazares.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte
de dos grupos. Para defender, en primer lugar, las del
Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hemos presentado una enmienda de modificación
que pretende sustituir el texto de la moción
presentada y ahora defendida por el grupo parlamentario
al que pertenece el señor Llamazares. Si me permiten, y
habiendo escuchado con atención al señor Llamazares,
quisiera hacer una consideración previa. No es conveniente
en la vida en general ni en la vida política en
particular confundir los deseos con la realidad. Comprendo
perfectamente, y es legítimo, faltaría más, que él
tenga la visión idílica que tiene de la II República, pero
otra cosa es que nos obligue al conjunto de los españoles
a compartir sus deseos. Creo que decir que el antecedente
de la Constitución de 1978 es la Constitución de
la II República, salvo que nos estemos refiriendo meramente
a aspectos cronológicos, que no creo que sea el
caso, es un insulto triple, al rigor y la verdad histórica,
a la inteligencia y a los constituyentes de 1978. Los
constituyentes de 1978, como muy bien sabe el señor
Llamazares, entre otras cosas, tuvieron tan presente la
experiencia de la II República y a lo que llevó la II
República que pretendieron evitar que se volvieran a dar
las causas que llevaron a ese trágico desenlace, nada
menos que de una guerra civil. Por eso, frente a lo que
fue el contenido material de la Constitución de la II
República y el procedimiento de su elaboración y partiendo
de la base de que por supuesto tenía cosas buenas
—claro que sí, es que es imposible, aunque lo pretendas,
hacerlo todo bien o todo mal, evidentemente las obras
humanas son manifiestamente perfectibles y claro que
había cosas buenas en la Constitución de la II República—,
el balance fue desolador. Fue una Constitución
sectaria que se hizo sin consenso y para una parte de la
sociedad española. Tan es así que poco después de su
aprobación ya una serie de ciudadanos españoles tuvieron
que exiliarse porque la Constitución les obligaba a ello,
por motivos religiosos en aquel caso. Después, en la vida
corta de la Constitución de la II República tuvimos hasta
un golpe de Estado en el año 1934 y hasta el asesinato
del jefe de la oposición, no por un grupo terrorista sino
por la policía de la república, yendo a buscarle a su casa
y asesinándole por el camino. Por tanto, dejemos las
cosas, que a estas alturas de la vida, señor Llamazares,
afortunadamente sobre la guerra civil existe numerosísima
bibliografía. Se ha escrito y se seguirá escribiendo
muchísimo y la sociedad española, que es plural ideológicamente,
tiene opiniones diversas, pero no nos pretenda
usted imponer la suya al conjunto de la Cámara a
estas alturas de la vida. Por eso decía que es un insulto
a la inteligencia y al rigor y a la verdad histórica, por
supuesto. Todo lo contrario de lo que fue el contenido
material, porque la forma política del Estado es la monarquía
parlamentaria, que no creo que se parezca mucho
a una república, ni siquiera a una república coronada,
que no es el caso.
En cuanto al procedimiento de elaboración, como
digo, la Constitución de 1978 fue la Constitución del
consenso, la Constitución de la reconciliación, la Constitución
de la concordia, nada que ver con lo que fue la
Constitución de la II República, así de claro. Por tanto,
está claro lo que nosotros opinamos, y creo que eso es
lo que opina una inmensa mayoría de españoles que en
estos momentos no cuestionan para nada la monarquía
parlamentaria y la Constitución de 1978. En general
está bastante extendido un juicio crítico histórico sobre
lo que fue la II República como una gran ocasión perdida,
no como algo que haya que conmemorar y algo
de lo que nos tengamos que enorgullecer, por supuesto,
no solo por culpa de unos, seguramente por culpa de
todos, pero el resultado fue el que fue. Hay pueblos a
los que les encanta conmemorar derrotas y guerras
civiles. No creo que sea el caso del nuestro. De cualquier
modo nuestro grupo considera que no es eso lo
que nos conviene.
En relación con la referencia que ha hecho al Valle de
los Caídos, solo quiero recordarle apelando a su sentido
democrático, que esta Cámara debatió y votó la Ley de
la Memoria Histórica y debatió y votó el artículo 16. Y,
salvo ustedes, lo votó prácticamente el resto de la
Cámara. Usted tiene derecho a tener la opinión que tiene
en particular sobre el Valle de los Caídos, pero no hable
en nombre del pueblo español, porque el 95 por ciento
del pueblo español se manifestó en esta Cámara votando
en los términos que establece el artículo 16 de la Ley de
la Memoria Histórica, que no tiene nada que ver con lo
que usted ha dicho aquí. Nosotros queremos ir hacia
adelante. En ese sentido va nuestra enmienda. Le queremos
recordar, nosotros que no votamos el artículo 20
de la Ley de la Memoria Histórica que crea el Centro
Documental de la Memoria Histórica, que si se pretende
profundizar en la investigación de la guerra civil, de la
transición, del exilio y del franquismo, esos son objetivos
concretos y específicos que el artículo 20.2. c) de la Ley
de la Memoria Histórica, que crea el Centro Documental
de la Memoria Histórica, establece como propios. Y la
disposición adicional sexta, que nosotros no votamos
porque nos parece que es una contradicción in terminis
con el artículo 16, y por eso hubo que añadir esa cláusula
de estilo al final —no un sin perjuicio, sino con plena
sujeción a lo establecido en el artículo 16— de que el
pacto que hicimos en la pasada legislatura, del que usted
no participó porque se autoexcluyó, indicaba que era un
centro de culto, cementerio público, y que la política
quedaba extramuros del Valle de los Caídos. Ahí hay
base si hay buena voluntad para avanzar en la reconciliación,
pero con actitudes y con iniciativas como la de
usted, señor Llamazares, lo siento, a nosotros no nos va
a tener a su lado, nos va a tener, pacífica y democráticamente,
enfrente.
Muchas gracias. (Aplausos.—El señor Gómez
Darmendrail: ¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Muchas gracias, señor Fernández Díaz.

Alfa y Omega, 17 de marzo de 2011

2011-03-25T10:32:00.002+01:00

UN ANTES Y UN DESPUÉS: LAS MASACRES DE CRISTIANOS CONDENADAS POR LAS INSTITUCIONES.

El pasado 22 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba por práctica unanimidad (con sólo cuatro votos en contra), una Moción promovida por el Partido Popular, que tuve el honor de defender, por la que se instaba al Gobierno a adoptar determinadas medidas para garantizar la defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en Oriente Medio. Esta iniciativa ha ido acompañada por otras, en el mismo sentido, en el Senado de España, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea.

La declaración del Congreso de los Diputados, como las otras, traía causa y “condenaba con la mayor firmeza los brutales ataques terroristas y la sistemática persecución que están sufriendo las comunidades cristianas en diversos países de Oriente Medio, Asia y África”, violando de manera flagrante el derecho fundamental de libertad religiosa recogido, entre otros muchos textos internacionales, en el art. 18 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos.

Es oportuno recordar que Benedicto XVI, en su alocución a las Naciones Unidas con motivo del 60º aniversario de esa Declaración Universal, señalaba que los derechos humanos son “universales, indivisibles e interdependientes” y en esta misma línea se manifestaba el reciente Consejo de Ministros de Exteriores de la UE, al aprobar que “la libertad de religión está intrínsecamente vinculada a la libertad de opinión y de expresión así como a otros derechos humanos y libertades fundamentales que contribuyen a la construcción de sociedades plurales y democráticas”.

En efecto, el citado art. 18, que ha servido de base para la aprobación de todas estas resoluciones, garantiza a toda persona la libertad de manifestar su religión tanto en público como en privado. Por ello, no deja de ser lamentable que el Presidente del Gobierno, en su reciente visita a Túnez, aconsejara a este país que “la religión tiene que estar en el ámbito de lo privado”. Esta recomendación ha sorprendido a los que con tanto asombro como preocupación y esperanza estamos siguiendo los procesos extraordinarios que se están viviendo en Túnez, Egipto y Libia, con la confianza de que se conviertan en sociedades libres, democráticas, plurales y garantes de los derechos fundamentales del hombre de entre los cuales, como decíamos, no es el menor el de la libertad religiosa.

Por otra parte, la Moción casi unánime del Congreso señala que son los Estados los que primariamente tienen el deber de garantizar el respeto a ese derecho fundamental por parte de sus ciudadanos y ahí radica la posible aplicación de la doctrina de la injerencia humanitaria que legitimaría, en su caso, a Naciones Unidas a intervenir cuando los Estados no quisieran o no pudieran hacer respetar ese derecho fundamental.
Todos estos pronunciamientos de organismo tan relevantes de la Unión Europea y de España –en momentos como los actuales, donde el laicismo radical se ha impuesto como lo políticamente correcto en sus instituciones-, no es exagerado decir que marcan un antes y un después en la sensibilización y en el compromiso por la defensa de la libertad religiosa. Así, como ejemplo reciente, el pasado 8 de marzo, el Parlamento Europeo, con ocasión del asesinato del Ministro pakistaní para las Minorías -único cristiano de ese Gobierno y públicamente contrario a las “leyes de blasfemia”-, volvió a manifestarse al respecto y aprobaba una Resolución en la que decía que ese acto terrorista “es otro grave retroceso en la lucha por la tolerancia, el pluralismo y el respeto de los derechos humanos en Pakistán”. Aunque parezca mentira, esto antes no se hubiera producido.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Pleno del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2011

2011-02-24T08:49:00.004+01:00

MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA LIBER
TAD RELIGIOSA EN EL MUNDO, ESPECIALMENTE EN ORIENTE MEDIO.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Pasamos a la moción del Grupo Popular, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en Oriente Medio. Para defender la moción en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, defiendo una moción que ha sido pactada con el Grupo Socialista. De manera muy particular quiero reconocer públicamente el esfuerzo realizado por su representante, el diputado Juan Moscoso, públicamente y por el resto de grupos parlamentarios, salvo uno, que se han sumado a esta moción que trae causa de la interpelación que la semana pasada mi grupo parlamentario, y en su nombre mi colega Jorge Moragas, defendió en esta Cámara en relación con la persecución a la que se ven sometidas minorías cristianas en Oriente Medio y en diversos países de Asia y África por una flagrante violación de un derecho fundamental humano como es el derecho a la libertad religiosa.

Quiero aclarar, señorías, en primer lugar, que no se trata, a pesar del título de la interpelación y de la moción, de un debate sobre religión ni mucho menos de un debate
confesional o clerical. Es un debate sobre la protección de los derechos humanos, sobre un derecho humano fundamental reconocido amplísimamente en el conjunto de la legislación internacional y muy en particular por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 18, el derecho humano fundamental a la libertad religiosa. A estos efectos, señorías, me parece oportuno recordarles también que en el año 2008, precisamente en el 60º aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas recordaba que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Es especialmente
interesante recordar esa solemne declaración de Naciones Unidas en el 60º aniversario de dicha declaración universal porque ayer mismo el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en las conclusiones que aprobaba en relación con la intolerancia, la discriminación y la violencia provocada por la religión y sus creencias, mejor dicho, contra las personas en función de sus creencias religiosas, la Unión Europea decía: La libertad de religión está intrínsecamente vinculada a la libertad de opinión y de expresión así como a otros derechos humanos y a las libertades fundamentales que contribuyen a la construcción de sociedades plurales y democráticas. Es decir, Naciones Unidas dice que los derechos humanos son indivisibles, universales e interdependientes. Al hilo de esta declaración de Naciones Unidas, ayer la Unión Europea dijo que, efectivamente, el derecho humano fundamental a la libertad religiosa, que está siendo violado sistemáticamente en estos momentos en diversos lugares del mundo, no puede desligarse de principios tales como el de libertad de opinión y libertad de expresión, que junto con otros son consustanciales para que podamos hablar en puridad de una sociedad democrática y de una sociedad plural. Este es el contexto en el que nos encontramos y sobre el que tratamos, que estamos en defensa de un derecho intrínsecamente vinculado a la construcción de auténticas sociedades democráticas. Como les he dicho, señorías, esto no está siendo así, insisto, para nuestra desgracia, para desgracia de la humanidad, en numerosos países de Oriente Medio, de Asia y de África.

En la exposición de motivos de la moción hacíamos constar una no exhaustiva pero sí intensa cronología de acontecimientos que ponen de manifiesto y demuestran lo que estamos diciendo: la masacre de Bagdad con 58 muertos; de Alejandría el primero de enero pasado con 21 muertos; después del registro de esta moción en Túnez ha sido degollado un salesiano de 34 años por el hecho de ser un religioso católico, lo que ha dado lugar a que la alta comisionada de la Unión Europea para política exterior y de seguridad, Catherine Ashton, haya hecho una declaración formal y solemne manifestando su consternación y resaltando la importancia de la tolerancia religiosa para la construcción de una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; el caso de Asia Bibi, una mujer condenada a la horca por blasfema en Pakistán, donde nada más y nada menos que el gobernador del Estado de Punjab, por haberse manifestado contrario a esa legislación, ha sido también asesinado con el apoyo de una parte importante de esa sociedad.

Todo esto pone de manifiesto que no podemos continuar callados ante una situación de esas características que amenaza claramente la paz y la convivencia en el mundo, no ya solo la democracia sino la misma paz y la seguridad en el mundo. El Senado de España aprobó el pasado 19 de enero una moción en relación con esta cuestión con un mplísimo consenso de la Cámara. El 20 de enero, el día siguiente, el Parlamento Europeo aprobó una magnífica resolución también en relación con esta cuestión. Es evidente que tras la conclusión de ayer del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea solo faltaba —si me permiten la expresión— por pronunciarse este Congreso de los Diputados; era inaplazable el pronunciamiento del Congreso de los Diputados de España, legítimo y democrático representante del pueblo español, y lo digo en un 22 de febrero.

Señorías, tenemos la convicción de que hoy el Congreso de los Diputados, con la previsible aprobación por abrumadora mayoría de esta moción, se honra a sí mismo y sobre todo honra al pueblo español para que podamos contribuir de esta manera también a que ante la situación por la que están atravesando tantos países árabes en estos momentos el surgir de esas nuevas sociedades se oriente en la dirección democrática y el derecho a la libertad religiosa sea uno de sus pilares.

Concluyo, señorías. El último punto de la moción alude a que son los Estados los que primariamente tienen el deber de garantizar el respeto a ese derecho fundamental por parte de sus conciudadanos, de sus connacionales, pero decimos primariamente porque ahí se incluye el principio de injerencia humanitaria que legitimaría en su caso por Naciones Unidas a intervenir cuando los Estados no quisieran o no pudieran respetar ese derecho fundamental. Nos ha parecido, por tanto —ya termino, señora presidenta—, que esa inclusión precisamente cierra de una manera muy homogénea una moción de estas características que, insisto, lo que quiere es poner el acento desde el Congreso de los Diputados de España en un problema que a todos nos atañe porque donde se violan los derechos humanos se están violando derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Muchas gracias, señor Fernández.

***

MOCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO, ESPECIALMENTE EN ORIENTE MEDIO, presentada por el Grupo Popular y aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados del 22 de febrero de 2011, por 332 votos a favor y 4 en contra:

Exposición de Motivos.

La libertad religiosa es un valor universal contemplado, además, en la mayoría de los textos de le legislación internacional: la Declaración Universal de los Derechos Humanos le dedica cuatro artículos, especialmente el art. 18, donde se dice: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos defiende la práctica y la confesión de la propia religión en los arts. 18 y 27, así como la Convención Europea de Derechos Humanos en su art. 9 y el art. 14 de la Convención de los Derechos del Niño.

Amparada por todos esos textos legales internacionales, resulta imprescindible adoptar una conducta de defensa activa de la libertad religiosa, al ser uno de los pilares en que deben basarse la paz, la justicia y la libertad en el mundo. Las democracias no deben abdicar de su responsabilidad, porque la libertad de creencias no puede tener fronteras y concierne a todos. La Comunidad Internacional debe llevar a cabo las iniciativas y medidas necesarias para salvaguardar y proteger, de manera decisiva, a todas las personas y comunidades con el fin de que puedan ejercer su inviolable derecho a practicar la religión que profesen así como para impedir cualquier tipo de persecución por razones religiosas.

La violación del derecho fundamental a la libertad religiosa en el mundo es una realidad a la que no pueden sustraerse las democracias occidentales y, en particular, la comunidad de Estados y de ciudadanos que forma la Unión Europea. No estaríamos a la altura de los ideales que predicamos como fundamento de la dignidad de todos los seres humanos si, ante estos acontecimientos, actuásemos subordinando el valor supremo de esta dignidad a otras consideraciones de oportunidad política. La Unión Europea tiene un capital moral en el mundo que sólo se preservará si lo ejerce de forma coherente con sus propios principios.

Recientemente, terribles atentados contra comunidades cristianas han golpeado la conciencia mundial y centrado su atención sobre este problema, entre los que podemos destacar, por su magnitud, los perpetrados en Bagdad, con cincuenta y ocho muertos –entre ellos tres sacerdotes-, o en Alejandría, con ocasión de las ceremonias religiosas de Año Nuevo, con veintiuna víctimas mortales. En definitiva, se estima que más de doscientos millones de cristianos sufren situaciones de intolerancia y violaciones continuas de su libertad religiosa y reclaman la protección de las instituciones internacionales y de los Gobiernos democráticos

Hay que señalar que en 2010 aumentó el número de atentados perpetrados contra las comunidades cristianas en todo el mundo, así como el de los procesos y sentencias de muerte por blasfemia que frecuentemente afectan a mujeres. Las estadísticas sobre la libertad religiosa de los últimos años muestran que la mayoría de los actos de violencia religiosa se cometen contra los cristianos, tal y como se señala en el informe de 2009 sobre la libertad religiosa en el mundo elaborado por la organización «Ayuda a la Iglesia Necesitada»; incluso en algunos casos la situación a la que se enfrentan las comunidades cristianas es tal que puede poner en peligro su propia existencia futura y que, si llegaran a desaparecer, ello implicaría la pérdida de una parte significativa de la herencia religiosa de los países en que viven.

El 11 de enero de 2011 se segaron de nuevo vidas inocentes en ataques ideados para castigar a la comunidad cristiana en Nigeria; el 24 de diciembre de 2010 fueron atacadas varias iglesias en Maidiguri y el 25 de diciembre se produjeron en la ciudad nigeriana de Jos varios ataques con bomba en los que murieron 38 civiles y resultaron heridas varias docenas de personas; el 21 de diciembre de 2010 una banda de hombres armados con espadas y machetes atacaron en Turu, Nigeria, a un grupo de cristianos de esa localidad matando a tres de ellos e hiriendo a dos; el 3 de diciembre de 2010 siete cristianos, incluidos mujeres y niños, aparecieron muertos y otras cuatro personas resultaron heridas en la ciudad de Jos, Nigeria.

El 3 de junio de 2010, fue asesinado en la ciudad de Iskenderun el Obispo católico Luigi Padovese, Presidente de la Conferencia Episcopal de Turquía. El asesinato de Salmaan Taseer, Gobernador de Punjab, el 4 de enero de 2011, y el caso de Asia Noreen en Pakistán provocaron las protestas de la comunidad internacional.

El 25 de diciembre de 2010, día de Navidad, un sacerdote y una niña de nueve años fueron heridos junto a otras nueve personas al explotar una bomba dentro de una capilla de Sulu, Filipinas. En esa mismo día, la celebración de la misa de Navidad en los pueblos de Rizokarpaso y Ayia Triada, en la parte norte de Chipre, fue interrumpida por la fuerza.

El 30 de diciembre de 2010 al menos dos personas murieron en Bagdad, Iraq, y catorce resultaron heridas en atentados terroristas yihadistas cometidos contra familias cristianas asirias mediante una serie de bombas coordinadas; el 27 de diciembre de 2010 una bomba colocada en una carretera mató a una cristiana asiria e hirió a su esposo en Dujail, Iraq; el 22 de noviembre de 2010, fueron asesinados dos cristianos iraquíes en Mosul; el 10 de noviembre de 2010, en una serie de ataques contra zonas cristianas en Bagdad, murieron civiles inocentes. Y especialmente hay que resaltar la masacre del 1 de noviembre de 2010 en la iglesia católica siríaca de Nuestra Señora de la Salvación de Bagdad.

Junto a ello, el Gobierno iraní ha intensificado su campaña contra los cristianos en la República Islámica de Irán, deteniendo a más de cien personas el mes de diciembre pasado y obligando a numerosas personas a huir del país o a exponerse a acciones penales y, en su caso, a la pena de muerte, y también en Vietnam se han reprimido con firmeza las actividades de la Iglesia Católica y de otras comunidades religiosas, como lo demuestra la grave situación a la que se enfrentan las comunidades de «montagnards» vietnamitas.

La Unión Europea ha manifestado reiteradamente su compromiso con la libertad religiosa y ha denunciado la falta de garantías y la vulneración de este derecho en diversos países, especialmente en Oriente Medio. Así, a principios de 2011, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución, como ya hizo en 2007, pidiendo especial atención para los episodios de violencia dirigidos contra minorías religiosas. Y el pasado 1 de noviembre, tras el atentado de Bagdad, la Alta Representante, Catherine Ashton, condenaba ese ataque y reafirmaba la necesidad de que se viera protegido el derecho de todos los grupos religiosos.

El Gobierno español –al igual que otros de nuestro entorno, como Francia o Alemania-, debe asumir un papel activo en las instituciones europeas en defensa de la libertad religiosa en el mundo, con el fin de transmitir con claridad que no estamos dispuestos a ignorar que haya países en el mundo que no respetan ese derecho universal a la libertad religiosa.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente moción sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la defensa de la libertad religiosa en el mundo, especialmente en Oriente Medio.

“El Congreso de los Diputados:

1. Condena con la mayor firmeza los brutales ataques terroristas y la persecución religiosa sistemática que están sufriendo las comunidades cristianas en diversos países de Asia y África así como los que puedan sufrir ellas y cualquier otra confesión religiosa en otras partes del mundo.

2. Insta al Gobierno a actuar en defensa del derecho fundamental a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión ante las autoridades competentes de aquellos países en los que se producen vulneraciones del Derecho Fundamental a la libertad religiosa y de culto para que se reconozca en ellos plenamente. Este Derecho implica, de acuerdo con el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 9 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas, la observancia de ritos y, en concreto:

- La libertad fundamental de adherirse o no a una religión determinada y a la comunidad confesional correspondiente así como la libertad de cambiar de religión, o de no profesar religión alguna, sin sufrir por ello ningún tipo de discriminación.

- La libertad fundamental de anunciar y de comunicar enseñanzas religiosas, de palabra y por escrito, incluso fuera de los lugares de culto, y de dar a conocer la doctrina moral sobre las actividades humanas y la organización social.

- La libertad fundamental de recibir y de publicar libros religiosos y de culto, y de usarlos libremente

3. Insta al Gobierno a liderar y promover en el ámbito de la Unión Europea y de la Comunidad Internacional cuantas iniciativas sean pertinentes para proporcionar una efectiva protección a las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y en otros de Asia y África así como el uso de los necesarios instrumentos bilaterales o multilaterales de política exterior para que en estos Estados se vea garantizado el efectivo cumplimiento del artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos sin que esto suponga ningún tipo de privilegio ni discriminación para ninguna de las distintas confesiones religiosas.

4. Insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de acoger en España, de acuerdo con nuestra legislación sobre asilo, a algunos cristianos de los que sufren persecución, como ya han hecho otros países europeos, especialmente a aquellos que se encuentres en situación de mayor peligro y previo el informe de nuestras representaciones diplomáticas y a tener especial consideración, a través de los Fondos para la Promoción del Desarrollo, regulados en la Ley 36/2010, en vigor desde enero de 2011, a los contextos y grupos sociales más desfavorecidos, de manera especial las minorías religiosas.

5. Insta al Gobierno a promover el pleno ejercicio de la libertad religiosa, de modo que los cristianos y demás minorías religiosas gocen en todos los países de las máximas garantías para la profesión y práctica de sus creencias religiosas.

6. Insta al Gobierno a promover el papel de la Alianza de Civilizaciones, como instrumento del diálogo entre religiones y pueblos, para apoyar a los países afectados en la lucha contra el radicalismo que siembra la discordia entre las distintas comunidades, y a trabajar para aumentar el mutuo conocimiento, respeto y cooperación entre confesiones, entendiendo que corresponde a los países afectados asegurar primariamente la convivencia pacífica de los distintos credos en el seno de sus sociedades.”

Pleno del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2011

2011-02-10T11:08:00.005+01:00

PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿TIENE ALGO QUE VER LA NUEVA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD CON LA REACTIVACIÓN DEL «CASO FAISÁN»?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia que formula el diputado señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Orden ministerial 2913, de 2 de noviembre de 2010, es manifiestamente irregular. ¿Cuál es la razón por la que su departamento la ha aprobado?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Gracias, señor Fernández.
Señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señoría, su pregunta nunca debió haberse formulado, y después del auto del juez que deja las cosas bien claras debieron haberla retirado. Pero compruebo una vez más que anteponen la insidia al honor de las personas y el mezquino e interesado falseamiento de las cosas al conocimiento de la verdad. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Gracias, señor ministro.
Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, don Antonio Camacho Vizcaíno fue nombrado secretario de Estado de Seguridad en abril de 2004 y en esa misma fecha solicitó el pase a la situación administrativa de excedencia voluntaria, que inmediatamente le fue concedida.
En esa situación administrativa ha permanecido hasta ahora en que, cuando menos sorprendentemente porque han transcurrido siete años, solicita el pase a una nueva situación administrativa, la de servicios especiales y con efectos retroactivos.
Pero he calificado de manifiestamente irregular esa orden de concesión porque sabe perfectamente que las normas jurídicas que regulan el personal al servicio del Poder Judicial, jueces y magistrados en particular, y supletoriamente del ministerio público, del ministerio fiscal, en particular la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera literal dice que esa situación administrativa de servicios especiales solo se puede conceder para aquellos miembros del Poder Judicial o del ministerio público que sean nombrados para altos cargos a desempeñar bien en el Ministerio de Justicia, bien en las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas.
Es evidente que don Antonio Camacho en estos siete años ha prestado servicio como alto cargo en el Ministerio del Interior, no en el Ministerio de Justicia.
Aquí no cabe margen ni siquiera para la interpretación, porque la dicción literal de la ley es muy clara. Tan es así, que la propia Asociación de Fiscales, como sabe, señor ministro, ha planteado recurso de reposición contra esa irregular orden de concesión.
Lógicamente, dadas las circunstancias de todo tipo que concurren en el caso tenemos derecho a pensar que por qué se ha hecho eso. Da la sensación de que en la medida en que los servicios especiales, como sabemos, permiten computar como años en activo los ejercidos como alto cargo, se le está facilitando la salida para destinos futuros y, en consecuencia, más que un pase a servicios especiales usted le está pagando servicios políticos especiales.
Señor ministro, mucho me temo que con cosas como esta usted no va a poder evitar que le caigan encima las plumas del faisán.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Señoría, está adulterando la realidad para justificar una pregunta injustificable. El cambio de la situación administrativa del secretario de Estado de Seguridad trae causa de una reforma legislativa aprobada por esta Cámara, concretamente en la Ley 1/2009, de 3 de noviembre, que modificó los supuestos en los que los jueces y magistrados pasan a la situación de servicios especiales.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su transitoria octava —bueno es leerla— que los miembros de la carrera judicial o de otros cuerpos que a la entrada en vigor de la reforma se encontrasen en situación de excedencia voluntaria y conforme a la nueva regulación les correspondiese la de servicios especiales, pasarán a esta última situación.
Como su señoría bien sabe, el nuevo régimen se aplica también a los miembros de la carrera fiscal en virtud de lo previsto en el artículo 47 de su estatuto orgánico, que equipara las situaciones administrativas a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados.
Basándose en la nueva regulación legal, el señor Camacho solicitó la actualización de su situación administrativa, la Inspección Fiscal la informó favorablemente y el Ministerio de Justicia ha reconocido su nueva situación; así de claro y así de sencillo. Solo una visión ruin de la política, solo una falsa moral puede moverles a utilizar un mero cambio de situación administrativa para difamar a un servidor del Estado por el solo hecho de ser su oponente político.

Congreso de la CDU, Karlsruhe, Alemania, 15 de noviembre de 2010

2010-11-24T09:36:00.006+01:00

El pasado 15 de noviembre, tuve la oportunidad de asistir, en representación del Partido Popular de España, al Congreso de la CDU en Karlsruhe, en el land de Baden Württemberg, feudo tradicional de la CDU y al que acudieron más de un millar de delegados.

Para mí, lo más significativo del discurso de la Canciller Angela Merkel fue, precisamente, lo que dijo en relación a la inmigración y los valores –al margen de otras consideraciones que ya han sido resaltadas por los medios de comunicación-.

Sobre estas cuestiones hizo hincapié, repetidamente, en que Alemania da la bienvenida de todo corazón a todo aquel que respete y observe la cultura de referencia. Fue una llamada al fomento, pero al mismo tiempo a la exigencia, de la integración.

Destacó tres puntos: idioma, leyes y valores. “Los que aprenden alemán y respetan nuestras leyes y valores, son bienvenidos en Alemania. Los que se niegan, sin embargo, deberán enfrentarse a sanciones”.

También realizó una marcada referencia al Cristianismo. Una de las frases con más potencia y que arrancó grandes aplausos fue: “En Alemania no tenemos mucho Islam, sino poco Cristianismo”, frase que fue destacada en el New York Times. Y también “Seamos más abiertos para mostrar que somos Cristianos”.

En efecto, la Canciller dedicó buena parte de su discurso a la defensa de los valores Cristianos, como referente de la sociedad alemana. Explicó que la "C" de la CDU es la brújula común, de no sólo los principios éticos, sino también el poder de su acción política. Y afirmó que es esta “C” la que le sostiene a ella como Presidenta en sus quehaceres políticos.

En conversaciones con miembros del partido durante el Congreso, nos aclaraban que los alemanes cometieron el error de no tratar a los inmigrantes como potenciales alemanes. De esta manera, no se les exigía aprender la lengua, ni que se integraran culturalmente; y así los propios inmigrantes fueron estableciendo sus propios guetos creándose un debate sobre la capacidad integradora del país y el fracaso del llamado multiculturalismo.

Frente a esta actitud, la CDU considera que obtener la ciudadanía debe ser la culminación del éxito de la integración; y es aquí donde encaja el discurso de Merkel sobre el multiculturalismo.

Por otra parte, el encuentro ha servido para reforzar el liderazgo de la Canciller frente a las especulaciones previas que hablaban de la pérdida de popularidad de Merkel entre los suyos. La jefa del partido se vio ratificada en el cargo que ocupa desde 2000, con el 90,4 por ciento de los votos.

En su intervención, apareció confiada y muy ilusionada, y llegó incluso a emocionarse tras los diez minutos de fuerte ovación ininterrumpida que siguieron a su discurso.

La prensa alemana ha destacado una mayor agresividad en los ataques que la Canciller lanzó a la oposición, y una mayor efusividad en los ánimos lanzados a los suyos frente a la pujanza de los Verdes.

LA RAZÓN, 5 de noviembre de 2010

2010-11-05T21:41:00.002+01:00

SOBRE LA SUPUESTA INDEFINICIÓN DEL PP

Es una afirmación extendida en algunos ámbitos y medios considerados como católicos, afirmar que el Partido Popular y, en particular, su Presidente Mariano Rajoy, mantienen posiciones ambiguas en torno a cuestiones especialmente sensibles para la conciencia de aquellos, como son el derecho a la vida, el matrimonio, la familia o la educación.

Tras estas opiniones no se me escapa que existe el legítimo deseo de tener la confianza de que una derrota electoral del PSOE en unas próximas elecciones signifique, también, la derogación de todo el conjunto de leyes que el radicalismo laicista del señor Zapatero ha impulsado.

La Ley de salud sexual y reproductiva y del aborto -dos leyes en una, no se olvide-, la Ley del llamado matrimonio homosexual, el “divorcio express”, la Educación para la Ciudadanía, la carencia de limites éticos en la investigación con embriones, etc. etc., componen un corpus legislativo que, ciertamente, ofenden a cualquier persona con un mínimo de conciencia de lo que significa el respeto a la dignidad del ser humano o de la función social de la familia.

Por supuesto, no es preciso ser católico –como está recordando continuadamente Benedicto XVI-, para rechazar esas leyes -la razón es capaz de entenderlo por sí misma cuando se abre a la ley natural-, pero en todo caso son millones los católicos que no las aceptan desde sus convicciones más profundas.

Considero, por tanto, especialmente conveniente una reflexión acerca de hasta qué punto esas acusaciones tienen fundamento.

Una consideración previa: el PP es un partido de masas, con más de 10 millones de votantes y más de 740.000 afiliados. Recoge, por tanto, a personas creyentes (89,3% de católicos según el ultimo barómetro del CIS) pero también a no creyentes como corresponde a un partido que no es confesional y que son ciudadanos votantes de una sociedad española hoy muy secularizada. Tiene principios muy claros que, en coherencia con una de sus más arraigadas inspiraciones doctrinales -el humanismo cristiano de tradición occidental-, inciden directamente en la defensa de la vida, del matrimonio -como unión entre sí de un hombre y una mujer-, de la familia y del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.

Pero conviene, insisto, tener presente que somos un partido de masas, popular ciertamente, y que esos principios que son irrenunciables deben ser asumidos por una mayoría de la población para poder ser establecidos legalmente… y eso en una sociedad democrática significa ganar primero las elecciones.

Pues bien, sobre estas cuestiones ¿cuál ha sido la posición política que ha fijado el Partido Popular en estos años de Gobierno socialista? Pienso que los hechos son muy elocuentes: en relación con la Ley del aborto presentamos enmienda de totalidad solicitando su devolución al Gobierno, tanto en el Congreso como en el Senado. Anteriormente, votamos en contra de su tramitación en la Comisión de Igualdad por entender que esa decisión predeterminaba ideológicamente su debate al tiempo que presentamos en el seno de la correspondiente Subcomisión un voto particular que plantea una alternativa integral al aborto proporcionando todo tipo de ayudas a la mujer para ser madre y no verse abocada a una decisión siempre traumática y dolorosa como el aborto.

Finalmente, y una vez aprobada la Ley, interpusimos recurso ante el TC que está pendiente de decisión tras haber superado por un voto la suspensión cautelar solicitada.

Prácticamente, podemos decir lo mismo en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo y el correspondiente derecho de adopción de niños. Hemos utilizado en ambos casos todos los instrumentos constitucionales para oponernos a esas dos leyes. Desde el principio hasta el final de su tramitación.

Sobre la educación: cuando estuvimos en el Gobierno -y tuvimos votos para ello-, derogamos la LOGSE y aprobamos la LOCE que, de manera muy precisa, garantizaba el efectivo derecho reconocido a los padres en el articulo 27.3 de la Constitución sobre la educación de los hijos. El respeto a lo dispuesto al efecto en los Acuerdos Iglesia-Estado impregnó ese texto legal. Como es sabido, el Gobierno del Sr. Zapatero, en cuanto tomó posesión, suspendió su calendario de desarrollo que comenzaba en el curso 2004-2005. En su lugar aprobó la Educación para la Ciudadanía con la LOE y con la oposición también del PP.

Podría continuar analizando exhaustivamente nuestra posición política en esas trascendentales cuestiones así como en otras que pretenden una mutación constitucional transformando nuestro Estado aconfesional en uno laico, o la lamentable Ley de Memoria Histórica, para comprobar que en todos los casos sin excepción el PP ha estado donde debía estar.

Como señalaba al comienzo, “se dice” que hay demasiada ambigüedad, que hay poco compromiso de futuro. A la vista de lo hecho creo sinceramente que esa acusación no es justa y que, por el contrario, hay sobrados motivos para confiar en el futuro.

Lo que sí debe tenerse presente es que “cada día tiene su afán” y que será el programa electoral quien deberá concretar esos compromisos. La reacción suscitada esta semana contra Mariano Rajoy tras sus declaraciones sobre alguna de estas cuestiones nos enseña la conveniencia de ir midiendo bien los tiempos al respecto, como está haciendo el Presidente del PP.

Otra cosa es que algunos piensen que solo la izquierda está legitimada para aprobar y derogar leyes: lo que con mayoría y sin consenso se aprobó y se derogó, otra mayoría opuesta lo puede cambiar y tengo la firme convicción de que lo hará.

La labor realizada desde la oposición liderada por Mariano Rajoy y de la que he traído algunos ejemplos significativos, avala poder confiar en la que se realizará desde el Gobierno si los españoles nos dan su confianza en las próximas elecciones.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados
Vocal del Comité Ejecutivo Nacional del PP

VISITA PASTORAL DEL PAPA A ESPAÑA

2010-11-03T17:41:00.004+01:00

Publicado en "Católicos On Line", 26 de noviembre de 2010

El Papa vuelve a España. Con ocasión del Año Santo Compostelano, Benedicto XVI irá a Santiago el próximo día 6 de noviembre y al día siguiente a Barcelona donde dedicara el Templo de la Sagrada Familia, elevándolo a la categoría de Basílica.

Es un viaje que tiene varias claves de lectura. Una muy importante es la especial predilección –y me atrevo a decir que preocupación- del Santo Padre por España. Estuvo en 2006 en Valencia con ocasión del Encuentro Mundial de las Familias y tiene previsto volver el año que viene a Madrid a la Jornada Mundial de la Juventud.

En la agenda de visitas pastorales y de Estado del Santo Padre, no hay precedentes –fuera de Italia- de tantas visitas a un mismo país en tan breve espacio de tiempo. En esa “predilección-preocupación” sin duda deben estar presentes los servicios prestados históricamente por España a la Iglesia Católica y a la causa de la evangelización.

Por otra parte, conviene no olvidar que casi el 50% de los católicos del mundo rezan en español, y la actual situación de profunda secularización y erosión de nuestras profundísimas raíces cristianas. Todo ello, pienso está tras este importante viaje pastoral.

Así, entre dos encuentros internacionales –Familia y Juventud- los dos, insisto, celebrados en nuestro país (lo que ya en sí mismo es un hecho de gran relevancia) el Papa incluye otra visita mas a España.

El viaje a Santiago de Benedicto XVI es una ocasión magnifica para recorder esas raíces cristianas tanto nuestras como del conjunto de Europa. El Camino de Santiago, con la meta de la tumba del Apóstol, ha marcado la identidad cultural y religiosa del Viejo continente. Al lado de esta próxima peregrinación de Benedicto XVI, resalta, penosamente y por contraste, que el Gobierno de España haya estado totalmente ausente de este Ano Jubilar. La política radicalmente laicista del Sr. Zapatero queda tan en evidencia que no requiere por desgracia de más comentarios.

La visita a Barcelona el 7 de noviembre, a los 28 años justos de la visita de Juan Pablo II a la Sagrada Familia, es de un muy profundo calado. Gaudí –en proceso de beatificación para exasperación de laicistas, que no asumen que se puede ser un arquitecto genial y profundamente católico- proyectó y comenzó un templo que se desarrolla a caballo de tres siglos. No hay ningún templo de esas características en construcción en nuestro actual mundo. Evoca las grandes catedrales de la Edad Media y resulta extraordinario que este grandioso Templo-Basílica, monumento aun en construcción, sea el más visitado de España junto a la Alhambra de Granada. En la paganizada Cataluña, ¿la Holanda del Sur?, en la secularizada Barcelona, capital del arte, la cultura, donde la diosa Razón quiere imponerse y hacerse incompatible con la Fe, la Sagrada Familia es un signo de contradicción para la Modernidad, tan presente en la ciudad.

Sin duda el Papa ha decidido hacer de Barcelona y de la Sagrada Familia un ejemplo esplendido de la compatibilidad de la cultura y la religión, de la ciencia y la fe y, al tiempo, de recordar, al igual que en Santiago, las raíces cristianas de España, y en particular de Cataluña.

Por último, otro motivo de reflexión: Barcelona tiene el privilegio de ser la única gran ciudad del mundo con dos grandes templos expiatorios: la Sagrada Familia y el Sagrado Corazón del Tibidabo. Dos grandes iconos de Barcelona, dos templos católicos y expiatorios. La Providencia, en sus designios, parece ha querido este gran signo de contradicción y de misericordia para una urbe muy necesitada de ella en estos tiempos de beligerante relativismo moral.

Jorge Fernández Díaz

Pleno del Congreso de los Diputados, 21 de Septiembre de 2010

2010-09-21T20:15:00.003+02:00

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA PROPOSICION DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ORGÁNICA DE LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO.

El señor PRESIDENTE: En turno en contra de la toma en consideración, tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, esta proposición de ley trae causa inmediata, desde la perspectiva del grupo proponente, del incumplimiento por parte del Gobierno del compromiso asumido en reiteradas ocasiones de enviar a la Cámara un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 julio, de Libertad Religiosa. De hecho, el último y más formal de estos compromisos incumplidos por el Gobierno ha sido la moción aprobada el pasado 18 de mayo que, recogiendo una enmienda del Grupo Socialista, literalmente decía que en aquel periodo de sesiones se aprobaría por el Gobierno al anteproyecto de ley correspondiente y que, en consecuencia, en este periodo de sesiones estaríamos debatiendo ese proyecto de ley. El incumplimiento del Gobierno, y en particular de la palabra dada por su presidente, ha hecho que en estos días estén de especial actualidad la credibilidad y la palabra del señor Zapatero, del propio señor presidente del Gobierno. Sin ir más lejos, el señor Ridao, que ha intervenido anteriormente, sale hoy en los medios y ha dicho literalmente que la palabra del señor Zapatero tiene la misma credibilidad que un chimpancé o un pitufo. Y otro dirigente catalán ha dicho que su credibilidad tiene fecha de caducidad, como los yogures. Como ven, señorías, son muchos los que se sienten ya defraudados y engañados por los compromisos y la palabra del señor presidente del Gobierno y de su Gobierno. Y yo, en nombre de mi grupo, puedo decirles: señorías, bienvenidos al club. Porque somos muchos los que por desgracia ya hace mucho tiempo que nos hemos visto en la misma tesitura.

De todas maneras, señoría, quisiera que quedara claro que esta afirmación inicial mía no hace buena ni muchísimo menos ni justifica ni merece que demos nuestro apoyo a la iniciativa que debatimos, la admisión a trámite de la proposición de ley Orgánica que desarrolla el artículo 16 de la Constitución sobre libertad ideológica, religiosa y de culto. Tengo que decir, señorías, a juzgar por lo que han dicho el señor Ridao y el señor Llamazares en sus intervenciones, que efectivamente estaríamos poco más o menos en el siglo XIX y que, como han dicho ellos, se trata de actualizar y modernizar el marco de relaciones entre las confesiones religiosas en general y la comunidad política, entre la Iglesia y el Estado, como normalmente decimos. Pero si entramos en el contenido concreto de esta proposición de ley nos damos cuenta de que una cosa es lo que desde esta tribuna se dice y otra cosa lo que en el papel está escrito, lo que la iniciativa contiene, el contenido material de la proposición de ley. Entonces veremos lo que entienden ustedes por modernización y lo que entienden ustedes por actualización. Porque el grupo proponente ha optado por un desarrollo del artículo 16 de la Constitución española radicalmente distinto del que en su día el legislador –el legislador del ochenta- con casi total unanimidad -porque no hubo ni un solo voto en contra y solo hubo cuatro abstenciones-, decidió en orden al desarrollo de ese artículo de la Constitución, de tal suerte que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa vigente excluye la regulación de toda libertad no vinculada directamente con el hecho religioso. Concretamente el artículo 2 de esa ley orgánica dice literalmente: Quedan fuera del ámbito de protección de la presente ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos. Esto dice la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Y este artículo fue aprobado por unanimidad.

Tengo que decir que en nuestra opinión el legislador acertó plenamente con el desarrollo que dio en aquel entonces al artículo 16 de la Constitución. Al no incluir el desarrollo normativo del derecho fundamental a la libertad ideológica nos parece, como ha señalado la doctrina del Tribunal Constitucional, que los derechos fundamentales son de aplicación directa desde la Constitución y no requieren necesariamente desarrollo normativo. Y así como hay otros derechos fundamentales -como el de asociación, el de reunión, el de manifestación y el de libertad religiosa- que por su propia naturaleza requieren de ese desarrollo normativo, hay otros como el de libertad ideológica que evidentemente no requieren de desarrollo porque sería tanto como cuestionar el carácter profundamente democrático y liberal de nuestra Constitución. Por tanto entendemos que acertó. Ustedes, por el contrario y pese a lo que dice nominalmente el título de su proposición de ley, de hecho dicen ya en el artículo 1º -también en la exposición de motivos- que el objeto y ámbito de la aplicación de la ley no es como dice la Constitución -y lo dicen ustedes en el título de su iniciativa-, la libertad ideológica, religiosa y de culto, sino de pensamiento, de conciencia y de religión o creencia, que evidentemente son cuestiones conexas pero que no son exactamente lo mismo. Por supuesto que la libertad de conciencia y la libertad a la que aluden ustedes en su proposición de ley, la libertad ideológica, están absoluta y directamente vinculadas; de hecho el Tribunal Constitucional ha dicho que la libertad de conciencia es común a la libertad, forma parte indisoluble de la libertad ideológica y de la libertad religiosa. Pero el legislador constituyente, como muy bien saben, no incluye en el catálogo de derechos fundamentales de manera expresa y explícita la libertad de conciencia, no la menciona. Lo cual, insisto, no quiere decir que no esté implícita en la libertad ideológica y en la libertad religiosa. Es más, de la misma manera que existe la objeción de conciencia reconocida expresamente en la Constitución para el servicio militar obligatorio o para determinadas cláusulas que afectan a la profesión periodística, en otras cuestiones, cuando se ha tratado de poner límites al ejercicio de la libertad de conciencia, es decir al actuar en conciencia, cuando choca contra el ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha ido casuísticamente analizando el derecho general a la objeción de conciencia y ha dicho de manera expresa que no existe un derecho general a la objeción de conciencia, aportando el Constitucional como solución a la objeción de conciencia, que en desarrollo de la libertad de conciencia se plantea, un proceso de ponderación de intereses ajustado a las circunstancias de cada caso concreto. En unos casos ha negado el amparo, por ejemplo para no formar parte de mesas electorales, o en la llamada objeción fiscal; en otros casos lo ha adicionado, como por ejemplo en la objeción de conciencia, con el personal vinculado con la práctica del aborto. Es decir, se va creando un cuerpo de doctrina muy consolidado, de tal suerte que en nuestra opinión confirma el acierto del legislador de 1980 de no incluir un pretendido desarrollo normativo del derecho fundamental a la libertad de conciencia. Por tanto, en lo que hace referencia al objeto y aplicación de su proposición de ley, no estamos de acuerdo. Nos parece más adecuada la regulación de la libertad religiosa y culto que establece la Ley vigente de 1980.

Si entramos, señorías, más a fondo en el análisis del contenido material de su proposición de ley, podemos comprobar que responde a una concepción del hecho religioso y del derecho fundamental a la libertad religiosa que no tiene claramente cabida en nuestro texto constitucional, como luego señalaré. Pero permítanme que les indique a esos efectos, y a modo de ejemplo no exhaustivo, meramente enunciativo, algunas joyas del texto articulado cuya admisión a trámite estamos debatiendo en estos momentos. Por ejemplo, el artículo 3.3 de su proposición de ley afirma que -literal-: Los poderes públicos no privilegiarán ni discriminarán a ninguna creencia u opción de conciencia respecto a otras. Perfecto, pero es que un artículo después, el artículo 4.3 dice literalmente: No podrá obligarse a los poderes públicos a trasladar al ámbito jurídico civil los valores o principios religiosos de la conciencia de los fieles. Al parecer, otros valores o principios de la conciencia de los fieles que no sean religiosos sí que pueden ser trasladados. ¿No habíamos quedado, señorías, en el artículo anterior en que no puede haber discriminación de ningún tipo? ¿No se dan cuenta de que les basta un artículo para entrar ya en una auténtica contradicción in terminis. Esta contradicción in terminis entre el artículo 3.3 y el 4.3 refleja muy bien cuál es el auténtico espíritu y la letra -no lo que aquí se ha dicho, no, sino el espíritu y la letra- de la proposición de ley cuya admisión a trámite estamos debatiendo y que informa y desarrolla toda esta particular visión que ustedes tienen del artículo 16 de la Constitución española, sin duda legítima pero que no compartimos y además entendemos, con todo respeto, que no cabe para nada en la Constitución. Se trata, lisa y llanamente, de provocar por la vía de ley orgánica una auténtica mutación constitucional, de convertir el Estado aconfesional cooperativo definido en el artículo 16 de la Constitución, con su conexo el 27, en un Estado laico laicista, que tienen todo el derecho a reclamarlo pero, mire usted, la Constitución no dice eso.

Por si tienen alguna duda respecto a lo que decía, les mostraré algún ejemplo más. Artículo 4.2: Los cargos públicos deberán abstenerse de participar en ceremonias o ritos de cualquier creencia. Fantástico, o sea que una autoridad o cargo público puede asistir como tal -de hecho se da en nuestro país cada día- a todo tipo de acontecimientos, eventos, actos deportivos, culturales, concursos; visitar empresas grandes, pequeñas, medianas; dar premios; visitar exposiciones, inaugurarlas…, pero, eso sí, cuando se trata de una ceremonia religiosa no pueden hacerlo. ¿Y hablan ustedes de que no se puede discriminar por creencias o convicciones y que a nadie se le puede preguntar acerca de sus convicciones, creencias o increencias? ¿No se dan cuenta ustedes, señorías, de que se contradicen flagrantemente con lo que dice el texto de su iniciativa legislativa?

Otra joya. En la disposición adicional tercera, y siguiendo por cierto el método usado durante la revolución francesa por la Convención, por el que quien gobierna es el Parlamento, se señala que las Cortes establecerán un calendario festivo adecuado a esta ley; eso sí, teniendo en cuenta las tradiciones culturales arraigadas en el Estado. Sinceramente, creo que ni Robespierre lo hacía mejor que ustedes. Y el estrambote final por si alguien tenía alguna duda: disposición transitoria primera, se derogan los acuerdos Iglesia-Estado que, como saben, señorías, tienen rango de tratado internacional y que como tal tienen un sistema de denuncia y de revisión en su caso expresamente regulado en su seno. Señorías, ya que hablaba el señor Llamazares de actualizar y de modernizar, con una ley como esta que nos proponen, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI no hubiera podido realizar una visita como la que acaba de hacer al Reino Unido. Seguramente será que el Reino Unido es una democracia del siglo XVIII, del siglo XIX, tercermundista; a lo mejor la monarquía británica es una república bananera. No hubiera podido dirigirse a políticos y personalidades de aquel país como lo ha hecho nada más y nada menos que en Westminster Hall, donde solo han merecido ese honor anteriormente el presidente De Gaulle de Francia y Nelson Mandela. Siguiendo su iniciativa, el Papa Benedicto XVI no hubiera podido hacer lo que acaba de hacer en la que creo que es la democracia parlamentaria más antigua del mundo, la monarquía parlamentaria, la democracia parlamentaria británica. Por cierto, ni hubiera podido hacer lo que hizo hace dos años en su visita oficial a Francia, en la cuna de la revolución francesa, en la misa celebrada en la explanada frente a Los Inválidos; asistió el presidente de la Asamblea Nacional, asistió el presidente del Senado, asistió el primer ministro Fillon, asistieron cuatro ministros del Gobierno, etcétera.

Con su normativa no lo podrían hacer. Debe ser que la República Francesa laica también está demodé, porque ustedes dicen que el modelo español está anticuado y que lo que ustedes defienden es la actualización y la modernización, o sea que ni Gran Bretaña ni Francia están actualizadas ni modernizadas. Pero voy a ir más allá: ni siquiera la Cuba de Fidel Castro podría hacer lo que hizo en la visita del Papa Juan Pablo II en enero de 1998, porque en esa visita Fidel Castro, en la misa que celebró el Papa en la plaza de la Revolución, estaba en primera fila con todo el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y usted, señor Llamazares, seguro que lo sabe. Eso con su normativa no lo podría hacer, o sea que su modelo, tan actual y tan moderno, no sirve ni para la Cuba comunista de Fidel Castro ni para la Francia laica ni para la monarquía británica, cuna del parlamentarismo. Dice usted que quiere actualizar y modernizar. ¿Qué modelo es el suyo? ¿En qué país se aplica? Explíquennoslo, señor Llamazares, señor Ridao, y seamos serios, porque, como digo, una cosa es predicar y otra dar trigo, una cosa es lo que ustedes dicen y otra es lo que hacen, que es de finales del XVIII, porque es del momento cumbre de la revolución francesa, no es precisamente moderno. Podría continuar para justificar este turno en contra, pero creo que con lo dicho ya es suficiente.

Señoría, dado que el Gobierno solo ha aplazado su compromiso de traer a esta Cámara un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y no lo ha eliminado, quiero que quede claro en nombre de mi grupo parlamentario lo que ya reiteradamente mi partido y mi grupo parlamentario han dicho al respecto: que consideran que el actual modelo de relaciones Iglesia-Estado y en general comunidades religiosas, confesiones religiosas, creencias, iglesias y Estado o comunidad política es el definido por la Constitución, por el artículo 16, por el artículo 27, por los convenios suscritos con las comunidades evangélica, judía e islámica, con los acuerdos con rango de tratado internacional Iglesia-Estado, y que ese acuerdo fue uno de los pilares que pretendió solventar la cuestión religiosa en nuestro pacto constitucional y, por tanto, que inventos, con gaseosa, no con estas cosas tan serias.

Señorías, nuestro modelo es de aconfesionalidad cooperativa, no es lo mismo Estado laico que estado aconfesional, y, por cierto, la aconfesionalidad con cooperación, que es nuestro modelo, es lo que el Tribunal Constitucional ha acuñado, aunque expresi verbis no aparece en la Constitución, como laicidad positiva, es decir, considerar como algo positivo, real, digno de respeto y protección por parte de los poderes públicos el hecho religioso y a partir de ahí establecer las adecuadas relaciones de cooperación desde la neutralidad, que no indiferencia y mucho menos hostilidad, de los poderes públicos con las asociaciones o iglesias que representen a la mayoría de los ciudadanos españoles. Hoy por hoy, las cosas son como son, si algún día cambian mucho, evidentemente, con ese mismo marco normativo y con una adaptación y aplicación distinta, sin modificar el marco, nos adaptaremos a la realidad. Hoy por hoy no es necesario. Termino diciéndoles, señorías, que tengan ustedes muy presente que los dos riesgos con los que nos encontramos en estos momentos son los de aquellos que pretenden imponernos su libertad a costa de la verdad, que son los relativistas, y los que pretenden imponernos su verdad a costa de nuestra libertad, que son los fundamentalistas. Huyan ustedes de los dos extremos por el bien común.
Muchas gracias (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.

***

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, que conste que en algo estoy de acuerdo con ustedes, y lo dije al principio: los incumplimientos del Gobierno son flagrantes y este es un incumplimiento más. Otra cosa es que en este caso nosotros nos congratulemos del incumplimiento, pero eso no obsta para que dejemos constancia de que la moción que se aprobó el pasado 18 de mayo les comprometía a una cosa que, una vez más, incumple el Gobierno. Al final, quien siembra vientos recoge tempestades. Ustedes han traído esta iniciativa porque el Gobierno ha incumplido su compromiso y porque hace seis años el señor Zapatero ya empezó con aquello de más gimnasia y menos religión. Y al final pasan estas cosas.

El señor Ridao y el señor Llamazares me han dicho algunas cosas que quiero precisar. En primer lugar, señor Ridao, que diga yo que nuestro modelo constitucional de relación Iglesia-Estado o comunidad religiosa-comunidad política es de aconfesionalidad cooperativa tendría la importancia que tiene y sería descriptible. Pero es que no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Señor Ridao, usted es constitucionalista y lo sabe. La doctrina muy consolidada del Tribunal Constitucional habla de laicidad positiva, interpretando que laicidad positiva es el modelo definido por nuestro bloque de constitucionalidad y que ese modelo es de aconfesionalidad cooperativa. Lo dice el Tribunal Constitucional, no lo digo yo; yo recojo lo que dice el Tribunal Constitucional. Ahora bien, ustedes no votaron la Constitución y entiendo que sigan estando fuera de la Constitución, sobre todo en un pilar del pacto constitucional, como he recordado. En segundo lugar, en contra de lo que ha dicho el señor Llamazares y usted también, señor Ridao, sí me he leído el texto. Ustedes han hecho aquí un discurso de modernización y de actualización y yo he dicho que el papel lo aguanta todo. Pero yo me he leído el papel y en el papel se dicen cosas como las que he leído. Por eso he dicho que ustedes actualizan y modernizan de tal manera que ni el señor Fidel Castro, tan querido para el señor Llamazares -dicho con todos los respetos-, hubiera podido recibir al Papa como le recibió en Cuba. Estaba en primera fila en la misa en la plaza de la Revolución y ustedes se lo prohibirían. O, como les he dicho, el Gobierno francés, la cuna de la revolución francesa. O hace unos días en Gran Bretaña; debe ser que no es una democracia parlamentaria la monarquía británica. Ese es el sentido que tienen ustedes de la actualización y de la modernización. Insisto en que me digan ustedes un país democrático que tenga un modelo como el que ustedes plantean aquí. Díganme uno.

Siguiendo con esta cuestión, la praxis política del derecho comparado ya tiene muy estudiado el modelo de relaciones que hay y el catálogo de modelos está muy claro. Hay Estados que son confesionales con libertad religiosa y el Reino Unido es un ejemplo paradigmático. También Grecia, donde la iglesia oficial es la Iglesia ortodoxa, pero tiene libertad religiosa. Porque sin libertad religiosa -derecho fundamental donde los haya- no se puede entrar en un club democrático como es la Unión Europea. Ese es el problema que tiene Turquía. Es una república laica que tolera limitadamente pero no recoge ni respeta la libertad religiosa. Como ustedes saben, este es el problema fundamental que tiene Turquía para ingresar en la Unión Europea. Hay otros modelos, como el español genuino y singular de aconfesionalidad cooperativa. Hay modelos de separación plena Iglesia-Estado o confesiones religiosas y comunidad política, como la laica Francia, aunque con libertad religiosa. Pero el modelo que plantean ustedes ni respeta la libertad religiosa -y he puesto algunos ejemplos para ponerlo de manifiesto- ni cabe en el marco de relaciones que en el mundo entero existen en estos momentos con la Iglesia católica y con otras convicciones. Por eso les he dicho que ustedes, tan modernos y tan actuales, nos tienen que decir adónde nos quieren llevar con este texto que hoy someten a admisión a trámite a debate aquí, porque le digo que Corea del Norte, evidentemente, no es un país democrático y sé que ustedes no nos quieren llevar allí.
Muchas gracias. (Aplausos.)

Pleno del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2010

2010-09-15T09:23:00.002+02:00

MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL MILITAR QUE CONDENÓ A MUERTE AL MOLT HONORABLE PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, el debate que nos convoca hoy aquí es un debate fundamentalmente entre ustedes, señores del Gobierno y que apoyan al Gobierno y el Grupo de Esquerra Republicana. Es un debate fundamentalmente entre los que promovieron la Ley de la Memoria Histórica. Es un debate entre los que llevan ocho años gobernando en Cataluña juntos y llevan unos cuantos años colaborando aquí en el Gobierno de España. Pero ahora es evidente que, ante la inminencia de unas elecciones autonómicas en Cataluña y ante la inminencia del 15 de octubre, necesitan marcar distancias; sobre todo por lo primero. Tampoco es un debate nuevo. Yo mismo tuve ocasión de intervenir en nombre de mi grupo, hace ahora exactamente seis años, el 28 de septiembre de 2004, con ocasión de una proposición de ley que presentó el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña donde pedía exactamente lo mismo que pide hoy, la nulidad del procedimiento del consejo de guerra sumarísimo de oficiales generales que condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluis Companys.

No voy a entrar en un debate jurídico sobre si la declaración de ilegitimidad va más allá o incluye la declaración de nulidad, como defendió el ministro de Justicia el pasado miércoles con ocasión de la interpelación de la que trae causa esta moción. Para el Grupo Popular, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya se han posicionado con mucha claridad acerca de la imposibilidad legal de atender las pretensiones de Esquerra Republicana sobre la anulación de ese consejo de guerra. Pero no estamos ante un debate exclusivamente jurídico ni mucho menos. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que la mejor Ley de la Memoria Histórica fue la Constitución de 1978, eso sí, interpretada, aplicada y desarrollada con el espíritu de concordia, de reconciliación y de consenso que permitió su elaboración y su aprobación. Todo lo contrario al espíritu con el que viene esta iniciativa.

Señorías, estos hechos dramáticos que ocurrieron hace ahora setenta años no conectan en absoluto con las preocupaciones de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles en este momento. Sus preocupaciones, que son las nuestras, las del Grupo Popular, van por otro lado y son preocupaciones también dramáticas para los que las padecen: la obtención de un empleo; el acceso a una vivienda digna en condiciones adecuadas; la garantía de disponer de una pensión que asegure tranquilamente su futuro. Repito, esas son las preocupaciones de la inmensa mayoría de nuestra sociedad actual. Por el contrario, parece que las preocupaciones de algunos están más cerca de lo ocurrido hace setenta años que de lo que ahora pide la sociedad española. De la complejidad y el dramatismo de los hechos históricos que estamos tratando me van a permitir que haga algunas sucintas referencias a modo de coordenadas históricas. Ciertamente, para mí el presidente Companys es una figura histórica compleja y controvertida en su dimensión política. Baste recordar los juicios, no precisamente benévolos sino todo lo contrario y muy reiterados, que emite sobre él una persona nada sospechosa, don Manuel Azaña, en sus memorias políticas y de guerra, donde, por ejemplo, tras reiteradas referencias a Lluis Companys, llega a decir el 28 de julio de 1937 en La Pobleta, y lo recoge en sus memorias de guerra: Lo mejor de los políticos catalanes es no tratarlos. Lo dice Manuel Azaña, no lo digo yo, obviamente, que soy político catalán.

También hemos de recordar, por ejemplo, que Lluis Companys fue condenado por la República el 6 de junio de 1935 —por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República— a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión que llevaba anexa la pérdida de la nacionalidad española. Resulta paradójico para nosotros que ustedes, señores de Esquerra Republicana, nunca hayan pedido la nulidad de ese procedimiento.

Otra cosa es la dimensión personal de don Lluis Companys, el president Companys, especialmente en el momento de afrontar ese momento cumbre de su vida que es la ejecución ante un pelotón de fusilamiento. En la obra que tengo aquí “Consejo de guerra y condena a muerte de Lluis Companys”, edición facsímil, editada por la Generalitat de Catalunya en 1999, introducida por el presidente Jordi Pujol y comentada por el doctor en historia y director del Museo de Historia de Cataluña, profesor Solé i Sabaté —que no es dudoso—, podemos leer literalmente en la página 33: El president Lluis Companys escuchó sin inmutarse ni sorprenderse la sentencia y no hizo ningún comentario. Solicitó la presencia de un sacerdote capuchino, orden de fiel catalanidad y espíritu abierto, pero no se sabe por qué no fue posible su visita. Finalmente, le atendieron espiritualmente un sacerdote castrense y un jesuita. Companys, en los últimos escritos, había dejado textos impregnados de religiosidad y fe en Dios. Se confesó y asistió a misa, a la que él mismo ayudó, recordando que de niño en El Tarros había ejercido de monaguillo. En el momento de la comunión, comulgó. Referencia histórica absolutamente indiscutible.

Para los que reivindican la figura del president mártir y su persona, creo que es bueno recordar la figura en su plenitud y especialmente los momentos dramáticos en los que ante la inminencia de su ejecución actuó sin ningún género de dudas con una gran altura moral. Creo que es bueno recordarlo en estos momentos donde se alude a otros aspectos no tan dignos desde nuestro punto de vista del president Companys.
Muchas gracias. (Aplausos.)

Pleno del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2010

2010-09-13T12:37:00.000+02:00

PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿POR QUÉ EL MINISTERIO DE DEFENSA HA PERMITIDO LA CESIÓN DE INSTALACIONES MILITARES PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa que formula el diputado señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, mi grupo parlamentario, como es obvio, no tiene nada que objetar a que las diferentes administraciones públicas cedan el uso de locales, suelo o instalaciones de estas para que los creyentes de las diferentes confesiones religiosas puedan ejercer el derecho fundamental a la libertad religiosa reconocido en la Constitución. ¡Faltaría más! Recuerdo, por ejemplo, como el Ministerio de Defensa con ocasión del último viaje del Papa Juan Pablo II a España cedió un día la base de Cuatro Vientos y como se ha hecho en otras ocasiones. Eso forma parte de la normalidad, se ha hecho con la Iglesia católica y está bien que se haga con las demás confesiones que tengan firmados convenios -como es el caso de la comunidad musulmana- con el Gobierno de España.
Sentado este principio, otra cosa es lo que ha pasado y está pasando -hasta pasado mañana que finaliza el ramadán- en el castillo de San Fernando de Figueras, que sin duda S.S. conoce muy bien. Es una fortaleza muy vinculada a la historia de esta casa, porque allí las Cortes republicanas en su marcha hacia el exilio en Francia a finales de la guerra civil celebraron la última sesión parlamentaria. Se trata de una fortaleza comparable al castillo de San Felipe de Barajas, Patrimonio de la Humanidad. Es una fortaleza del siglo XVIII, de un extraordinario valor militar en su día y, por tanto, de un extraordinario valor histórico en las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el motivo, señoría, por el que usted ha cedido a la comunidad musulmana durante todo el ramadán el uso y disfrute de esa instalación militar?
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández.
Señora ministra.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Gracias, señora presidenta.
Me temo, señor Fernández, que se ha equivocado usted de ventanilla. El acto no lo ha decidido el Ministerio de Defensa. ¿Sabe usted la razón? Porque en el año 2003, gobernando el Partido Popular, se decidió ceder la gestión del castillo de Figueras a un consorcio conformado por las tres administraciones y cuyas decisiones toma el director; es decir, es una decisión que ha tomado el director. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.
Señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no nos hagamos trampas en el solitario. El director es un militar y el que preside el patronato es un teniente general. Por tanto, ni un teniente coronel ni un teniente general toma una decisión en una institución como las Fuerzas Armadas, sometidas al principio de jerarquía y disciplina. Por tanto, seamos serios y no hagamos transferencia de responsabilidad. En Figueras y en Cataluña todos sabemos lo que ha pasado. El alcalde ha querido solucionar un problema que tenía, y cabe preguntarse si no había otro lugar que no fuera el castillo de San Fernando donde la comunidad musulmana, que lógicamente tiene todo el derecho, pudiera practicar el ramadán en unas condiciones dignas. Y, sobre todo, le tengo que decir que aquí hay una cuestión de agravio comparativo, que es lo que motiva de fondo mi pregunta, y es el trato que está dando usted a la presencia de la Iglesia católica en las Fuerzas Armadas, que se ha visto con ocasión de la separación de las…

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Fernández. Ha acabado su tiempo.
Señora ministra.

La señora MINISTRA DE DEFENSA (Chacón Piqueras): Señor Fernández Díaz, antes de hacer una pregunta creo que es bueno informarse. Defensa no ha participado en la decisión, ha sido el director del consorcio, pero le voy a decir una cosa: estamos de acuerdo. Asimismo, le diré que esto no es nuevo. Año 2000, gobierno del Partido Popular en España y gobierno del Partido Popular en Melilla; ese año se decidió que determinadas instalaciones militares de Melilla se pudieran poner cada año a disposición de la comunidad musulmana para el rezo del ramadán. Esto lleva pasando diez años. He buscado y he buceado en los boletines y no he encontrado una sola pregunta de S.S. a estos efectos.
Tercera cuestión que le voy a decir. Efectivamente, esto es habitual. Encuentro de jóvenes con el Papa en el año 2003, año en que gobernaba el Partido Popular, que se hizo en la base militar de Cuatro Vientos. Se va a volver a hacer durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el encuentro de jóvenes con el Papa en la base militar de Cuatro Vientos. Sin ir más lejos, este domingo, el día 12, se cede la base de Armilla, en Granada, para una beatificación. Y le daré otro ejemplo, hace muy poco se utilizó el Castell de Figueras para la celebración de los actos del Rocío. He buceado de nuevo en el boletín y tampoco he encontrado ninguna pregunta suya. Es decir, si lo que usted me está pidiendo es que neguemos derechos a determinados ciudadanos porque no profesan su religión y, por favor, si no se lo pidió usted al señor Aznar, no me lo pida a mí y, sobre todo, no se lo pida a nadie en un Parlamento como este, ya que este Parlamento nació para dar derechos, no para negarlos. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.

Pleno del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2010

2010-06-24T16:53:00.002+02:00

MOCION CONSECUENCIA DE INTERPELACION URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LOS INFORMES QUE ACONSEJAN PARALIZAR LAS OBRAS DEL TÚNEL DEL AVE JUNTO A LA SAGRADA FAMILIA.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender en nombre de mi grupo
parlamentario esta moción que, como dice el orden del
día, solicita la paralización urgente y cautelar de las
obras del túnel del AVE que transcurre bajo la ciudad de
Barcelona y que corresponde al trazado Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Girona-frontera francesa y que se encomiende
a una comisión de expertos independientes que
dictamine, en un plazo máximo de dos meses, un trazado
alternativo que elimine totalmente el riesgo sobre el
monumento a la Sagrada Familia, Patrimonio de la
Humanidad, por pasar escasamente a cuatro metros del
mismo en lo que hace referencia a la cimentación del
Pórtico de la Gloria de ese monumento.
Señorías, este asunto tiene tal entidad y ha generado
en Barcelona y en el conjunto de la comunidad científica
y técnica tal controversia que de entrada quiero recordarles
que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, por
mayoría, acordó solicitar el cambio de trazado.
(Rumores.)
Decía que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona,
es decir, la mayoría política que representa a la mayoría
de la ciudadanía de Barcelona, votó a favor del cambio
de trazado. La mayoría del Parlament de Catalunya, es
decir, la mayoría de la representación política del pueblo
de Cataluña, ha votado a favor del cambio de trazado.
Hoy solicitamos que, en coherencia con esa petición y
esa manifestación de voluntad política de la ciudadanía
barcelonesa y de la ciudadanía de Cataluña, la mayoría
política también del pueblo español aquí representada
pida al Gobierno, concretamente al ministro de Fomento,
que paralice esas obras y determine la creación de esa
comisión que proponga ese nuevo trazado. (El señor
ministro de Fomento hace gestos negativos.) El señor
ministro me está diciendo que no antes de que debatamos
y antes de que votemos. Tiene mucho que ver con ese
talante democrático al que en el debate anterior hizo
referencia la portavoz de mi grupo.
Señoría, yo ya sé que jurídica y constitucionalmente
el Gobierno no está obligado a cumplir lo que diga el
Congreso de los Diputados, pero parece razonable que
le merezca respeto, y si antes de escuchar los argumentos
y de que se vote ya dice el ministro, como ha dicho ahora
y ha dicho en declaraciones periodísticas, que no va a
hacer caso, eso ya dice mucho de lo que este Gobierno
tiene que decirle a esta Cámara y del respeto que le
merece esta Cámara. (Aplausos.) Pero no es solo, señor ministro, señorías, el Congreso de los Diputados —que
no es poco—, sino que una parte muy importante de la
comunidad científica y técnica está diciendo que hagan
el favor de paralizar esas obras y de proponer un trazado
alternativo. Porque hay trazado alternativo, conviene que
lo sepan SS.SS., y que no pone en cuestión además la
conexión con Francia en lo que hace referencia a la
dilación de plazos, como el otro día decía el señor
Blanco. Dicen los expertos y los técnicos que hemos
consultado que ese eventual trazado significaría razonablemente
una dilación de las obras de unos seis o siete
meses. Teniendo en cuenta que la primera piedra de esa
estación de La Sagrera de Barcelona fue colocada ayer
por el señor Blanco —primera piedra, que no última— y
que esa estación no va a estar operativa antes de finales
de 2014, es evidente que para nada afecta la propuesta
que nosotros hacemos.
En resumen, señorías, no existe el más mínimo consenso
en la comunidad científica y técnica en relación
con esta cuestión. Todo lo contrario, existe un absoluto
disenso, y conviene recordar que estamos hablando no
de una ciencia exacta, como decía el otro día, sino básicamente,
entre otras cosas, de geotecnia, que es fundamentalmente
una ciencia empírica. Existen informes
diversos y contrapuestos —hasta 38— que se oponen a
ese trazado y una extensa lista de instituciones, tanto
nacionales como extranjeras, que también se oponen. De
manera particular quiero citar el informe técnico firmado
por técnicos de la misión de Icomos, Consejo internacional
de monumentos y sitios, órgano especializado de
Unesco que está implicada directamente y muy preocupada
con este asunto porque el monumento a la Sagrada
Familia, como saben, señorías, al igual que la Casa Milà
—el edificio de La Pedrera— forman parte de la lista del
patrimonio mundial de Gaudí. Es Patrimonio de la
Humanidad y es Patrimonio Nacional. Y no entienden
que, habiendo trazado alternativa, se empeñe el ministro
en desobedecer al Ayuntamiento de Barcelona, al Parlament
de Catalunya y, como anuncia, si así se pronunciara,
al Congreso de los Diputados, a los técnicos de
Icomos y a ingenieros muy cualificados, con mucha
experiencia en construcción de túneles, como el profesor
Melis, al que usted el otro día descalificó sin derecho a
defensa y sin que yo me hubiera referido a él; el profesor
Melis, que ha construido más de 200 kilómetros de
túneles en plazo y sin que haya habido ningún accidente.
Además de los ingenieros de Icomos, que manifiestan
en su informe de la misión especial del 7 al 11 de febrero
en la Sagrada Familia que lo primero que hay que hacer,
si es posible, es un trazado alternativo alejado de la
Sagrada Familia. Yo ya he dicho que hay trazado alternativo,
por ejemplo, señor ministro, el que pactó el
ministro de Fomento del Gobierno del PP en marzo del
año 2004 con el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,
Joan Clos, y el presidente de la Generalitat de la época,
Pascual Maragall. Usted dijo el otro día: Lo hizo el PP
en campaña electoral y con fines electoralistas. Es un
razonamiento fantástico, señor ministro. O sea, que el señor Clos y el señor Maragall lo que querían era hacerle
un favor electoral al Gobierno del PP en esa época. Y
dice usted que aquello era electoralista, señal de que
usted entiende que aquello era popular. Efectivamente,
aquel trazado, el de la llamada variante calle Valencia,
sepan, señorías, que no tuvo ni una sola alegación, ni una
sola, en el periodo de información pública. El actual
trazado, el de la calle Mallorca, que pasa junto a la
Sagrada Familia, tiene 8.366 alegaciones. Por tanto,
señorías, nada de consenso, ni político ni científico ni
técnico. Hay posibilidad de trazado alternativo. Yo le
pido, señor ministro, que rectifique, porque en este caso
sí que podemos decir que rectificar es de sabios.
Por último, señorías, usted blandió un informe el otro
día diciendo que era el informe definitivo de la Unesco.
Sabe usted que ha faltado a la verdad, sabe usted que ha
faltado a la verdad. Ni era el informe de la Unesco, ni
era el informe definitivo, ni era un informe técnico, ni
era el último informe técnico. Tengo aquí una carta que
me ha dirigido, por ejemplo, el doctor arquitecto Jordi
Bonet Armengol, director y coordinador de las obras del
templo de la Sagrada Familia, donde hace, entre otras
consideraciones, referencia a su conversación del
viernes 18 con la señora Mechtild Rossler, jefe para
Europa y Norteamérica de la sección de Patrimonio de
la Unesco, donde le dice que, efectivamente, hasta la
reunión de Brasilia, que se celebrará entre el 25 de julio
y el 3 de agosto, no habrá decisión definitiva de la
Unesco. Además, los profesores ingenieros Jäger y Katzenbach
manifiestan que ellos no suscriben ese informe
que usted blandió y por eso no lo han firmado. Y no es
el último informe técnico, porque hasta el mismo día 15
los ingenieros de Icomos estaban trabajando en la
Sagrada Familia. Concretamente, el día 15 de junio,
durante dos horas, los ingenieros Fuss y Soch; el 31 de
marzo, después del informe que usted blandió, de 11 a 17
horas, los ingenieros Jäger y Katzenbach, y el 8 de junio,
los ingenieros Fuss y Burke estuvieron trabajando y
levantaron acta de sus conclusiones, que yo tengo aquí,
donde dicen entre otras cosas que la tuneladora, señor
ministro, debe paralizarse como mínimo tres meses antes
de llegar junto a la Sagrada Familia para analizar el
comportamiento del subsuelo y de la estructura de la
Sagrada Familia. Eso dicen los técnicos de Icomos y de
Unesco y, por tanto, no es verdad lo que usted dijo en
esta Cámara y conviene que la Cámara lo sepa.
Termino, señoría, atendiendo a lo que dice —como
he dicho— una gran parte de la comunidad científica y
técnica, a lo que dicen los ingenieros de Icomos, a lo que
dice el sentido común. Por qué, por qué, señor ministro,
ese empeño en mantener ese trazado entre las estaciones
de Sants y La Sagrera, que pasa escasamente a cuatro
metros de la Sagrada Familia y pone en riesgo ese auténtico
icono de Barcelona, genialidad del arquitecto catalán
Antoni Gaudí, Patrimonio de la Humanidad, cuando hay
trazados alternativos. Nosotros no decimos que sea
nuestro trazado el que usted asuma, faltaría más; decimos
que una comisión de expertos independientes en escasamente dos meses lo proponga. Confiamos, señor
ministro, en que la razón, por una vez, sea la que se
imponga en este debate y que no se aplique el sostenella
y no enmendalla, sino el principio de que rectificar es de
sabios.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz. Señor ministro de Fomento, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco
López): Señoría, señor presidente, no es habitual que un
ministro intervenga en una moción… (Un señor diputado:
Ni en La Noria.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco
López): Alguno de sus compañeros también va a ese
programa, se sienta en esos escaños, señoría. (Una
señora diputada: ¡Qué dice!) Sabe bien lo que digo
quien me ha interpelado.
Señorías, no podía dejar pasar la oportunidad de intervenir
después de las apreciaciones que acaba de hacer el
señor diputado. El señor diputado hace aquí acusaciones
graves que voy a tratar de refutar para decirle que no
confunda la pasión con la razón y que no confunda la
pasión con la verdad. Señorías, las obras de la Sagrada
Familia están tuteladas por la Audiencia Nacional, que
hasta en seis ocasiones ha verificado que no existía
riesgo alguno para las mencionadas obras; avaladas por
la Audiencia Nacional con seis informes basados precisamente
en informes técnicos y científicos. Si al señor
Fernández Díaz solo le sirven los informes técnicos y
científicos que aporta él y no los informes técnicos y
científicos que avalan las decisiones de la Audiencia
Nacional, seguramente no nos podremos entender porque
hablamos en lenguajes diferentes. El señor Fernández
Díaz debe saber —y lo quiero reiterar— que el trazado
que se está ejecutando es el trazado que diseñó, que
acordó y que convenió el Gobierno del Partido Popular
en el año 2002 cuando Álvarez-Cascos era ministro de
Fomento. Ese es el convenio que se acordó, que se ejecutó
y que se sometió a exposición pública, cuyas alegaciones
se resolvieron y cuyo trazado se decidió finalmente.
Y no juegue con las palabras, señoría, un cambio
de trazado —y lo debería saber— supone un retraso de
la obra, porque hacer un nuevo trazado significa un
nuevo estudio informativo, una nueva exposición para
informe de impacto medioambiental, un nuevo proyecto,
y eso no se hace en menos de 48 meses. Por tanto, falta
a la verdad cuando dice que en seis meses se puede
corregir esta decisión. En seis meses lo que se puede
hacer es tomar otra decisión que conlleva un retraso
de 48 meses.
No puede pedir, señoría, en una iniciativa parlamentaria
que garanticemos las conexiones con Francia en los plazos que hemos establecido y luego venir con otra iniciativa parlamentaria para cambiar el trazado de la
alta velocidad, que es el trazado que conecta España y
Cataluña con Europa para cumplir con ese objetivo de
que la alta velocidad llegue a Francia con todo hecho en
el año 2012. (Aplausos.) No pueden venir con una iniciativa
que significaría dejar sin efecto la parte del túnel
que ya hemos construido. Eso significaría, a ustedes que
tanto les preocupa la austeridad, dejar improductiva la
obra que llevamos hecha simplemente para dar satisfacción
a una propuesta que yo entiendo que es legítima,
pero que en todo caso no tiene ningún aval científico
distinto a lo que ya ha acordado, reitero, en seis ocasiones
la Audiencia Nacional. Le decía el otro día: qué
casualidad que fuera precisamente en marzo de 2004
cuando se planteara el cambio de trazado, en plena campaña
de elecciones generales, y qué casualidad que se
vuelva a plantear ahora en el año 2010, también a las
puertas de las elecciones. Solo les mueve la pasión por
los votos. Señores del PP, los ciudadanos de Cataluña
los pusieron en su sitio en el año 2004 y los van a volver
a poner ahora en el año 2010. (Aplausos.)
Señoría, usted invocó en su intervención que yo había
cuestionado el informe de un ingeniero, del señor Melis.
No he sido yo; ha sido recusado, y la recusación cuenta
con el aval unánime del Colegio de Ingenieros de
Caminos, del cual es miembro. Por tanto, quien ha avalado
esa recusación fue el informe del Colegio de Ingenieros
de Caminos, no ha sido el ministro de Fomento.
A lo único que yo hacía referencia el otro día en mi
intervención, señorías, es a una posición oficial del
colegio, que no sé si le merece mucha credibilidad al
señor Fernández Díaz, pero en todo caso estoy dispuesto
a hacerle llegar el informe para que lo pueda estudiar.
Concluyo, señorías. No hay riesgo para la Sagrada
Familia como consecuencia de las obras del AVE. No
tengo la certeza ni la seguridad, como puse de manifiesto
el otro día, de que las obras de la Sagrada Familia puedan
llegar a buen puerto porque los técnicos y los expertos
—si quieren, podemos crear una comisión de expertos
para que lo evalúen— están diciendo que se está construyendo
una obra con demasiado sobrepeso y que eso
puede tener consecuencias sobre el terreno. No lo digo
yo, lo dice ese informe de la Unesco al que hacía mención
el señor Fernández Díaz y que él descalifica, pero
es el informe sobre el que va a emitir opinión la Unesco
en Brasilia, que venía a decir que había un sobrepeso en
las estructuras sobre las que se está construyendo la obra
de la Sagrada Familia. Por tanto, el riesgo no es del túnel
para que el AVE llegue a Francia, el riesgo está en una
obra que está sobredimensionada en su estructura y en
su peso. No lo digo yo, lo dice ese informe, al que remito
a SS.SS. para que lo lean y puedan votar con responsabilidad
y no con pasión. Veremos cómo van a transcurrir
las cosas.
Señorías, yo tengo el máximo respeto por este Parlamento,
pero también tengo el máximo respeto por la
Audiencia Nacional, que es quien en este momento está tutelando el desarrollo de esas obras y que ya ha emitido
seis informes. Si los informes de la Audiencia Nacional
no le merecen respeto a SS.SS., al ministro de Fomento
sí. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
ministro de Fomento. (El señor Fernández Díaz pide
la palabra.)Señor Fernández Díaz, le voy a dar la palabra pues ha
sido contradicho.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente
y gracias, señor ministro, por reabrir el debate.
Voy a ser muy conciso. Primero, qué casualidad, señor
ministro, que el 20 de julio de 2007, en el Ayuntamiento
de Barcelona, Partido Popular, Convergéncia i Unió y
Esquerra Republicana de Catalunya pidieran cambio de
trazado. Qué casualidad, señor ministro, que en febrero
de 2008, la mayoría del pleno del Parlament de Catalunya,
—Convergència i Unió, Esquerra Republicana de
Catalunya y Partido Popular de Cataluña— votaran a
favor del cambio de trazado. Por favor, un poco de
seriedad y de respeto a las instituciones. En segundo
lugar, ha hablado de la Audiencia Nacional. Señoría, yo
he estudiado el proceso ante la Audiencia Nacional y
conozco muy bien el recurso interpuesto ante la Sección
octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional contra la resolución de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transportes, que en
febrero de 2007 aprobó el estudio informativo ampliado,
correspondiente a la nueva variante del trazado del AVE
en su transcurso por la calle Mallorca. Lo he leído de
cabo a rabo y, por tanto, estoy en condiciones de debatir
con usted.
Le voy a hacer algunas precisiones. Yo venía aquí a
hacer un debate político. Creo en la división de poderes.
La Audiencia Nacional que diga lo que quiera y nosotros
lo acataremos y lo respetaremos, faltaría más, pero yo
apelo políticamente al señor ministro para que, con
independencia de si jurídicamente es correcto o no,
políticamente asuma lo que le dice la mayoría de la
ciudadanía de Barcelona, la mayoría de la ciudadanía de
Cataluña y, espero y confío que hoy, la mayoría de la
ciudadanía española aquí representada. ¿Sabe que le
digo? Que efectivamente ha habido varios incidentes
procesales, donde la junta constructora de la Sagrada
Familia ha pedido la paralización cautelar y urgente de
las obras, y los autos o providencias de la Audiencia
Nacional han dicho reiteradamente que había que atender
a ver el proyecto constructivo y que empezara la ejecución
de las obras de la tuneladora, señor ministro. Por
eso antes, como no habían empezado hasta el 27 de
marzo las obras de la tuneladora, la Sala de lo Contencioso
de la Audiencia Nacional dijo con muy buen criterio
que no procedía y en este momento en que ya ha
empezado a trabajar la tuneladora estamos en el momento
clave, y ahora yo le acuso a usted de filibusterismo ante
la Audiencia Nacional. ¿Sabe por qué? Porque ese informe que usted blandió el otro día, falso, la Abogacía
del Estado lo ha trasladado en versión jurada, evidentemente
de traducción, a la Audiencia Nacional. Lógicamente,
según el procedimiento: Audiencia Nacional,
traslado a las partes, apertura de plazo de alegaciones. Y
mientras, cada día, la tuneladora, diez metros. Usted está
provocando una política de hechos consumados haciendo
que mediante esos informes, incluso falsos, la Audiencia
Nacional cuando quiera dictar sentencia, esta sea ineficaz
porque la tuneladora ya haya realizado su trabajo. Eso
es lo que está sucediendo. (Aplausos.)
Por último, en relación con la recusación del Colegio
de Ingenieros de Caminos al ingeniero señor Melis, usted
trae el tema. Solo le voy a decir una cosa y me quedo
ahí. Mire usted, el 70 por ciento de los honorarios de los
colegios profesionales son de visados y en particular del
Colegio de Ingenieros de Caminos. Y esos visados son
de ADIF y del Ministerio de Fomento. Y me quedo ahí.
(Rumores.—Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) Porque ustedes están
negociando ahora con el Colegio de Caminos ese asunto.
(El señor ministro de Fomento, Blanco López, hace
signos negativos.) Sí, señoría, sí, se lo digo y se lo
repito. Por tanto, no vaya usted por ese camino porque
por ese camino entramos en debates que no son convenientes
para nadie, porque esa recusación se contradice
con el hecho de que ese prestigioso y muy respetado y
respetable colegio profesional le otorgó la medalla de
oro, máxima condecoración de la corporación, al ingeniero
señor Melis, a quien ahora recusa como perito
válido ante la Audiencia Nacional.
Dice usted que no hay riesgo. Mire usted, el riesgo
son ustedes. (Rumores.) Tampoco había riesgo de
hundimiento del Carmel. Y si quiere le cito todos los
túneles proyectados y ejecutados por los mismos que
están haciendo ahora el proyecto del AVE por delante
de la Sagrada Familia y que han sufrido accidentes
gravísimos. Si quiere le cito la lista, la tengo aquí. Pero
yo no quiero cuestionar en absoluto la competencia de
los técnicos, evidentemente; simplemente le digo que
no lleve usted el debate a un punto al que yo no lo
quiero llevar.
Termino, señoría, diciéndole que, en relación con lo
que usted ha dicho del incremento de coste y la dilación
de plazo, respecto del incremento de coste los técnicos
a los que hemos consultado nos hablan de en torno a 10
ó 12 millones de euros. La obra presupuestada fue de 243
millones de euros; eso sin contar los replanteos, por
ejemplo lo que costó la muralla-pantalla de 230 metros
con pilotes de metro y medio de diámetro y 42 metros
de profundidad y todo el replanteamiento subsiguiente,
que va a llevar a que ese túnel cueste en torno a 400
millones de euros. Sobre eso, esos 10 ó 12 millones de
euros es escasamente el 2 por ciento. Y en cuanto a
plazo, le he dicho seis o siete meses. La conexión ferroviaria
con Francia no aparece para nada. ¿Y sabe por qué
le digo que si hay voluntad política se arregla? Porque
la variante de la calle Valencia, pactada con el señor Clos y con el señor Maragall, no tuvo ni una sola alegación;
total consenso ciudadano, total consenso científico y
técnico, total consenso político.

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Vaya a esa variante.
No se pierde tiempo, habrá consenso, habrá paz y habrá
tranquilidad, y sobre todo habrá seguridad de que ese
monumento, patrimonio de la Humanidad, no va a sufrir
como han sufrido otras instalaciones de estas características
por su empecinamiento en no querer cambiar de
opinión.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz. Señor ministro de Fomento, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco
López): Señor Fernández Díaz, le contesto muy brevemente
porque la verdad es que a usted la pasión le quita
la razón. Usted está lleno de contradicciones en sus
argumentos. Usted no puede dar por válida la actuación
ejemplar del Colegio de Ingenieros de Caminos cuando
condecora al ingeniero al que hacemos referencia y sin
embargo cuestionar a ese mismo colegio cuando recusa
a ese ingeniero. Sencillamente, señoría, debe aclararse.
No pueden ser buenos para una cosa y malos para la
contraria. Usted tiene algún problema en relación con
esta actuación. Lo que yo quiero, señoría, es que la
verdad prevalezca, y la verdad va a prevalecer cuando
concluyan las obras, cuando no tenga riesgo alguno la
Sagrada Familia y cuando usted tenga que rectificar todo
lo que ha dicho en esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
ministro. Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra don Pere Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, la verdad es que uno
comprende la pasión de este debate porque uno comprende
perfectamente la importancia que tiene para los
barceloneses, para los catalanes y creo que también para
los españoles y para el mundo la Sagrada Familia. Uno,
en su imaginación, no desearía que ocurriera el más
mínimo incidente en relación con las obras que van a
pasar tan cerca, a 1,85 metros, de los cimientos de la
Sagrada Familia. Ante esta pasión, uno desearía también
que la prudencia fuera el argumento principal de toda la
actuación. Y uno cree muy sinceramente, señoras y
señores diputados, señor ministro, que no actuamos con
prudencia. Se ha dicho y se ha repetido que no hay obra
más vigilada que la del túnel del AVE próximo a la Sagrada Familia, y esto no es verdad, señorías. Me dirijo
a los bancos del Grupo Socialista. Sepan ustedes, cuando
vayan a votar hoy, que estas obras tan vigiladas que había
que mantener separadas 1,85 metros de la Sagrada
Familia se han separado 1,12 metros, es decir, un error
del 35 por ciento en la obra que se dice más vigilada del
mundo. Sepan ustedes que la desviación media de la
pantalla de protección de estos 1,85 metros es que más
del 30 por ciento de los pilares se han desviado más
de 20 centímetros. Sepan ustedes también que en los
informes técnicos cualificadísimos en los que se basa la
defensa del ministerio, se dice que La Pedrera, otro
monumento declarado Patrimonio de la Humanidad,
tiene una altura de 19 metros, y La Pedrera, señores
diputados de la bancada socialista, tiene una altura de 35
metros. No puede ser, algo nos debería hacer a todos ser
mucho más prudentes.
Voy a hablar de La Pedrera. La Pedrera tiene unos
cimientos de 50 centímetros. Esto está documentado. Hay
un profesor, doctor arquitecto, señor Bassegoda, que ha
vivido toda su vida estudiando a Gaudí, que lo ha documentado.
Y no se hace ninguna pantalla al paso por La
Pedrera. ¿Ha estudiado alguien esto? Pues no se ha estudiado,
señor ministro. ¿Qué es lo que se pide aquí? La
enmienda de Convergència i Unió va en este sentido, se
pide una prudencia elemental. ¿Qué son dos meses?
Usted ha puesto esta primera piedra y ya verá cómo la
segunda no va a empezar la semana que viene, va a
empezar de aquí a dos o tres meses o no sé cuándo. ¿Qué
son dos meses? Le pido con pasión, señor ministro, prudencia,
prudencia y más prudencia. Le pido a todos los
diputados socialistas que hoy voten en conciencia. Le
pido al Partido Popular que acepte nuestra enmienda, que
creo que tiene unas dosis extraordinarias de prudencia.
No puede suceder nada en estas obras y están sucediendo
acontecimientos negativos. No los voy a relatar porque
no me gusta, porque quiero que el razonamiento sea el
de tener máxima prudencia. Creo que es bueno tomarse
dos meses, creo que es bueno apelar al concurso de los
mejores técnicos, creo que es bueno, señor ministro —y
se lo aconsejo de todo corazón— que no nos dediquemos
a apabullar corporaciones públicas españolas o internacionales,
que no se dedique usted a hacer de pitoniso
pronosticando qué va a aprobar la Unesco de aquí a dos
meses. Creo que es mucho mejor, señor ministro, que se
dedique usted a introducir y a predicar prudencia. Nuestra
enmienda, la de CiU, va en este sentido.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Macias.Por el Grupo Socialista, para la defensa de su
enmienda, tiene la palabra don Daniel Fernández.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias,
señor presidente.
Créanme que me ha sorprendido que el argumento
fundamental del señor Fernández Díaz para defender su que en este tema han tenido lugar en las instituciones
catalanas. Cuántos problemas nos hubiéramos evitado
todos, señorías, si este PP hubiera tenido el mismo respeto
para muchas decisiones, ideas e impulsos que vienen de
Cataluña. ¡Cuántos problemas nos hubiéramos evitado
todos! (Aplausos.) En fin, entremos en materia.
El 12 de junio de 2002 se firmó en Madrid un acuerdo
según el cual el túnel que debía unir las estaciones de Sants
y La Sagrera en la ciudad de Barcelona sería trazado por la
calle Mallorca, es decir, por delante de la Sagrada Familia.
El citado acuerdo lo suscribieron Francisco Álvarez-Cascos,
a la sazón ministro de Fomento; Félix Puig, consejero de
Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya y Joan Clos,
entonces alcalde de Barcelona. Quienes firmaron este
acuerdo, más allá de sus diferentes filiaciones políticas, lo
hacían en representación de unas instituciones que tomaban
responsablemente una decisión vital y estratégica para la
ciudad de Barcelona y para la conexión de nuestra red de
alta velocidad con Francia. No tengo ninguna duda de que
no hubieran suscrito este acuerdo si no hubieran estado
convencidos de su viabilidad, de sus ventajas y de nuestra
capacidad técnica para llevarlo a cabo con el máximo de
seguridad posible. Después, es cierto, ha habido partidos
políticos que legítimamente han cambiado de opinión.
Convergència i Unió en cuatro ocasiones; en 2002, primero
a favor del trazado por la calle Aragón y luego por la calle
Mallorca, y van dos; en 2003, por la calle Provenza, y la
más ocurrente, la del señor Trías, en 2004, por Sant Cugat
del Vallès, que, para que me entiendan, es como pretender
que la estación del AVE de Madrid estuviera en Majadahonda.
El PP, hay que reconocerlo, solo cambió de opinión
en una ocasión, pero fue en marzo de 2004, en plenas
elecciones generales, y ya saben ustedes que si rectificar es
de sabios, rectificar en plena campaña electoral suele ser
más bien de listos. (Aplausos.) Nosotros, también legítimamente,
no hemos cambiado de opinión, pero esto no es
lo relevante; lo relevante es que los acuerdos institucionales
están para cumplirse, lo relevante es que hay decisiones que
por sus consecuencias económicas y por su complejidad
técnica no pueden depender de una coyuntura electoral, de
un objetivo partidista o de rectificaciones en función de si
se está en el Gobierno o en la oposición. Simplemente no
es serio, señorías.
En lo que hoy estamos de acuerdo todos es en que las
obras deben realizarse con la máxima seguridad, por
cierto no solo para la integridad del templo de la Sagrada
Familia, también para la integridad y la seguridad de los
trabajadores de las obras, de los ciudadanos y de los
edificios cercanos al trazado del túnel, temas que algunos
parecen haber olvidado. (Aplausos.) Señorías, esta es y
será la prioridad del Ministerio de Fomento, por esta
razón el túnel no pasa por debajo de ningún edificio y
transcurre por un eje central de calles de más de 20
metros de ancho; por esta razón se utiliza una tuneladora,
la Barcino, diseñada expresamente para este tipo de suelo
y para la ejecución de este tipo de obras; por esta razón
el informe definitivo de la Unesco sobre la Sagrada Familia y la Casa Milá, que se elevará al Comité de
Patrimonio de la Humanidad a celebrar a finales de junio
en Brasilia, afirma textualmente que no existen riesgos
de daños debidos a vibraciones inducidas por el túnel
del AVE, y por esta razón finalmente, tal como recoge
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se
constituirá un grupo de expertos del Ministerio de
Fomento, ADIF y Unesco, así como de reconocidos
profesionales internacionales, para realizar un seguimiento
permanente de dichas obras, especialmente de
aquellas que afectan a la Sagrada Familia.
Soy consciente, señorías, de que en el parlamentarismo
moderno difícilmente un debate, tampoco este, produce
un cambio respecto de las posiciones fijadas de antemano.
Pero quienes hoy van a votar en esta Cámara a favor de
dejar en vía muerta el AVE, tal y como ha reclamado el
líder del PP en Barcelona, tienen derecho a saber que lo
van a hacer en contra del criterio de la comisión de
expertos de la Unesco, de la de los mejores profesionales
en ingeniería y geotécnica de nuestro país y después de
que en seis ocasiones —lo ha dicho el ministro— la
Audiencia Nacional se haya negado a paralizar dichas
obras. No están los tiempos, señorías, para paralizar obras
estratégicas, ni en Barcelona ni en cualquier otra ciudad
de nuestro país. Quienes impulsan estas iniciativas deberían
estar dispuestos a asumir las consecuencias económicas
para las empresas, sus trabajadores, los barrios y
las ciudades donde se lleven a cabo. ¿Lo están quienes
impulsan esta iniciativa en el caso que hoy nos ocupa?
Yo sinceramente lo dudo. Y tampoco están los tiempos
—y ya acabo, señor presidente— para añadir nuevos
miedos, incertidumbres e inseguridades a costa de la obra
pública con el fin de ganar un voto en la calle o una votación
en esta Cámara. Quienes transitan por estos túneles
han de saber que son mucho más peligrosos que el
del AVE a su paso por la ciudad de Barcelona.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.

El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias,
señor presidente. Intervengo muy brevemente desde el
escaño para fijar posición en nombre del Bloque Nacionalista
Galego.
El señor Macias, en su intervención, apelaba a la
prudencia y va a ser ese criterio de prudencia el que guíe
la posición del Bloque Nacionalista Galego, sobre todo
siendo una fuerza política que no conoce con exhaustividad
los pormenores de la cuestión que provoca la
presentación de esta moción, pero lo cierto es que existen
informes técnicos de carácter contradictorio. Nosotros
valoramos mucho el hecho de que tanto el Parlamento
de Cataluña como el pleno del Ajuntament de Barcelona
se hayan manifestado a favor de una suspensión cautelar
de las obras. Creemos que lo prudente ante estas circunstancias es que se suspendan cautelarmente las obras, que
se constituya un comité de expertos independientes que
examinen las posibles soluciones.
En cualquier caso, también pensamos, para no provocar
un perjuicio mayor del que se quiere subsanar, que,
de producirse esta suspensión cautelar, lo lógico es acotarla
en el tiempo para evitar que quede esta suspensión
en un horizonte temporal indefinido. Por tanto, estamos
totalmente de acuerdo con la enmienda que Convergència
i Unió presenta y creemos además que lo lógico es no
prejuzgar de antemano las conclusiones de este comité
de expertos independiente de constituirse y de realizar
sus trabajos. Por tanto, no es lógico que el Congreso de
los Diputados se pronuncie ya por un cambio de trazado.
Tendrá que ser el trabajo de este comité de expertos
independientes el que determine si las soluciones que
impidan cualquier afectación al templo de la Sagrada
Familia y edificios cercanos deben conllevar un cambio
de trazado u otro tipo de solución constructiva. Por tanto,
vamos a supeditar nuestra posición final a saber si el
Grupo Popular está en disposición de aceptar algunas de
las enmiendas presentadas.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Jorquera. Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida en primer lugar tiene la palabra el señor
Herrera.

El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias,
señor presidente.
De forma breve y desde el escaño quiero decir que en
Iniciativa consideramos que hoy lo urgente es que haya
otro túnel en la ciudad de Barcelona, no solo para que el
AVE pase, sino para descongestionar los túneles existentes.
Ustedes saben que hoy las cercanías en Barcelona
solo tienen dos túneles, el que pasa por Plaza Catalunya
y el que pasa por el Paseo de Gracia, y lo cierto es que
posponer la construcción del túnel del AVE acabaría
afectando no solo al paso del AVE, sino a un modelo
ferroviario que hoy a su paso por la ciudad de Barcelona
hace que esté absolutamente congestionada.
Además hay más factores, que son los que se han
expresado y se han dicho. De hecho, venimos de una
historia larga en la que se han construido túneles desde
hace un montón de tiempo. Justo al lado de la Sagrada
Familia hay un túnel, el del metro, y lo cierto es que no
está afectando. Cierto es que hay un proceso de agrietamiento
en la Sagrada Familia, pero el agrietamiento se
produce por un exceso de carga, por un sobrepeso en la
obra, no precisamente porque haya nuevos túneles.
Quizá lo que tendrían que hacer los que promueven estas
iniciativas es pensar o repensar cuáles son sus proyectos
constructivos antes que abrir la batalla, que la han abierto,
cierto es, en torno a la reorientación del trazado.
Por estos motivos, por sentido común, porque entendemos
que este túnel se tiene que hacer, porque creemos que además se ha acreditado que se puede hacer con toda
normalidad y porque entendemos que no se debe paralizar,
no nos vamos a quedar aquí. Nosotros creemos que tiene
que haber nuevos túneles ferroviarios en Barcelona de tren
convencional para mejorar un servicio de tren convencional
y no solo de AVE, que en la ciudad de Barcelona en su área
metropolitana y en el conjunto de Cataluña es claramente
deficitario. Esperamos que se cree esta comisión de expertos
y que no se paralicen obras que tienen que salir adelante.
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Herrera. Por el mismo grupo parlamentario don Francesc Canet
tiene la palabra.

El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente. Ya nos temíamos que el debate
sería de alto voltaje teniendo en cuenta que el tema es
muy sensible, pero ha sido absolutamente apasionado.
Para enfriarlo un poco y mantener la coherencia que mi
partido ha mantenido siempre en el Ayuntamiento de
Barcelona y en el Parlament de Catalunya, quiero dejar
constancia de que vemos con agrado lo que se está
pidiendo en la moción del Grupo Parlamentario Popular
y también en la enmienda que plantea Convergència i
Unió. En cualquier caso, ha sido lamentable la guerra de
informes, de informes técnicos, mezclando a la Unesco,
etcétera. Polémicas al margen, entendemos que el
Gobierno se mantiene firme sobre la base de tres argumentos
que ha repetido hoy el señor ministro de Fomento:
las obras están en un estado muy avanzado, el gasto que
se ha realizado es importante y el retraso por un cambio
de trazado sería inasumible. Seguramente tiene razón el
señor ministro, pero también ha de recordar que se ha
llegado hasta aquí por una serie de decisiones, de hechos
consumados, legítimamente consumados por el Gobierno,
evidentemente, pero que han pasado por dejar de lado
decisiones del Ayuntamiento de Barcelona, del Parlament
de Catalunya, miles de alegaciones, firmas, etcétera.
La referencia al gasto efectuado es comprensible,
pero también hay que recordar que, ante el riesgo para
la seguridad de las personas y para la seguridad de edificios
emblemáticos, seguramente el gasto no sería un
elemento importante. En cualquier caso, aceptando que
el Gobierno carga con la responsabilidad política, porque
es su derecho, también ha de cargar con la responsabilidad
de las posibles consecuencias.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Canet. Señor Fernández Díaz, ¿acepta S.S. alguna de las
enmiendas para la votación?

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Acepto la enmienda
de Convergència i Unió.

El señor PRESIDENTE: Votamos la moción consecuencia
de interpelación del Grupo Parlamentario
Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
ante los informes que aconsejan paralizar las obras del
túnel del AVE junto a la Sagrada Familia. Se vota esta
moción en los términos de la misma, con la incorporación
de la enmienda de Convergència i Unió. (Rumores.)
Silencio. No hemos terminado las votaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos emitidos, 349; a favor, 179; en contra, 170.

Pleno del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 2010

2010-06-18T10:17:00.001+02:00

INTERPELACION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LOS INFORMES QUE ACONSEJAN PARALIZAR LAS OBRAS DEL TÚNEL DEL AVE JUNTO A LA SAGRADA FAMILIA

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Interpelación del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los informes que aconsejan paralizar las obras del túnel del AVE junto a la Sagrada Familia. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta,
Señor ministro, señorías, traigo en nombre de mi grupo una interpelación urgente en relación con una cuestión que ya ha sido objeto de tratamiento esta misma mañana en esta sesión plenaria y que puedo asegurar que ha generado en Barcelona desde hace mucho tiempo una polémica social, técnica, política, que no tiene precedentes. Voy a intentar explicar por qué el sentido común, la razón y la prudencia política que debe acompañar en todo momento a un buen gobernante aconsejarían, a la vista de la situación existente, la paralización cautelar y urgente de las obras del AVE por debajo del suelo de la ciudad de Barcelona y que pasan muy próximas a la cimentación del pórtico de la Gloria de la Sagrada Familia.
Señorías, como ustedes saben, el trazado del AVE -la línea de alta velocidad que debe unir Madrid con la frontera francesa para, una vez allí, seguir hasta Lión y París-, ese trazado que es Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Girona-Figueras-frontera francesa, ya llegó a Barcelona, a la estación de Sants. Las obras desde la estación de La Sagrera, que es el otro extremo de la ciudad de Barcelona, están muy avanzadas en su conexión con Francia, aunque conviene recordar que está previsto que las obras de la estación de La Sagrera terminen no antes de finales de 2014, de tal suerte que ya anticipo que la petición que nosotros hacemos en ningún momento pondría en riesgo la conexión del AVE con la frontera francesa.
Para unir las estaciones de Sants y La Sagrera, señorías, la opción de trazado que ha decidido el Ministerio de Fomento tiene una longitud de 5,6 kilómetros y se desarrolla a lo largo de un túnel que va a una profundidad de más de 25 metros sobre el subsuelo. No tiene ninguna estación intermedia y los trenes de alta velocidad que eventualmente circulen por ese túnel no lo podrán hacer a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora, lo cual quiere decir que se tardará en atravesar la ciudad de Barcelona entre las estaciones de Sants y La Sagrera en torno a un cuarto de hora, cuando el AVE de Madrid a Barcelona tarda dos horas y media. Eso ya da una idea de lo que estamos hablando. Ese trazado no es el heredado del ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, ni tampoco es el trazado definido y decidido por el señor Blanco, ministro de Fomento. Él lo heredó de su antecesora, la ministra Magdalena Álvarez, que rectificó posteriormente, con ocasión del hundimiento del Carmelo, el trazado que había sido acordado entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya en marzo de 2004, la llamada variante de la calle Valencia, que, por cierto, además de tener el consenso del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Catalunya, no mereció en su estudio informativo y en el sometimiento a información pública ni una sola alegación. Fíjense el consenso político y el consenso ciudadano que tenía esa variante de la calle Valencia. Llega el año 2005, el hundimiento del Carmelo, un túnel de maniobra provoca lo que ustedes conocen, el hundimiento de unos inmuebles, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, pide que la tuneladora no actúe por debajo de ningún inmueble de la ciudad de Barcelona, invocando el informe de un técnico de ADIF que dijo que eso era un riesgo inasumible. Por cierto -y tengo la documentación-, mismo técnico de ADIF que ahora, cuando la tuneladora está trabajando por todo el subsuelo de la ciudad de Girona, ha dicho que no hay ningún riesgo en que la tuneladora actúe por debajo de inmuebles de esa ciudad. El mismo técnico, informes contradictorios en el caso de Barcelona y en el caso de Girona -lo tengo documentado, señor ministro-, seguramente porque recibió instrucciones políticas contradictorias en un caso y en el otro.
No estamos, señoría, en presencia de un debate ideológico. En el Ayuntamiento de Barcelona, en el pleno, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Popular en tres ocasiones han votado en contra del trazado. En el pleno del Parlamento de Cataluña, en febrero de 2008, Partido Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya y otro grupo votamos en contra, conjunta y mayoritariamente, del trazado. Por tanto, hay una mayoría política en el Ayuntamiento de Barcelona, en su pleno, y una mayoría política en el Parlamento de Cataluña, contraria al trazado. Si a eso sumamos que la actual variante de la calle Mallorca, que pasa junto a la Sagrada Familia, a cuatro metros, señorías -a cuatro metros-, de su cimentación, ha recibido más de 8.300 alegaciones, frente a ninguna del anterior trazado, se darán ustedes cuenta de que da la sensación de que se pretende aplicar el principio de sostenella y no enmendalla, cuando en este caso, señor ministro, y porque la decisión no fue de usted, podría aplicar el principio de que rectificar es de sabios. Por si fuera poco todo lo anterior, no hay consenso científico y técnico. Este no es un debate evidentemente científico ni técnico, es un debate político y parlamentario, pero hemos de actuar también sobre la base de lo que dicen los técnicos, porque en el fondo subyace una decisión técnica. Yo no voy a pretender demostrar -no lo podría hacer en ningún caso- que sus técnicos están equivocados, pero lo que puedo demostrar es que hay otros técnicos, tan competentes como los suyos por lo menos, que dicen lo contrario. No menos de 140 arquitectos, catedráticos y profesores de España y de todo el mundo, se han adherido al manifiesto conforme al cual no existe el riesgo técnico cero ni real en esas obras y que la obra de la Sagrada Familia asume un riesgo inaceptable, al transcurrir el trazado del AVE a esa pequeñísima distancia de su cimentación. Se han presentado 38 alegaciones ante la Audiencia Nacional, también de distinguidos profesores y catedráticos nacionales e internacionales. Por tanto, no hay consenso en absoluto, como no lo puede haber, entre otras cosas, señor ministro, porque usted sabe que la geotecnia no es una ciencia exacta, es una ciencia empírica, que no puede garantizar el riesgo cero.
En consecuencia, es una temeridad hacer pasar el trazado del AVE a cuatro metros de la Sagrada Familia, cuando existen trazados alternativos. ¿A alguien, desde el sentido común, señorías, le puede acudir a la mente que, para ir desde un extremo de Barcelona al otro, más de 5,6 kilómetros, no hay otro punto por donde pueda pasar que a cuatro metros de la Sagrada Familia, monumento Patrimonio de la Humanidad, monumento Patrimonio Nacional, el monumento más visitado, junto a La Alhambra de Granada, de España? Tres millones de visitantes en su interior y cuatro millones de visitantes en su exterior. Además, es un monumento en construcción, que forma parte de la lista patrimonio mundial de la obra de Gaudí. ¿Que se caiga en la temeridad de que incurra en ese riesgo? Hay un principio del derecho del trabajo que dice in dubio pro operario. Hay otro principio del derecho penal que dice in dubio pro reo. En este caso, in dubio pro Gaudí, a favor de un monumento Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio Nacional. Es una temeridad mantener ese trazado.
Se ha alegado por parte del señor ministro, en respuesta al señor Macias, en la sesión de control esta mañana, que el informe de Icomos, de la Unesco, definitivo, dice que no hay riesgo. Quiero aclararles -porque nadie sabe de todo y yo me he enterado de lo que era este informe de Icomos, sinceramente, estudiando el tema de la Sagrada Familia desde hace un tiempo- que Icomos es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es la entidad especializada de la Unesco para estos monumentos. Icomos-Unesco lógicamente se hizo eco, porque está en la lista de Patrimonio de la Humanidad, de esta controversia y evacuó un informe provisional en el que manifestaba que había riesgos evidentes. Ese informe de febrero pasado fue conocido públicamente en marzo y decía que no empezaran las obras de la tuneladora hasta que no estuvieran garantizadas una serie de especificaciones técnicas. Lo que hizo el señor ministro es irse a Barcelona, estar con toda la prensa y poner el 29 de marzo en marcha la tuneladora y decir: esta obra es la obra más vigilada del mundo; no corre riesgo. Señorías, les voy a decir una cosa. Es tal el riesgo que corre la Sagrada Familia que los técnicos de ADIF han decidido que se tiene que establecer una muralla de protección de la cimentación de la Sagrada Familia, nada más y nada menos que de 230 metros de longitud, constituida por pilotes de 1,5 metros de diámetro, que distan entre sí dos metros entre ejes y que tienen 41 metros de profundidad. (Rumores.) Señora presidenta, si quieren, cuando acabe, discutimos.
Le voy a decir una cosa, señor ministro, usted lo sabe pero la Cámara conviene que también lo sepa. En esa obra más vigilada del mundo, la pantalla de protección, en esa muralla -que les acabo de citar- que debía estar a 1,95 metros de la cimentación de la Sagrada Familia, hubo un error de construcción del 42 por ciento y se colocó a 1,17. Los técnicos de ADIF no se dieron cuenta, lo tuvieron que decir los técnicos de la junta constructura de la Sagrada Familia. Tengo el acta notarial de 22 de octubre, que acredita este hecho; los técnicos de ADIF dijeron que era un error de replanteo. Si en la construcción de la muralla de protección de esas impresionantes características que les he dicho ya hubo un error de un 42 por ciento, fíjense ustedes el riesgo que estamos corriendo. Y yo me pregunto: ¿Es necesario eso? ¿Acaso no hay trazados alternativos? Podría entenderse que estamos en presencia de dos bienes jurídicos, una obra de interés público, de interés general, imprescindible, que a su vez pone en riesgo un monumento, como en este caso el de la Sagrada Familia, Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Nacional, etcétera. Y es evidente el discernimiento acerca de cuál de esos dos bienes en presencia y en contradicción prevalece sobre el otro. Pero, señorías, hay trazados alternativos, hay numerosísimos trazados alternativos, que ni afectarían a la cofinanciación de la Unión Europea ni a la conexión con Francia. Por tanto, en nombre de muchísima gente y en todo caso de mi grupo parlamentario, pido que, por favor, señor ministro, ahora que estamos todavía a tiempo, tome usted una decisión sabia: paralice cautelarmente las obras y cree una comisión de expertos independientes que elaboren y propongan un nuevo trazado de riesgo real cero para la Sagrada Familia y para el resto de edificios afectados por el nuevo trazado. Tenga usted la seguridad, señor ministro, de que esa rectificación se la vamos a reconocer todos y se la vamos a aplaudir.
Señoría, acabo diciéndole que el 10 de junio de 1926 Antonio Gaudí murió, atropellado por un tranvía; el AVE de alguna manera -usted me entiende- viene a ser el tranvía del siglo XXI. No sea usted el responsable político de que ese tranvía del siglo XXI acabe con la obra más emblemática de Antonio Gaudí. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Fomento.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, permítame que le diga que mi fe, que es la misma que la suya, no me ciega de la misma forma. Voy a empezar por hacerle una precisión y es que desde que soy ministro no he incorporado ningún técnico a ADIF; por tanto, no le puedo decir que son mis técnicos; son los técnicos de la Administración General del Estado, a los que se les debe un respeto porque son excelentes profesionales. (Aplausos.) Esta es la primera consideración que quiero hacerle: no son cargos de designación; son funcionarios públicos, que cumplen ejemplarmente con su deber, como cumple con su deber la Audiencia Nacional, que en seis ocasiones nos ha dado la razón y en ninguna ocasión ha hecho indicación alguna para que se paralizaran las obras. Esta es la primera consideración que yo le quería hacer. La segunda. Decía usted que la Cámara debe saberlo. La Cámara debe saber que en el año 2002 ustedes, CiU y Partido Popular, firmaron un acuerdo para que el AVE pasara por el centro de Barcelona siguiendo la calle Mallorca, es decir, por delante de la Sagrada Familia. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Sí señor!) Señoría, la línea de alta velocidad entre Barcelona y la frontera francesa es una conexión de gran complejidad y magnitud, de una inversión extraordinaria y que va a permitir materializar la conexión de España y de Francia con la alta velocidad; es también la que va a impulsar la competitividad de la economía de la que hablábamos en la anterior interpelación, del tejido productivo y del tejido empresarial español y catalán. Por ello, el túnel Sants-Sagrera es una pieza vital para el desarrollo de nuestra red de alta velocidad y un cambio de trazado significa empezar de cero y retrasar este contador en treinta meses, que es lo que se necesita para hacer un proyecto nuevo, un estudio informativo nuevo y para que, por tanto, se pueda llevar a cabo un nuevo proceso de planificación de esa obra. Barcelona va a tener una arteria de transporte de última generación y todas las capitales quedarán unidas entre sí por la alta velocidad. Señoría, le anuncio que la semana que viene voy a poner en marcha las actuaciones de la estación de La Sagrera, poniendo simbólicamente lo que se llama la primera piedra.
Durante la ejecución de las obras, la prioridad es que estas se realicen con la máxima seguridad; la máxima seguridad para los trabajadores, la máxima seguridad para los ciudadanos y la máxima seguridad también para todos los edificios cercanos al trazado del túnel. El Ministerio de Fomento ha adoptado todas las medidas necesarias para garantizar esa seguridad. El túnel discurre siempre por el eje central de las calles de más de 20 metros de ancho; no pasa, por tanto, por debajo de ningún edificio, como muchas veces se deja entrever. Durante la fase de proyecto se han realizado 4.300 metros de sondeo y más de 600 ensayos de laboratorio y la excavación se realiza con una tuneladora diseñada expresamente para este tipo de suelo, siendo este el procedimiento más adecuado y el más seguro para la ejecución de esa obra. Lleva más de un kilómetro de túnel hecho y todavía no ha tenido ninguna desviación. Se ha instalado un sistema de alarmas automático con 45 estaciones topográficas robotizadas y 8.400 sensores para conocer en tiempo real, señoría, cualquier efecto que la obra pueda tener sobre los edificios. A su paso junto a los edificios singulares, como la Sagrada Familia, se han establecido medidas adicionales para aumentar aún más su protección. Todas estas actuaciones se han adoptado con el máximo rigor, con la participación de los mejores técnicos y profesionales en ingeniería y geotecnia del país y con el objetivo de garantizar toda la seguridad. Medidas avaladas, señoría, en seis ocasiones por las instancias judiciales, a las que algunos afectados han recurrido para paralizar las obras.
En definitiva, señoría, el túnel Sants-La Sagrera es una de las obras de ingeniería civil con las medidas de seguridad más altas, mejor controladas y más vigiladas de las que se están realizando actualmente en el mundo; algo que han podido apreciar los miembros de la comisión de expertos de la Unesco, que han emitido un informe el 7 de junio y que visitaron obras el pasado mes de febrero a propuesta, señorías, del Ministerio de Fomento, comisión que ya ha elaborado un informe, un informe definitivo, que fue remitido por la Unesco el pasado 7 de junio al Gobierno de España y a la delegación permanente de la Unesco en España. Este sí es el informe oficial, este sí es el informe, y no otros a los que S.S. ha querido hacer eco. En la conclusión de dicho informe, que, insisto, sí es el definitivo, en ningún caso se cuestiona el trazado del AVE a su paso por Barcelona ni se establece recomendación alguna para su modificación; en ningún punto se recomienda la paralización de las obras y en ningún punto se establece la adopción de medidas constructivas adicionales a las establecidas por ADIF para garantizar la integridad del templo. Es un informe que constata de forma literal lo siguiente: Puede afirmarse que los asientos previstos para la parte protegida como Patrimonio de la Humanidad de la Sagrada Familia son despreciables y no causarán problema alguno. Indica también de forma literal lo siguiente: Se puede decir que hasta ahora el túnel y las medidas adicionales han sido diseñadas de acuerdo con los estándares nacionales y europeos. Y añade: No existen riesgos de daños debidos a vibraciones inducidas por el túnel del AVE y los desplazamientos estimados del terreno son tan insignificantes que no se producirá daño alguno. Es más, señoría, afirma que, debido al enorme peso que tendrá el templo, la construcción de la propia Sagrada Familia tendrá unos efectos sobre el terreno diez veces superiores a la excavación del túnel. (Rumores.) Esto es lo que dice el informe, esto no me lo estoy inventando, señorías. Son, señorías, argumentos que vienen a ratificar lo expresado en el informe independiente que en febrero de 2009 acordamos encargar el Ministerio de Fomento y el Patronato de la Sagrada Familia y cuya principal conclusión es que la ejecución del túnel no implicará riesgo estructural alguno para el templo.
Como es natural, el Gobierno ya ha remitido el informe de la comisión de expertos a la Audiencia Nacional, como documento de interés a la hora de resolver sobre la petición de paralización de las obras solicitada; fue remitido no estoy seguro si ayer o anteayer. En cualquier caso, le garantizo que tendremos en consideración las medidas adicionales que la Unesco, cuando se pronuncie, considere necesarias, porque el más interesado en que transcurra sin problemas, en que se respeten monumentos como el de la Sagrada Familia o el de La Pedrera y en que se cumplan los criterios de la Unesco y de la Audiencia Nacional es precisamente el Ministerio de Fomento y quien les habla. Por eso seguiremos estando abiertos a cualquier cuestión que se plantee para mejorar la seguridad y el control en relación con estas obras. Y el 30 de junio se va a constituir un grupo de expertos del Ministerio de Fomento, de ADIF y de la Unesco, así como de profesionales internacionales, para realizar un puntual seguimiento de las obras permanentemente. De las conclusiones de dicho equipo se dará oportuna cuenta a la Unesco y de igual modo, y en cumplimiento de las previsiones del tribunal, se dará traslado a la Audiencia Nacional de los informes sobre el estado y el grado de avance de las obras. También quiero decir con toda claridad, a S.S. y a todos aquellos que demandan un cambio de trazado, que hacerlo no aportaría una mayor seguridad, que lo único que conseguiría es retrasar en cerca de cuatro años el AVE a Girona y a Francia, porque usted hoy lo que me pide es parar las obras del túnel y un cambio de trazado. Lo dijeron ustedes bien claro el pasado sábado: exigimos parar las obras, exigimos dejar en vía muerta el AVE. Señoría, explíquenselo a los ciudadanos, díganles por qué quieren paralizar la conexión con Francia.
¿Cómo pueden venir aquí a defender ahora una cosa si cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar en el año 2002 hicieron lo contrario? Porque el Gobierno del Partido Popular, ustedes, defendió, acordó y sometió a información pública en el año 2000 un trazado por el centro de Barcelona, que, como el actual, pasaba por delante de la Sagrada Familia, un trazado propuesto por ustedes que además no contemplaba, señoría, ninguna -insisto, ninguna- de las medidas de seguridad especificadas que el Gobierno ha adoptado para garantizar, porque queremos hacerlo, la integridad del templo. Posteriormente, como ya he dicho, en junio de 2002 ratificaron su posición en una decisión que suscribió con la Generalitat el Ayuntamiento de Barcelona para la conexión directa entre el túnel Sants y Sagrera por la calle Mallorca, es decir, reitero, pasando por delante de la Sagrada Familia. La pregunta es, ¿es que entonces no les importaba la Sagrada Familia o es que quieren utilizar esta infraestructura para desgastar al Gobierno, sin importar su posición anterior, ni los intereses de Cataluña, ni los intereses de España, ni los intereses de la conexión? Usted mismo, en sede parlamentaria, hace apenas unos días se quejaba del coste que va a suponer para España el retraso de la conexión Barcelona-Figueras, un coste, por cierto, que le dije aquel día que fue fruto de sus decisiones. Ahora no le importa que retrasemos la obra durante cuatro años, que es lo que significaría el cambio de trazado.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señor Fernández Díaz, su turno de réplica.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en primer lugar, cuando yo he dicho sus técnicos, acépteme que en el contexto son los técnicos lógicamente de ADIF y del Ministerio de Fomento, acerca de los cuales no tengo sino respeto, como es obvio. Lo que he dicho precisamente es que no pretendía demostrar que estaban equivocados, sino que había otros técnicos, tan competentes como ellos por lo menos, que dicen lo contrario. He dicho: lo cual demuestra que no existe consenso científico y técnico. Y he añadido: y es lógico, porque una ciencia que es fundamental a estos efectos, que es la geotecnia, no es una ciencia exacta, es una ciencia empírica. Es más, en el congreso post-simposio organizado por el Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos en abril de 2008 -porque esto está generando mucha polémica-, en el que participaron ingenieros de caminos que han construido puentes y túneles de una complejidad técnica extraordinaria, todos dijeron que podía asegurarse un riesgo técnico cero, pero no un riesgo real cero.
Es más, ninguno se atrevió a decir en aquel simposium que no había riesgo para ese proyecto de la Sagrada Familia que tiene unas singularidades que no tiene ningún otro edificio, entre otras cosas, por el método constructivo arquitectónico del genial Gaudí, señorías, que conviene saber de qué estamos hablando.
Le añado lo siguiente. Usted ha dicho, señor ministro, 2002. Es verdad, pero yo les he dicho que en el 2004 se rectificó. En el 2004 el trazado de la calle Mallorca fue rectificado -marzo de 2004, señor ministro, por favor no falte a la verdad-; lo he dicho antes, en marzo de 2004 el Ministerio de Fomento, con acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, modificó el trazado de la calle Mallorca, que pasaba junto a la Sagrada Familia y adoptó la llamada variante de la calle Valencia, y lo que se ha hecho ahora es volver al trazado de la calle Mallorca que pasa junto a la Sagrada Familia. Y eso lo hizo la ministra Magdalena Álvarez. El Gobierno del PP rectificó su decisión inicial. ¿Sabe por qué, señoría? Se lo he dicho antes, porque rectificar es de sabios, errare humanum est; no pasa nada.
Me habla usted de la conexión con Francia. Lo he dicho ahora y lo vuelvo a repetir porque creo que esto debe quedar muy claro a la Cámara y desde la Cámara a la opinión pública española: señoría, el cambio de trazado no afecta a la conexión con Francia. Usted ha dicho que próximamente va a ir a la estación de La Sagrera para colocar la primera piedra. No antes de finales de 2014 estará operativa la estación de La Sagrera. (Rumores.) Bueno, pues díganos ahora cuándo va a entrar en servicio la estación de La Sagrera. En todo caso, a efectos de la conexión con Francia, al tramo de La Sagrera pasando por Girona, por Figueras, conexión francesa, no le afecta para nada este cambio de trazado. En todo caso, no tiene por qué ser tan largo como el que usted señala. Por ejemplo, si se volviera al que tuvo tal consenso que no hubo ni una sola alegación, a la variante calle Valencia, el estudio informativo y la información pública ya estarían elaborados y no hubo ninguna alegación, no se perdería ningún tiempo. Puede haber otros trazados alternativos y en ningún caso sería el retraso que usted ha dicho y en ningún caso pondría en riesgo la conexión con Francia.
Termino con dos cuestiones, porque usted ha vuelto al informe que ha mostrado esta mañana de Unesco-Icomos. Usted me lo ha dado antes y yo se lo agradezco, pero yo lo tenía. Este informe ha sido entregado a la embajadora-representante de España ante la Unesco, doña María Jesús San Segundo, el 17 de mayo. Corresponde a un informe elaborado por la Comisión de seguimiento cuyo trabajo de campo fue efectuado entre el 7 y el 11 de febrero. Y ese informe previo se aportará al Comité del Patrimonio de la Humanidad que se reunirá próximamente, entre el 25 de julio y el 3 de agosto de 2010 en Brasilia, Brasil, que va a dictaminar nada más y nada menos que si se incluye el monumento de la Sagrada Familia en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro. Usted ha aludido a este informe y yo le voy a aludir a otro informe más reciente, señoría, de fecha 8 de junio. Trabajo de campo de 8 de junio, relativo a los objetivos del control de grietas previsto en la Sagrada Familia, donde dice, entre otras cosas, que es preciso durante un tiempo suficiente, antes de que la tuneladora pase cerca del edificio, por un periodo no inferior a tres meses, que se evalúe cómo afectan los trabajos de la tuneladora a la construcción, a la estabilidad de la Sagrada Familia. Le digo que la tuneladora está avanzando a 10 metros al día; previsiblemente, si no se para, a mitad de agosto ya estará junto a la Sagrada Familia y el daño será irreversible. En estos momentos, técnicos de Icomos están trabajando en la Sagrada Familia y, por tanto, de informe definitivo nada.
Concluyo, por si tiene alguna duda usted y, sobre todo, la Cámara. Diario La Vanguardia anteayer: La Unesco se pronunciará sobre el túnel del AVE a partir de agosto. Lluis García Petit, jefe del Departamento de Patrimonio de este organismo en Cataluña, de Unesco, dice que no ha elaborado ningún informe definitivo ni ha tomado ninguna decisión. Por tanto, no falte a la verdad, señor ministro. (Un señor diputado: ¡No faltes tú!-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
Señor ministro, su turno de réplica.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, he de reconocer que le agradezco sinceramente que haya dicho que rectificaron en marzo de 2004. Su pecado original no fue apoyar en su día, y hasta en dos ocasiones, el túnel del AVE en Barcelona, su pecado fue renegar de él por electoralismo en plena campaña en marzo de 2004. (Un señor diputado: Sí señor.-Aplausos.) Ese es su pecado. Se hizo una propuesta pero no se tomó la decisión del cambio de trazado, señoría; no hay ninguna decisión en el Ministerio de Fomento, de marzo de 2004, de cambio de trazado tomada por el ministerio. Hubo una propuesta electoral de su partido, que es bien distinto, en plena campaña electoral, cuando tenían el agua al cuello precisamente en Cataluña. (Un señor diputado: Eso duele.) Señoría, su penitencia, ¿sabe cuál va a ser? La que le van a poner los ciudadanos muy pronto; esa va a ser su penitencia. Por lo tanto, señoría, le agradezco que haya dicho que hubo una propuesta de rectificación en plena campaña electoral de marzo de 2004, así funcionan ustedes: en plena campaña electoral hacemos una propuesta para que se modifique una decisión y un acuerdo que había suscrito el ministro de Fomento con el ayuntamiento y con la Generalitat. Esa es la forma que tienen ustedes de trabajar: primero toman decisiones y luego, por intereses electorales, quieren cambiarlas.
Señoría, no se basen ustedes, para avalar sus tesis, en declaraciones de un perito judicial que ha sido recusado por el Ministerio de Fomento y que ha sido desautorizado por el propio colegio profesional al que pertenece, es decir, por el órgano que representa a los ingenieros de Caminos; y ustedes todos se basan en ese informe para venir a esta Cámara. Yo les digo que no vamos a tomar la decisión de paralizar las obras, que no vamos a cambiar el trazado, que vamos a estar vigilantes, que vamos a garantizar la seguridad, y para que se dé respuesta a lo que usted planteó leyendo ese documento, para que haya una evaluación permanente, se va a crear una comisión de expertos el 30 de junio que siga minuto a minuto el desarrollo de la obra, para evitar precisamente que haya problemas. Lo que espero es precisamente el aval de los ingenieros, el aval de los técnicos. Desde luego, yo tengo gran confianza en lo público, usted parece que no tanta. Yo tengo mucha confianza en los informes de los ingenieros de ADIF, muchísima. (Un señor diputado: Son ingenieros.) Yo no soy ingeniero, soy un lego en esta materia, señorías, pero el tiempo va a dar o quitar razón y lo único que voy a compartir con usted es la alegría que a todos nos va a dar recibir al Papa cuando venga a visitar la Sagrada Familia, habiendo ya transcurrido la tuneladora por la Sagrada Familia sin que nada haya pasado. (Risas.-Rumores.) No tendré inconveniente alguno, señoría, en que el Gobierno de España -si es que en ese momento estoy en el Gobierno- me autorice para ir en su nombre, para poder compartir con usted la doble satisfacción: la de recibir al Papa en la Sagrada Familia y la de que haya finalizado la obra del túnel sin ningún problema. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.

Pleno del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 2010

2010-05-14T20:44:00.002+02:00

MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.

El señor PRESIDENTE:Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, escuchando determinados debates parecería que estamos en el túnel del tiempo, porque son debates que se corresponden con hechos que pasaron hace treinta y cinco años o hace setenta años, que sucedieron en la primera mitad del siglo pasado. Cuando hoy, 11 de mayo
de 2010, las preocupaciones tienen que ver más con lo
que mañana debatiremos, lo que ha acordado el Eurogrupo
con relación al rescate de Grecia y la situación
económica y social gravísima por la que está atravesando
nuestro país, hay algunos que viven como la mujer de
Lot, mirando al pasado, y corren el riesgo de convertirse
en estatuas de sal, y lo malo es que ellos están gobernando
el país. Ustedes están gobernando el país, y el país
quiere mirar al futuro desde el presente y no recrearse
en el pasado. En todo caso, habría que mirar al pasado
para resolver las cuestiones pendientes y para aprender
de aquellas cosas del pasado que no deben volver a
reproducirse. Y con el espíritu de determinados debates
me da la impresión de que ni resolvemos las cuestiones
pendientes ni estamos en condiciones de afrontar debidamente
el presente y el futuro.

De entrada, han conseguido ustedes una cosa, señorías,
y lo digo para que reflexionen sobre ello. Llevamos
unos días en que se ha abierto en canal el debate sobre
la pieza jurídica que constituyó la clave de bóveda de
nuestra transición y de nuestro pacto constitucional: la
Ley de Amnistía. Hoy aquí se ha hablado de la Ley de
Amnistía. Hay enmiendas presentadas para reformar la
Ley de Amnistía… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿pueden guardar
un poco de silencio?

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En la moción inicialmente planteada por el señor
Herrera se hablaba de la reforma de la Ley de Amnistía,
hay iniciativas parlamentarias ya presentadas que pretenden
reformar la Ley de Amnistía, y eso no es un
avance, es un retroceso absoluto. Ya se ha citado aquí,
por ejemplo, a don Marcelino Camacho, quien el 14 de
octubre de 1977, representando al Grupo Comunista en
aquel entonces, decía que ellos, los comunistas, que tanto
hemos sufrido y que tantas heridas tenemos, hemos
enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Algunos
no solo quieren desenterrar a sus muertos, sino que
quieren desenterrar rencores pasados.

Señorías, hay que reconocer que el señor Herrera tiene
una gran habilidad parlamentaria, porque ha conseguido
llevar al Gobierno y al Grupo Socialista por donde desea,
y eso es mérito suyo y demérito de ustedes. Reformó la
Ley de Memoria Histórica sensiblemente en su trámite
parlamentario respecto al proyecto de ley que había
aprobado el Gobierno; ha conseguido una moción en la
que sus objetivos políticos quedan casi plenamente
satisfechos y, por si fuera poco —insisto— ha reabierto
el debate de la Ley de Amnistía.

Quiero reafirmar solemnemente en nombre de nuestro
grupo, señorías, que por supuesto nosotros reconocemos,
respetamos y apoyamos el derecho de toda persona, de
toda familia a que sus muertos sean enterrados debidamente
y a que, en su caso, sean localizados sus restos
para ser enterrados dignamente. Efectivamente, apoyamos
y estamos dispuestos a que se reabran las tumbas
que procedan, pero no al precio de reabrir heridas. Esto
lo queremos decir, porque decía el otro día el señor
Herrera que la Ley de Amnistía no es una ley de amnesia;
por supuesto que no es una ley de amnesia, pero nuestros
constituyentes, señor Herrera y señor Fernández, saben
ustedes perfectamente que no padecieron precisamente
de amnesia, sino que, teniendo muy presente el pasado,
para no volverlo a reproducir quisieron actuar con generosidad
y aplicar la paz, la piedad y el perdón de verdad.
Eso fue realmente lo que propició nuestra transición y
lo que propició el pacto constitucional que generó la
Constitución de la conciliación, del consenso, la Constitución
de la democracia, que es el ordenamiento jurídico
y el régimen político en el que felizmente estamos
desarrollando nuestras actividades.

Todo eso se ha puesto en cuestión ahora, señorías, por
eso quiero decir solemnemente que nuestro grupo parlamentario
no va a acompañarles por ese camino. Nosotros
ya el 20 de noviembre de 2002 —fíjese en la fecha,
señor Madina, cuando usted no era diputado—, en una
Cámara que tenía 183 diputados del PP, que, por tanto,
tenía mayoría absoluta para hacer todas las condenas que
quisiera, mayoría absoluta para legítima y democráticamente
hacer todas las proclamaciones solemnes que
quisiera, quiso ir con el espíritu de la transición y con el
espíritu del pacto constitucional. Por eso, con absoluta
unidad, en la Comisión Constitucional se aprobó una
declaración institucional en la que, entre otras cosas, se
decía lo que ahora les voy a leer: El Congreso de los
Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra
sociedad democrática de proceder al reconocimiento
moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas
de la guerra civil española, así como de cuantos
padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista.
Instamos a que cualquier iniciativa promovida
por las familias de los afectados que se lleve a cabo en
tal sentido reciba el apoyo de las instituciones, evitando
en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o
remover el rescoldo de la confrontación civil. Señorías,
eso se aprobó en una Cámara con 183 diputados del
Partido Popular. Por tanto, no nos van a llevar ustedes al
terreno que desean, no vamos a reafirmar un día sí y otro
también, a condenar un día sí y otro también algo que
ya fue afirmado positivamente el 6 de diciembre de 1978
al aprobarse la Constitución por el pueblo español, y no
van a conseguir tampoco que reafirmemos un día sí y
otro también cosas que se determinaron solemnemente
en la Comisión Constitucional por unanimidad, y con
mayoría absoluta del Partido Popular.

Termino, señorías, diciéndoles que, por si fuera poco
todo lo anterior, no ha sido necesario aprobar una Ley
de Memoria Histórica para reparar injusticias o agravios
existentes con ocasión o como consecuencia de la guerra
civil. Saben ustedes perfectamente que hasta la Ley de
Memoria Histórica se habían aprobado un total de doce
disposiciones normativas con distinta jerarquía que
afectaron, en el sentido positivo del término, a 570.000
personas, que significaron una cuantía económica
de 16.000 millones de euros, que siempre se aprobaron
por el Gobierno, con consenso de la oposición y por
unanimidad, cuando la jerarquía normativa lo exigió, de
este Congreso de los Diputados. Por tanto, señorías,
lecciones ninguna. Repito, por sus frutos los conoceréis,
y ya ven ustedes cómo aquí estamos hablando de si es
oportuno o no remover la Ley de Amnistía nada más y
nada menos.

Señor presidente, concluyo volviendo desde el túnel
del tiempo hasta la actualidad. Las entidades memorialistas,
como las define el señor Herrera, llevan ya obtenidas
unas cuantías económicas que superan los 19
millones de euros. Sinceramente, nos parece que en un
momento de restricción presupuestaria, de reducción del
gasto público, de reducción del déficit público como el
que nos ha impuesto la Unión Europea, ya hay suficiente.
Nos parece que para reducir el gasto público y para
contribuir a una mejor convivencia constitucional en este
ejercicio presupuestario esas partidas pueden y deben
quedar suspendidas.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.

Pleno del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2010

2010-04-28T16:30:00.000+02:00

PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO AL ANUNCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL DE RENFE-CERCANÍAS BAJO LA AVENIDA DIAGONAL DE BARCELONA?

La señora VICEPRESIDENTA: Pregunta del diputado señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: En todo caso, señor Blanco, el señor Naseiro fue cesado por el Partido Popular. Ustedes nombran a esas personas para cargos públicos, como ha señalado mi compañero.
Señor ministro, usted sabe que en los próximos días el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado una consulta -en este caso no es soberanista precisamente, pero es muy importante-, relativa a una posible remodelación de una de las arterias más importantes de la ciudad de Barcelona, la Avenida Diagonal. La alternativa que se plantea desde el Ayuntamiento de Barcelona, en conjunción con el tripartito que gobierna la Generalidad de Cataluña, consiste en un tranvía de superficie que modificaría totalmente esa importantísima arteria de la ciudad condal, uniendo la zona universitaria, el trambaix, con la Plaza de las Glorias, el trambesòs. Hasta ahora se consideraba que no era posible una alternativa del tipo de un túnel bajo la Avenida Diagonal por razones técnicas. Sin embargo, usted, el pasado 27 de noviembre en Barcelona, sorpresivamente hizo una apuesta muy potente, en mi opinión y en opinión de muchos, por el transporte público en Barcelona, pero bajo la Avenida Diagonal, anunciando la construcción de un túnel de cercanías que uniría la línea de Cercanías que va a conectar Castelldefels con Cornellà y esta con la zona universitaria. A la vista de ese anuncio suyo, que modifica sensiblemente el planteamiento que hasta ahora se había formulado en relación con esta cuestión, donde se decía rotundamente que no había más alternativa que el tranvía de superficie en una de sus dos modalidades, o bulevar o rambla, le pido que concrete usted ese anuncio que hizo en Barcelona el pasado 27 de noviembre.
Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Sí, a pesar de lo que dijo su compañero antes, yo soy una persona de firmes convicciones. Por eso le diré que en breve comenzaremos los estudios para la ejecución de un tercer túnel de cercanías de acceso a Barcelona por la Diagonal. Unos estudios cuyas determinaciones consensuaremos con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor ministro, este anuncio de usted rompe, insisto, desde nuestro punto de vista positivamente, con lo que había sido la doctrina oficial, que era que no podía haber transporte subterráneo por la Diagonal. De tal suerte que lo que van a votar los barceloneses, que están convocados a la urnas del día 10 al 16 de mayo, son dos opciones, tranvía de superficie, opción bulevar; tranvía de superficie, opción rambla, porque el alcalde y la Generalidad han dicho que no puede haber un tranvía subterráneo. Usted, con este anuncio, rompe esa posibilidad, rompe esa alternativa y dice que puede haber -y nosotros estamos de acuerdo- un transporte subterráneo. En ese sentido, yo le agradecería que me contestara si usted considera que ese transporte subterráneo puede hacer las veces que se pretende que haga el tranvía de superficie, modificando simplemente que de tres paradas pase a seis...

La señora VICEPRESIDENTA: Lo siento, señor Fernández Díaz, se ha quedado sin tiempo. Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señor Fernández Díaz, le agradezco que reconozcan que, al menos, una decisión tomamos bien. El Gobierno va a invertir en el ámbito del Plan de Cercanías de Barcelona más de 4.000 millones de euros. Un plan que vamos a ampliar con el nuevo acceso, reitero, de las cercanías a la ciudad por la Diagonal. Antes de final de año vamos a licitar un estudio funcional para analizar las alternativas y realizar los estudios de tráfico necesarios para su ejecución. Reitero que trabajaremos coordinadamente con el ayuntamiento y la Generalitat. En el estudio consideraremos las actuaciones planificadas por el Ayuntamiento de Barcelona para la mejora de la movilidad en la Avenida Diagonal, porque es perfectamente compatible, a nuestro juicio, la prestación del servicio de cercanías y regionales por un nuevo túnel con el transporte público urbano en superficie con el tranvía, como podemos ver en muchas de las grandes ciudades europeas, donde compatibilizan los servicios de cercanías y un servicio en superficie como es el tranvía. Y ello, señorías, lo quiero ratificar. Esto demuestra, además, el compromiso que tenemos con la movilidad en las grandes áreas de nuestro país donde hay una mayor densidad de población. En este año hemos presentado tres planes de cercanías, en concreto el de Barcelona, el de Madrid y el de la Comunidad Valenciana, y me dispongo a hacer lo mismo en Sevilla y en Málaga porque es una apuesta decidida por parte del Gobierno. Ahora sí hay una apuesta decidida, que no tuvieron ustedes en ocho años que gobernaron porque abandonaron a su suerte el plan de Cercanías y las cercanías de Barcelona.

La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor ministro.

Juan Pablo II, el Papa de la Paz y los Derechos Humanos

2010-04-28T16:23:00.003+02:00

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Congreso Mundial Universitario “Juan Pablo II Magno”
Universidad Católica San Antonio
Murcia, 15 de abril de 2010

Eminentísimo Señor Cardenal don Antonio Cañizares, Presidente del “Congreso Mundial Universitario “Juan Pablo II Magno”,

Excelentísimo Señor Presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, don José Luis Mendoza,

Señor moderador de esta Mesa, don Joaquín Guerrero, Vicerrector de Ordenación Académica,

Señoras y Señores,

Representa para mi un gran honor y una especial satisfacción poder corresponder a la invitación efectuada por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, para participar en este Congreso Mundial, centrado en la figura de, sin duda, uno de los Sumos Pontífices más “grandes” de la historia de la Iglesia, de ahí lo acertado del título que se ha querido poner a este acontecimiento académico: “Juan Pablo II, Magno”.

Me ha sido asignado, por la dirección de este Congreso, el tema “Juan Pablo II, el Papa de la paz y de los derechos humanos”. Tema éste tan sugestivo como -en la práctica-, inabarcable si, ingenuamente, pretendiéramos abordarlo de manera exhaustiva. Por ese motivo, en el breve tiempo del que dispongo, me propongo tratar, de forma esquemática, lo más sobresaliente de la doctrina del Papa Juan Pablo II en lo referente a los Derechos Humanos y a la Paz, así como –me lo van a permitir-, algunas reflexiones propias nacidas de mi experiencia profesional en el mundo de la política.

a.- Derechos Humanos

Juan Pablo II, en su último discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditados ante la Santa Sede, el 10 de enero de 2005, presentó los principales desafíos de la humanidad en esos momentos y que siguen plenamente vigentes.

Estos desafíos son: la vida, el pan, la paz y la libertad. Estos cuatro desafíos planteados por Juan Pablo II son constantes. Podríamos decir que son los pilares de la diplomacia pontificia y lo fueron del magisterio del Papa desde su elección. Aparecen siempre, como ideas fuerza en los documentos magisteriales que han marcado su pontificado: “Evangelium vitae”, “Sollicitudo rei sociales”, “Redemptor hominis”…

Esta denuncia del Pontífice se entronca con la implacable defensa de los Derechos Humanos que ha llevado siempre a cabo la Santa Sede. Compromiso ético y social que ha asumido la defensa de la dignidad de la persona, la promoción de la diversidad cultural de los pueblos y el impulso de la moral personal y de la justicia social.

Sin ánimo de ser exhaustivo ni de solaparme con intervenciones anteriores, quisiera recordar, por muy significativo, el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 1999, en el que Juan Pablo II resaltaba algunos de los Derechos Humanos más expuestos a violaciones.

En este Mensaje, el Papa recuerda que los derechos humanos son universales e indivisibles y que su respeto y su promoción se refieren a todas las personas y en todas las fases de la vida del ser humano: “cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro”.

Con ocasión, en ese año, del 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, el Papa hace un repaso de algunos de esos derechos más amenazados, pero siempre recordando que ese documento de la ONU “reconoce los derechos que proclama, pero no los otorga, puesto que estos derechos son inherentes a la persona humana y a su dignidad”, “todos los seres humanos, sin excepción, son iguales en dignidad. Por la misma razón, tales derechos se refieren a todas las fases de la vida y en cualquier contexto político, social, económico o cultural. Son un conjunto unitario, orientado decididamente a la promoción de cada uno de los aspectos del bien de la persona y de la sociedad”.

El primer derecho que considera el mensaje del Papa es el derecho a la vida. “La vida humana es sagrada e inviolable desde su concepción hasta su término natural. «No matar» es el mandamiento divino que señala el límite extremo, que nunca es lícito traspasar. La eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral”.

El segundo derecho, que "es como el corazón mismo de los derechos humanos", es la libertad religiosa, la cual incluye "el derecho a manifestar las propias creencias, tanto individualmente como con otros, en público o en privado". Juan Pablo II vuelve a poner en evidencia, además, que "el recurso a la violencia en nombre de la religión es una deformación de las enseñanzas mismas de las principales religiones".

También trata el Papa, en este Mensaje, del derecho a participar en la vida de la propia comunidad, el derecho de las minorías étnicas y nacionales a existir como tales, el derecho a la propia realización por medio de una educación apropiada y la consecución de un nivel digno de vida por medio de un trabajo, la responsabilidad respecto al medio ambiente y el derecho a la paz.

Me van a permitir que me centre en este último: el derecho a la paz, como parte sustantiva de mi intervención.

b.- La Paz.

San Agustín, retórico además de teólogo, nos dice, en su “Ciudad de Dios”, con estas palabras, que “la paz es entre los bienes pasajeros de la tierra, el más dulce de los que se puede hablar, el más deseable que pueda codiciarse y lo mejor que se puede encontrar”.

Sin embargo, la paz es un bien escaso. Juan Pablo II, en el año 2000 recordaba que “durante el siglo que dejamos atrás, la humanidad ha sido duramente probada por una interminable y horrenda serie de guerras, conflictos, genocidios, ‘limpiezas étnicas’, que han causado indescriptibles sufrimientos: millones y millones de víctimas, familias y países destruidos; multitud de prófugos, miseria, hambre, enfermedades, subdesarrollo y pérdida de ingentes recursos. En la raíz de tanto sufrimiento hay una lógica de violencia, alimentada por el deseo de dominar y de explotar a los demás, por ideologías de poder o de totalitarismo utópico, por nacionalismos exacerbados o antiguos odios tribales” (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 2000) .

Ante este panorama, en principio desalentador, Juan Pablo II señalaba que “con su espíritu clarividente, Juan XXIII indicó las condiciones esenciales para la paz en cuatro exigencias concretas del ánimo humano: la verdad, la justicia, el amor y la libertad (Pacem in terris, I: l.c., 265-266). La verdad –dijo– será fundamento de la paz cuando cada individuo tome conciencia rectamente, más que de los propios derechos, también de los propios deberes con los otros. La justicia edificará la paz cuando cada uno respete concretamente los derechos ajenos y se esfuerce por cumplir plenamente los mismos deberes con los demás. El amor será fermento de paz, cuando la gente sienta las necesidades de los otros como propias y comparta con ellos lo que posee, empezando por los valores del espíritu. Finalmente, la libertad alimentará la paz y la hará fructificar cuando, en la elección de los medios para alcanzarla, los individuos se guíen por la razón y asuman con valentía la responsabilidad de las propias acciones.

Pero nada de eso será posible si se olvida una realidad fundamental: «La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios » (Pacem in terris, Introd., AAS 55 [1963], 257).

Y así, la paz es un don de Dios confiado a los hombres, nos recordaba Juan Pablo II en 1982, pero “el hombre jamás está dispensado de su responsabilidad de buscarla y de esforzarse por establecerla a través de esfuerzos personales y comunitarios a lo largo de la historia. Por otra parte, la Providencia, en su amor por el hombre, no lo abandona nunca, sino que lo empuja o conduce misteriosamente, aun en las horas más obscuras de la historia, por el camino de la paz”. De esta forma, se ilumina el misterio esencial del mal en el mundo, especialmente en la guerra, en las guerras, que deben ser consideradas como lecciones providenciales, de las cuales el hombre debe sacar las lecciones necesarias para abrir nuevas vías, más racionales y valientes, con el fin de construir la paz.

“La guerra nace en el corazón del hombre. Es el hombre quien mata y no su espada o, como diríamos hoy, sus misiles.

Conviene tener presente, a estos efectos, que el «corazón» en el lenguaje bíblico es lo más profundo de la persona humana, en su relación con el bien y el mal, con los otros, con Dios. No se trata tanto de su afectividad, cuanto más bien de su conciencia, de sus convicciones, del sistema de pensamiento en que se inspiran, así como de las pasiones que implican.

Por ello, el desorden del corazón equivale al de la conciencia y esta conciencia se ve con frecuencia esclavizada por sistemas socio-políticos e ideológicos y que se convierten, a veces, en una especie de idolatría del poder; una forma de esclavitud que quita la libertad a los mismos gobernantes”.

Es preciso, por consiguiente, replantear aquellos sistemas políticos que conducen a un callejón sin salida, congelan el diálogo y el entendimiento, desarrollan la desconfianza, acrecientan la amenaza y el peligro, sin resolver los problemas reales, sin ofrecer verdadera seguridad, sin hacer a los pueblos realmente felices, pacíficos y libre.”.

No es casual que Juan Pablo II quisiera recordar las palabras de Pío XI, pronunciadas en su discurso del 24 de diciembre de 1930 –por tanto, situadas en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial-: “no puede haber verdadera paz externa entre los hombres y entre los pueblos donde no hay paz interna, o sea donde el espíritu de paz no se ha posesionado de las inteligencias y de los corazones...; las inteligencias, para reconocer y respetar las razones de la justicia».

Sin duda, Pío XI conocía la razones de fondo que llevarían al fatal desencuentro de 1939, que ahora en Katyn se nos ha recordado y actualizado dramáticamente.

c.- El terrorismo.

Lógicamente, el terrorismo ha estado presente en las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la Paz y ha estado presente en su propia vida: el 13 de mayo de 1981, Ali Agca disparaba contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. “Una mano disparó y otra guió la bala”, aseguró después el Papa. “La extraordinaria protección de la Virgen se ha demostrado más fuerte que el proyectil asesino”, declaró en su primera audiencia tras el atentado. Después del 11-S esta denuncia de su magisterio se intensificó notablemente, ante la amenaza del terrorismo islámico.

El terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre. Precisamente por eso, no sólo comete crímenes intolerables, sino que en sí mismo, en cuanto recurso al terror como estrategia política y económica, es un auténtico crimen contra la humanidad (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 2002).

En las enseñanzas de Juan Pablo II sobre el terrorismo hay dos ideas que yo quiero destacar: el terrorismo como “estructura de pecado”•y el terrorismo como “cultura de la muerte”.

1.- El terrorismo es un acto intrínsecamente perverso y que, por tanto, no puede ser nunca justificado por ninguna circunstancia ni por ningún resultado. Es también una “estructura de pecado”. Es decir, : “la suma de factores negativos, que actúan contrariamente a una verdadera conciencia del bien común universal y de la exigencia de favorecerlo, y parece crear, en las personas e instituciones, un obstáculo difícil de superar” (Encíclica Sollicitudo rei socialis).

2.- Más en concreto, se pueden aplicar al terrorismo las siguientes afirmaciones de Juan Pablo II, referidas a la “cultura de la muerte”, reiteradamente denunciada por él: el terrorismo es un rostro cruel de la “cultura de la muerte” que desprecia la vida humana por pretender el poder “a cualquier precio” y que coloniza las conciencias instalándose en ellas como si se tratara de un modo normal y humano de ver las cosas.

Estas enseñanza de Juan Pablo II fueron determinantes para la Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española “Valoración Moral del Terrorismo en España” de noviembre de 2002, fundamental para la lucha contra ETA.

No podía faltar en las enseñanzas de Juan Pablo II tras el 11-S una especial referencia a que la violencia terrorista es contraria a la fe en Dios y, por tanto, “ningún responsable de las religiones puede ser indulgente con el terrorismo y, menos aún, predicarlo. Es una profanación de la religión proclamarse terroristas en nombre de Dios, hacer, en su nombre, violencia al hombre”.

d.- Tensión entre bloques: “Norte-Sur”; “Este-Oeste”.

Estamos hablando de la paz en Juan Pablo II y, por ello, hemos tenido que referirnos, por contraposición, a las guerras y al terrorismo. Quedaría incompleta esta intervención si no nos refiriéramos a otro aspecto de la geopolítica internacional que cruzó todo el Pontificado de Juan Pablo II, afectando a la Paz y a su magisterio sobre ella: me refiero a la tensión entre bloques, tanto la tensión Norte-Sur como Este-Oeste.

Fue, precisamente, esta una de las prioridades de la acción exterior de la Santa Sede y de las mayores preocupaciones del Pontífice.

El Papa señala que estos “bloques” que dividen y contraponen entre sí a los pueblos, a los grupos y a los individuos, dando como resultado una paz precaria, tiene su origen en un excesivo interés egoísta en el contexto de grupos políticos, ideológicos y económicos opuestos entre sí (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1986).

Denunciaba el Papa que “entre los países que forman el «bloque Norte» y los del «bloque Sur» existe un abismo social y económico que separa a los ricos de los pobres”. La tensión entre el Norte y el Sur “afecta a la vida misma de una gran parte de la humanidad. Se trata del contraste creciente entre países que han tenido la posibilidad de acelerar su desarrollo y de acrecentar sus riquezas, y los países bloqueados en el subdesarrollo. Precisamente aquí hay otra enorme fuente de oposición, de irritación, de rebelión o de miedo, tanto más porque está alimentada por múltiples injusticias” (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1984).

En cuanto a la tensión Este-Oste, denunciaba Juan Pablo II que esta tensión tenía un transfondo ideológico y que no afectaba solamente a las relaciones entre las naciones directamente implicadas, sino que marcaba y más bien agravaba muchas otras situaciones difíciles en otras partes del mundo.

Esa tensión Este-Oeste tenía su expresión más gráfica y dolorosa en el Muro de Berlín.

Volveré sobre el Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría más tarde. Permítanme que ahora, tras hablar de la guerra, del terrorismo y la tensión entre los Bloques en el contexto de la paz en las enseñanzas de Juan Pablo II, me refiera a una de sus más importantes aportaciones en este ámbito: la llamada “injerencia humanitaria”.

e.- La “injerencia humanitaria”

Juan Pablo II utilizó por primera vez el término “injerencia humanitaria” en su Alocución a la Conferencia Internacional sobre Alimentación (FAO), el 5 de diciembre de 1992. Los EEUU habían decidido invadir militarmente Somalia para reparar las consecuencias de las hambrunas vividas en ese país. Juan Pablo II, ya desde la Guerra del Golfo y el conflicto de los Balcanes (1991), venía urgiendo la reacción activa de la comunidad internacional ante esos problemas. Frente a la soberanía de los Estados y el principio de no-intervención, el Papa proclama la obligación de intervenir para restaurar los Derechos Humanos. “La injerencia humanitaria, en situaciones que comprometen la supervivencia de los pueblos y de los grupos étnicos, es un deber para las Naciones y para la Comunidad Internacional” (Alocución a la FAO).

Ahonda el Papa en ese concepto en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 2000: Juan Pablo II sitúa la injerencia humanitaria en el contexto de la necesidad de proporcionar ayuda a la población civil amenazada: "Cuando la población civil corre peligro de sucumbir ante el ataque de un agresor injusto y los esfuerzos políticos y los instrumentos de defensa no violenta no han valido para nada, es legítimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor". El Papa señala las condiciones para que estas intervenciones sean legítimas: "Estas iniciativas han de estar circunscritas en el tiempo y deben ser concretas en sus objetivos, de modo que estén dirigidas desde el total respeto al derecho internacional, garantizadas por una autoridad reconocida a nivel supranacional y en ningún caso dejadas a la mera lógica de las armas".

Juan Pablo II sugiere que, para definir instrumentos y modalidades eficaces de intervención, "habrá que hacer un mayor y mejor uso de lo que prevé la Carta de las Naciones Unidas", ofreciendo a todos los Estados miembros la misma oportunidad de participar en las decisiones. Se abre aquí un campo de reflexión nuevo para el derecho y la política: "Es necesaria e improrrogable una renovación del derecho internacional y de las instituciones internacionales que tenga su punto de partida en la supremacía del bien de la humanidad y de la persona humana sobre todas las otras cosas y que sea éste el criterio fundamental de organización".

La primacía de la persona justifica también que, en situaciones conflictivas, "se ha de afirmar el valor fundamental del derecho humanitario y, por tanto, el deber de garantizar el derecho a la asistencia humanitaria de los refugiados y de los pueblos que sufren".

¿Cuál es el fundamento último, para la Santa Sede, de este derecho a la injerencia humanitaria? Para Juan Pablo II, la injerencia humanitaria es consecuencia de considerar a toda la humanidad como “una sola familia” y también de considerar que los derechos y la dignidad de las personas están por encima de la pertenencia a una comunidad política, racial o cultural.

Así, el Papa, en el ese mensaje hace hincapié en la unidad del género humano. "Habrá paz en la medida en que toda la humanidad sepa redescubrir su originaria vocación a ser una sola familia, en la que la dignidad y los derechos de las personas -de cualquier estado, raza o religión- sean reconocidos como anteriores y preeminentes respecto a cualquier diferencia o especificidad". Sin mencionar la palabra "soberanía", el Papa sitúa al bien común de la humanidad sobre el bien particular de una comunidad política, racial o cultural. "La consecución del bien común de una comunidad política no puede ir contra el bien común de toda la humanidad, concretado en el reconocimiento y respeto de los derechos del hombre, sancionados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948".

Estimo destacable que ya en septiembre de 1999, el debate sobre la “injerencia humanitaria” había dividido a la Asamblea General de la ONU. Con la memoria reciente de lo ocurrido en Kosovo y en Timor Oriental, en Naciones Unidas se explicitó la existencia de dos posturas contrapuestas: los defensores de la “injerencia humanitaria” y los “defensores de la soberanía”.

Entre los primeros se encontraban EEUU y los gobiernos europeos. En el bloque contrapuesto, liderado por Rusia y China, se temía que ese nuevo concepto de “injerencia humanitaria” consagrara, en la práctica, el derecho a la “injerencia occidental”.

Sin embargo, aun aceptándose el principio de injerencia humanitaria, el problema de fondo radica en quién determina que un Estado está violando los derechos humanos de sus propios ciudadanos hasta un grado que exige una intervención. La autorización de la intervención correspondería al Consejo de Seguridad de la ONU, donde el derecho de veto paraliza muchas veces las decisiones.

De ahí que la consagración de este principio exigiría, en primer término, una "injerencia" en ese derecho de veto que ejercen de modo soberano los cinco grandes. Propuestas de reforma no faltan. Desde el cambio en la composición del Consejo de Seguridad, ampliando los puestos permanentes a nuevas potencias regionales (Alemania, Japón, India, Brasil...), hasta las modificaciones en el ejercicio del derecho de veto.

Hemos de recordar que la tradición legal insiste en la autonomía de los Estados y en su derecho para usar la fuerza como atributo de su soberanía así como en el principio de no-intervención como regulador de las relaciones internacionales. Se define, en Derecho Internacional, la injerencia como la “intrusión sin título de un Estado o de una Organización internacional en los asuntos de competencia exclusiva de un tercer Estado”. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, señala en su artículo 2 que “ninguna disposición de esta Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados miembros, pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII (amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión).

Pero por otra aparte, la tradición moral insiste en los vínculos de solidaridad de la colectividad política universal. Desde esta perspectiva, el uso de la fuerza se transforma en un instrumento de la justicia y la obligación de intervenir se transforma en un deber de solidaridad con las victimas de una grave injusticia.

Es indudable que las tomas de posición más significativas sobre el tema se deben al conflicto en la antigua Yugoslavia. Juan Pablo II, en diversas ocasiones, refiriéndose al conflicto de los Balcanes, condenó las reivindicaciones racistas y los nacionalismos ambiguos. Son significativas las palabras del representante de la Santa Sede ante la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), reunida en Praga el 17 de septiembre de 1992 que, sobre la guerra de Bosnia, declaró que “se trata de hacer entender a los beligerantes que la suerte de las poblaciones no depende únicamente de sus voluntades”.

En enero de 1995, en audiencia al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, Juan Pablo II, recordando el drama de las poblaciones de Bosnia-Herzegovina, lo calificó como “el naufragio de Europa entera. Ni los simples ciudadanos ni los responsables políticos pueden quedar indiferentes o neutrales. Hay agresores y hay víctimas. El derecho internacional y el derecho humanitario son violados y esto hace necesario una reacción firme y concreta de la comunidad internacional”.

Es importante, en mi opinión, destacar que más recientemente, en abril de 2008, con ocasión del 60 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, Benedicto XVI, en su discurso ante las Naciones Unidas, consagró la doctrina de la injerencia humanitaria, que se ha convertido, según los analistas, en la receta del Vaticano en materia de Derecho Internacional. El Papa actual insistió, ante la ONU, en la “universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos”. Y es que “todo Estado tiene el deber primario de proteger a la propia población de violaciones graves y continuas de los derechos humanos, como también de las consecuencias de las crisis humanitarias”. Cuando los gobiernos no cumplen esa función, o colaboran en la violación de esos derechos, la comunidad internacional, representada en Naciones Unidas, puede y debe actuar. Es el principio de injerencia humanitaria plasmado por Juan Pablo II.

Hay que señalar que Benedicto XVI no habla de un Gobierno mundial, sino de un derecho mundial para proteger al individuo. En definitiva, la comunidad internacional no debe sustituir a los Estados salvo cuando éstos no cumplen con su obligación de defender al individuo porque “la acción de la comunidad internacional y de sus instituciones, dando por sentado el respeto de los principios que están en la base del orden internacional, no tiene porqué ser interpretada nunca como una imposición injustificada y una limitación de soberanía”.

Desde esa doctrina de la injerencia humanitaria, que no Gobierno universal, la Iglesia defiende el multilateralismo, que no el internacionalismo del Gobierno mundial. El Papa, incluso, no tuvo reparos en alinearse con los países medianos que piden la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, en especial, la supresión del derecho de veto de EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

Recapitulando, podríamos decir que por medio del “derecho a la injerencia humanitaria” se trata de implicar a la Comunidad Internacional en los asuntos internos de un Estado, cuando la autoridad de este país era incapaz de defender los derechos humanos o, más aún, es la propia autoridad quien los viola.

No se ha especificado hasta qué límite podría llevarse tal injerencia, pero dadas las situaciones en que principalmente era reclamada –Somalia, Bosnia-, puede deducirse que se trataría de una acción policial a escala internacional con todas sus consecuencias: desarmar a los delincuentes, aunque éstos sean Estados o ejércitos o bandas organizadas; si es preciso, usando la fuerza.

La doctrina ha resaltado dos motivos para justificar estas acciones (“Una nueva voz para nuestra época”, Departamento de Pensamiento Social Cristiano de la Universidad de Comillas):

a) Defensa de los derechos humanos, que son el elemento legitimador de los Estados;
b) Legítima defensa de la Humanidad, ya que hoy existe una tal interdependencia que cualquier hecho de esta naturaleza puede tener repercusiones más allá de las propias fronteras y es la Humanidad entera quien sufre las consecuencias.

Se puede hablar ya de una verdadera enseñanza de la Iglesia sobre esta cuestión, que podemos sistematizar en los siguientes puntos, siguiendo el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, de 2005:

1- En primer lugar, se trata del deber de proteger y ayudar a las víctimas inocentes que no pueden defenderse de la agresión: el bien de la persona humana debe tener la precedencia sobre los intereses de las partes en conflicto.

2- El principio de humanidad conlleva la obligación de proteger a la población civil de los efectos de la guerra, mínima protección de la dignidad de todo ser humano, garantizada por el derecho internacional humanitario, a menudo violada en nombre de exigencias militares o políticas.

3- Es necesario hoy lograr un nuevo consenso sobre los principios humanitarios y reforzar sus fundamentos, para impedir que se repitan atrocidades y abusos.

4- La Comunidad Internacional en su conjunto tiene la obligación moral de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada o cuyos derechos humanos fundamentales son gravemente violados: refugiados, grupos nacionales, étnicos, religiosos o lingüísticos amenazados de genocidio.

5- Los Estados no pueden permanecer indiferentes; al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelan ineficaces, es legítimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor. El principio de la soberanía nacional no se puede aducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de las víctimas.

6- Las medidas adoptadas deben aplicarse respetando plenamente el derecho internacional y el principio fundamental de la igualdad entre los Estados.

El pontificado de Juan Pablo II será recordado, entre otros hechos fundamentales, por esta aportación tan relevante al Derecho Internacional: el valor ético dado al derecho-deber de injerencia con fines humanitarios.

f- Juan Pablo II y el muro de Berlín

Señoras y Señores, he dejado para el final, como antes dije, la referencia al Muro de Berlín, como paradigma de la tensión entre los bloques Este-Oeste. No porque lo considere lo menos importante sino porque entiendo que constituye una de las referencias necesarias al Pontificado de Juan Pablo II desde cualquier perspectiva y más si se hace desde la perspectiva de su defensa de la paz y de los derechos humanos.

En estos días, donde las huellas dejadas en su solar patrio por el enfrentamiento ente las por Juan Pablo II denominadas “ideologías del mal” (es decir, el nazismo y el comunismo) -sin duda entenderán que me estoy refiriendo a Katyn-, se nos recuerdan con una emoción extraordinaria, es de justicia recordar el gigantesco esfuerzo desplegado por Juan Pablo II para que la Europa dividida, surgida de los acuerdos de Yalta y de Postdam no fuera considerada como intocable e irreversible.

Una Europa dividida por el Muro de Berlín y el conjunto del Telón de Acero, en la que los Derechos Humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas eran sistemáticamente ignorados y violados frente a la Ostpolitik, él contrapuso su propia política desde la convicción de que la dignidad del hombre exigía su libertad.

Entre la tan exhaustiva información referida al Muro de Berlín, con ocasión de los 20 años de su caída, se narra la cronología de los hechos y se analiza el porqué de los mismos. Sin embargo, no he encontrado una respuesta convincente a la pregunta que, entiendo, fundamental: ¿cómo es posible que todo un Imperio como el soviético, colosal en superficie, en habitantes y en potencial militar, se desintegrara sin que mediara ni una guerra, ni batalla y ni siquiera un sólo tiro entre los dos bloques que ese Muro separaba?

Esta pregunta tiene, si cabe, más sentido si recordamos cómo el comunismo conquistó Rusia tras una cruenta revolución –la bolchevique, iniciada en 1917-, y cómo sofocó y reprimió con tanques las insurrecciones de 1953 en la RDA, de 1956 en Hungría, de 1968 en Checoslovaquia o de 1970 en Polonia. ¿Qué sucedió para que nada de eso ocurriera en 1989 y que se precipitara, de esa forma, el principio del fin de la Unión Soviética y, con ella, del comunismo en las quince repúblicas que la integraban y en todos los países satelizados del centro de Europa?

Helmut Kohl se ha aproximado a la respuesta al decir que no encuentra una imagen mejor para describir la situación vivida en aquellos días que citar a Otto von Bismark: “cuando el manto de Dios pasa por la historia, hay que saltar y agarrarse a él”.

Pues bien, yo quiero referirme al paso de “ese manto de Dios” que señala el entonces Canciller alemán ¿Hay respuesta al porqué de ese paso? Pienso que sí y la respuesta –también desde la historia y la razón-, tiene un nombre: Fátima.

Soy plenamente consciente de que en una sociedad profundamente secularizada y racionalista puede sonar a provocador introducir esta variable –Fátima-, en el debate a la hora de buscar una explicación o una hipótesis de trabajo, que aporte más luz al misterio que rodea las extraordinarias circunstancias en que se produjo la caída del Muro.

El 13 de mayo de 1917, tres sencillos y analfabetos niños de la aldea de Fátima reciben una visita sorprendente: una “mujer vestida de sol”, que resultaría ser la Virgen, se les aparecerá en la Cova de Iria y les hablará de la “conversión de Rusia”. Para ello, el Papa deberá realizar la “consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, en comunión con todos los obispos del mundo”.

Hay que tener muy en cuenta que, por “Rusia”, en el contexto del mensaje de Fátima, se entiende una referencia geográfico-temporal al régimen ateo y anticristiano que allí se impondrá: en octubre de ese año, 1917, -el “octubre rojo”-, la revolución bolchevique tomará el Palacio de Invierno. Por tanto, la promesa de la Virgen sobre la “conversión de Rusia” ha de entenderse como la desaparición de ese régimen político. No es de extrañar, por tanto, que desde la izquierda en general y muy en particular por la cultura marxista predominante el pasado siglo, se descalificara todo lo relativo a Fátima de forma absoluta.

Tanto Pío XII como Pablo VI, en 1942 y 1967 –a los 25 y 50 años respectivamente de las apariciones-, dieron cumplimiento a la petición, aunque de forma incompleta pues faltaba el requisito de que la citada consagración debía efectuarse “en comunión con todos los obispos del mundo”.

Fue determinante el atentado que Juan Pablo II sufrió en la Plaza de San Pedro “precisamente” el 13 de mayo de 1981, fiesta de la Virgen de Fátima, para que realizara la consagración en plenitud. Este hecho marcó un antes y un después en su pontificado. Desde el Policlínico Gemelli, el Papa afirmó que “una mano había disparado el arma y otra mano había guiado la bala”. Desde allí mismo, ingresado, manifestó su voluntad de efectuar la consagración pedida.

Tras viajar a Fátima el 13 de mayo de 1982 y manifestarle sor Lucia –la principal de los tres videntes-, que seguía faltando el requisito de la unión con todos los obispos, el Papa se dirigió personalmente a todo el episcopado mundial. El domingo, 25 de marzo de 1984, en una ceremonia cargada de solemnidad y dramatismo, en la Plaza de San Pedro, abarrotada de fieles y ante la imagen traída ex profeso desde allí, Juan Pablo II realizó la consagración pedida. Impresiona ver las imágenes de la grabación de ese acto, ciertamente histórico.

Resulta “llamativa” la relación de hechos que se produjeron a partir del anuncio público de la consagración: tres Secretarios Generales del PCUS fallecen, sucesivamente, en muy breve espacio de tiempo: Brezhnev, Andropov y Chernenko. Luego, aparece en escena Gorbachov, quien dos años después de la consagración, era recibido por el Papa en su condición de Secretario General del PCUS. Era el primer dirigente de este nivel que pisaba el Vaticano.

El propio Gorvachov acaba de comentar al respecto que el continuando debilitamiento del liderazgo en la URSS por esos sucesivos fallecimientos fue decisivo para que la Perestroika se pudiera poner en marcha. Podemos recordar, también, que uno de las acepciones de “perestroika” es “conversión”.

Sólo falta añadir que tras la caída del Muro el proceso de descomposición de la URSS se precipitó de manera continuada. Dos años después, en 1991, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, junto a los Presidentes de Bielorrusia y Ucrania, certificaron la defunción oficial de la URSS: era el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Resuenan los ecos de las palabras que, según consta en la documentación oficial, la Virgen le dirigió a sor Lucia: “… al final, el Papa me consagrará Rusia… y mi Inmaculado Corazón triunfará”. Pocos días después, el presidente Gorbachov dimitió: tras setenta años de comunismo, la bandera de la hoz y el martillo era arriada del Kremlin. Era el día de Navidad de 1991.

No debe sorprender, pues, que el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 2000, al proceder en Fátima a la beatificación de dos de los tres pastorcillos, ante un millón de personas, entre ellas la misma sor Lucia, diera públicamente las gracias a la Virgen “porque su mano, sin duda, había guiado todos estos acontecimientos extraordinarios vividos”. Tampoco debe sorprender que allí, en la explanada del santuario de Fátima se encuentre un trozo del muro de Berlín con una significativa inscripción.

g.- Conclusión.

Señoras y señores, concluyo.

Juan Pablo II se dirige a la Humanidad entera, pero somos los cristianos quienes debemos sentirnos especial y directamente interpelados por sus palabras. El Papa nos recordaba, en 1980, que “construir la paz es el quehacer de todos los hombres y de todos los pueblos pero para el cristiano, la paz en la tierra es siempre un desafío.

El cristiano debe dedicarse a promover una sociedad más justa; a luchar contra el hambre, la miseria y la enfermedad; preocuparse de la suerte de los emigrantes, prisioneros y marginados. Pero sabe que todas sus iniciativas son siempre limitadas en su alcance, precarias en sus resultados y ambiguas en su inspiración.

Solamente Dios, que da la vida, colmará la esperanza de los hombres llevando El mismo a cumplimiento todo lo que se haya emprendido en la historia según su Espíritu, en materia de justicia y de paz.” (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1982)

Muchas gracias.

Pleno del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2010

2010-03-24T19:28:00.002+01:00

PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿VA A ACELERAR EL GOBIERNO LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN QUE HAGA POSIBLE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA CON FRANCIA?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la pregunta del diputado señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hace unas semanas en esta misma sesión de control le preguntaba al señor ministro de Fomento por el retraso de la puesta en servicio de la conexión ferroviaria Barcelona-Figueras determinante, como muy bien sabe, para la interconexión con Francia de esa importantísima infraestructura para la competitividad de la economía catalana y que tiene, por tanto, gran incidencia en el conjunto de la economía española, me refiero obviamente al AVE. Le pregunto hoy por otra infraestructura, en este caso eléctrica, pero que está estrechamente vinculada con la anterior porque, como muy bien sabe el señor ministro, con la situación eléctrica que tenemos en Gerona, es evidente que la llegada del AVE se hace imposible. Así se ha manifestado, entre otros, en su informe de 2009 Red Eléctrica de España, que dice literalmente: El futuro desarrollo del tren de alta velocidad compromete aún más la precaria situación eléctrica de Girona; precaria situación que ha quedado acreditada como sabemos muy recientemente. También dice: El AVE supone una demanda añadida, que además exige una estabilidad y calidad de suministro eléctrico, que solo una línea de muy alta tensión de 400 kilovoltios como la proyectada puede asegurar. La importancia inicial de esta red, como muy bien sabe el señor ministro, al mismo tiempo la reclama el conjunto de la sociedad catalana. El Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña o el presidente de la Cámara de Comercio de Girona en comparecencias en el Parlamento de Cataluña recientemente se han pronunciado también en ese sentido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Y por si fuera poco, la reciente experiencia de ese temporal de nieve y las consecuencias que ha acarreado, ha hecho que el mismo presidente de la Generalitat y significados miembros de su Gobierno hayan dicho que con la línea de muy alta tensión, sin duda -el presidente Montilla lo ha dicho-, los efectos del temporal hubieran sido menores y que, entre otras cosas, se hubiera conseguido por lo menos que durante unos días algunos o la totalidad de los 200.000 abonados gironins que se quedaron sin luz la hubieran tenido. Ante esta situación le digo, señor ministro, y desde la convicción y el conocimiento que tengo de que usted apoya la línea de muy alta tensión y ya que hace un momento ha dicho que todo lo que promete el señor ministro en sede parlamentaria se cumple, por favor, ¿para cuándo nos promete que llegará la conexión con Francia de la línea de muy alta tensión? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz. Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.
Todo lo que promete el ministro que puede cumplir en el marco de sus competencias, no puedo prometer lo que tienen que cumplir otros.
En efecto, las interconexiones son una prioridad de este Gobierno, tanto que lo ha llevado como uno de los ejes de la política energética europea en el semestre de Presidencia europea, ¿por qué? Primero, porque seguimos siendo una isla eléctrica en términos de interconexiones, aunque hemos avanzado bastante en los últimos años y, segundo, porque las interconexiones es una herramienta fundamental de apoyo a nuestras energías renovables. El 27 de junio de 2008 fue una fecha histórica, porque por primera vez desde la dictadura se firmó un acuerdo con Francia que permitía una interconexión eléctrica con ese país, y desde entonces no hemos dejado de trabajar para tratar de agilizar al máximo la puesta en marcha de esta línea llamada de muy alta tensión. Este acuerdo histórico es un acuerdo que requiere unos plazos y que requiere un trabajo, pero es un acuerdo que ha conseguido el Gobierno de Zapatero, el presidente del Gobierno además en persona, en una cumbre con Francia. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esta línea esté en marcha lo antes posible? En el tramo nacional los trabajos están avanzando bastante, pero es verdad que la actuación de algunos ayuntamientos está generando retrasos y paralizaciones, lamentablemente algunos ayuntamientos en el lado español. Y en el tramo internacional, que es el de la interconexión propiamente dicha, la Generalitat está realizando los trabajos de preparación de la documentación, en los que los ayuntamientos tienen la posibilidad también de hacer alegaciones; inmediatamente después el Ministerio de Medio Ambiente tiene que conceder la declaración de impacto ambiental, y el ministerio que dirijo procederá a conceder la autorización administrativa inmediatamente después de obtener esta declaración de impacto ambiental. A continuación, habrá que aprobar el proyecto de ejecución, en el que de nuevo los ayuntamientos tienen un importante papel que jugar, y una vez cumplidos todos estos trámites, nuestra previsión es que la línea de muy alta tensión se empiece a construir durante 2011 y que finalice en el año 2014.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias.
Señor ministro, si en todo caso se cumple su promesa, sería para 2014, el señor Blanco prometió que el AVE llegaría en 2012 a la conexión con Francia, dos años en donde veremos cómo funciona el AVE. En todo caso, señor ministro, que hay dificultades y ayuntamientos…

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández, lo lamento, acabó el tiempo.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Si el presidente Aznar hubiera conseguido la interconexión con Francia hace ocho años, hoy la tendríamos funcionando. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Pleno del Congreso, 24 de febrero de 2009

2010-02-24T19:03:00.001+01:00

PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁL ES EL COSTE DEL RETRASO EN LA PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA FERROVIARIA BARCELONA-FIGUERAS?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta que formula el diputado Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ha hablado usted en esta sesión de austeridad y exigencia en el Grupo Fomento como medida para contribuir a la reducción del déficit, de la deuda y, en definitiva, de la crisis brutal por la que atraviesa la economía española. Ha dicho que la apuesta por hacer una gestión más eficaz -le cito literalmente- y hacer las inversiones más eficientes es el objetivo de su ministerio. Además, ha dicho que primero son las personas y, por tanto, que está dispuesto a dejar de hacer determinadas obras si con ello contribuye a que haya mejores pensiones, más becas, etcétera.
Bien, señor ministro, ¿puede decirle a esta Cámara, por favor, cuál es el coste económico que está significando para los españoles y para España el retraso de la puesta en servicio de la conexión ferroviaria de alta velocidad Barcelona-Figueras?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, en febrero del año 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, se firmó un acuerdo a sabiendas de que no se podía cumplir. Dicha decisión fue precipitada y eso le va a costar a los españoles 128 millones de euros. Es verdad que la tomaron en época electoral. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.
Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor ministro, le puedo asegurar que el 17 de febrero de 2004 el Partido Popular, según todas las encuestas del mundo, previsiblemente iba a ganar las elecciones. Y le voy a decir más, el Gobierno del Partido Popular no era, evidentemente, un irresponsable ni un prevaricador y no hubiera adoptado la decisión que adoptó de otorgar la concesión de esa obra a la UTE TP Ferro con un plazo de finalización de sesenta meses, que concluía en febrero de 2009, sabiendo que si no lo cumplía hubiera significado 128 millones de euros, 21.248 millones de pesetas que está pagando este Gobierno por su ineficiencia y su ineficacia. Jugar con que el Gobierno de la época prevaricó y sabía que no podía cumplir ese plazo y que eso le iba a costar a los españoles más de 20.000 millones de pesetas, permítame que le diga con todo el respeto, señor ministro, no es solo una cosa extraordinariamente grave, es que es una estupidez, sinceramente. Lo que no sabía el Gobierno del PP es que iban a ser los ministros de Fomento que iban a venir los que por su ineficacia iban a dar lugar a ese fallo y a esa compensación.
Le digo más, señor ministro, usted sabe perfectamente que la secuencia de ejecución de una obra de estas características significa que en los primeros tiempos -que es cuando se hacen los informes y la declaración de impacto ambiental- la inversión es menor y el tiempo necesario es mayor. Después viene la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras. Les dimos todo hecho, lo que significaba menos recursos y más tiempo. Ustedes tenían que cumplirlo. El comisario de Transportes de la Unión Europea mandó por carta una recriminación en el año 2007 porque ese plazo no se iba a cumplir y ahora estamos pagando las consecuencias para Barcelona y para Cataluña en términos de competitividad; para el puerto de Barcelona, que no puede dar salida a las mercancías hacia Francia, y de Francia hasta el puerto de Barcelona… (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor Fernández, ha acabado su tiempo.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, me ratifico en que la decisión fue temeraria e irresponsable porque la propia sábana que utilizaba el señor Álvarez-Cascos establecía, cuando no estaban efectuados los estudios informativos, que se necesitaban 112 meses para poder concluir una obra, y cuando firmaron los contratos la mitad de ese trazado no tenía todavía estudios informativos. Por lo tanto, se necesitan nueve años y a sabiendas de eso ustedes, señoría, firmaron el contrato de acuerdo con la teoría de Cascos. De los 4.000 millones de euros solo habían invertido 1,6 millones de euros; por lo tanto, no era posible cumplir con ese contrato y aun a sabiendas de ello, por estar en época electoral y por salvar su cara por la baja inversión que habían hecho en Cataluña durante su Gobierno, firmaron ese contrato con nocturnidad, con alevosía y sabiendo que no se podía cumplir. Efectivamente, señorías, esa irresponsabilidad y esa temeridad nos va a costar 128 millones de euros a todos los españoles.
De todas formas, señorías, hemos corregido la situación. Desde que llevamos en el Gobierno hemos invertido casi 2.000 millones de euros. Solo este año vamos a invertir en esa línea 1.000 millones de euros, ahora sí, para cumplir con el objetivo de 2012 que, si se hubiera hecho caso a los papeles y a los planteamientos que tenía el señor Álvarez-Cascos, era el tiempo necesario y por lo tanto era el tiempo que ustedes debían haber tenido en cuenta a la hora de firmar ese contrato que, reitero, nos va a costar 128 millones de euros. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.

Pleno del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2010

2010-02-10T14:00:00.001+01:00

PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿SIGUE CONSIDERANDO EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE LAS VEGUERÍAS NO CABEN EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA?

El señor PRESIDENTE: Última pregunta para el señor ministro de Justicia. (Rumores.)
Silencio, por favor. Para formularla tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Como sabe usted, señor ministro, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un proyecto de ley relativo a la organización territorial de Cataluña. Usted, siendo en todo caso catedrático de derecho constitucional y en aquel momento secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, elaboró un informe que tengo aquí -me parece un informe muy bueno, se lo digo sinceramente- en el que, entre otras cosas, dice que suprimir la provincia obligaría a una reforma de la Constitución. ¿Mantiene usted esa opinión, señor ministro?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, señoría.
Como persona ilustrada que es, estaba convencido de que además de las informaciones periodísticas habría leído no un informe, sino un artículo doctrinal, por tanto un trabajo académico, que en su día publiqué, por lo que intuyo que ya conoce realmente cuál es mi posición sobre ese tema. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo, en consecuencia, que siendo usted ahora miembro del Gobierno de la nación, en lógica coherencia, estará de acuerdo en que ese proyecto de ley es manifiestamente anticonstitucional, en la medida en que intenta suprimir las provincias. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Como todos sabemos, señoría, la provincia está constitucionalizada y cumple una triple misión en nuestro ordenamiento.
Es ente local que en todo caso requiere de una corporación local representativa, hoy las diputaciones. El Tribunal Constitucional ya se manifestó en el año 1981, sentenciando en contra de la Ley 6/1980 del Parlamento de Cataluña que las quería suprimir: las diputaciones eran exigibles desde el ordenamiento constitucional como corporación representativa del ente local territorial provincia. Una segunda misión es que es la división territorial del Estado para el cumplimiento de sus fines y una tercera misión, que cumple desde el ordenamiento constitucional, es que es circunscripción electoral para la elección de diputados y senadores. Parece difícilmente entendible que un legislador autonómico le diga al Gobierno de la nación cómo tiene que ordenar su propia Administración y cómo tiene que dividirse a efectos organizativos esa Administración General del Estado que depende del Gobierno de la nación. Parece más que dudoso, por decirlo de una manera suave, que un legislador autonómico pretenda alterar el orden constitucional también en el ámbito de las circunscripciones electorales no para el Parlamento de Cataluña sino para el Congreso de los Diputados y para el Senado. En lógica coherencia con lo que usted muy bien señala en este sólido informe y siendo ahora ministro del Gobierno de la nación, espero que utilicen ese celo para defender el ordenamiento constitucional cuando ese proyecto de ley termine su andadura en el Parlamento de Cataluña y que no actúen de la manera a la que últimamente nos tienen acostumbrados del uso alternativo del derecho, recurriendo la Ley de Cajas de Ahorro en Galicia porque gobierna el PP y no haciendo lo propio cuando eso que usted defendía va en el Estatuto de Cataluña y no lo impugnaron.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, me alegro de que haya leído el trabajo pero me sorprende y me decepciona un poco, con el respeto que le tengo, que se haya dejado llevar por la información de prensa que se fundamenta exclusivamente en una nota a pie de página del mismo. Quisiera por ello explicárselo con más detalle. Es cierto que en ese trabajo doctrinal afirmo y sostengo que para suprimir la provincia es necesaria una reforma constitucional. Pero de ahí no cabe deducir que para crear las veguerías sea necesaria una reforma de la Constitución. Son cosas completamente distintas y quiero repetirlo aquí para que quede también claro. La reforma de la Constitución es en mi opinión imprescindible para suprimir la provincia, no para crear las veguerías. Le recomiendo que no lea solo los periódicos, ni siquiera los artículos de este humilde catedrático, sino que se tome la molestia de cotejarlos con lo que dispone el artículo 141.2 de nuestra Constitución, que leo en su integridad: "El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo." Por tanto, nada impide que esas otras corporaciones puedan ser consejos de veguerías. Esta es una posibilidad que deja abierta nuestra Constitución, que se acoge en el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, a mi juicio una solución que no implica la supresión de la provincia y que, por tanto, tiene encaje en nuestra Constitución.
En cuanto al contenido del concreto proyecto de ley al que hace referencia S.S., no debo pronunciarme porque primero ha de hacerlo el Parlamento de Cataluña, cuyas competencias respeto y porque además cuando tratamos temas concernientes a la organización territorial del Estado -temas por tanto serios- serias y rigurosas han de ser también las valoraciones que todos hagamos sobre las mismas.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.

65º Aniversario de la liberación de Auschwitz - Birkenau

2010-02-02T12:30:00.006+01:00

He tenido la oportunidad de intervenir, el pasado martes 26 de enero, invitado por la Asociación de Amigos Europeos de Israel (EFI), en el solemne acto de clausura de la Conmemoración del 65º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que esta entidad ha organizado en Cracovia (Polonia).

Han asistido más de 140 Diputados representantes de 31 países europeos y del Parlamento Europeo, entre ellos cerca de 20 españoles, destacándose la presencia del Presidente de Polonia Led Kaczynski, el Primer Ministro Donald Tusk, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu y y el Presidente de Rusia, Dmitri Medvédev.

Esta Conmemoración incluyó una ceremonia oficial con ocasión del Día Europeo de Recuerdo del Holocausto, en el mismo campo de exterminio de Auschwitz. La delegación española realizó una ofrenda floral, momento que se recoje en la foto que acompaño.

La Asociación de Amigos Europeos de Israel (EFI), con sede en Bruselas, fue fundada en 2006 por Diputados del Parlamento Europeo y Diputados de diversos Parlamentos nacionales de Europa, con la finalidad de facilitar el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones entre Europa e Israel.

Trascribo, a continuación, mi intervención:

Hoy nos convoca aquí el recuerdo de la liberación de los campos de Auschwitz – Birkenau hace sesenta y cinco años.

Es auténtica Memoria Histórica. Memoria que pretende que unos hechos dramáticos, terribles, que sucedieron el siglo pasado, no se olviden para que jamás puedan repetirse.

Su recuerdo nos pone de manifiesto que el hombre, los hombres, somos capaces de cometer los mayores errores y los mayores horrores.

Una ideología del mal –la ideología nazi-, fue capaz de concentrar, en un momento de la Historia, toda la capacidad de odio y de brutalidad de la que somos capaces los seres humanos. Disfrutamos de la capacidad del libre albedrío para hacer el bien o –como en el caso de los nazis-, para hacer el mal.

He tenido la ocasión de visitar en otras ocasiones, tanto Auschwitz como Birkenau. Esta es la tercera ocasión. Y no me canso de hacerlo porque es un paradigma de lo que puede llegar a hacer el hombre movido por una ideología perversa.

No puedo dejar de manifestar que el fanatismo nacionalista, llevado a sus últimas consecuencias, puede producir otros Auschwitz al convertir a la Nación –la que sea-, en un dios al que adorar, al que sacrificar la libertad de los hombres, llegando al exterminio del distinto o diferente.

Hoy, en el año 2010, los hombres no somos muy distintos ni mejores que aquellas generaciones. Seguimos siendo hombres y mujeres de alma y cuerpo. Cuando pensamos en aquellos dirigentes, sentimos escalofríos, pero permítanme que les diga… eran seres humanos como nosotros: ¿Cómo y por que pudieron llevar a cabo esa brutalidad?

Hoy, gracias a Dios, no parece posible un genocidio como el que hoy nos convoca aquí. Pero seguimos siendo seres humanos y, por tanto, ¿quién nos puede asegurar que no habrá otra generación capaz de algo semejante en un hipotético futuro?

He tenido la ocasión de conocer la Conferencia de Wannsee, en Berlin, el 20 de enero de 1942. He estudiado la documentación y me horrorizó la capacidad de diseñar “científicamente” la eliminación de un pueblo, de una raza, de una cultura, de una religión: ¡nunca más!

Promovamos una cultura de respeto al diferente, al que piensa distinto que nosotros, al que tiene otras creencias, al que hable otra lengua, al educado en otra cultura, al perteneciente a otra etnia o a otra nación.

Muchas gracias.

La Mañana, Cadena Cope, 1 de diciembre de 2009

2009-12-02T18:44:00.001+01:00

PP cree que "si Montilla se echa demasiado al monte sólo le acompañarán Puigcercós y algún despistado de CiU"

Asegura que las salidas de tono de Rubalcaba y de Camacho ponen de manifiesto que el PSOE y el Gobierno andan "con los nervios desquiciados"

El diputado del PP por Barcelona, Jorge Fernández Díaz, aseguró hoy que si el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, "se echa demasiado al monte" en el tema del Estatut, "sólo le acompañarán el señor Puigcercós de ERC, algún despistado más de CiU y nadie más", porque, según consideró, "el grupo social mayoritario de catalanes quieren una Cataluña con un Estatuto que sea clara y nítidamente constitucional".

Fernández Díaz manifestó que en el PSC "se han dado cuenta de que la inmensa mayoría de los catalanes no están por la labor de romper con España y con la Constitución", ya que la centralidad catalana indica que la mayoría de los catalanes "se consideran tan catalanes como españoles, y tan españoles como catalanes".

"Saben que lo que más le conviene a Cataluña en estos momentos es la estabilidad institucional", tener un Gobierno predecible y saber que Cataluña ejerce su autonomía "en el marco de la Constitción, que es la mejor base de partida para su progreso auténtico y real", defendió en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press.

Sin embargo, el diputado del PP no cree que el catalanismo esté plegando velas, pero sí apuntó que, tras la tormenta del editorial publicado conjuntamente por doce medios de comunicación catalanes, "tiene que venir cierta serenidad y cierta calma".
Cuando Montilla clausuró ayer su discurso en el desayuno de Europa Press gritando: Viva la Constitución, viva el Estatut, "tengo la impresión" de que llegó a Madrid "como primer secretario del PSC y de que quiso acabar su arenga mitinera partidaria socialista poniéndose el gorro de presidente de la Generalitat" de Cataluña", dijo.

Cuestionado acerca de los ataques al PP en Cataluña y de las palabras del empresario y ex alto cargo de CiU Ramón Bagó, quien aseguró en unas declaraciones que se tendría que matar a todos los del PP, Fernández Díaz señaló que, ahora, "hay que endosarle a alguien la responsabilidad del lío que se han hecho con este asunto del Estatut, y como no pueden ir contra el responsable político, que es el señor Zapatero, pues hay que disparar al pianista e ir contra el de siempre, el PP".

NERVIOS DESQUICIADOS EN EL GOBIERNO

Asimismo, consideró que las afirmación del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al comparar al PP con Batasuna por preguntar por el 11-M, es equivalente a la del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Lo del señor Camacho sigue la estela de lo del señor Rubalcaba y las dos cosas ponen de manifiesto que el PSOE y el Gobierno andan con los nervios un poco desquiciados", aseguró Fernández Díaz.

Dicho esto, el vicepresidente en el Congreso criticó el desbarajuste y la falta de liderazgo de la que adolece el Gobierno y afirmó que "el problema" es Zapatero, que, en vez de resolver los problemas de la gente como hacen los gobernantes, "está para crearlos".

"Como está pasando con el Estatuto de Cataluña, que no tenía demanda social en absoluto", ejemplificó.

"Es tan evidentemente claro que no está claro que sea constitucional que, tres años y medios después, el Tribunal Constitucional está bloqueado porque no puede llegar a un acuerdo en relación a su presunta constitucionalidad", concluyó.

La Razón, 27 de noviembre de 2009

2009-11-27T10:09:00.002+01:00

EL ABORTO: CUESTIÓN DE CONCIENCIA

“Al votar una ley sobre el aborto, mi conciencia me interpela”. Así lo afirmaba ayer en un artículo publicado en El País, el Presidente del Congreso, José Bono.

Al hilo del debate que ha comenzado su andadura parlamentaria, el autor expone las razones por las que él considera que se puede votar -siquiera sea como “un mal menor”-, esta ley que, alega, “tiene como objetivo fundamental reducir el número de abortos que se producen en España”. Vaya por delante mi reconocimiento al deseo que expresa el Presidente del Congreso de buscar un “terreno compartido” –al que alude glosando el encuentro que mantuvo Obama con Benedicto XVI-, desde el que podamos respetarnos primero y ponernos de acuerdo después, personas que militamos en posiciones políticas distintas y aun con convicciones y creencias diferentes. Este esfuerzo del autor debe valorarse en sus justos términos porque en la España de hoy, sumida en una profunda crisis económica superpuesta a una no menos profunda crisis de valores, es preciso tender puentes y no cavar trincheras cuando el debate afecta, además, a una cuestión como la que nos ocupa -el aborto-, con graves connotaciones jurídico-constitucionales, científicas, éticas, morales y sociales.

Sin embargo, mi discrepancia básica con la tesis del autor radica en que, para él, este proyecto de ley es un “mal menor” frente a la actual regulación porque, afirma, “reducirá claramente el escandaloso número de abortos que se producen en nuestro país con la ley actual”. Su diagnostico de partida, a estos efectos -siguiendo el Dictamen del Consejo de Estado-, yo lo comparto: la aplicación en claro fraude de ley del llamado “tercer supuesto” –salud psíquica de la madre, y sin limitación temporal-, produce el 97% del total de abortos en la actualidad. Se pregunta el autor: ¿es esta normativa la que hay que preservar? Y se responde: evidentemente no. Yo le replico: evidentemente, lo que hay que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley evitando, en consecuencia, ese masivo fraude de ley en el que se está aplicando ese “tercer supuesto” que nos ha llevado, de hecho, a una situación de práctico aborto libre en estos momentos.

Por el contrario, la respuesta que a esta grave situación da el Gobierno es el “Proyecto de Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, que provoca que una conducta pase -conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional-, de estar tipificada en el Código penal, con excepciones en algunos supuestos, a convertirse en nada menos que en un derecho. ¿Puede pensarse razonablemente que con esta radical mutación normativa se puede reducir el número de abortos?

Ojalá los deseos del Presidente del Congreso sobre la mejora de la ley pudieran producirse pero me temo que no va a ser posible: los fundamentos ideológicos sobre los que se ha elaborado están en las antípodas de los principios éticos y convicciones que él manifiesta en su artículo.

Basta ver, a estos efectos, como en esta nueva regulación del aborto, ni se les reconoce el derecho a la objeción de los profesionales implicados, ni se admite el voto en conciencia de los Diputados que deben votarla.

En todo caso, con José Bono se puede debatir y se puede discrepar, precisamente porque él sí se esfuerza por buscar ese “terreno compartido” sobre el que poder hacerlo desde el respeto mutuo.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Comisión Constitucional, 25 de noviembre de 2009

2009-11-26T12:04:00.001+01:00

PROPOSICIÓN NO DE LEY POR LA QUE SE IMPULSA LA RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A QUIENES FUERON PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS VINCULADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Como es sabido y dije antes, en la Ley de Memoria Histórica nuestro grupo parlamentario votó a favor los artículos 5 al 9 inclusive, que se referían precisamente a cuestiones vinculadas con reclamaciones de particulares, de colectivos, de empresas, etcétera, por razón de lo que presuntamente era el objeto de la ley, por ocasión o consecuencia de la guerra civil. Hasta ahora la posición de mi grupo ha sido la de manifestar que, desde un principio de seguridad jurídica y estabilidad institucional, no se pueden mantener abiertas permanentemente las demandas y las reclamaciones de estas características. Hace más de setenta años que terminó la guerra civil; hace más de treinta años que está aprobada la Constitución; hace pocos días hizo treinta y cuatro años que murió Franco; es decir, las cosas tienen sus periodos de prescripción y de caducidad. Desde la posición del Gobierno parecía que con la Ley de Memoria Histórica quería resolver estas cuestiones. Al final, el tiempo quita y da razones. Y lo cierto es que si por sus frutos los conoceréis, los frutos de esa lamentable Ley de Memoria Histórica, desde nuestro punto de vista, no son precisamente positivos, porque los grupos parlamentarios que apoyaron al Gobierno para la aprobación de esa ley un día sí y otro también en esta Comisión Constitucional o en el Pleno de la Cámara están planteando iniciativas que son negadas por el grupo del Gobierno, porque entienden que no entran en el ámbito de aplicación de la ley o, dicho de otra manera, que no tienen cobertura en la ley y que la ley, bien porque esas demandas no fueran presentadas en el momento procesal oportuno, cuando se estaba elaborando el proyecto de ley y cuando aquí, en sede parlamentaria, se tramitó la ley o bien porque habiendo sido planteadas, no fueron aceptadas. Esa ha sido la posición de Gobierno y ha sido nuestra posición, no porque coincidamos con el Gobierno, sino porque nos parece que nuestra posición tiene sentido. Por eso he reiterado que esos artículos fueron votados a favor por parte de nuestro grupo parlamentario. Este es un ejemplo más de lo que estoy diciendo.
Hace poco tuvimos ocasión también en esta Comisión de debatir también una iniciativa de Convergència i Unió, relativa a las incautaciones de moneda republicana que se produjeron por parte en el bando nacional y se pedía también que hubiera la reparación correspondiente.

Hoy tenemos un ejemplo. Entonces se hacía referencia a familias particulares cuyas monedas republicanas habían sido incautadas; hoy tenemos un ejemplo que hace referencia a una familia, a unas personas físicas, titulares de un patrimonio correspondiente a unos periódicos, que fueron incautadas en el año 1938 y que por no ser afectos a los principios del movimiento nacional, después, a diferencia de otros supuestos, no les fueron devueltos a sus legítimos propietarios una vez acabada la guerra civil. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Es más, tengo aquí delante una información en la que se hace referencia a que la estimación del coste de esta reclamación -lo que sería la memoria económica, si me permiten el símil- es que solo en maquinaria y material, a 1 de enero de 1936, la editora acumulaba un valor patrimonial de 2,7 millones de pesetas, una cifra -dice- que actualizada con la inflación sitúa la deuda en 4,9 millones de euros. La familia Busquets maneja una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 14 millones de euros entre el valor sustancial de la empresa, el Fondo de Comercio y la pérdida de beneficios por la interrupción de la actividad; total, 18 millones de euros sería más o menos el coste de la reclamación que aquí se plantea por la vía de esta proposición no de ley. Al margen de la cuantía económica, por razones de oportunidad ya diríamos que no -tenemos una situación económica con un déficit desbocado-, pero no son solo razones de oportunidad, son razones de fondo, como la que expuse antes, y es que no podemos tener permanentemente abierto el Estado con reclamaciones que tienen que ver, insisto, con hechos que sucedieron hace más de setenta años; alguna vez eso debe terminar. Y el Gobierno pretendió que eso terminaba con la Ley de Memoria Histórica. Insisto, la experiencia está demostrando que ni ha contentado a los que entonces nos oponíamos, ni ha contentado a los que entonces lo apoyaron. Repito, eso demuestra hasta qué punto hay determinadas confianzas que después se ven defraudadas.

He dicho antes que la coherencia se presume en el grupo del Gobierno, cuando ha dicho en iniciativa similares que, por las razones que antes aduje, no podían aceptar esas pretensiones, que el ámbito de aplicación de la ley es el que es y las reclamaciones o pretensiones que no quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la ley no pueden ser atendidas. Hasta ahí podíamos estar de acuerdo pero, repito, que el Gobierno se aplique la coherencia hasta el final y que el grupo del Gobierno se la aplique hasta el final, porque a estas horas, señor presidente, se está debatiendo en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara -y me permito traerlo aquí, porque hay un nexo lógico y racional importante- una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que pide -y cito literalmente- recuperar la memoria histórica -por eso estamos hablando de la Ley de Memoria Histórica- en relación a los moriscos, que fueron expulsados por el rey Felipe III hace cuatrocientos años de los reinos de España, y dice que es hoy ejercicio de recuerdo crítico del pasado que nos ha configurado, así como tarea de concienciación ciudadana respecto a donde pueden llegar la intolerancia, el fanatismo, el racismo sociocultural o simplemente la fuerza de peligrosos perjuicios enquistados en el imaginario social. No está hablando de no sé quién, está hablando de los españoles del siglo XVII en el contexto de la recuperación de la memoria histórica. Por tanto, no contenta ni a unos ni a otros. Esto lo dice su propio grupo parlamentario en otra Comisión. Con todos los respetos, si hubiera venido a esta Comisión, no sé en qué posición se hubiera encontrado el Grupo Parlamentario Socialista, porque nadie puede ir contra sus propios actos. Aquí resulta que reabren la memoria histórica, porque no tengo conocimiento de que cuando estuvimos debatiendo la ley los moriscos pidieran ser incluidos en el ámbito de aplicación de la ley; lo digo sinceramente, me parece que no quedaron incluidos en el ámbito de la ley. Y ya que habla de la expulsión de los moriscos, podrían aplicarla a la expulsión de los jesuitas. Que yo sepa los expulsó Carlos III y la II República. ¿Por qué nos vamos a compensar, como pide la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, también a los jesuitas? Es más, ya que estamos hablando de esta pretensión, uno podía pensar por qué en el mismo día en la Comisión Constitucional le niegan a la familia Busquets lo que pide y se lo dan los socialistas los moriscos. ¿Es que los moriscos eran más desafectos al régimen, a los principios del movimiento nacional, que la familia Busquets, titular de esos medios de comunicación? No lo entendemos. Y si los moriscos hubieran sido titulares de medios de comunicación, ¿se los hubieran compensado, como el Grupo Parlamentario Socialista pide en este momento para los moriscos?

Sé que suena a broma y estoy haciendo una cierta broma, pero hay cosas que o te las tomas a broma o no te las puedes tomar de otra manera porque, repito, en estos momentos, cronológicamente, de forma simultánea en la Comisión de Exteriores con relación a la memoria histórica el Grupo Parlamentario Socialista está predicando lo contrario de lo que está diciendo en esta Comisión. Esa contradicción es la que quiero poner de manifiesto en estos momentos, para que se vea que lo que no podemos hacer es un uso alternativo del derecho y que la coherencia sirva solo lunes, miércoles y viernes, y no martes y jueves, o que sirva para la Comisión Constitucional y que no sirva para la Comisión de Exteriores. Valga como ejemplo, señores del Grupo Parlamentario Socialista, para que también se coordinen ustedes y no nos obliguen a los que intentamos ser coherentes y poner muy difícil que nuestra coherencia acompañe a la que presuntamente debería guiarles a ustedes.

Comisión Constitucional, 25 de noviembre de 2009

2009-11-26T12:01:00.001+01:00

PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LOS ENTES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La posición de mi grupo parlamentario en relación con la Ley de Memoria Histórica es lo suficientemente conocida como para que no la tenga que reiterar en estos momentos. Sin embargo, quiero recordar que nuestra posición política en relación con esa ley a lo largo de las diferentes etapas por las que se desarrolló el proceso de su elaboración y finalmente aprobación podíamos resumirla en decir que estábamos radicalmente en contra del espíritu que animaba e impulsaba esa ley. Sin embargo, a pesar de ese espíritu que le envolvía, estábamos a favor de aquellas disposiciones -concretamente las que se referían o estaban contenidas en los artículos 5 a 9 de la ley, ambos inclusive- y las votamos así porque entendíamos que eran las únicas que se acomodaban de verdad a la literalidad del título de la ley porque afectaban a situaciones personales: a hijos, a nietos, a viudas, a personas que por diversas circunstancias, con ocasión o por consecuencia de la guerra civil, habían padecido unas situaciones personales que era justo que nuestra democracia reparara, partiendo de la base de que, al igual que hemos dejado constancia expresa en diferentes ocasiones, en nuestra democracia y desde el mismo comienzo de la transición se han ido dictando por los sucesivos gobiernos -primero de la UCD, después, de Felipe González; después, de José María Aznar, del Partido Popular- numerosísimas disposiciones con diferente jerarquía normativa que han ido reparando esas situaciones de objetiva desigualdad o injusticia. Ya tuve ocasión de señalar en una anterior intervención en esta misma Comisión Constitucional que eso afectaba -en el mejor sentido de la expresión- a muchos miles de compatriotas y que ascendía a un montante muy elevado de euros.

Eso fue en el contexto de un debate donde parecía que nos preocupábamos nosotros de reparar presuntas injusticias o agravios con sindicatos o partidos políticos y, sin embargo, no lo hacíamos con los particulares, con los ciudadanos. Es bueno recordarlo en el contexto de esta intervención porque de la misma manera que votamos -y por la razón que sucintamente ahora he recordado- a favor de esos artículos, votamos en contra del resto de la ley; resumiéndose nuestra posición en que, si se me permite la expresión, la mejor Ley de Memoria Histórica fue la Constitución de 1978, que por algo fue conocida y lo sigue siendo como la constitución de la reconciliación, de la concordia y del consenso y que no hizo sino culminar todo un proceso de transición política que estuvo impulsada por el mejor espíritu de reconciliación, de no mirar hacia atrás con ira sino hacia delante con esperanza, y no para olvidar el pasado, sino para extraer de ese pasado las experiencias suficientes para no volver a repetir lo que de negativo o especialmente negativo tenía y tiene ese pasado y que culminó en la guerra civil para, al mismo tiempo, extraer todas las experiencias de esa desgracia y que no volvamos a repetir en el futuro no ya una experiencia semejante sino unos enfrentamientos y unas discordias civiles como las que al final precipitaron en aquella desgracia, en aquel desastre colectivo que fue la Guerra Civil de 1936. Por eso votamos en contra la Ley de Memoria Histórica.

Entonces reiteré y quiero reiterar ahora, porque estamos en la Comisión Constitucional, que el espíritu del Grupo Parlamentario Popular y la posición política del Partido Popular en relación con estas cuestiones quedó sancionada solemnemente en la resolución de esta Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, donde por unanimidad se recogieron todos los aspectos que después han sido integrados con desigual fortuna, desde luego con espíritu radicalmente opuesto, en la Ley de Memoria Histórica. Quiero recordar además que tiene un especial valor nuestra posición política, la que quedó reflejada y a nuestros efectos se mantiene vigente en esa resolución, reitero, aprobada por unanimidad en la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, porque en aquél entonces el Partido Popular tenía mayoría absoluta en esta Cámara; tenía 183 diputados. Por tanto, creo que el beneficio de la duda ni siquiera puede existir respecto de que aquella era nuestra posición y nuestra voluntad política. Pudimos haberla evitado porque teníamos la mayoría suficiente para haber aprobado resoluciones diametralmente opuestas en la línea del espíritu de la Ley de Memoria Histórica y que hubieran sido legítimas y democráticas porque una mayoría democrática de esta Cámara lo hubiera hecho, pero no lo hicimos. Con voluntad de consenso, en el espíritu del pacto constitucional y en la medida en que había demandas vivas en esta Cámara de muchos grupos parlamentarios, acordamos aquella resolución. Comprenderán ustedes que no estamos dispuestos, ni se nos puede pedir -y si se nos pide, con toda tranquilidad vamos a negarnos- a que un día sí y otro también, a instancia de este o aquél grupo parlamentario, estemos teniendo que reiterar cuál es nuestra posición política y, al parecer, aceptar que nos expidan certificados de demócratas. No estamos por la labor, no lo queremos ni lo pedimos. Aquella es nuestra posición política; somos fieles a los pactos y seguimos en esa posición.

Para concluir, la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista me parece que es prácticamente copia literal de lo que dice el artículo 15 de la Ley, y sería contradictorio y poco coherente por quien habla y del grupo parlamentario al que represento que si votamos que no a ese artículo en la ley, ahora una enmienda que lo que hace es reproducir cuasi literalmente el artículo de la ley, lo votemos a favor. Además, teniendo en cuenta el entusiasmo del grupo proponente que ni siquiera viene a defenderlo, el entusiasmo de este grupo por apoyarlo es también descriptible. Dijimos que no entonces y hoy nos reiteramos en la misma posición.

La Razón, 12 de noviembre de 2009

2009-11-12T08:45:00.000+01:00

FÁTIMA Y LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

Estos días son numerosísimos los reportajes y entrevistas de todo tipo que glosan los acontecimientos que llevaron, hace veinte años, a la caída del Muro de Berlín.

Entre tan exhaustiva información, se narra la cronología de los hechos y se analiza el porqué de los mismos. Sin embargo, no he encontrado una respuesta convincente a la pregunta que, entiendo, fundamental: ¿cómo es posible que todo un Imperio como el soviético, colosal en superficie, en habitantes y en potencial militar, se desintegrara sin que mediara ni una guerra, ni batalla y ni siquiera un sólo tiro entre los dos bloques que ese Muro separaba?

Esta pregunta tiene, si cabe, más sentido si recordamos cómo el comunismo conquistó Rusia tras una cruenta revolución –la bolchevique, iniciada en 1917-, y cómo sofocó y reprimió con tanques las insurrecciones de 1953 en la RDA, de 1956 en Hungría, de 1968 en Checoslovaquia o de 1970 en Polonia. ¿Qué sucedió para que nada de eso ocurriera en 1989 y que se precipitara, de esa forma, el principio del fin de la Unión Soviética y, con ella, del comunismo en las quince repúblicas que la integraban y en todos los países satelizados del centro de Europa?

Helmut Kohl se ha aproximado a la respuesta al decir que no encuentra una imagen mejor para describir la situación vivida en aquellos días que citar a Otto von Bismark: “cuando el manto de Dios pasa por la historia, hay que saltar y agarrarse a él”.

Pues bien, yo quiero referirme al paso de “ese manto de Dios” que señala el entonces Canciller alemán ¿Hay respuesta al porqué de ese paso? Pienso que sí y la respuesta –también desde la historia y la razón-, tiene un nombre: Fátima.

Soy plenamente consciente de que en una sociedad profundamente secularizada y racionalista puede sonar a provocador introducir esta variable –Fátima-, en el debate a la hora de buscar una explicación o una hipótesis de trabajo, que aporte más luz al misterio que rodea las extraordinarias circunstancias en que se produjo la caída del Muro.

El 13 de mayo de 1917, tres sencillos y analfabetos niños de la aldea de Fátima reciben una visita sorprendente: una “mujer vestida de sol”, que resultaría ser la Virgen, se les aparecerá en la Cova de Iria y les hablará de la “conversión de Rusia”. Para ello, el Papa deberá realizar la “consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, en comunión con todos los obispos del mundo”.

Hay que tener muy en cuenta que, por “Rusia”, en el contexto del mensaje de Fátima, se entiende una referencia geográfico-temporal al régimen ateo y anticristiano que allí se impondrá: en octubre de ese año, 1917, -el “octubre rojo”-, la revolución bolchevique tomará el Palacio de Invierno. Por tanto, la promesa de la Virgen sobre la “conversión de Rusia” ha de entenderse como la desaparición de ese régimen político. No es de extrañar, por tanto, que desde la izquierda en general y muy en particular por la cultura marxista predominante el pasado siglo, se descalificara todo lo relativo a Fátima de forma absoluta.

Tanto Pío XII como Pablo VI, en 1942 y 1967, dieron cumplimiento a la petición, aunque de forma incompleta pues faltaba el requisito de que la citada consagración debía efectuarse “en comunión con todos los obispos del mundo”.

Fue determinante el atentado que Juan Pablo II sufrió en la Plaza de San Pedro “precisamente” el 13 de mayo de 1981, fiesta de la Virgen de Fátima, para que realizara la consagración en plenitud. Este hecho marcó un antes y un después en su pontificado. Desde el Policlínico Gemelli, el Papa afirmó que “una mano había disparado el arma y otra mano había guiado la bala”. Desde allí mismo, ingresado, manifestó su voluntad de efectuar la consagración pedida.

Tras viajar a Fátima el 13 de mayo de 1982 y manifestarle sor Lucia –la principal de los tres videntes-, que seguía faltando el requisito de la unión con todos los obispos, el Papa se dirigió personalmente a todo el episcopado mundial. El domingo, 25 de marzo de 1984, en una ceremonia cargada de solemnidad y dramatismo, en la Plaza de San Pedro, abarrotada de fieles y ante la imagen traída ex profeso desde allí, Juan Pablo II realizó la consagración pedida. Impresiona ver las imágenes de la grabación de ese acto, ciertamente histórico.

Resulta “llamativa” la relación de hechos que se produjeron a partir del anuncio público de la consagración: tres Secretarios Generales del PCUS fallecen, sucesivamente, en muy breve espacio de tiempo: Brezhnev, Andropov y Chernenko. Luego, aparece en escena Gorbachov, quien dos años después de la consagración, era recibido por el Papa en su condición de Secretario General del PCUS. Era el primer dirigente de este nivel que pisaba el Vaticano.

El propio Gorvachov acaba de comentar al respecto que el continuando debilitamiento del liderazgo en la URSS por esos sucesivos fallecimientos fue decisivo para que la Perestroika se pudiera poner en marcha. Podemos recordar, también, que uno de las acepciones de “perestroika” es “conversión”.

Sólo falta añadir que tras la caída del Muro el proceso de descomposición de la URSS se precipitó de manera continuada. Dos años después, en 1991, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, junto a los Presidentes de Bielorrusia y Ucrania, certificaron la defunción oficial de la URSS: era el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Resuenan los ecos de las palabras que, según consta en la documentación oficial, la Virgen le dirigió a sor Lucia: “… al final, el Papa me consagrará Rusia… y mi Inmaculado Corazón triunfará”. Pocos días después, el presidente Gorbachov dimitió: tras setenta años de comunismo, la bandera de la hoz y el martillo era arriada del Kremlin. Era el día de Navidad de 1991.

No debe sorprender, pues, que el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 2000, al proceder en Fátima a la beatificación de dos de los tres pastorcillos, ante un millón de personas, entre ellas la misma sor Lucia, diera públicamente las gracias a la Virgen “porque su mano, sin duda, había guiado todos estos acontecimientos extraordinarios vividos”. Tampoco debe sorprender que allí, en la explanada del santuario de Fátima se encuentre un trozo del muro de Berlín con una significativa inscripción.

La Santa Sede ya ha hecho público que Benedicto XVI irá el próximo 13 de mayo a Fátima.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

La Razón, 7 de noviembre de 2009

2009-11-11T17:44:00.001+01:00

UNA SENTENCIA CONTRA EUROPA

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo prohibiendo la presencia del crucifijo en los colegios públicos de Italia es una decisión de extraordinaria importancia para toda Europa. No es un hecho aislado ni es una decisión simbólica. Por el contrario, expresa la culminación de todo un proyecto político y cultural de construcción de una Europa laica alejada de toda dimensión espiritual o trascendente y que encuentra su fundamento en la Modernidad surgida de la Revolución francesa.

Fueron, conviene no olvidarlo, humanistas cristianos como De Gasperi, Monnet o Adenauer los padres fundadores de esta Europa que al renegar ahora de sus raíces cristinas se ha convertido en un proyecto sin identidad. Un ejemplo evidente de ello lo tenemos en Francia que al organizarse como una republica laicista anda desorientada en busca de una identidad pérdida que ahora quiere reencontrar el Presidente Sarkozy. No tuvo esa duda De Gaulle que la entendió reflejada en la Cruz de Lorena…

En cuanto a España, el CIS nos acaba de recordar que el 77% de los españoles se definen a si mismo como católicos frente a un 20% de agnósticos y ateos. ¿Bajo qué principio democrático el 20% se impone al 77% para retirar crucifijos? Una cosa es que se deban respetar las minorías y otra muy distinta es que la minoría imponga sus tesis a la mayoría. Eso no es fruto de la democracia ni de la tolerancia. Es consecuencia del sectarismo e intolerancia de una minoría frente a la tibieza y debilidad de una mayoría que no solo no sabe defender sus derechos sino que, lo que es peor, no defiende sus convicciones. Si es que las tiene.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Pleno del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2009

2009-10-14T17:40:00.001+02:00

PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ HA FALLADO PARA QUE, DESPUÉS DE TRES AÑOS DE INVESTIGACIÓN, SE SOLICITE EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL “CASO FAISÁN” PORQUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO CARECEN DE “AVAL PROBATORIO ALGUNO”? (Número de expediente 180/000730.)

El señor PRESIDENTE: Última pregunta para S.S. Para formularla tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
¿Qué ha fallado, señor ministro, para que después de tres años de instrucción y de investigación la fiscalía solicite el sobreseimiento provisional del caso Faisán porque los resultados obtenidos hasta el momento carecen, según reza el sumario, de aval probatorio alguno?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Díaz.
Tiene la palabra señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): He contestado por dos veces esta pregunta y seguro que la Cámara no quiere volverme a escuchar en una reiteración. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, presidente.
Señor Rubalcaba, ya que usted no contesta, lo voy a hacer yo. Exactamente hace tres años, el 16 de octubre del año 2006, en el Senado, en sede parlamentaria -con toda la solemnidad que representa hacer esa declaración en una Cámara de representación popular- el fiscal general del Estado, el mismo que hoy existe, el señor Conde Pumpido, decía literalmente que la justicia no está para obstaculizar los procesos políticos. Se refería sin duda al llamado proceso de paz, de negociación política con ETA en el que el Gobierno estaba inmerso. Y decía más. Añadía: El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el polvo del camino. Eso es lo que ha fallado, que ese polvo se ha convertido en un barrizal que ha ensuciado las togas de la fiscalía y de esa manera no es de extrañar que ese mismo fiscal general ordene a la fiscalía, bajo el principio de jerarquía que rige la actuación del ministerio público, que después de tres años diga que no hay aval probatorio alguno en base a las investigaciones de ese policía condecorado y tenga que dar por finiquitadas las investigaciones. Ese trato desigual de la fiscalía es obsceno en un sistema democrático y lo estamos viendo, efectivamente, en casos que están de actualidad en estos momentos. Y eso es lo lamentable para nuestra democracia, señor Rubalcaba, que cuando ustedes gobiernan estamos siempre hablando de casos. Sea el caso Gürtel -como usted decía implícitamente-, el caso Gal o el caso Faisán y como cada día tiene su afán, hoy hemos venido aquí a hablar del caso Faisán porque, efectivamente, es un delito de colaboración con banda armada que si no se puede condenar es porque en aquel momento estaba congelada la aplicación del Estado de derecho porque ustedes estaban en un proceso político. Ese es el problema que tenemos en estos momentos, señor ministro del Interior, que ha fallado el Estado de derecho. Como decía el señor Cosidó, porque hoy ustedes van por el buen camino del Pacto antiterrorista, hemos de conseguir que no vayan ni por un extremo en el caso Gal, ni por otro extremo en el caso Faisán. Hemos de tener la autoridad moral ante la sociedad española de que nunca más se saltarán el Estado de derecho en la lucha contra los terroristas, ni siquiera cuando soplan los policías a sus órdenes. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.
Señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.
Si a usted no se le hubiera escapado en un momento de su intervención eso de que los fiscales en casos de actualidad… En definitiva, si usted no hubiera respirado por la herida por la que llevan respirando unas cuantas semanas o meses probablemente la discusión sería otra, pero usted no está aquí haciendo un ajuste de cuentas a la lucha antiterrorista ni a ninguna otra cosa, está respirando por sus heridas, eso es lo que le pasa a usted. Debo decirle, como le he dicho a su compañero el señor Cosidó, que ustedes esconden sistemáticamente que en este tema, en el llamado caso Faisán, hay 24 personas procesadas. Por tanto, si alguien quiso hacer algo -que tendrán que demostrar los tribunales, los tribunales, no usted con invectivas y sus compañeros sembrando dudas y sospechas sobre policías honestos- le salió muy mal porque a los pocos días fueron detenidos todos los presuntos etarras, encarcelados y hoy procesados; 24 personas. Eso ustedes lo esconden sistemáticamente porque no están a lo que están, están respirando por sus heridas, están defendiendo esa fórmula que practican del Estado de derecho: si me viene bien, vivan los jueces, los policías y los fiscales; si me llevan la contraria, es que están al servicio de no sé qué intenciones espurias, indemostrables, que solo están en su imaginación, señor Fernández Díaz, en su imaginación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2009

2009-10-01T16:23:00.001+02:00

PROPOSICIONES NO DE LEY:

-SOBRE LA DEVOLUCIÓN A SUS FAMILIARES DE LOS RESTOS MORTALES DE LOS REPUBLICANOS QUE SE ENCUENTRAN ENTERRADOS EN LA FOSA COMÚN DE CUELGAMUROS, EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
-SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LOS ENTERRAMIENTOS LLEVADOS A CABO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señorías, una vez más tenemos ocasión de debatir en el seno de esta Comisión Constitucional sobre una ley que, aunque no se denomina formalmente así, es conocida por el conjunto de la opinión pública -y por algo será- como Ley de la Memoria Histórica. Ya tuvimos ocasión de debatir en el correspondiente trámite parlamentario sobre cuestiones como las que hoy nos traen aquí. Hoy nos traen aquí fundamentalmente dos iniciativas que lo que pretenden es, en concreto en el Valle de los Caídos, elaborar un censo de todas las personas cuyos restos están allí depositados y, a su vez, facilitar ese censo a los familiares o instituciones legitimadas para ello que lo reclamen y, en su caso y previa la identificación correspondiente, la exhumación y traslado donde los legitimados para ello dispusieran.

Como cuestión previa quiero afirmar algo que ya tuve ocasión de afirmar en esos debates de manera -si me permiten la expresión- muy solemne, y es que mi grupo parlamentario siempre ha defendido algo que es humanamente indiscutible y, si me lo permiten, hasta sagrado, como es que cualquier familiar tiene absoluto derecho a poder disponer de los restos de un ser querido, de conocer dónde están, y una vez conocido disponer de ellos, eso siempre que, evidentemente, sea humanamente posible y, por supuesto, dentro del marco de la ley. De eso es de lo que hablamos aquí. En cuanto a lo humanamente posible o fácticamente posible lo referiré más adelante. En cuanto al marco de la ley, conviene dejar claro que lo que en alguna de las iniciativas planteadas se denomina fosa común del Valle de Cualgamuros es la institución del Valle de los Caídos. Me explico. Así como la Ley de Memoria Histórica hace una referencia general a los procedimientos para proceder, en su caso, a las exhumaciones y disponer de restos, etcétera, el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica excepciona al Valle de los Caídos de ese régimen general, de tal suerte que el artículo 16, apartado 1º -como ustedes saben o deberían saber- dice literalmente que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por la normativa general aplicable a los cementerios públicos y lugares de culto. Eso lo dice la ley previo a un debate político, público, prolongado, etcétera. Por tanto, es a lo que nos tenemos que remitir. Ese es el marco jurídico básico de la ley que nos remite a la legislación sobre cementerios públicos y a la legislación sobre lugares de culto. ¿Por qué? Porque lo que ustedes denominan fosa común del Valle de Cuelgamuros es realmente una basílica-cementerio y un cementerio-basílica. En otros lugares como, por ejemplo, Estados Unidos, está el cementerio de Arlington; o en la playa de Omaha en la Normandía francesa tienen el memorial por los caídos con ocasión del desembarco de Normandía en la II Guerra Mundial; y en Alemania, Rusia o donde quieran ustedes cada país tiene, en función de las distintas contiendas y hechos de estas características, las instituciones que procedan. En este caso en concreto es así. Es un cementerio-basílica y una basílica-cementerio. Por eso precisamente, la Ley de Memoria Histórica estableció que la normativa aplicable sería la de los cementerios públicos y lugares de culto. Por lo tanto, como hemos de actuar en el marco de la ley, en este caso en el marco de la Ley de Memoria Histórica y en el ordenamiento jurídico general, estamos en un Estado autonómico y hay una distribución competencial muy clara entre el Estado central, artículo 149 de la Constitución, y las comunidades autónomas. Y en el marco de esa distribución competencial, la legislación general aplicable a la que nos remite la Ley de Memoria Histórica es la legislación sobre cementerios y, por lo tanto, la competente es la Comunidad Autónoma de Madrid. Y la legislación, en todo lo que hace referencia a actuaciones de cualquier tipo para identificar, en su caso, para hacer el censo y para autorizar las exhumaciones correspondientes es la Comunidad Autónoma de Madrid. De alguna manera sería también el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial porque inciden dos legislaciones: la local-municipal y la autonómica de la Comunidad Autónoma de Madrid a la que se remite, insisto, la Ley de Memoria Histórica. En particular, tengan presente que sería la Ley 1/1987 de 5 de marzo de la Comunidad Autónoma de Madrid de Cementerios Supramunicipales, y el Decreto 124/1997 de 9 de octubre, Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid. Esa es la legislación general en materia de cementerios públicos, a la que el artículo 16.1 de la Ley de Memoria Histórica remite. Luego me referiré al asunto del censo, pero que quede claro que cuando aludimos a la identificación tenemos que hablar del hecho fáctico que hay en el Valle de los Caídos. Hay en torno a unas veinte mil fichas, unos tres volúmenes, correspondientes a los restos de las veinte mil personas que están allí enterradas y que están plenamente identificadas. Eso es absolutamente público, de tal suerte que incluso recientemente se han publicado varias obras que contienen el listado exhaustivo de las veinte mil personas cuyas identificaciones constan. Desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica es constante y se ha intensificado la demanda por parte de periodistas, investigadores, universidades, familiares y particulares interesados en esa documentación, que -insisto- es absolutamente pública. Me permito anticipar que posiblemente esta iniciativa va a tener efectos perversos en relación con lo que ustedes pretenden, ya que tengo que anunciar que la publicidad de esa documentación está violando clara y flagrantemente la Ley Orgánica de Protección de Datos. Luego me referiré a ello. En cuanto a lo que hace referencia a la elaboración del censo, la lista de los identificados es pública y es permanentemente consultada. La información de que dispongo dice que en los últimos meses, por ejemplo, solo en la Generalitat de Catalunya se han contestado a más de ocho mil consultas. Es decir, hay absoluta transparencia, absoluta fluidez. Hablo de los tres volúmenes y prácticamente veinte mil fichas correspondientes a los restos de las personas allí depositadas e identificadas. Cuestión distinta son los restos de las personas no identificadas. Según la información de que disponemos -y hemos procurado tener una información lo más precisa posible para poder hablar con el mayor conocimiento de causa posible-, formalmente se estima que hay restos de alrededor de unas quince mil personas no identificadas. En la práctica se estima que es superior. ¿Por qué?

Porque ese proceso de traslado que empezó el año 1959 y que en un 75 por ciento se hizo hasta el año 1964 y que siguió hasta el 7 de junio de 1983 -ojo al dato, 7 de junio de 1983-, donde por convenio entre patrimonio nacional y la abadía benedictina, es decir, no una decisión política -y, perdón, porque quien nos preside era vicepresidente del Gobierno y no me dejará mentir-, sino una decisión meramente técnica, se acordó que terminara ese goteo ya entonces muy tranquilo de traslado de restos. Lógicamente, en la última época, era superior el traslado de restos procedentes de fosas de los frentes de batalla básicamente, dado el signo del fin de la contienda del bando republicano. Según se nos asegura, y parece así acreditado, todos los restos identificados que se trasladaron fueron previa conformidad de los familiares, y algún ejemplo al que se ha aludido aquí lo confirma. Efectivamente, personas muy vinculadas al bando nacional se negaron a que los restos de sus deudos fueran trasladados. Lo mismo pasó en relación con los identificados del bando republicano, según se nos acredita, pero en todo caso no voy a entrar en eso. Lo que quiero decir es que teóricamente es así.

Si hablamos de los no identificados para poder proceder a un censo y después a una eventual exhumación y traslado, nos encontramos con un problema de una gran complejidad técnicamente, porque estamos hablando teóricamente de unos 15.000 restos, pero me dicen que en la práctica serían en torno a 40.000, porque se tendió a rebajar la cifra por no causar lo que hoy denominaríamos alarma social. Por lo tanto, estaríamos en presencia de restos no identificados de en torno a 60.000 personas distribuidos en los numerosísimos columbarios que a lo largo de todo el entorno de la basílica constituyen el cementerio propiamente dicho. La competencia, para hacer ese censo, con independencia de la dificultad material -que excuso decirles a ustedes cuál sería-, es absoluta, nítida y claramente -porque lo establece el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid y porque lo dice de manera expresa la Ley de Memoria Histórica- de la comunidad de Madrid. Por tanto, las personas que tienen deudos identificados no tienen más que dirigirse a patrimonio nacional para que les den una certificación de que efectivamente allí está la persona a la que se refieren y con ese certificado ir a la comunidad de Madrid, que está plenamente legitimada para autorizar la exhumación y, en su caso, el traslado; no hay ningún problema. El Gobierno de España, al que controla esta Cámara, en ese ámbito, señorías, no tiene ninguna competencia. Sí tendría competencia en facilitar mediante subvenciones económicas los gastos derivados de ese proceso, pero nada más.

En lo que hace referencia al censo, ya les he dicho que hay un problema grave, que es el de la Ley Orgánica de Protección de Datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos, que ustedes saben que tiene numerosísima jurisprudencia y sentencias del Tribunal Constitucional, legítima a los deudos de los fallecidos para que también puedan, en caso de que lo estimen oportuno, exigir la privacidad de sus datos, de tal suerte que no podría hacerse público ningún censo ni de los identificados ni de los que no están identificados sin autorización de todos y cada uno de los allí enterrados, que podrían, en caso contrario, ejercitar las acciones oportunas. Eso lo ha sancionado de manera expresa el fundamento jurídico 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que respondía al recurso de inconstitucionalidad que, en relación con la Ley Orgánica de Protección de Datos, había interpuesto el Defensor del Pueblo. Señorías, fíjense en lo que dice el fundamento jurídico número 7 de la sentencia del Tribunal Constitucional: El contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decir cuáles de esos datos proporcionan a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede ese tercero recabar, y también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y de control sobre los datos personales que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos, se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles por un tercero sea el Estado o un particular. Señorías, cuando estamos hablando de censo, lo hacemos de un conjunto organizado de datos de carácter personal susceptibles de tratamiento informático, es decir, un fichero en terminología de la Ley de Protección de Datos. Por lo tanto, señorías, cuidado con el tema porque esta Cámara no puede aprobar una resolución, en mi opinión -una proposición no de ley-, que vulneraría flagrantemente en sus términos, tal y como está redactada, una ley orgánica como es la de protección de datos y la interpretación que le ha dado el Tribunal Constitucional.

Termino, señorías, diciendo que en lo que hace referencia a la elaboración del censo en los términos que se propone es legalmente imposible y que desde el punto de vista competencial es competencia de la comunidad autónoma. Sentado eso, nuestro grupo, repito -termino como he empezado-, siempre ha defendido y defenderá el derecho de las personas a disponer de los restos de sus seres queridos.

Las relaciones Iglesia-Estado tras los Acuerdos de 1979 - Universidad de Vigo, Campus de Orense,

2009-08-31T18:28:00.002+02:00

Buenas tardes y muchas gracias, en primer lugar, como es lógico, por invitarme a este Campus de Orense de la Universidad de Vigo y también muchas gracias por organizar un Seminario de estas características con una calidad académica, científica, universitaria por la que, sinceramente, repito, les felicito.

Agradezco también, muy sinceramente, la presencia de todas las autoridades que nos acompañan.

Señoras y señores, amigas y amigos. Según el título de mi intervención, me corresponde tratar de las relaciones Iglesia-Estado tras los Acuerdos de 1979. Cuando tratamos de este tema, implícitamente ya estamos acotando el terreno del debate. Lo estamos acotando a Iglesia Católica –porque hay más iglesias, aunque desde el punto de vista de la Santa Sede además de la Iglesia Católica, sólo existe otra Iglesia, la Iglesia Ortodoxa, las demás son “comunidades eclesiales”, surgidas de la Reforma, incluida la Iglesia Anglicana, por no cumplir los requisitos estipulados para ser consideradas como tales-, y hablando de Estado español y, además, en un periodo de tiempo muy concreto y determinado, el que va desde los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 hasta la actualidad.

Me ha parecido que para poder explicar el “estado de la cuestión”, es decir, cómo están las relaciones Iglesia-Estado en los actuales momentos, sobre todo en el periodo de treinta años que va desde la aprobación de esos Acuerdos que regulan jurídica, política y constitucionalmente las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español hasta la actualidad, hemos de saber de dónde venimos. Porque, al final, el presente es una encrucijada que actualiza todo el pasado y potencializa todo el futuro.

Es difícil entender y es muy difícil explicar el estado de esas relaciones si no las vemos a través de una perspectiva más amplia desde el punto de vista espacial –es decir, remontándonos no solamente al caso de España, sino desde una perspectiva más global, más universal-, y a un espacio temporal que trascienda el estricto periodo de esos treinta años. Y me explico. La Iglesia y el Estado son dos realidades obviamente distintas. La Iglesia –y quiero aclarar que en un país con la tradición que tiene España, cuando hablamos de Iglesia sin especificar nada más, nos referimos a la Iglesia Católica-, y el Estado, dos realidades que tienen diferentes naturalezas, distintos fines. Qué duda cabe que el Estado tiene por finalidad la consecución del bien común, en sentido amplio, pues ese sería el fin de la política, operar para la consecución del bien común; hoy se ha sustituido el concepto de “bien común”, que viene de Santo Tomás de Aquino, por el concepto más relativista de “interés general”, porque en un momento determinado, el interés general es que se retramitan determinados partidos de futbol importantes, cuando parece que el bien común debe ser algo más enjundioso, algo con más trascendencia y más profundo. Esto forma parte también de la secularización que estamos viviendo. Antes se hablaba de bien común, ahora se habla de interés general.

En todo caso, el Estado pertenece al orden de lo político y trata de organizar la convivencia entre los hombres, las sociedades, los pueblos, para que haya paz, para que haya seguridad, para que haya libertad, prosperidad, en definitiva, para conseguir el bien común.

La Iglesia tiene otro objetivo, otra finalidad. Su fin es la salvación de las almas pero los sujetos sobre los que tienen que actuar son los mismos. Para el Estado son ciudadanos y para la Iglesia, también son ciudadanos, pero son almas. Eso hace que, por su propia naturaleza distinta de las dos realidades Iglesia y Estado, actuando sobre las mismas personas, teóricamente con el mismo fin último, por que el bien común, la salvación de las almas para la Iglesia, es una manera de conseguir el bien común. Y para el Estado que haya paz, que haya seguridad, que haya libertad, que haya prosperidad, son cosas buenas también y que deben cooperar a la salvación de las almas. Pero las finalidades son distintas y las naturalezas son distintas.

¿Por qué quiero empezar por aquí? Pues para poner de manifiesto que por su propia naturaleza esas relaciones son necesariamente complejas, porque actúan sobre las mismas realidades que son las personas. Una vista como ciudadano, ciudadano elector, ciudadano titular de derechos, de libertades, ciudadano contribuyente. Para la Iglesia una persona dotada de un alma. Y eso hace, insisto, que las relaciones sean complejas. Ya Jesucristo dejó dicho en el Evangelio, porque ya entonces había mucha confusión, lo de “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, que quería decir, denle ustedes lo que es justo al poder político, encarnado en el César y no le den ustedes también lo que le corresponde a Dios. En este caso sería, pues, lo que le corresponde a la Iglesia. Pero el tema no fue tan sencillo, porque al fundador de esa realidad que es la Iglesia Católica, que es Jesucristo, le condenaron a muerte y le ejecutaron porque, decían, que pretendía socavar el poder del César. Le hicieron una acusación política porque por una acusación religiosa de blasfemia no se le podía ejecutar. O sea, que el fundador de la Iglesia tuvo que decirnos que no mezcláramos lo estrictamente religioso con lo político, pero tuvo en su época un relativo éxito porque fue ejecutado basándose en una falsa acusación política: que se quería convertir en rey de los suyos. Si eso pasó en los inicios, si eso le pasó al fundador, podemos entender perfectamente que veinte siglos después la cuestión no haya sido solucionada pacíficamente.

La comunidad política –Estado-, ha evolucionado a lo largo de la Historia. La Iglesia ha evolucionado no en su doctrina, obviamente, no en el Evangelio, pero si, fundamentalmente, en su organización temporal de la Santa Sede y su manera de relacionarse con la otra realidad política que es el Estado. Por que esta relación sí que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y fruto de esa evolución a lo largo del tiempo de esas dos realidades ha hecho que esas relaciones hayan pasado por procesos complejos a lo largo de la historia.

De ese proceso complejo a lo largo de la Historia, yo señalaría otro hito: el momento en que la comunidad política “Estado” se transforma pasando de lo que era el Antiguo Régimen, las monarquías absolutas, al Estado liberal, que se produce a lo largo del siglo XIX, naciendo con la Revolución Francesa. No voy a estudiar los precedentes del racionalismo, con Descartes en el siglo XVII, la quiebra del pensamiento filosófico que hace pasar del realismo al racionalismo, el realismo, la filosofía del ser, de la realidad de las cosas, que son lo que realmente son, que al final hacía que cualquier realidad fuera analizada en última instancia a la luz del que había creado esa realidad, y por lo tanto, al final se remontaba a una realidad creadora, a Dios, y su realidad creada, las criaturas, al racionalismo, donde Descartes dice aquello de “pienso luego existo”, las cosas no son lo que son, sino lo que yo pienso que son. Es el comienzo del relativismo. Las cosas no son lo que realmente son, según su propio ser –filosofía del ser, del realismo-, son lo que yo pienso que son.

Por esa quiebra filosófica fundamental de mediados del siglo XVII con Descartes, nacerán después el cientifismo, el positivismo, el marxismo, etc, a lo largo de un proceso histórico que tiene como hito fundamental la Revolución Francesa de 1789, revolución burguesa que significa el fin del Antiguo Régimen de la monarquía absoluta donde el soberano era el titular de la soberanía nacional, donde la soberanía pasa a tener como titular al pueblo, el conjunto de los ciudadanos pasan a ser los titulares de la soberanía nacional y donde se pasa de esas monarquías absolutas, que por su propia naturaleza y evocando ese principio del Evangelio, cuando Jesucristo le dice a Pilato “no tendrías esa autoridad si no se te hubiera otorgado de lo alto”. Se entiende que Cristo está diciendo que toda autoridad viene de lo alto.

Los monarcas absolutos creían –y sus súbditos también-, que esa autoridad le venía de Dios. Esa era una realidad incuestionable. Y los súbditos obedecían a su soberano porque aceptaban que esa autoridad le venía de Dios. Y el monarca tenía una relación más o menos conflictiva con el Papa porque este tenía junto a su autoridad espiritual, una autoridad temporal sobre los Estados Pontificios desde donde podía asegurarse una cierta soberanía, una cierta independencia para poder ejercer su potestad espiritual en un mundo donde el Estado liberal aun no había nacido.

Cuando llega la revolución francesa eso quiebra totalmente y pasamos del antiguo Régimen a un nuevo régimen, nace la modernidad, nace el Estado liberal. Lógicamente, la primera política se transforma tanto que la otra realidad, que se ve también afectada por la Revolución francesa, porque ese racionalismo saben que niega toda concepción sobrenatural de la vida y por lo tanto está negando los fundamentos de la fe, los fundamentos de la Iglesia, esas relaciones se ven absolutamente perturbadas, como es lógico. Como he dicho, esto formaría parte de la Historia y de la historia de la Iglesia, de la historia de las relaciones Iglesia – Estado y si quieren, también de la historia de los Estados y de las Naciones. Pero yo estoy haciendo este rápido repaso para llegar hasta el año 79, por lo que les decía antes, que es más fácil entender y a mi me es más fácil explicar dónde estamos en este momento si sabemos de dónde venimos y no si, como un paracaidista, aterrizamos en el tema.

Yo lo que quería hasta ahora era poner de manifiesto que esas relaciones, por la propia naturaleza de las dos realidades que se relacionan, su distinta naturaleza, sus distintos fines, son complejas y no nos hemos de asustar o preocupar por que sean complejas porque lo van a ser siempre y por eso me he querido remontar al inicio, con Jesucristo: “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, y la propia muerte de Jesucristo, pasando por un momento tan trascendental en la conformación de la actual situación como es el nacimiento del Estado liberal en el siglo XIX precedido por la Revolución francesa. En esa Revolución se produce una quiebra fundamental de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Francia y desde Francia esa quiebra –quiebra en tanto que cambio-, se trasladará al resto de la antigua cristiandad, a Europa, a los países Occidentales, donde la Iglesia tiene una especial presencia. Es evidente que hablar de las relaciones Iglesia – Estado en Arabia Saudí tiene una importancia descriptible porque en Arabia Saudí, que es un Estado teocrático islámico, la Iglesia católica no puede actuar, esto luego lo trataremos al hablar de la reciprocidad.

En 1801 Napoleón se hace coronar Emperador por el Papa Pío VI, en Notre Dame y se firma un Concordato que terminará con la época del Terror de la Revolución Francesa, la constitución civil del clero, en fin, toda esa serie de disposiciones que la Francia revolucionaria había ido desarrollando en consonancia con lo que esa revolución traía de interpretación de la realidad de lo que hasta ese momento era la Iglesia y el Estado y que se trataba de imponer y que significaba, lisa y llanamente, que la Iglesia dejaba de ser para la comunidad política lo que hasta ese momento había sido, al mismo tiempo que el Estado se había transformado absolutamente, la Monarquía había terminado y estábamos en el periodo de transformación de esa Monarquía Absoluta a una República de ciudadanos, un Estado liberal.

Esa transformación nace, por tanto, en Francia. Las modernas relaciones o la transformación de las relaciones Iglesia – Estado respecto a lo que habían sido en los dieciocho siglos anteriores, con periodos de oscilación, fundamentalmente había una absoluta subsunción, integración, entre la comunidad política y la comunidad religiosa. Piensen en la antigua cristiandad donde el Papa investía de autoridad a los Soberanos temporales y por tanto, cuando un Papa declaraba o amenazaba con excomulgar, los Soberanos se cuidaban muy mucho de no hacerle caso, porque si él no le hacía caso, los súbditos sí le hacían caso y, por tanto, en cuanto estaba un Soberano excomulgado, quería decir que como la autoridad venía de Dios y el representante de Dios en la tierra, que era el Papa, le había retirado su autoridad, sus súbditos ya no se consideraban sometidos a la autoridad del Soberano. Por tanto, en aquella situación, en aquel marco histórico, evidentemente, la excomunión era una amenaza gravísima, porque era como retirar la legitimidad de su autoridad. Y los súbditos lo aceptaban así. Ese era el régimen de la cristiandad y de tantos siglos antes de llegar a la Revolución francesa.

A partir de ese momento, abrimos un nuevo capítulo y España es tan vecina de Francia que, como saben ustedes, cuando Francia se constipa, España estornuda. Y por tanto, la Revolución francesa, de la mano de las tropas napoleónicas, esas ideas llegan a España. El siglo XIX español empieza cuando muere Fernando VII, 1833, y la entrada de las huestes de Napoleón traerán a un país como España, en el que su historia es indisociable de la historia del cristianismo y de la historia de la Iglesia, una convulsión profunda. Y así, viviremos en España un siglo XIX, una parte central del siglo XIX, muy convulsa en lo que hace referencia a las relaciones de la Iglesia con el Estado.

El Estado se estaba transformando de la Monarquía absoluta en un Estado liberal, en este caso con una Monarquía pero Monarquía liberal, y el nuevo Estado, a su vez, a la Iglesia quería recluirla en la sacristía, que dejara de tener el protagonismo, el peso y la influencia social, cultural, pública que había tenido hasta ese momento. Por tanto, esa profundísima transformación de la comunidad política afecta a la Iglesia y afecta a las relaciones creadas.

Un episodio paradigmático de ese momento de nuestra Historia es la desamortización de Mendizábal, la “ley del candado” y tantas otras disposiciones que significaron quitarle una gran parte del patrimonio de la Iglesia. La última fuente de legitimación para que el Estado financie a la Iglesia católica está en la desamortización, es decir, el Estado se incauto, hoy diríamos, expropió sin indemnización a la Iglesia de un cuantioso patrimonio y se consideró –lo hizo primero Napoleón en Francia y luego se hizo en España-, que había un derecho de la Iglesia a ser de alguna manera compensada por esa incautación. Ahí está el origen de los recursos económicos que el Estado pone a disposición de la Iglesia y que se establece en los acuerdos correspondientes de carácter económico para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Por tanto, estamos en mitad del siglo XIX en España, en un proceso equivalente al que se produjo en Francia tras la Revolución, sin tanta violencia pero profundamente convulso, que afecta profundamente a estas relaciones. Hay un momento importante a los efectos de lo que nos ocupa: 1851, se firma un Concordato entre la España de la época, la reina Isabel II, y la Iglesia católica. Significará establecer con rango de tratado internacional, entre el Estado de la Santa Sede, los Estados Pontificios –pues no los pierde el Papa hasta el 20 de septiembre de 1870-, y el Reino de España. Se establece este Concordato, este Tratado Internacional, como marco jurídico constitucional para adecuar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Ese será el marco jurídico que existirá en España, formalmente, hasta la llegada de la segunda república donde nos vamos a un modelo de relaciones totalmente distinto al que se establece en los Concordatos, que son de colaboración desde la independencia mutua y la regulación de esas relaciones con carácter positivo, cada una desde su independencia pero ambas en aras del bien común y del bien de las personas. La II República quiebra ese sistema y se va a un régimen separacionista, llamado así, o separatista, de relaciones Iglesia – Estado. Y después entraremos en la época de Franco y después la Constitución de 1979.

Antes de llegar a esta parte final, quiero hacer un inciso sobre el modelo de relaciones Iglesia – Estado. El Estado, como comunidad política, y la Iglesia -si quieren, con carácter general, las confesiones religiosas y las instituciones que las representen- pueden relacionarse según distintos modelos. Desde el modelo de radical unión entre los dos, que da lugar a los Estados teocráticos en donde las religiones tienen el poder. Un ejemplo actual serían los Estados islámicos en su máxima expresión, los regímenes talibanes. Estos serían ejemplos de Estados teocráticos, es decir, Estados donde las religiones tienen no sólo la condición de religión oficial sino que se identifica plenamente el poder político con el poder religioso y los representantes de la religión son los que tienen el poder. O dicho de otra manera, el poder político no puede dictar normas que vayan en contra de lo que digan las autoridades religiosas. Lógicamente, es un régimen intolerante, que no respeta la libertad de creencias, la libertad religiosa. Hay diversos grados y eso lo podemos ver hoy en los actuales regímenes musulmanes: no es lo mismo Arabia Saudí que el Afganistán de los talibanes, de la misma manera que no es Arabia Saudí lo mismo que Marruecos. Son países musulmanes, son países teocráticos, porque también el rey de Marruecos es el representante del Profeta. Es evidente que el grado de teocracia existente en Marruecos es distinto al de Arabia Saudí y en esta es distinto de lo que era el Afganistán de los talibanes. Pero como modelo, podemos decir que la relación es plena confusión entre poder político y poder religioso. Aquello de lo que hablábamos, que dijo Jesucristo sobre Dios y el César, aquí está mezclado.

Otro modelo, en el otro extremo, serían los regímenes separatistas: Dios y el César están absolutamente separados. Pero a diferencia del principio de “dar a cada cual lo que le corresponde”, aquí el César dice: “a Dios no se le da nada”. Este sería el otro extremo. También tenemos ejemplos de diversa intensidad de este modelo. En algunos casos se colabora algo, en algunos ámbitos, en ámbitos sociales, en ámbitos de la sanidad, asistencia social, depende. Pero como norma general, están de espaldas el uno al otro (6-6.38). Normalmente, está de espaldas el religioso, sea cual fuere la religión, porque el poder político es quien ostenta el poder y no le deja intervenir para nada en los asuntos públicos, ni siquiera deja a los ciudadanos que expresen en público sus creencias. El poder político permite que los individuos tenga sus creencias pero siempre que queden recluidas en la intimidad de sus conciencias.

Por ejemplo, Francia, que es una República laica, es un modelo separatista, lo que pasa es que su nivel de intensidad no es el mismo, obviamente, que el que tenía la Unión Soviética. Francia es una democracia y por lo tanto, respeta el principio de libertad religiosa, lo que pasa es que no cabe en un modelo político, como el de la V República Francesa, que haya acuerdos de colaboración entre el Estado y la Iglesia Católica o las diferentes iglesias o creencias religiosas, porque la República laica por definición niega presencia pública de lo religioso. La República laica separacionista nace en 1905 con Combes, Primer Ministro francés en la III República con la ley de 9 de diciembre de 1905, fecha a retener, ley denominada “separacionista de Iglesia - Estado” que es la que sigue vigente, básicamente, en la Francia actual y es la que se toma como modelo de los regímenes separatistas de relación Iglesia – Estado.

Entre esos dos extremos de un régimen separatista o separacionista –con diversos grados-, y el otro extremo, de confusión entre el poder religioso y el poder político –también con diversos grados-, están los regímenes confesionales y aconfesionales pero garantizando libertad religiosa.

Modelo confesional que garantiza libertad religiosa es aquel que da carácter oficial a una determinada iglesia, creencia o confesión pero no le niega a las demás su presencia bienhechora en la sociedad y esta dispuesta a respetar, con mayor o menor intensidad, la libertad de conciencia de los ciudadanos y también con mayor o menor intensidad, según los casos, ayudarlos. Por ejemplo, un Estado confesional actual es Inglaterra. La Reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia Anglicana. Las monarquías nórdicas, luteranas, calvinistas, nacidas de la Reforma, son Estados confesionales, Monarquías confesionales. Grecia, la iglesia ortodoxa es la iglesia oficial de Grecia. Y todos ellos, fíjense, son Estados de la Unión Europea y, por tanto, por definición, han de respetar la libertad religiosa y han de ser democracias. Así encontramos una consecuencia más: puede ser un régimen confesional religioso –donde una religión tiene la condición de oficial para ese Estado-, existiendo libertad religiosa y existiendo democracia. Es compatible.

Y el otro modelo entre los dos extremos, es el de confesionalidad con cooperación y que es el modelo español. Aquí se dice: ninguna religión tiene el carácter de oficial y por lo tanto, el Estado se declara aconfesional –no anti-confesional-. Y quiero aclarar eso porque, cuando se habla del modelo aconfesional definido en el artículo 16 de nuestra Constitución, se suele interpretar por parte de algunos, como que nuestra aconfesionalidad impide el reconocimiento público de las religiones, de la Iglesia Católica, etc., pero no es así. La aconfesionalidad no quiere decir indiferencia sino neutralidad, que es distinto. Aquí, el Estado es neutral, de tal suerte que está en condiciones de respetar las creencias de todos, porque es neutral, y respeta las creencias o increeencias de todos y, eso si, teniendo en cuenta las creencias mayoritarias de la sociedad española, está dispuesto a reconocer como hecho positivo el hecho religioso y establecer las relaciones de colaboración o de cooperación que procedan con aquellas instituciones que representen a las creencias de la mayoría de la sociedad española. Eso es lo que dice el artículo 16 de la Constitución española y lo que dicen los Diarios de Sesiones que recogen los debates de las Cortes constituyentes.

Es evidente que en España, por razones de Historia y por razones sociológicas, culturales, la mayoría de españoles –practiquen más o practiquen menos-, se definen a si mismos como católicos. Las encuestas del CIS, en serie estadística histórica muy consolidada, en las preguntas sobre cómo se autodefinen a si mismo los ciudadanos españoles mayores de dieciocho años, que es el universo muestral del CIS, se definen a si mismos, en un ochenta por ciento como católicos. Después hay una minoría que se define como agnóstico, otra minoría como ateos, otra minoría más exigua como indiferentes, otros no saben, no contestan, pero la realidad es que en serie estadística histórica en España sociológicamente, el ochenta por ciento de los mayores de dieciocho años se definen a si mismos como católicos. Por otra parte, la realidad cultural, histórica, artística de España nos hace patente que no es posible interpretar la realidad de nuestro país sin un conocimiento de lo que es la Iglesia Católica y las verdades de la Iglesia Católica y, repito, ello con independencia del nivel de práctica religiosa. Esa es la realidad.

Entonces, ¿qué dice la Constitución Española? Pues dice que, como reconocemos que la mayoría de los ciudadanos españoles se autodeclaran católicos y la propia Historia de España se entiende difícilmente al margen o contra la Iglesia Católica, el Estado deberá establecer con ella los acuerdos de colaboración que procedan en aras del bien común y para respetar las creencias de esa mayoría de españoles. Y añade, con mucho sentido, que también se colaborará con aquellas otras realidades o comunidades eclesiales, en la medida en que representen el sentir, las creencias de los españoles. Lógicamente, si el ochenta por ciento de los españoles se declararan a si mismos como budistas, el Estado tendría el deber de establecer unos convenios, unos acuerdos de colaboración con la institución que representara a los budistas. Aprovecho para decir que en el año 1992, se firmaron convenios de colaboración, que están vigentes, del Gobierno con las instituciones representativas de los judíos, de los musulmanes y de los evangelistas en España, que no tienen rango de tratado internacional, por que como la Iglesia Católica tiene un Estado, que es la Ciudad del Vaticano, los acuerdos que se firmaron con ella tienen rango de tratado internacional, de Estado a Estado. Por el contrario, esas otras realidades religiosas no tienen una institución que les represente de esa misma manera y por lo tanto, no se pude suscribir unos acuerdos con nivel de tratado internacional. Son convenios establecidos de acuerdo con lo que dice la Constitución, entre el Gobierno –en este caso, el Ministerio de Justicia-, y unas instituciones que representan a esas religiones y a esos creyentes.

Llegamos así a la España de 1979. O mejor dicho, llegamos a la España de la muerte de Franco. Durante el mandato de Franco se estableció un Régimen que ha sido denominado como Nacional-catolicismo, es decir, la religión oficial era el catolicismo y no había libertad religiosa, es decir, no había libertad de culto, ninguna persona que profesara otra religión que no fuera la oficial, la católica, podía libremente ejercer ese culto ni, por supuesto, las iglesias o comunidades eclesiales correspondientes. Eso se mantuvo así hasta que el Concilio Vaticano II transforma profundamente, en este ámbito, a la Iglesia Católica. El Concilio aprueba unas disposiciones por las que exige que haya libertad religiosa. Dicho de otra manera: la fe no se puede imponer.

Piénsese que para una España, como la España de Franco, donde no había libertad religiosa, evidentemente eso significó un trauma profundo. La ley de libertad religiosa de España es de 1967. Hay que pensar que el Concilio Vaticano II ha acabado en 1965 y en 1967, en España se produjo un debate muy profundo porque, aceptar por ley la libertad religiosa era, en la época, socavar los fundamentos del Régimen.

Los ocho años que restan hasta la muerte de Franco en 1975 son unos años muy convulsos. El Concordato de 1953 que regulaba las relaciones entre el Estado Español y la Santa Sede ya no sirve a partir del año 67, porque ese Concordato esteba basado en la no existencia de libertad religiosa, es decir, España era un régimen en el que la confesión oficial era la Católica y no había libertad de culto público para las otras creencias religiosas. Por eso, la ley de libertad religiosa aprobada va en contra de lo pactado en el Concordato, contra su letra y contra su espíritu y aunque a la muerte de Franco este siguió vigente en su literalidad, en su formalidad, en su espíritu está absolutamente tocado de muerte.

Se inicia el debate de la Constitución. Y los constituyentes españoles tenían muy presente todo este desarrollo histórico. Ahora, cuando con ocasión de la “memoria histórica” se ha debatido tanto sobre estos temas, en mi opinión se ha hecho una gran injusticia con los Ponentes constitucionales, con todos, de todo el arco parlamentario español. Estaba el Partido Comunista de España, estaban los nacionalistas catalanes que a su vez representaban a los vascos y, por supuesto, UCD, AP y PSOE. Y ellos tenían muy presente la Historia de España y sabían que en España nos habíamos pasado, tirándonos las Constituciones unos a otros, a lo largo de los dos últimos siglos. Cuando tenía el poder una parte de España le imponía a la otra su Constitución, el famoso “trágala”. Y cuando cambiaban las tornas y tenía el poder la otra parte, el “trágala” era para la otra. Y nos habíamos pasado así una gran parte de nuestra Historia. Y los Ponentes constitucionales sabían que no podíamos seguir así.

También sabían que esas Constituciones y esas alternancias dramáticas y bruscas desde 1812, tenían como causa de esa discordia tres cuestiones. La primera era la cuestión religiosa: era tan indisociable de la Historia de España la Iglesia Católica, la propia Historia de la Iglesia y la Historia de España se entrelazaban de tal manera, que la regulación de esas dos realidades si no se llevaba a cabo de una manera muy cuidadosa, traería muchos problemas. Y por eso se decía que los españoles estaban siempre detrás de los curas, o con los cirios en las procesiones o con la escopeta para cazarlos.

Se trataba, por tanto, de conseguir un término medio –pues se dice que en el centro está la virtud-. Por lo tanto, se trató de hacer una regulación de las relaciones Iglesia – Estado que tuviera el consenso suficiente como para pensar que iban a ser pacíficas esas relaciones. Como decía, había dos cuestiones más: la cuestión territorial del Estado y –hasta entonces, ahora ya no-, la cuestión militar, que entonces era un poder autónomo y ahora ya no lo es.

Por lo tanto, los constituyentes, que tenían muy presente la historia de España, lo que hicieron no fue olvidarla o desconocerla, sino, por el contrario, tenerla tan presente que procuraron que no se repitiera en lo que de negativo tenía. Y por eso hicieron una Constitución que no era la Constitución de una parte de España sobre la otra, sino que fuera la Constitución del consenso, de la concordia, la Constitución de todos y para todos, de tal manera que nadie pudiera considerar que esa Constitución fura suya, que no satisficiera al cine por cien a nadie para que, en esa medida, todos pudieran considerarla suya. Y esa fue la Constitución de 1978.

Y la regulación de las relaciones Iglesia – Estado, fue una de las cuestiones a las que más tiempo se dedicó. Y los Acuerdos Iglesia – Estado que formalmente son la expresión jurídico-constitucional de esas relaciones, son de fecha tres de enero de 1979. La Constitución fue sancionada el veintisiete de diciembre de 1978. Por lo tanto, es evidente que se fue negociando la Constitución y, en paralelo, -en otros ámbitos pero con íntima conexión-, los Acuerdos Iglesia – Estado. De tal forma que en la Constitución se recogiera, de distinta manera porque es un texto constitucional, pero con ese espíritu y ese modelo de relación, lo que en los Acuerdos se iba negociando. Y así surgió, básicamente, el artículo 16 de la Constitución y en el ámbito educativo el artículo 27. Es sabido que la regulación de la educación en las relaciones Iglesia – Estado es un tema nuclear, porque al final, la cadena de transmisión de la fe es la familia y es la escuela, por lo tanto siempre esos dos ámbitos han sido los que más conflictos han planteado en estas relaciones.

Se aprueba, por tanto, la Constitución y esos Acuerdos, básicamente, ya han sido sancionados por el pueblo español en referéndum, y así ya se pueden firmar los Acuerdos, como se hace el tres de enero de 1979. Por tanto, no son Acuerdos preconstitucionales, son postconstitucionales, si bien por una semana, pero eso basta.

Como estos Acuerdos tienen rango de Tratado Internacional, según la Constitución, tienen que ser ratificados por las Cortes y así se hizo, tras el correspondiente debate en el Congreso de los Diputados.

Formalmente no son Concordato, que pasa por ser, desde el punto de vista de jerarquía jurídica constitucional, el máximo nivel en el ámbito de las regulaciones jurídicas entre un Estado y la Iglesia, la Santa Sede. Pero debo decir que, los cuatro Acuerdos, si los consideramos como una unidad en la práctica, son un Concordato. Y, de hecho, esos cuatro Acuerdos sustituyen al hasta entonces vigente Concordato de 1953.

Esos Acuerdos versan sobre cuatro ámbitos: jurídico (que garantiza a la Iglesia la libertad de culto, dota de personalidad jurídica a las órdenes, congregaciones religiosas, etc.). Otro Acuerdo sobre asuntos educativos y culturales y hay que decir que este apartado sobre educación ha sido el más convulso en su aplicación en estos treinta años porque aquí se garantiza el derecho a que los padres decidan la educación religiosa y moral de sus hijos según sus propias convicciones y establece que, tanto en los centros públicos como en los privados, será de oferta obligatoria y de aceptación voluntaria, la enseñanza de la religión, que tendrá valor académico equiparable a las materias fundamentales. Eso es lo que dice el Acuerdo en materia educativa. Desde el punto de vista de la Iglesia, el espíritu de los Acuerdos en materia educativa no ha llegado a verse aplicado nunca en estos treinta años porque la Ley de Calidad de la Educación que aprobó el Gobierno del Partido Popular no llegó a ponerse en vigor porque en las elecciones del 2004, con el triunfo del Partido Socialista, se impidió su aplicación. Y la ley vigente, la LOE lo que ha creado es la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Fruto del Acuerdo en materia cultural es, por ejemplo, el Plan de Catedrales o los Planes de Monasterios por medio de los cuales se ayuda a la Iglesia a restaurar y mantener el patrimonio histórico – artístico extraordinario.

El Acuerdo económico establece las relaciones económicas de cooperación, de ayuda, del Estado a la Iglesia Católica. El famoso, hasta ahora, 0,52 del IRPF y ahora el 0,7 se regula en este Acuerdo.

Y un último acuerdo que regula la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Hoy que tenemos un ejército profesional, eso es menos visible, pero en la época del 79 no había ejército profesional, había que hacer la mili, que en España tenía un efecto territorial muy potente, en cuanto a número de efectivos y el Vicariato Castrense era muy importante. Hoy estos acuerdos siguen siendo los mismos, sigue existiendo el Vicariato Castrense y sus capellanes, y lo que permite es garantizar la asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas que lo deseen. Hoy que hay muchas misiones en el exterior, esto se entiende de manera especial.

En estos treinta años, los Acuerdos han sido un marco. Y dentro de un marco cabe una pintura modernista, cabe una pintura renacentista, pero lo importante es no salirse del marco. Que duda cabe de que hay Gobiernos que, a juicio de la otra parte, a juicio de la Iglesia, que es la otra parte contratante, los han respetado o han dotado de contenido con más fidelidad al espíritu y a la letra de los Acuerdos, pero lo importante es que ese marco no se ha tocado. Y lo importante es que, a pesar de los pesares, no hay voluntad política de modificarlos. Puedo decirles que es bastante frecuente, también en esta Legislatura, que se planteen iniciativas por algunos Grupos Parlamentarios minoritarios relativas a la derogación o a la modificación de los Acuerdos y el noventa y ocho por ciento del Congreso de los Diputados –también del Senado, en su caso-, se manifiesta contrario a la modificación de los Acuerdos. Es decir, con independencia de las opciones políticas, de las creencias, etc., hay un común denominador, hay un consenso básico en España actualmente de que esos Acuerdos han funcionado bien y conviene no tocarlos porque cuando las relaciones entre la Iglesia y el Estado no funcionan bien, en España las cosas se complican. Si lo que pretendemos todos es el bien común, vivir en paz, en libertad, con mayor calidad de vida, etc., procuremos ser prudentes, que es una virtud que ha de adornar siempre al político en el ejercicio de sus funciones.

Pleno del Congreso de los Diputados, 21 abril 2009

2009-04-24T13:19:00.004+02:00

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO APROBAR PARA HACER EFECTIVA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE
LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas que han sido presentadas,
en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente,
señorías, decía el señor Llamazares que para su grupo
parlamentario, para su fuerza política, esta Ley de la
Memoria Histórica es un punto de partida y un punto
de llegada para conseguir que se reconozca el derecho
a la verdad, el derecho a la memoria democrática, y
para la creación, entre otras cosas, de un marco institucional
en el que se puedan desarrollar políticas
públicas de apoyo a la memoria democrática. Dense
cuenta cómo hemos pasado de la memoria histórica,
que ya era un concepto jurídico indeterminado —la
memoria siempre hace referencia al pasado, la historia
también; o es redundante o es contradictorio—, a la
memoria democrática. Tuve ocasión durante el debate
de la ley de decirle a don Joan Herrera que cuando uno
oye hablar de memoria democrática es cuando uno oye
hablar de ingeniería financiera o de ingeniería social.
¿Quién determina que la memoria es democrática?
¿Ustedes? Yo le dije entonces y reitero hoy que hay
determinados conceptos que suenan a ponencia política del Partido Comunista de la China, pero no de la
China actual, de la China de la época de la revolución
cultural. Estamos en el año 2009… (El señor
Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se
perciben.) Sí, señor Llamazares, estamos en el
año 2009 y, si usted sale a la calle, seguramente se dará
cuenta de que esa amplísima demanda social a la que
hacía referencia de las organizaciones defensoras de
la memoria histórica y de la memoria democrática
tiene su razón de ser, claro, pero seguramente no sintoniza
con las preocupaciones de la mayoría de los
ciudadanos, que están hoy preocupados por si sus
pensiones van a estar garantizadas después de las discrepancias
existentes entre el gobernador del Banco
de España y las autoridades del Gobierno, o si su
empleo lo van a poder mantener a la vista de las situaciones
que un día sí y otro también van saliendo con
relación a la crisis que estamos viviendo, y ustedes
están en lo que están, en reescribir la historia. Yo creo
que tiene una cierta coherencia que ustedes, dicho con
todo el respeto, reivindiquen —en todo caso pueden
reivindicar lo que quieran, faltaría más— estas cosas.
Tiene menos sentido que el Gobierno, que debería estar
en formar parte de las soluciones a los problemas y
preocupaciones de los españoles, esté en crearles más
problemas y más preocupaciones.
Le decía que las asociaciones defensoras de la
memoria histórica y la memoria democrática —y a eso
atiende la enmienda que mi grupo ha presentado—
tienen sus motivos, y esta ley tiene trampa. El artículo
11.1 de esta ley —y les cito literalmente— dice:
Las administraciones públicas, en el marco de sus
competencias, facilitarán a los descendientes directos
de las víctimas que así lo soliciten las actividades de
indagación, localización e identificación de las personas
desaparecidas violentamente durante la guerra
civil o la represión posterior. Lo previsto en el párrafo
anterior, lo que acabamos de decir, el reconocimiento
de ayuda para los descendientes directos de las víctimas,
se hace extensivo a las entidades que incluyan
el desarrollo de tales actividades entre sus fines, pero
eso sí, señor Llamazares, las constituidas antes del 1
de junio de 2004, es decir, las constituidas tres años y
medio antes de la entrada en vigor de la ley. ¿Qué le
parece? Eso es magistral. Normalmente, los efectos de
las leyes empiezan a operar a partir de la aplicación de
las leyes, cuando esas leyes generan unos derechos,
unas expectativas y, a partir de ahí, se dice: Se abre el
registro, se consideran entidades que incluyan entre
sus fines el desarrollo de las actividades que están
contempladas en esta ley y se establece un plazo
máximo, a los efectos de una cierta seguridad jurídica,
para inscribirse en el registro. Lo que no se había
hecho nunca —debe ser por lo de la memoria histórica—
es que la ley tuviera efectos retroactivos. Solo
están legitimadas para realizar estas actividades y
obtener esas ayudas las entidades que estuvieran constituidas
tres años y medio antes de la entrada en vigor de la ley. Creo que eso ya violenta no solo el ordenamiento
jurídico sino el sentido común. El sentido de
nuestra enmienda es modificar este apartado 1 de este
artículo 11 en el sentido de eliminar esta restricción y
que se establezca un plazo, a partir de ahora, en el que
las entidades, las asociaciones, las organizaciones que
lo deseen puedan empezar a actuar y que tengan también
la garantía del acceso a esas subvenciones y a esas
ayudas. Porque, si no, pasan casos concretos como el
lamentable de la familia de Federico García Lorca, que
no estaba por la labor de esa exhumación, pero había
unas asociaciones —porque viven de eso, vamos a
decirlo claramente, porque, si no, no tienen las
ayudas— que sí lo querían, y había un conflicto entre
lo que quería la familia y lo que querían unas entidades
constituidas con esa finalidad. Yo supongo que ustedes
quieren de verdad que se haga justicia y que las personas
que tengan a sus familiares en paradero desconocido
y hubieran padecido violencia o persecución
con ocasión o por consecuencia de la guerra civil,
puedan tener todas las facilidades para poder resolver
ese problema, para que se les ayude, es una cuestión
incluso, si cabe, humanitaria. Por tanto, confió en que
ustedes aprobarán la enmienda que nosotros presentamos.
En caso contrario, tendremos que pensar, como
no se lo oculto que pensamos, que esta malhadada Ley
de Memoria Histórica no pretende lo que presuntamente
se dice, sino que lo que pretende es reescribir
la historia; y donde antes había unos buenos y unos
malos, haya unos malos y unos buenos. Esto es desandar
el camino de la transición y es deshacer el espíritu,
incluso la letra, del pacto constitucional. Ustedes,
Izquierda Unida, que no el Partido Comunista, no
estuvieron en el pacto constitucional; no están con esta
posición en el pacto constitucional. Sí lo estuvo el
Partido Comunista, como lo estuvo en el año 1956,
cincuenta años después de la declaración del comienzo
de la guerra civil en el manifiesto que firmó el Partido
Comunista de España por la reconciliación nacional.
Todo eso se lo dije al señor Herrera en los debates en
la Comisión Constitucional, pero ya sé que esto para
ustedes es agua pasada. En todo caso, señorías, para
mi grupo parlamentario la mejor ley de memoria histórica,
la mejor ley de partida y de llegada es la Constitución
española.
Termino. La Constitución española, la Constitución del consenso, de
la reconciliación, en el espíritu y en la letra, y desde ella
nos encontrará para cuantas leyes de reconciliación
quiera; para esta ley, no. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

Comisión Constitucional. Congreso de los Diputados. 11 de marzo de 2009

2009-03-17T16:22:00.003+01:00

PROPOSICIONES NO DE LEY POR LA QUE SE IMPULSA LA COMPENSACIÓN A LOS PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DE MONEDA REPUBLICANA EN LA ÉPOCA FRANQUISTA (Convergència i Unió)

El señor PRESIDENTE (Alfonso Guerra): En nombre del Grupo Parlamentario
Popular don Jorge Fernández Díaz tiene la
palabra.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Nuestro grupo, como
es sabido, manifestó un entusiasmo descriptible por la
Ley de Memoria Histórica, pero es evidente que en dicha
ley votó a favor de los artículos 5 a 9 inclusive, es decir,
de aquellos que eran acordes con el espíritu de la transición
y del Pacto constitucional, de los que de verdad
cumplían con el espíritu y la literalidad del título oficial
de la ley, pero no de aquellas otras cosas que llevaba la
ley y que no iban en la línea de remover obstáculos o
resolver situaciones de objetiva injusticia que estuvieran
padeciendo personas o entidades como consecuencia de
la guerra civil, de la posguerra y del franquismo.
Escuchando al señor Xuclà, al señor Tardà y a la
señora Oramas, quiero aclarar una cosa.

He empezado diciendo que tenemos el beneficio de la duda en cuanto
a que, habiendo criticado duramente la Ley de Memoria
Histórica, no consideramos justo trasladar desde esta
Cámara a la sociedad española la idea de que la Cámara
protege a los partidos y a los sindicatos, pero no a los
particulares. No es así. Desde el comienzo de la transición,
en España se han dictado 22 normas de distinta
jerarquía normativa —resoluciones, órdenes ministeriales,
leyes, decretos, decretos-leyes—, que han ido en
la línea de reparar esas injusticias que se produjeron con
ocasión de la guerra civil y después de ella. Hemos hecho
una memoria económica del montante de esas 22 normas;
una memoria económica bastante seria, a la que aludí
con ocasión de los debates de la Ley de Memoria Histórica.

El montante de esas ayudas se eleva a 16.000
millones de euros y hay un total de 570.000 personas
beneficiadas con el conjunto de esas disposiciones. Lo
digo en honor a la verdad. Por eso empecé afirmando
que, no siendo dudosos en cuanto al entusiasmo que nos
merece la Ley de Memoria Histórica, pongamos las
cosas en su sitio, porque si no alguien podría decir: Oiga,
¿qué hace este Congreso de los Diputados? Si se trata
de proteger a los sindicatos, muy bien; si se trata de
proteger a los partidos políticos, muy bien, pero si se
trata de los particulares, no. Eso no es así y no es justo.
Puedo citar algunas leyes, como la Ley 5/1979, de 18 de
septiembre, que reconoce pensiones, asistencia médica
y asistencia social a viudas, hijos y familiares de españoles
fallecidos en la guerra civil; la Ley 35/1980, de 26
de junio, que reconoce los derechos sociales de los mutilados
de la República; la Ley 4/1990, de 29 junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990, cuya
disposición adicional 18ª estableció una indemnización
a favor de quienes sufrieron prisión en establecimientos
penitenciarios durante tres o más años como consecuencia
de los supuestos contemplados en la citada Ley
de Amnistía y tuvieran cumplida la edad de 65 años el 31
de diciembre de 1990... Podría citar muchísimas, hasta 22
y —repito— hay 570.000 personas físicas beneficiadas,
no 570.000 sindicatos ni partidos políticos. Pongamos
las cosas en su sitio.

Dicho esto y habiendo quedado claro lo anterior, paso
a la cuestión nuclear de la proposición no de ley del
Grupo de Convergència i Unió, del diputado, señor
Xuclà. A mí me parece que cada día tiene su afán y la
oportunidad en política es muy importante. Esta es una
iniciativa que debía tener asiento en la Ley de Memoria
Histórica. Quiero recordar que el proyecto de ley de
memoria histórica que presentó el Gobierno al Congreso
de los Diputados la legislatura pasada no preveía la
posibilidad de restitución de bienes incautados ni a personas
jurídicas ni a personas físicas. Es verdad. Tanto el
Grupo Parlamentario de Esquerra como el de Izquierda
Unida presentaron enmiendas en ese sentido; a mí no me
consta la de Convergència i Unió. En sede parlamentaria,
el Grupo Parlamentario Socialista pactó con el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida un proyecto de ley
muy distinto del originario del Gobierno, que motivó que
en esta Comisión y en el Pleno el señor Herrera dijera
—y creo que lo decía con propiedad— que ese proyecto
de ley de memoria histórica se había convertido en su
proyecto. Yo tuve ocasión de decirle: Señor Herrera, se
ha convertido en su proyecto teniendo su grupo parlamentario
cinco diputados, y no tiene nada que ver con
nuestro grupo parlamentario, teniendo 148 diputados.

Ese es el consenso alcanzado en esta Cámara. ¡Oh casualidad!
A continuación, Izquierda Unida, que había asumido
plenamente su proyecto, aceptó que en ese proyecto
no estuvieran sus enmiendas relativas a la
posibilidad de que fueran compensadas las incautaciones
a particulares. Por tanto, que cada palo aguante su
vela.

Nosotros hemos intentado ser coherentes desde el
principio. Votamos, como he dicho, el contenido de la
ley, como lo habíamos hecho en esas 22 normas que se
dictaron con gobiernos del Partido Socialista y con
gobiernos del Partido Popular. Estando en el Gobierno
o en la oposición, siempre las votamos a favor y votamos
también los artículos 5 a 9 inclusive de la Ley de
Memoria Histórica. Ahora bien, repito, cada día tiene su
afán y los criterios de oportunidad en política son importantes.
Una vez que la Ley de Memoria Histórica ha sido
aprobada, en la percha de esa ley han de tener acogida,
con el correspondiente desarrollo reglamentario, cuantas
iniciativas, reclamaciones y demandas estén dentro del
ámbito de aplicación de esa ley. Las cuestiones que aquí
estamos planteando no aparecen en la ley y empezamos
a abrir este proceso.

Cuando hablamos de razón de oportunidad
—se ha referido a ello el señor Xuclà—, es
verdad. Estamos en un momento de una especial crisis
financiera y económica. Cada día engrosan la lista de
parados de nuestro país muchos ciudadanos españoles y
el déficit público está absolutamente desbocado. Sinceramente,
estamos hablando de una reclamación que en
los largos meses de tramitación de la Ley de Memoria
Histórica pudo haber tenido asiento en la ley. No lo tuvo
en ningún momento. No lo acogió así el Gobierno, no
lo acogió así el Grupo Parlamentario Socialista, no lo
acogió así el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, no lo acogió así el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, que apoyó la ley y
votó a su favor, y ahora reclaman esta posibilidad. Nosotros
no entramos en el fondo de la cuestión. No negamos
la legitimidad ni la justicia de esas peticiones, pero sinceramente
nos parece que no es el momento desde el
punto de vista económico y financiero ni legal.
Termino como comencé. Que no se transmita a la
opinión pública que este Congreso de los Diputados
atiende a los partidos y a los sindicatos, porque eso falta
a la verdad radicalmente.

Lo que pasa es que como se ve con esta iniciativa y como se verá después con la de
revisión de juicios, la Ley de Memoria Histórica no
resolvió lo que pretendía resolver y, por el contrario, ha
reabierto conflictos y heridas que ya creíamos superados
en el espíritu de la transición y del pacto constitucional.

El País, 20 de diciembre de 2008

2009-01-07T10:16:00.001+01:00

MADRE MARAVILLAS

El monje Hilari Raguer ha publicado el pasado día 15 un muy amplio artículo en su periódico, con el título “El trasfondo de una lápida” donde afirma que “el esperpéntico proyecto de colocar en el edificio de las Cortes una placa en memoria de la Madre Maravillas se ha disuelto como azucarillos en agua”. Como humilde promotor de tan “esperpéntica” iniciativa, me permito hacer las siguientes precisiones.
1.- Como cuestión previa, no deja de ser llamativo que sea un monje católico quien se permita calificar así una decisión claramente respetuosa del hecho religioso y que la Mesa del Congreso de los Diputados adoptó con el voto unánime de todos su integrantes presentes y pertenecientes a la práctica totalidad del arco parlamentario español –PSOE, PP, CiU, PNV-.
2.- El acuerdo ni tenía ni tiene ningún “trasfondo”. A veces, don Hilari, le buscamos tres pies al gato cuando sencillamente tiene cuatro. Quiero decir, que mi propuesta y la decisión de la Mesa no tiene otro pretensión si no hacer “normal en el Congreso lo que es normal a nivel de calle”: las calles de Madrid y la práctica totalidad de las calles del mundo están llenas de placas que evocan un sencillo hecho histórico biográfico, como el de recordar que entre los muros de un determinado edificio nació, vivió o murió un personaje que por diversas circunstancias alcanzó notoriedad pública.
3.- Este hecho, en concreto el de nacer, en un edificio hoy dependencia del Congreso de los Diputados, se dio en una persona, María Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, que al convertirse, el año 2003, en Santa Maravillas de Jesús, alcanzó notoriedad pública. La Constitución prohíbe expresamente cualquier discriminación por creencias religiosas. Resulta sorprendente por radicalmente inconstitucional, que una mujer cuya relevancia pública se derive directamente de su fe religiosa se la discrimine por este hecho.
4.- No es mi pretensión hoy debatir con don Hilari sobre historia de la Iglesia y de la Guerra Civil española, simplemente quiero confiar en que sus estudios sean más solventes que los que se derivan de ese artículo lleno de flagrantes inexactitudes y errores de bulto con relación a la vida de Madre Maravillas.
5.- Sólo me permito una reflexión final en voz alta: ¿Cómo se explica el autor que esta monja, según él, tan aislada y tan desobediente al Concilio Vaticano II, sea considerada, en tanto que fundadora, como la Santa Teresa de Jesús del siglo XX, como reiteradamente consta en sus procesos de beatificación y canonización, y haya merecido ser considerada Santa por la Iglesia Católica?

Jorge Fernández Díaz
Diputado por Barcelona
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Pleno del Congreso de los Diputados, 25 noviembre 2008

2008-11-27T11:57:00.002+01:00

PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDAINICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS, DE
RECONOCIMIENTO DE TODAS LAS VÍCTIMAS
DE LA DICTADURA Y DE RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA HISTÓRICA.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Cuando leí la iniciativa del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana vi que solo me quedaban dos
actitudes, señor Tardà, o tomármela en serio o tomármela
en broma; no había término medio, o muy en serio o muy
en broma, y realmente, como ven, al haber pedido el
turno en contra, decidí con mi grupo tomármela en serio,
porque los tiempos no están para la sociedad española
para bromas macabras y pesadas como las que se concretan
en la iniciativa que ustedes han presentado y que
usted ahora desde esta tribuna ha defendido. Digo en
broma, porque la técnica legislativa, desde el punto de
vista jurídico, de su proposición de ley no se sostiene en
absoluto. No llega ni a becario de curso de posgrado en
una facultad de Derecho, con todos los respetos. Porque,
claro, en una iniciativa legislativa hay que distinguir
entre lo que es una norma jurídica, lo que es el contenido
positivo o material de la norma jurídica y lo que es un
discurso político valorativo. Bien, para hacer un mitin
político de Esquerra Republicana puede estar muy bien
lo que usted ha dicho hoy aquí, pero para defenderlo
como una proposición de ley cuya admisión a trámite
hoy vamos a debatir y votar, sinceramente no se sostiene.
No se sostiene que ustedes pretendan, señor Tardà, en el
artículo primero de la proposición de ley, apartado d),
como texto legal que se reconozca la II República como
un Estado democrático y de derecho. Se necesita una ley
para reconocer o no reconocer eso. Pero además va más
allá, que por ley se afirme que la Monarquía parlamentaria
constitucional española actual tiene como precursora
la II República. Eso quiere usted que lo digamos
por ley, ese absoluto disparate. Eso no se puede decir
seriamente, ni siquiera —perdone— en un mitin de
Esquerra Republicana de Cataluña.
Cuando usted ha hablado de secuestros mentales ha
criticado a los protagonistas de la transición por la transición
misma y por su culminación que fue el pacto
constitucional, la Constitución de la concordia, del consenso,
la Constitución de 1978, y les ha dicho que ahora
hay una generación que, a diferencia de aquellos constituyentes,
no tienen necesidad de tener secuestros mentales
ni las debilidades que los constituyentes dijeron, y
no sé si usted hace un ejercicio de injusticia o un ejercicio
de ignorancia, porque los constituyentes no tenían
que olvidar nada, salvo el pasado en lo que tenía de
negativo, todo el pasado de toda nuestra historia, no solo
el franquismo, la II República, se lo repito, la II República,
y toda la historia del constitucionalismo de casi
todo el siglo XIX español. Querían aprender de ese
pasado colectivo para no volverlo a reproducir y para
que la Constitución en cada momento histórico no fuera
el resultado de la correlación de fuerzas que en ese
momento histórico había en España, de tal manera que
el trágala o el espadón de turno impusiera su Constitución
cuando estuviera dominando la situación y llevara
al secuestro de verdad a los que entonces habían pasado
a vivir peor suerte que cuando disfrutaban de otra mejor
en el momento de aprobar o de imponer su Constitución.
Todo eso tuvieron presente los constituyentes, señor
Tardà, y actuaron con altura de miras y con generosidad
y con mucha responsabilidad. Toda la altura de miras
que a ustedes les faltó y les sigue faltando, toda la generosidad
que a ustedes les faltó entonces y les sigue faltando,
a ellos les sobró. Ustedes, Esquerra Republicana,
que fueron en coalición en el año 1977 con el Partido
del Trabajo de España, y el señor don Heribert Barrera
fue el diputado, ¡ya ven qué coalición, el Partido del
Trabajo de España que era marxista-leninista en el
año 1977!, fueron los votos que a ustedes les dieron su
escaño en las constituyentes, y ustedes no estuvieron en
el consenso constitucional. Lo malo es que treinta años
después siguen sin estar en el consenso constitucional.
Bien, hasta ahí podría pasar, pero es que lo que pretende
el señor Tardà es que los que estuvimos en el consenso
constitucional y en la transición pidamos perdón,
digamos que lo hicimos mal e intentemos volver a las
andadas. ¡Hombre, para ser ustedes tan pocos nos exigen
demasiado a tantos como somos los que estuvimos y
estamos en el pacto constitucional! (Aplausos.)
Me tocó debatir con S.S. la llamada Ley de Memoria
Histórica —que ya sé que no se llama así pero por más
que quieran los señores socialistas para España se llama
así, Ley de Memoria Histórica— y de aquellos vientos
vienen estas tempestades. Porque un grupo como el de
ustedes —al que respeto y sabe que de manera especial
a las personas—, muy marginal en la política española,
muy excéntrico en la política española —quiero decir
muy alejado de la centralidad—, que no estuvo en el
consenso constitucional, que sigue estando fuera de la
centralidad y del consenso constitucional, que haga y
diga estas cosas, hasta cierto punto forma parte del
guión. Ahí estaría la lógica en la que me hubiera situado
si me lo hubiera tomado en broma —esa posición que le
comenté al principio—, me lo podría tomar en broma
porque son cosas del amigo Joan Tardà y de Esquerra
Republicana de Catalunya. Pero estos señores tienen
mucha responsabilidad política de esto porque gobiernan
con ustedes en Cataluña y porque la Ley de Memoria
Histórica la impulsaron ellos y ahora tenemos la situación
que tenemos, porque, para poder garantizar a los
familiares de los desaparecidos un derecho que en ningún
momento hemos cuestionado y que entendemos que lo
tienen y que hay que garantizárselo y reconocérselo, que
es el de poder acceder a saber dónde están los familiares
desaparecidos, no hacía falta esta ley. Con un Congreso
con mayoría absoluta del Partido Popular, el de la legislatura
2000-2004, el 20 de noviembre del año 2002 —
dese cuenta de la fecha, que no fue casual— la Comisión
Constitucional de esta Cámara aprobó por unanimidad
una resolución —que le recomiendo, señor Tardà, que
se la vuelva leer— donde se decía, entre otras cosas, que
las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas
competencias tenían que aprobar los respectivos
protocolos de exhumación para localizar a los desaparecidos;
y se mandataba a las administraciones públicas
para hacerlo. Fíjese que ha pasado un año desde la aprobación
de la Ley de Memoria Histórica y todavía esos
protocolos no existen, todavía los reglamentos de desarrollo
de la ley no existen y se dice que la ley se hace
para ampliar derechos de personas represaliadas en la
guerra civil o el franquismo. Oiga, ¿qué derechos se han
ampliado? Si para exhumar fosas al final el juez Garzón
ha tenido que hacer una causa general contra el franquismo
que ha acabado como ha acabado, cuando se ha
enterado que Franco murió hace 33 años (Aplausos.); si
ha tenido que ir por la vía penal porque por la vía administrativa
no podía progresar porque el Gobierno todavía
no ha hecho sus deberes; si lo que ha hecho ha sido
generar una polémica en España, en donde nos pasamos
el día hablando de fosas, de exhumación de cadáveres,
de víctimas, de criminales y de asesinos, cuando el problema
que había se solucionaba con una norma reglamentaria,
si había voluntad política para hacerlo, en lugar
de reescribir la memoria histórica y decir que donde
durante cuarenta años había unos buenos y unos malos,
ahora es al revés, ahora los buenos son los malos y los
malos son los buenos, que eso es lo que pretende la
memoria histórica, no nos engañemos. Miren, señorías,
lo que está pasando, se lo voy a explicar a algunos que,
a lo mejor, todavía no lo saben. La Ley de Memoria
Histórica ha hecho una cosa que jurídicamente es aberrante
y políticamente es lamentable, y es que dice que
quedan legitimadas para iniciar los procesos de localización
y exhumación de fosas de desaparecidos unas
asociaciones. Lo normal sería que dijera, por ejemplo:
las asociaciones que se constituyan desde la entrada a
vigor de la ley hasta el plazo de tantos meses. No, lo
aplica con efecto retroactivo y dice que las únicas asociaciones
legitimadas, a efectos de iniciar e incoar esos
procesos, son las constituidas antes del 1 de junio del
año 2004, es decir, tres años y medio antes de la aprobación
de la ley. ¿Qué le parece eso? Y a continuación
dice, evidentemente, que las administraciones públicas,
en el ámbito de sus competencias, otorgarán subvenciones
en las universidades a proyectos de investigación
para esas asociaciones que estén en eso. Eso es lo que
está pasando. Es que hay asociaciones que ahora se
querrían constituir, porque desaparecidos también hay
en muchos sitios; por ejemplo, sería muy interesante
saber dónde está Andreu Nin, ¿verdad?, que no lo mató
Franco, creo yo. Hay otros muchos que sus familiares
les gustaría averiguar dónde están y qué paso. Pero esas
asociaciones no están legitimadas porque no se constituyeron
antes del 1 de junio de 2004. Ni siquiera ahora,
cuando se ha aprobado la ley, si se constituyen les da
legitimación activa la ley. ¿Qué le parece? Y no pueden
acceder a subvenciones públicas con esta finalidad. Esto
es lo que ha hecho la Ley de Memoria Histórica; todos
somos mayorcitos para saber lo que es esta Ley de
Memoria Histórica. Los señores socialistas que han
hecho esto son los responsables políticos de que después
vengan ustedes creando este clima y estas peticiones en
el Congreso de los Diputados.
Señoría, ha dicho usted tantas cosas y tantas barbaridades,
que no sé por dónde comenzar; simplemente le
voy a decir algunas. Como usted pretende con esta ley
que se afirme que la II República es la precursora de la
Monarquía parlamentaria constitucional actual, le digo
que eso no sé si este Congreso de los Diputados lo aprobará
por ley; lo que quiero decirle es que tiene el mismo
valor que si este Congreso dijera que dos y dos son seis,
es que es tan absurdo… Que diga además que la II República
es un modelo de respeto a los derechos humanos,
pero ¡qué me está usted diciendo! Si el 11 de mayo ya
estaban quemando conventos, expulsando a los jesuitas
y, algo tan actual como lo que ocurre ahora, retirando
crucifijos. (Aplausos.) El 13 de julio de 1936 —¿se lo
imagina usted ahora, con perdón?—, el jefe de la oposición
parlamentaria, señor Calvo Sotelo, era asesinado
por la policía del Estado (Aplausos.), pero es que eran
los guardaespaldas de un líder socialista. ¿Se imagina
usted que al jefe de la oposición parlamentaria de este
país lo asesinara —y perdóneme por decir eso, pero es
para entender que usted está diciendo que ese es un
modelo de régimen político— la policía del Estado? Y
no era franquista porque no había empezado el 18 de
julio, no le había dado tiempo a lo mejor, no lo era. Y si
la II República era un modelo, le pregunto señor Tardà,
¿por qué ustedes el 6 de octubre de 1934 dieron un golpe
de Estado revolucionario contra la II República? (Varios
señores diputados: ¡Muy bien! — Aplausos.) ¿Por qué
lo hicieron? Porque hubo miles de muertos en Asturias,
y muy poquitos en Cataluña, con ocasión de ese golpe
de Estado revolucionario. Claro, como la república en
aquel momento la gobernaba la CEDA y el Partido
Radical, la república era para los republicanos; era tan
demócrata, tan respetuosa de los derechos humanos, que
la república era, evidentemente, solo para ustedes, y
media España quedaba marginada. Usted dice que por
ley establezcamos que ese régimen político es un modelo
de respeto a los derechos humanos y que es el precursor
de la actual Constitución de 1978. ¿Pero usted se da
cuenta de la barbaridad que está diciendo? ¿Usted cree
que el pueblo español, que está representado aquí, se
merece que digamos esas barbaridades desde la tribuna,
cuando hay la crisis económica que hay y la gente está
padeciendo porque no llega a fin de mes? (Aplausos.)
¿Usted cree que podemos hacer esto? Viniendo por aquí
era por donde yo decía que me la podía tomar muy en
broma, pero, insisto, me ha parecido que era demasiado
serio no salir al paso de estas afirmaciones de una vez
por todas, porque el «Diario de Sesiones» de las Cortes
sigue lleno de iniciativas de ustedes en esta línea y, el
pueblo español, en estos momentos, créanme, necesita
confianza, necesita serenidad, necesita tranquilidad,
porque hay mucha preocupación en las familias españolas,
como ustedes saben o deberían saber; hay mucha
preocupación, demasiada, como para que en estos
momentos, en vez de aportarles un proyecto sugestivo
de futuro, les estemos aportando iniciativas como esta,
que no hacen más que ahondar en la división, en la discordia
entre los españoles y dividirnos entre buenos y
malos otra vez. Fíjese hasta qué punto llega el disparate
de su iniciativa, que dice que como los franquistas han
estado adoctrinando en un sentido durante muchos años,
ahora hay que adoctrinar en sentido contrario. Entonces
proponen, nada más y nada menos, la creación de un
consejo estatal de pedagogía de la memoria histórica,
porque como los franquistas han adoctrinado en relación
con la II República diciendo que eran muy malos, ahora,
fíjense ustedes, en una democracia constitucional liberal
del siglo XXI, que se cree un consejo estatal de pedagogía
de la memoria histórica, porque como aquello
estaba muy mal, vamos a hacer nosotros lo mismo, pero
en sentido contrario, que entonces estará muy bien. Esta
es su iniciativa. ¿Cree que se puede tomar en serio? He
dicho al principio, señoría, que ustedes no son los que
tienen más responsabilidad política, son los socialistas
los que han creado este clima con su malhadada Ley de
Memoria Histórica, (Aplausos.) que ni ha solucionado
lo que se pretendía solucionar y está creando el estado
de opinión en el que estas cosas se pueden producir.
Termino, señor presidente. Por si fuera poco todo lo
que he dicho, por si fuera poco, vuelven a pedir, nada
más y nada menos, que España pida perdón a Marruecos
porque en los años veinte masacramos a las tribus rifeñas
que han padecido durante generaciones mucho cáncer,
debido a los bombardeos que hicimos los españoles con
ocasión de las guerras de África en los años veinte, y por
supuesto que se pague la deuda histórica correspondiente.
Le voy a recordar una cosa, Estat Català y Acció
Catalana felicitaron a Abd el Krim cuando masacró
a 8.000 españoles en Annual. Por tanto, son ustedes
dignos herederos de ellos. A lo mejor deberían pedir
responsabilidades a Ufkir, ¿les suena, no?, preceptor de
Hassan II, que después le mató cuando conspiró contra
él en aquel golpe de Estado en el año 1970 ó 1971, y que
en el año 1958 o 1959 sí que bombardeó con napal
aquella zona de Marruecos. Pero yo no entro en eso. En
todo caso, si fuera poco todo lo que ha hecho, que usted
quiera que el Congreso de los Diputados pida perdón por
una supuesta masacre, por un supuesto genocidio a las
tribus rifeñas hace veinte años, cuando España solo tenía
un avión, el Farman Goliat, imputándole que pague y
que pida perdón por aquello, demuestra donde están
ustedes, ausentes del tiempo, ausentes de la realidad y
ausentes del sentido común, acompañando a estos
señores, por desgracia.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!— Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

La Razón, 20 noviembre 2008

2008-11-21T10:27:00.000+01:00

UNA PLACA EN EL CONGRESO

Desde hace una semana, en el Congreso de los Diputados se ha suscitado un debate absolutamente singular y que parece más propio del siglo XIX que del siglo XXI. Una monja carmelita, canonizada en la plaza de Colón el 4 de mayo de 2003, por Juan Pablo II en su último viaje a España, Santa Maravillas de Jesús, ha sido su protagonista.
Vayamos a los hechos. Esta Santa carmelita nació en la Carrera de San Jerónimo, en un edificio que desde hace dos años forma parte de la institución parlamentaria y se ubican en él las direcciones de los Grupos Parlamentarios. Se da la circunstancia, además, de que familiarmente está estrechísimamente relacionada con el Congreso ya que fueron Diputados tanto su padre, como su tío y sus abuelos, durante varias legislaturas, siendo, además, algunos de ellos incluso Presidentes de la Cámara.
Por otra parte, es costumbre muy extendida colocar una placa conmemorativa en los edificios en los cuales nacieron, residieron o fallecieron personajes ilustres o que, por diversas circunstancias, han alcanzado notoriedad pública. Sin ir más lejos, los alrededores del Congreso recogen muchos ejemplos de este tipo: basta pasear por sus calles para comprobarlo.
Dadas estas circunstancias de notoriedad pública en la persona de Santa Maravillas, propuse al Presidente de la Cámara la posibilidad de colocar en el vestíbulo de entrada del citado edificio, una sencilla placa conmemorativa del hecho histórico de su nacimiento en ese lugar. Los diversos miembros de la Mesa consultados al respecto -y con una única excepción-, estuvieron conformes con la propuesta, la cual fue oficialmente aprobada en reunión de la Mesa del Congreso del pasado 4 de noviembre. Lo cierto es que en el espíritu del acuerdo se incluía la necesidad de un amplio consenso entre los Grupos Parlamentarios, que se debería entender implícito ya en el acuerdo de la Mesa dada la vinculación de sus integrantes con los diferentes Grupos.
Sin embargo, la sorpresa, -y muy desagradable, por cierto-, estalló cuando tanto la dirección del PSOE como de su Grupo parlamentario, al conocer el acuerdo, expresaron su frontal rechazo al mismo alegando, nada más y nada menos, la vulneración de la aconfesionalidad del Estado e invocando que la política del PSOE es “eliminar progresivamente los símbolos religiosos del espacio público”.
A mi entender, aquí radica la gravedad de este asunto: la concepción que trasmite el partido del Gobierno sobre una cuestión tan sensible como es la de las relaciones de la Iglesia y el Estado y de la misma libertad religiosa, especialmente cuando afecta a los católicos. Lo digo porque creo que podemos estar bastante de acuerdo en que si se hubiera tratado de un personaje que hubiera alcanzado notoriedad pública por una creencia religiosa diferente no se hubiera planteado ningún problema, hay muchos ejemplos que se pueden invocar a estos efectos. El laicismo radical, el anticlericalismo decimonónico de que ha hecho gala el PSOE, hace aflorar unos tics que algunos podrían creer superados pero que, por desgracia, no lo están.
De esta forma, el debate acerca de la colocación o no de la placa evocadora del nacimiento de Santa Maravillas de Jesús, trasciende la singularidad del personaje para colocar el foco en un Partido Socialista que gobierna en España y que no ha hecho su aggiornamento, su puesta al día tras el Concilio Vaticano II, si se me permite la ironía.
Este Partido Socialista, en su rancio anticlericalismo, ve gigantes donde simplemente hay molinos. En una sencilla placa que pretendía recordar a una humilde carmelita ve un símbolo religioso que socava el sagrado principio de la aconfesionalidad que debe presidir el “espacio público institucional”, por decirlo con la misma expresión cursi empleada por los diferentes portavoces socialistas. Es el mismo Partido Socialista que se llena la boca hablando de modernidad, de igualdad, de no discriminación, de tolerancia, de talante… y que sin embargo, a la hora de la verdad, demuestra con hechos lo que por desgracia sigue siendo una preocupante realidad: su incapacidad para asumir que aconfesionalidad y laicidad quieren decir autonomía y separación de Iglesia y Estado, pero con cooperación entre ambos en orden a la consecución del bien común y de la consideración de la libertad religiosa como una de las libertades constitutivas de un Estado democrático. Un Partido que no ha tenido presente el principio de no discriminación por creencia religiosa establecido en el artículo 14 de la Constitución.
Estamos conmemorando el año Paulino, evocador del 2000 aniversario del nacimiento del Apóstol de las gentes, quien sembró las raíces cristianas de Europa, predicando lo que era “escándalo para los judíos y necedad para los gentiles”. Dos mil años después, nuestros socialistas, para nuestra desgracia, se siguen moviendo entre el escándalo y la necedad.

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Comisión Constitucional, 1 de octubre de 2008

2008-10-07T19:18:00.005+02:00

PROPOSICIÓN NO DE LEY DE MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA ACONFESIONALIDAD
DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA - IZQUIERDA UNIDA - INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández
Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Empiezo por decir
que lamentándolo mucho —porque sabe, de verdad, el
señor Tardà que pese a las diferencias notables de
carácter político e ideológico le tengo afecto y sé que
me corresponde— no voy a poder ser magnánimo. Y,
por tanto, atendiendo a lo que decía el señor presidente
de la Comisión, si depende de la unanimidad el que se
tramite esa enmienda in voce no va a tener el plácet de
mi grupo. Lo siento, señor Tardà, pero también hay que
trabajar; hay que hacer lo deberes para no tener que
presentar una enmienda in voce.

También tengo que decir, para no faltar a la verdad,
que en la medida en que la voluntad del señor Tardà
—expresada en su intervención— era mandatar,
mediante esa autoenmienda, desde la Comisión Constitucional
al Gobierno a presentar un proyecto de ley
para reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa,
si no le he entendido mal, estoy radicalmente en contra
de estos principios; mi grupo no los comparte. Quiero
aprovechar para decir que muchas de las cosas, o casi
todas las cosas, que ha dicho la señora Oramas yo las
comparto plenamente en su espíritu y en su literalidad.
Efectivamente, lo quiera reconocer o no el señor Tardà,
a veces se nos va la mano, porque leyendo las cosas
que dice es lo que ha dicho la señora Oramas y más.
Porque fíjese usted lo que dice, señor Tardà, no sé si
sus compañeros —como decía usted— socialistas, en
quienes confía —porque en nosotros, la derecha, aunque
estamos a su izquierda hoy, no— estarán de acuerdo
pero lo que dice la iniciativa literalmente es que los
miembros de instituciones públicas, en cuanto tales, no
pueden participar en ritos religiosos. O sea, hablando
en roman paladino, un diputado no puede ir a misa,
salvo que se establezca un control a la entrada de las
iglesias para decir: oiga, ¿usted viene como diputado
o como ciudadano? Resulta grotesco, pero es que eso
es lo que dice. Porque dice: los miembros de las instituciones
públicas, en cuanto tales… El Congreso de los
Diputados es una institución pública. Un servidor y
todos los que estamos aquí somos miembros de esta
institución pública, somos diputados; no podemos
participar en cuanto tales, es decir, en cuanto diputados,
en ritos religiosos. Por lo tanto, habrá que acreditarse
a la entrada de la iglesia, de la misa, que es un rito
religioso, por lo demás creo que bastante extendido y
tradicional en nuestro país. Si un diputado va el
domingo a misa —el que vaya— habrá que preguntarle:
¿viene como diputado o viene como ciudadano? Si
viene como diputado no puede entrar. Esto puede
parecer grotesco, pero es que lo dice la iniciativa.
Entonces, las cosas que ha dicho la señora Oramas las
ha dicho muy bien. Hay que leerse las cosas que se
dicen y pensar que se legisla para una sociedad concreta,
para unas personas concretas y para una realidad
concreta. Con toda cordialidad y con todo afecto, es
que hay algunas cosas… Pero ¿en qué país estamos?
En el siglo XXI estamos teniendo debates que no es
que sean decimonónicos, es que yo creo que pertenecen
a la época de las guerras de religión del siglo XVII,
sinceramente. Por favor, que estamos en los Estados
modernos, en los Estados liberales, donde la separación
entre Iglesia y Estado, entre la comunidad eclesiástica,
religiosa, y la comunidad civil, la comunidad política,
la laicidad, es un principio ya asumido por nuestra
civilización; es que no es discutible ni es discutida. Y
el principio de libertad religiosa es condición sine qua
non, entre otras cosas, por ejemplo, para ser miembro
de la Unión Europea. Todos sabemos que el problema
fundamental de Turquía, además de otros que tiene, es
que siendo un Estado laico, laicista, lo de la libertad
religiosa es más que discutible. Y ya no es un problema
de que la religión mayoritaria sea una o sea otra, es que
en todo caso tiene que haber libertad religiosa. Con
Estado confesional, al estilo de las monarquías nórdicas,
por ejemplo, la monarquía británica, en que la
Reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana
—más confesionalidad no se puede dar, pero hay
libertad religiosa—, o la República griega, que hoy es
una república evidentemente confesional porque la
Iglesia ortodoxa es oficial en Grecia, hay libertad religiosa.
Y tenemos la república laica por excelencia, la
República francesa, y el modelo de aconfesionalidad,
hoy diríamos casi laicidad positiva, aconfesionalidad
cooperativa, que es el definido por los constituyentes
en el año 1978. Todo en la vida es mejorable, pero no
se puede decir que el progreso es ir hacia el siglo XVII
o hacia el siglo XIX, sinceramente, ese es un progreso
muy peculiar, señor Tardà. Es como dirigirse a la
izquierda aludiendo a los que tiene a su derecha.
Al hilo de estas intervenciones, quiero recordar
(hoy está muy presente, quizás es porque usted decía
que es un debate de coyuntura, si no he entendido mal,
señor Tardà; la iniciativa está publicada en el Boletín
de las Cortes Generales del 27 de mayo, han pasado
cuatro meses, pero fíjese usted el debate que está
habiendo en el mundo, y hoy de manera muy profunda,
especialmente en el ámbito cultural y político
europeo, a raíz del concepto de laicidad positiva, que
ha puesto muy de actualidad el reciente viaje del Papa
a Francia) que en la República francesa, laica por
excelencia —paradigma desde la Revolución francesa,
la Ilustración y todo eso, de lo que seguramente usted
desea—, en la misa que el Papa celebró en la explanada
delante de los Inválidos, hace unos días, estaba
presente el primer ministro Fillon, el presidente de la
Asamblea Nacional, el presidente del Senado y cuatro
ministros del Gobierno de la República laica francesa.
Si quiere, seguimos. Cualquiera de los que están aquí
tiene experiencias personales similares, pero yo he
estado en el Senado de California y he visto cómo,
antes de abrir la sesión, se ha rezado una oración, y
hay demócratas, republicanos y demás. Aquí hacemos
planteamientos que creemos que son de progreso, que
son muy modernos, y son absolutamente trasnochados,
están superados. ¿Alguien se imagina en este país
trasladar estos principios, en su literalidad y en su
espíritu, a la realidad social española en estos
momentos? Ha dicho, por ejemplo, que los poderes
públicos no pueden discriminar positivamente, que es
cuando menos un concepto jurídico indeterminado.
¿Qué es discriminar positivamente? ¿Al 80 por ciento
de católicos, de ciudadanos españoles que, barómetro
tras barómetro en el CIS, se definen a sí mismos como
católicos? Un 1,5 por ciento se definen creyentes de
otras religiones, un 6 por ciento, ateos y un 11 por
ciento, agnósticos. Cada uno se define como quiere,
faltaría más; pero da la casualidad que en torno a
un 80 por ciento, mes tras mes, se definen católicos.
¿Qué es discriminar positivamente, tratar a ese 80 por
ciento como al 6 por ciento, como al 1,5 por ciento?
Expréseme qué es. Porque el principio democrático es
consustancial a un sistema democrático, y si hablamos
de medios públicos, algo tendrá que ver también el
principio democrático. Por tanto, tratemos estas cosas
con seriedad. Yo se lo ruego porque el tema es serio y
es importante.

Y cuando hablamos de neutralidad, también. Pero
en el contexto de la Constitución neutralidad no es
indiferencia, entre otras cosas porque dice aconfesional,
o sea, no confesional, pero con cooperación, porque ve
el hecho religioso como un hecho positivo y, en todo
caso, sometido a protección de los poderes públicos
porque forma parte ontológica de un derecho, una
libertad indisoluble de la dignidad de la persona
humana, que es su libertad de creencia, su libertad de
opinión, de pensamiento. A partir de ahí, ¿cómo vamos
a limitar eso, como lo vamos a considerar como una
manifestación negativa en su dimensión social, por
ejemplo? Los constituyentes, muy acertadamente,
entendieron que la dimensión social del hecho religioso
era una realidad, que el Estado como tal debía ser neutral
pero no indiferente, porque la neutralidad era la
garantía precisamente de que esa libertad religiosa y
esas creencias, las que fueren, o increencias, pudieran
manifestarse con absoluta libertad.

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, vaya
terminando.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Termino, señor
presidente.
Que luego esa cooperación se pueda concretar en
unos acuerdos, en un concordato o en lo que sea, es
algo discutible; pero se decidió que fuera por acuerdos
y sobre ese tema hemos debatido ya mucho. Muy
recientemente esta Cámara se ha pronunciado abrumadoramente
en los términos en que se ha pronunciado y,
por tanto, no quiero reiterarlo.
Termino, señor presidente. Pero quiero terminar
citándome a mí mismo y citando al señor Tardà, con lo
mismo que le dije el 27 de mayo pasado, cuando debatimos
esto mismo en el Pleno de la Cámara señor Tardà.
Consta en el«Diario de Sesiones», y termino así:«En
este debate conviene alejarse de la tentación del fundamentalismo,
también de la del fundamentalismo laicista,
señor Tardà, que pretende imponernos su verdad
a costa de la libertad. En el otro extremo, los relativistas
nos pretenden imponer su libertad a costa de la verdad;
ustedes, la verdad, su verdad, a costa de nuestra libertad,
y eso no es bueno para nadie, sobre todo no es bueno
para la convivencia.» Esto se lo decía yo el pasado 27
de mayo y consta en el«Diario de Sesiones». Ya ve que
el debate no es de coyuntura. Hoy se lo vuelvo a repetir,
señor Tardà, con todo afecto.

Pleno del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2008

2008-05-29T19:25:00.002+02:00

PROPOSICIÓN NO DE LEY
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
(SEÑOR JORQUERA Y SEÑORA FERNÁNDEZ),
RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS
ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En las últimas legislaturas hemos tenido ocasión de
debatir extensamente iniciativas similares. Presentadas
por unos grupos o por otros, lo que pretenden en síntesis
es, desde nuestro punto de vista, una mutación constitucional
y convertir el modelo de aconfesionalidad cooperativa
definida en nuestra Constitución por un Estado
laico en la acepción laicista. Para ello se parte de unas
premisas a mi juicio erróneas, equivocadas. Por ejemplo,
en el petitum de esta proposición no de ley se afirma que
los acuerdos deben subordinarse a los principios constitucionales,
que es tanto como decir que no respetan los
principios constitucionales; que deben adecuarse a la
aconfesionalidad del Estado establecida en el
artículo 16.3; que se reformen los convenios administrativos
firmados por el Gobierno y la Iglesia católica para que se
adecuen a las leyes y reglamentos, es decir, para que se
sometan al ordenamiento jurídico, y, por último, que bajo
el principio de no discriminación e igualdad de trato se
extiendan esos acuerdos o marcos de cooperación establecidos
con la Iglesia católica a otras confesiones o
creencias religiosas en la medida en que estén presentes
en el Estado español. Cualquiera que leyera este petitum,
diría: ¿En qué Estado de derecho vivimos? Si tenemos
unos acuerdos con rango de tratado internacional, ratificados
por esta Cámara, que tienen casi treinta años de
vigencia y atentan contra los principios constitucionales,
alguien diría: ¿Qué han hecho los gobiernos y los
poderes públicos durante esos treinta años para permitir
semejante disparate? Si además resulta que esos acuerdos
con la Iglesia católica no respetan la aconfesionalidad
del Estado, es decir, el modelo de relaciones entre la
Iglesia y el Estado, se preguntarían: ¿Pero qué tipo de
acuerdos son esos? ¿Y llevan ustedes así treinta años?
Pero la perplejidad sigue cuando se dice: Reformen los
convenios administrativos que en desarrollo de esos
acuerdos han firmado ustedes —entiendo que se estarán
refiriendo, por ejemplo, a los relativos a los profesores
de religión— para adecuarlos al ordenamiento jurídico,
que llevan ya bastantes años de vigencia. Y uno diría:
¿El Gobierno ha firmado unos convenios administrativos
que son ilegales y que tienen más de diez años de
vigencia? ¿Pero qué Estado democrático es este? Y, para
acabar, dicen: Por cierto, no siga usted manteniendo esa
desigualdad de trato y esa discriminación hacia las
demás confesiones y creencias religiosas y, por tanto,
establezca usted unos marcos de cooperación con las
demás que garanticen que no hay esa desigualdad de
trato, que no hay esa discriminación.

Por tanto, si de verdad la premisa de la que se parte para llegar a esa
conclusión fuera cierta, insisto, todos los que estamos
aquí y todos los que nos han precedido aquí a lo largo
de nueve legislaturas deberían hacer una seria reflexión.
Este Estado debería reflexionar sobre si efectivamente
este es un Estado democrático, social y de derecho o es
una broma. Evidentemente, no es una broma, lo que pasa
es que las premisas de las que se parte son absolutamente
falsas, son apriorísticas, son prejuicios ideológicos que,
insisto, pretenden llegar a una mutación constitucional
desde unas premisas falsas. Sobre todo, quiero destacar
esa apreciación en cuanto que no respeta los acuerdos
vigentes entre la Iglesia y el Estado, como ya se ha
señalado reiteradamente, que entraron en vigor el 3 de
enero de 1979, con el preacuerdo de julio de 1976; no
respeta la aconfesionalidad del Estado.
No da tiempo, evidentemente, ni es este el ámbito para
teorizar acerca del concepto de aconfesionalidad, pero
sí quiero decir que para mí el concepto de aconfesionalidad
es sinónimo del concepto de laicidad —que no de
laicismo, obviamente— y que el Estado aconfesional
definido en nuestra Constitución está tan alejado del
Estado confesional como del Estado laico; pero hay que
hacer una clara afirmación: y es que tanto el Estado
aconfesional, como el Estado laico, como el Estado
confesional están en Europa y todos ellos son democráticos,
por tanto, no hay incompatibilidad en ninguno de
esos tres modelos con ser democrático.

Lo que define a un Estado como democrático desde el punto de vista de
las relaciones con las iglesias, confesiones o creencias
religiosas es que respete o no respete y garantice o no
garantice la libertad religiosa. Y en Europa tenemos esos
modelos. Estado confesional: Grecia, donde la Iglesia
ortodoxa es la Iglesia oficial. Y fíjese usted en el Reino
Unido, donde la Reina de Inglaterra es la cabeza de la
Iglesia anglicana, por no hablar de las monarquías nórdicas,
luteranas o calvinistas, que son monarquías parlamentarias
democráticas y que son Estados confesionales.
Estado aconfesional: el Estado español. Estado
laico, república laica por excelencia, el paradigma:
Francia. Los tres son democráticos. Fuera de Europa
tenemos estados que son laicos y no son democráticos
porque no respetan la libertad religiosa, y el ejemplo más
emblemático es Turquía, que saben ustedes que su problema
fundamental en orden a su incorporación a la
Unión Europea viene precisamente por aquí, porque no
respetan la libertad religiosa, porque es un Estado laico
laicista que a diferencia del francés, que es democrático,
que respeta la libertad religiosa, este no la respeta. Y más
allá tenemos otros ejemplos, como las monarquías o
repúblicas islámicas, que son evidentemente laicistas y
que no son democráticas porque no respetan la libertad
religiosa. Por tanto, tenemos todo tipo de modelos, pero
en Europa lo sustantivo es que siempre, siempre se respeta
la libertad religiosa.

Termino, señor presidente. Quiero decir que, además
de esa aconfesionalidad a la que me he referido anteriormente
como definidora de nuestro modelo de relaciones
y de definición de nuestro Estado en orden al hecho
religioso, la aconfesionalidad implica neutralidad, que
no indiferencia, del Estado ante el hecho religioso; neutralidad
como garantía previa para el ejercicio de la
libertad religiosa por parte de los ciudadanos. Por tanto,
con tal actitud positiva y de respeto hacia la libertad
religiosa, puesto que se obliga desde la Constitución a
cooperar con las iglesias, en particular con la católica y
con las demás en la medida en que estén implantadas en
el Estado español, nuestro modelo de relación es el de
la aconfesionalidad cooperativa, insisto, tan alejado del
Estado laicista al que pretenden llevarnos como, desde
otra perspectiva, del Estado confesional.

Por último, en cuanto a la desigualdad de trato y discriminación
en relación con otras confesiones o creencias
religiosas, como antes decía el señor Jaúregui,
España es como es y es lo que es, y España no es el Tíbet;
seguramente en el Tíbet la Iglesia católica tiene una
importancia descriptible, tanta como aquí puede tener
esa confesión, por lo demás absolutamente respetable,
faltaría más. Pero lo cierto es que los españoles son lo
que son y el conjunto de confesiones religiosas no católicas
las comparten, según las encuestas del CIS mes a
mes, no más del 1,5 por ciento de los ciudadanos españoles
mayores de 18 años, mientras que cerca del 80 por
ciento se definen mes tras mes como católicos. Por tanto,
no podemos tratar igualmente hechos tan determinantemente
desiguales. ¿Se imagina, señor Llamazares, lo que
sería que se tratara desde el Gobierno de manera igual a un partido que
representara al 80 por ciento de los españoles que a los
demás partidos que todos juntos representaran al 1,5 por
ciento? ¿Eso sería democrático? ¿Eso sería atender al
principio democrático? Eso debe hacerse compatible con
el respeto a las minorías, faltaría más, pero eso no es
desigualdad de trato sino tratar de manera desigual lo
que es desigual y tratar de manera igual lo que es
igual.

Termino, señor presidente, ahora sí. En este debate
conviene alejarse de la tentación del fundamentalismo,
también de la del fundamentalismo laicista, señor Tardà,
que pretende imponernos su verdad a costa de la libertad.
En el otro extremo, los relativistas nos pretenden
imponer su libertad a costa de la verdad; ustedes, la
verdad, su verdad, a costa de nuestra libertad, y eso no
es bueno para nadie, ni para ustedes, ni para nosotros, ni
para la convivencia.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

Pleno del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2008

2008-05-29T19:17:00.002+02:00

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) RELATIVA A LA CESIÓN DEL CUARTEL DEL BRUC, EN BARCELONA, A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS CATALANAS.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.Señorías, estamos en presencia de un debate muy normal y muy habitual en los tiempos que corren, puesto que la historia no para. Es evidente que forma parte de otros momentos de la historia que las instalaciones militares estuvieran en los núcleos urbanos, y que después la evolución de la sociedad haya hecho que en muchísimas ocasiones, unido esto a la evolución que lógicamente han experimentado los ejércitos, el concepto de la defensa, etcétera, se haya considerado que esas instalaciones militares ya no sirven a los fines para los que inicialmente estaban previstas y para los que estaban destinadas.
La presión demográfica y el desarrollo urbanístico o las nuevas necesidades de la defensa, etcétera, han hecho que cada vez se plantee más que instalaciones que en algunas ocasiones incluso tenían siglos de existencia, hoy no sean precisas para las necesidades de la defensa, y que por el contrario dichas instalaciones, esos solares o esos terrenos los necesiten las instituciones públicas, normalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, para destinarlos a la construcción de viviendas u otros fines de interés social.
Pues bien, en ese contexto general se plantea una vez más un debate de estas características, debate que afecta en este caso, como vemos, a la ciudad de Barcelona y a un equipamiento militar histórico en la ciudad de Barcelona, como es el cuartel del Bruc, que no queda en el centro de Barcelona salvo que consideremos que nada más entrar en Barcelona por la Diagonal, eso sea el centro de la ciudad. Otra cosa es que algunos recordemos desde muy pequeñitos, vivimos al lado del cuartel del Bruc, que desde la entonces plaza Calvo Sotelo, hoy plaza Francesc Macià, hasta ese barrio de Pedralbes, donde está el cuartel del Bruc y la Universidad Politécnica de Cataluña, no había nada y aquello era el extrarradio de Barcelona, pero hoy eso no es un extrarradio, es el límite urbano de Barcelona pero no el extrarradio, lo cual no sería el centro de Barcelona, y en este sentido, señor Xuclà, estaríamos de acuerdo.
En todo caso, para racionalizar como es lógico este debate, lo que hay que plantearse es que el Ministerio de Defensa, que es el que tiene en estos momentos afectado el uso de esa instalación militar, dé su opinión.Parece razonable, ¿verdad? ¿Usted necesita esa instalación para los fines de la defensa o no la necesita? Y si considera el ministerio que no la necesita y responde de una manera razonable, se debería producir la enajenación en los términos previstos por la ley. Aquí el Ministerio de Defensa se ha manifestado con mucha claridad, y considera que necesita esa instalación para cumplir sus funciones y concretamente -según la información de que disponemos nosotros- alega que en ese cuartel del Bruc de Barcelona se encuentran en estos momentos diversas unidades, entre ellas una que ha sustituido al que todos conocimos, al Regimiento de Infantería Jaén 25, que ha estado toda la vida allí, hasta hace pocos años; ahora está el Batallón de infantería ligera que pertenece al Regimiento de cazadores de montaña 62, la Unidad de servicios de acuartelamiento USAC del Bruc, el Centro de historia y cultura Militar de la Subinspección General del Ejército, etcétera. Es decir, que hay allí unos efectivos y unas unidades que, insisto, el Ministerio de Defensa, que es quien tiene competencia en la materia, considera que deben seguir estando allí, para lo cual esa instalación militar es precisa. Por otra parte, hemos de tener muy presente también que aquí se habla de cesión gratuita, que es un supuesto que no contempla la ley.
En el supuesto de que se desafectaran estos u otros bienes -en concreto el Ministerio de Defensa los afecta a la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo, que los enajena de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley-, ya sabemos que es enajenación directa, permuta subasta pública, y en ningún caso cesión gratuita, como sabe muy bien el señor Xuclá.Nosotros, como es lógico, atendemos a lo que nos parece razonable. Este es un viejo debate. En el Ayuntamiento de Barcelona ha habido muchísimos debates. En esta misma Cámara un servidor, el diputado que les habla, en la anterior legislatura preguntó en muchas ocasiones al Ministerio de Defensa por el cuartel del Bruc y tengo muchas respuestas por escrito de este ministerio, algunas tan lacónicas como la que dice que aludir al número de efectivos y unidades allí destinadas pertenece al ámbito de la seguridad y la defensa nacional y que por tanto le afectaba la Ley de Secretos Oficiales; hoy parece ser que no es así, afortunadamente. En todo caso, ha habido muchos debates: ya en el año 1992 la Universidad Politécnica de Cataluña -porque ahora está allí Ciudad Universitaria- quiso que fuera cedida a la universidad para equipamientos, residencias, universitarias; mi escuela, donde yo hice mi carrera, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, también quería trasladarse allí y permutar su solar con el del cuartel del Bruc. O sea, que es una vieja historia que demuestra que es un tema de actualidad y sobre el que el Ayuntamiento de Barcelona se ha pronunciado en numerosísimas ocasiones.Por cierto, el único grupo municipal que siempre ha votado en la misma dirección. Perdón, el único no, quería distinguirme del Grupo Parlamentario Socialista, que espero que abandone su posición errática ya en estos momentos, porque en el Ayuntamiento de Barcelona ha votado de todo, a pesar de que el alcalde es socialista y de que también ahora el presidente de la Generalitat es socialista.
El Gobierno municipal de Barcelona muy recientemente ha votado a favor de la cesión del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Es más, en el programa de actuación municipal 2004-2007, contempla literalmente la cesión. En la Comisión de Presupuestos y Hacienda de hace dos meses, en el Ayuntamiento de Barcelona el Grupo Socialista volvió a votar a favor de la cesión, e incluso tengo aquí unas declaraciones del tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el señor don Jordi William Carnes, donde decía que el nombramiento de doña Carmen Chacón como ministra de Defensa, es el mejor augurio para la cesión definitiva del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Yo espero que hoy ustedes de una vez se aclaren, abandonen las posiciones erráticas y se pronuncien desde la racionalidad, es decir, si el Ministerio de Defensa considera que necesita el cuartel del Bruc, nosotros tenemos sentido común -también sentido de Estado pero sobre todo sentido común-, y si el Ministerio de Defensa considera que lo necesita, nosotros -no diré que en primer tiempo y saludo, pero sí con sentido común- estaremos al lado del Gobierno para decir que al igual que hemos hecho siempre en el Ayuntamiento de Barcelona, si es necesario para la defensa nacional que el cuartel del Bruc siga donde está, porque a nosotros, sinceramente, no nos molesta lo más mínimo.Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.