MAS Y DURAN: CUESTIÓN DE PRIORIDADES

La Vanguardia, 17 de febrero de 2006

El pasado lunes, la Ponencia constituida en la Comisión Constitucional del Congreso dictaminó el Capítulo y Titulo primero, “De derechos, deberes y principios rectores”, del Proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña. Desde una perspectiva ética y moral cristiana fue, sin duda, un día negro para Cataluña. Los artículos que afectan a las cuestiones claves de la vida y muerte del hombre, el matrimonio, la familia y la educación sufrieron un ataque sin precedentes en un texto del rango normativo de todo un Estatuto.

Está en su lógica política que el PSC y el PSOE, IU-IC y ERC, partidos claramente laicistas, apoyen como un derecho y como uno de los principios rectores -conforme a los que se debe interpretar y aplicar el Estatuto y sus leyes de desarrollo- cuestiones como que “la libre decisión de la mujer sea determinante… en lo que respecta a su salud reproductiva y sexual”. Pero es más difícil de entender que lo haya hecho CiU, por más que se empeñen Mas y Duran en defender lo contrario.

Lo mismo podemos decir respecto a la afirmación contenida en el Proyecto de que “todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte”, que abre en canal el debate sobre la eutanasia.

O reconocer explícitamente en el artículo referente a la protección de las personas y las familias “el de la igualdad de las distintas uniones estables de pareja con independencia de que sea entre hombre y mujer o personas del mismo sexo”: para tratarse de un partido que se dice demócrata-cristiano, no está mal.

Por si fuera poco todo lo anterior, se redondea el Estatuto con la afirmación de que la educación pública es laica, violando frontalmente el art. 27 de la Constitución y los Acuerdos del Estado con la Santa Sede en la materia.

Una reflexión especial: lo más grave de todo esto es que hace muy difícilmente reversible toda la legislación que se está elaborando desde la perspectiva del relativismo moral más absoluto. Y en un momento en que CiU tenía -y tiene todavía- los votos y la fuerza política decisivos para impedirlo, si hubiera querido. Pero no ha querido: si Mas y Duran se hubieran plantado, esto no se habría aprobado ni en el Parlament ni en la Ponencia Constitucional.

En la reciente Encíclica publicada por Benedicto XVI, “Dios es amor”, afirma que la búsqueda inmediata de un orden social justo no le compete a la Iglesia, sino que nos corresponde a los políticos, reafirmación clara de la separación de la Iglesia y el Estado, propia de la época histórica en que vivimos. Los partidos confesionales forman parte de la historia, del pasado, no del presente y, por lo mismo, ahora nos corresponde a los políticos, también a los católicos, defender nuestras convicciones.

Quiero con esto decir que cada dirigente político y cada partido es muy libre de defender lo que considera justo y acorde con su ideario, pero lo que no puede hacer es dar “gato por liebre” a los ciudadanos. CiU es muy libre de defender entusiásticamente los derechos de la nación catalana, su financiación, el blindaje de competencias, la bilateralidad… y dejar como una “torna” -residual y subsidiaria-, cuestiones tan “nimias” como las que he citado de la vida, el aborto, la muerte, la educación, el matrimonio y la familia. Incluso pueden pelearse Mas y Duran entre ellos por ver quien sale en la foto tras pactar todo esto con Zapatero en La Moncloa. Pueden hacer todo eso y más: pueden incluso alegar “problemas de agenda” para no asistir a la Ponencia Constitucional el día que se debaten esas cuestiones. Es cuestión de prioridades.

Jorge Fernández
Diputado por Barcelona y Secretario General del Grupo Popular en el Congreso.