Pleno del Congreso de los Diputados, 21 abril 2009

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO APROBAR PARA HACER EFECTIVA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE
LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas que han sido presentadas,
en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente,
señorías, decía el señor Llamazares que para su grupo
parlamentario, para su fuerza política, esta Ley de la
Memoria Histórica es un punto de partida y un punto
de llegada para conseguir que se reconozca el derecho
a la verdad, el derecho a la memoria democrática, y
para la creación, entre otras cosas, de un marco institucional
en el que se puedan desarrollar políticas
públicas de apoyo a la memoria democrática. Dense
cuenta cómo hemos pasado de la memoria histórica,
que ya era un concepto jurídico indeterminado —la
memoria siempre hace referencia al pasado, la historia
también; o es redundante o es contradictorio—, a la
memoria democrática. Tuve ocasión durante el debate
de la ley de decirle a don Joan Herrera que cuando uno
oye hablar de memoria democrática es cuando uno oye
hablar de ingeniería financiera o de ingeniería social.
¿Quién determina que la memoria es democrática?
¿Ustedes? Yo le dije entonces y reitero hoy que hay
determinados conceptos que suenan a ponencia política del Partido Comunista de la China, pero no de la
China actual, de la China de la época de la revolución
cultural. Estamos en el año 2009… (El señor
Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se
perciben.) Sí, señor Llamazares, estamos en el
año 2009 y, si usted sale a la calle, seguramente se dará
cuenta de que esa amplísima demanda social a la que
hacía referencia de las organizaciones defensoras de
la memoria histórica y de la memoria democrática
tiene su razón de ser, claro, pero seguramente no sintoniza
con las preocupaciones de la mayoría de los
ciudadanos, que están hoy preocupados por si sus
pensiones van a estar garantizadas después de las discrepancias
existentes entre el gobernador del Banco
de España y las autoridades del Gobierno, o si su
empleo lo van a poder mantener a la vista de las situaciones
que un día sí y otro también van saliendo con
relación a la crisis que estamos viviendo, y ustedes
están en lo que están, en reescribir la historia. Yo creo
que tiene una cierta coherencia que ustedes, dicho con
todo el respeto, reivindiquen —en todo caso pueden
reivindicar lo que quieran, faltaría más— estas cosas.
Tiene menos sentido que el Gobierno, que debería estar
en formar parte de las soluciones a los problemas y
preocupaciones de los españoles, esté en crearles más
problemas y más preocupaciones.
Le decía que las asociaciones defensoras de la
memoria histórica y la memoria democrática —y a eso
atiende la enmienda que mi grupo ha presentado—
tienen sus motivos, y esta ley tiene trampa. El artículo
11.1 de esta ley —y les cito literalmente— dice:
Las administraciones públicas, en el marco de sus
competencias, facilitarán a los descendientes directos
de las víctimas que así lo soliciten las actividades de
indagación, localización e identificación de las personas
desaparecidas violentamente durante la guerra
civil o la represión posterior. Lo previsto en el párrafo
anterior, lo que acabamos de decir, el reconocimiento
de ayuda para los descendientes directos de las víctimas,
se hace extensivo a las entidades que incluyan
el desarrollo de tales actividades entre sus fines, pero
eso sí, señor Llamazares, las constituidas antes del 1
de junio de 2004, es decir, las constituidas tres años y
medio antes de la entrada en vigor de la ley. ¿Qué le
parece? Eso es magistral. Normalmente, los efectos de
las leyes empiezan a operar a partir de la aplicación de
las leyes, cuando esas leyes generan unos derechos,
unas expectativas y, a partir de ahí, se dice: Se abre el
registro, se consideran entidades que incluyan entre
sus fines el desarrollo de las actividades que están
contempladas en esta ley y se establece un plazo
máximo, a los efectos de una cierta seguridad jurídica,
para inscribirse en el registro. Lo que no se había
hecho nunca —debe ser por lo de la memoria histórica—
es que la ley tuviera efectos retroactivos. Solo
están legitimadas para realizar estas actividades y
obtener esas ayudas las entidades que estuvieran constituidas
tres años y medio antes de la entrada en vigor de la ley. Creo que eso ya violenta no solo el ordenamiento
jurídico sino el sentido común. El sentido de
nuestra enmienda es modificar este apartado 1 de este
artículo 11 en el sentido de eliminar esta restricción y
que se establezca un plazo, a partir de ahora, en el que
las entidades, las asociaciones, las organizaciones que
lo deseen puedan empezar a actuar y que tengan también
la garantía del acceso a esas subvenciones y a esas
ayudas. Porque, si no, pasan casos concretos como el
lamentable de la familia de Federico García Lorca, que
no estaba por la labor de esa exhumación, pero había
unas asociaciones —porque viven de eso, vamos a
decirlo claramente, porque, si no, no tienen las
ayudas— que sí lo querían, y había un conflicto entre
lo que quería la familia y lo que querían unas entidades
constituidas con esa finalidad. Yo supongo que ustedes
quieren de verdad que se haga justicia y que las personas
que tengan a sus familiares en paradero desconocido
y hubieran padecido violencia o persecución
con ocasión o por consecuencia de la guerra civil,
puedan tener todas las facilidades para poder resolver
ese problema, para que se les ayude, es una cuestión
incluso, si cabe, humanitaria. Por tanto, confió en que
ustedes aprobarán la enmienda que nosotros presentamos.
En caso contrario, tendremos que pensar, como
no se lo oculto que pensamos, que esta malhadada Ley
de Memoria Histórica no pretende lo que presuntamente
se dice, sino que lo que pretende es reescribir
la historia; y donde antes había unos buenos y unos
malos, haya unos malos y unos buenos. Esto es desandar
el camino de la transición y es deshacer el espíritu,
incluso la letra, del pacto constitucional. Ustedes,
Izquierda Unida, que no el Partido Comunista, no
estuvieron en el pacto constitucional; no están con esta
posición en el pacto constitucional. Sí lo estuvo el
Partido Comunista, como lo estuvo en el año 1956,
cincuenta años después de la declaración del comienzo
de la guerra civil en el manifiesto que firmó el Partido
Comunista de España por la reconciliación nacional.
Todo eso se lo dije al señor Herrera en los debates en
la Comisión Constitucional, pero ya sé que esto para
ustedes es agua pasada. En todo caso, señorías, para
mi grupo parlamentario la mejor ley de memoria histórica,
la mejor ley de partida y de llegada es la Constitución
española.
Termino. La Constitución española, la Constitución del consenso, de
la reconciliación, en el espíritu y en la letra, y desde ella
nos encontrará para cuantas leyes de reconciliación
quiera; para esta ley, no. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

Comisión Constitucional. Congreso de los Diputados. 11 de marzo de 2009

PROPOSICIONES NO DE LEY POR LA QUE SE IMPULSA LA COMPENSACIÓN A LOS PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DE MONEDA REPUBLICANA EN LA ÉPOCA FRANQUISTA (Convergència i Unió)

El señor PRESIDENTE (Alfonso Guerra): En nombre del Grupo Parlamentario
Popular don Jorge Fernández Díaz tiene la
palabra.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Nuestro grupo, como
es sabido, manifestó un entusiasmo descriptible por la
Ley de Memoria Histórica, pero es evidente que en dicha
ley votó a favor de los artículos 5 a 9 inclusive, es decir,
de aquellos que eran acordes con el espíritu de la transición
y del Pacto constitucional, de los que de verdad
cumplían con el espíritu y la literalidad del título oficial
de la ley, pero no de aquellas otras cosas que llevaba la
ley y que no iban en la línea de remover obstáculos o
resolver situaciones de objetiva injusticia que estuvieran
padeciendo personas o entidades como consecuencia de
la guerra civil, de la posguerra y del franquismo.
Escuchando al señor Xuclà, al señor Tardà y a la
señora Oramas, quiero aclarar una cosa.

He empezado diciendo que tenemos el beneficio de la duda en cuanto
a que, habiendo criticado duramente la Ley de Memoria
Histórica, no consideramos justo trasladar desde esta
Cámara a la sociedad española la idea de que la Cámara
protege a los partidos y a los sindicatos, pero no a los
particulares. No es así. Desde el comienzo de la transición,
en España se han dictado 22 normas de distinta
jerarquía normativa —resoluciones, órdenes ministeriales,
leyes, decretos, decretos-leyes—, que han ido en
la línea de reparar esas injusticias que se produjeron con
ocasión de la guerra civil y después de ella. Hemos hecho
una memoria económica del montante de esas 22 normas;
una memoria económica bastante seria, a la que aludí
con ocasión de los debates de la Ley de Memoria Histórica.

El montante de esas ayudas se eleva a 16.000
millones de euros y hay un total de 570.000 personas
beneficiadas con el conjunto de esas disposiciones. Lo
digo en honor a la verdad. Por eso empecé afirmando
que, no siendo dudosos en cuanto al entusiasmo que nos
merece la Ley de Memoria Histórica, pongamos las
cosas en su sitio, porque si no alguien podría decir: Oiga,
¿qué hace este Congreso de los Diputados? Si se trata
de proteger a los sindicatos, muy bien; si se trata de
proteger a los partidos políticos, muy bien, pero si se
trata de los particulares, no. Eso no es así y no es justo.
Puedo citar algunas leyes, como la Ley 5/1979, de 18 de
septiembre, que reconoce pensiones, asistencia médica
y asistencia social a viudas, hijos y familiares de españoles
fallecidos en la guerra civil; la Ley 35/1980, de 26
de junio, que reconoce los derechos sociales de los mutilados
de la República; la Ley 4/1990, de 29 junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990, cuya
disposición adicional 18ª estableció una indemnización
a favor de quienes sufrieron prisión en establecimientos
penitenciarios durante tres o más años como consecuencia
de los supuestos contemplados en la citada Ley
de Amnistía y tuvieran cumplida la edad de 65 años el 31
de diciembre de 1990... Podría citar muchísimas, hasta 22
y —repito— hay 570.000 personas físicas beneficiadas,
no 570.000 sindicatos ni partidos políticos. Pongamos
las cosas en su sitio.

Dicho esto y habiendo quedado claro lo anterior, paso
a la cuestión nuclear de la proposición no de ley del
Grupo de Convergència i Unió, del diputado, señor
Xuclà. A mí me parece que cada día tiene su afán y la
oportunidad en política es muy importante. Esta es una
iniciativa que debía tener asiento en la Ley de Memoria
Histórica. Quiero recordar que el proyecto de ley de
memoria histórica que presentó el Gobierno al Congreso
de los Diputados la legislatura pasada no preveía la
posibilidad de restitución de bienes incautados ni a personas
jurídicas ni a personas físicas. Es verdad. Tanto el
Grupo Parlamentario de Esquerra como el de Izquierda
Unida presentaron enmiendas en ese sentido; a mí no me
consta la de Convergència i Unió. En sede parlamentaria,
el Grupo Parlamentario Socialista pactó con el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida un proyecto de ley
muy distinto del originario del Gobierno, que motivó que
en esta Comisión y en el Pleno el señor Herrera dijera
—y creo que lo decía con propiedad— que ese proyecto
de ley de memoria histórica se había convertido en su
proyecto. Yo tuve ocasión de decirle: Señor Herrera, se
ha convertido en su proyecto teniendo su grupo parlamentario
cinco diputados, y no tiene nada que ver con
nuestro grupo parlamentario, teniendo 148 diputados.

Ese es el consenso alcanzado en esta Cámara. ¡Oh casualidad!
A continuación, Izquierda Unida, que había asumido
plenamente su proyecto, aceptó que en ese proyecto
no estuvieran sus enmiendas relativas a la
posibilidad de que fueran compensadas las incautaciones
a particulares. Por tanto, que cada palo aguante su
vela.

Nosotros hemos intentado ser coherentes desde el
principio. Votamos, como he dicho, el contenido de la
ley, como lo habíamos hecho en esas 22 normas que se
dictaron con gobiernos del Partido Socialista y con
gobiernos del Partido Popular. Estando en el Gobierno
o en la oposición, siempre las votamos a favor y votamos
también los artículos 5 a 9 inclusive de la Ley de
Memoria Histórica. Ahora bien, repito, cada día tiene su
afán y los criterios de oportunidad en política son importantes.
Una vez que la Ley de Memoria Histórica ha sido
aprobada, en la percha de esa ley han de tener acogida,
con el correspondiente desarrollo reglamentario, cuantas
iniciativas, reclamaciones y demandas estén dentro del
ámbito de aplicación de esa ley. Las cuestiones que aquí
estamos planteando no aparecen en la ley y empezamos
a abrir este proceso.

Cuando hablamos de razón de oportunidad
—se ha referido a ello el señor Xuclà—, es
verdad. Estamos en un momento de una especial crisis
financiera y económica. Cada día engrosan la lista de
parados de nuestro país muchos ciudadanos españoles y
el déficit público está absolutamente desbocado. Sinceramente,
estamos hablando de una reclamación que en
los largos meses de tramitación de la Ley de Memoria
Histórica pudo haber tenido asiento en la ley. No lo tuvo
en ningún momento. No lo acogió así el Gobierno, no
lo acogió así el Grupo Parlamentario Socialista, no lo
acogió así el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, no lo acogió así el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, que apoyó la ley y
votó a su favor, y ahora reclaman esta posibilidad. Nosotros
no entramos en el fondo de la cuestión. No negamos
la legitimidad ni la justicia de esas peticiones, pero sinceramente
nos parece que no es el momento desde el
punto de vista económico y financiero ni legal.
Termino como comencé. Que no se transmita a la
opinión pública que este Congreso de los Diputados
atiende a los partidos y a los sindicatos, porque eso falta
a la verdad radicalmente.

Lo que pasa es que como se ve con esta iniciativa y como se verá después con la de
revisión de juicios, la Ley de Memoria Histórica no
resolvió lo que pretendía resolver y, por el contrario, ha
reabierto conflictos y heridas que ya creíamos superados
en el espíritu de la transición y del pacto constitucional.

El País, 20 de diciembre de 2008

MADRE MARAVILLAS

El monje Hilari Raguer ha publicado el pasado día 15 un muy amplio artículo en su periódico, con el título “El trasfondo de una lápida” donde afirma que “el esperpéntico proyecto de colocar en el edificio de las Cortes una placa en memoria de la Madre Maravillas se ha disuelto como azucarillos en agua”. Como humilde promotor de tan “esperpéntica” iniciativa, me permito hacer las siguientes precisiones.
1.- Como cuestión previa, no deja de ser llamativo que sea un monje católico quien se permita calificar así una decisión claramente respetuosa del hecho religioso y que la Mesa del Congreso de los Diputados adoptó con el voto unánime de todos su integrantes presentes y pertenecientes a la práctica totalidad del arco parlamentario español –PSOE, PP, CiU, PNV-.
2.- El acuerdo ni tenía ni tiene ningún “trasfondo”. A veces, don Hilari, le buscamos tres pies al gato cuando sencillamente tiene cuatro. Quiero decir, que mi propuesta y la decisión de la Mesa no tiene otro pretensión si no hacer “normal en el Congreso lo que es normal a nivel de calle”: las calles de Madrid y la práctica totalidad de las calles del mundo están llenas de placas que evocan un sencillo hecho histórico biográfico, como el de recordar que entre los muros de un determinado edificio nació, vivió o murió un personaje que por diversas circunstancias alcanzó notoriedad pública.
3.- Este hecho, en concreto el de nacer, en un edificio hoy dependencia del Congreso de los Diputados, se dio en una persona, María Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, que al convertirse, el año 2003, en Santa Maravillas de Jesús, alcanzó notoriedad pública. La Constitución prohíbe expresamente cualquier discriminación por creencias religiosas. Resulta sorprendente por radicalmente inconstitucional, que una mujer cuya relevancia pública se derive directamente de su fe religiosa se la discrimine por este hecho.
4.- No es mi pretensión hoy debatir con don Hilari sobre historia de la Iglesia y de la Guerra Civil española, simplemente quiero confiar en que sus estudios sean más solventes que los que se derivan de ese artículo lleno de flagrantes inexactitudes y errores de bulto con relación a la vida de Madre Maravillas.
5.- Sólo me permito una reflexión final en voz alta: ¿Cómo se explica el autor que esta monja, según él, tan aislada y tan desobediente al Concilio Vaticano II, sea considerada, en tanto que fundadora, como la Santa Teresa de Jesús del siglo XX, como reiteradamente consta en sus procesos de beatificación y canonización, y haya merecido ser considerada Santa por la Iglesia Católica?

Jorge Fernández Díaz
Diputado por Barcelona
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Pleno del Congreso de los Diputados, 25 noviembre 2008

PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDAINICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS, DE
RECONOCIMIENTO DE TODAS LAS VÍCTIMAS
DE LA DICTADURA Y DE RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA HISTÓRICA.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Cuando leí la iniciativa del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana vi que solo me quedaban dos
actitudes, señor Tardà, o tomármela en serio o tomármela
en broma; no había término medio, o muy en serio o muy
en broma, y realmente, como ven, al haber pedido el
turno en contra, decidí con mi grupo tomármela en serio,
porque los tiempos no están para la sociedad española
para bromas macabras y pesadas como las que se concretan
en la iniciativa que ustedes han presentado y que
usted ahora desde esta tribuna ha defendido. Digo en
broma, porque la técnica legislativa, desde el punto de
vista jurídico, de su proposición de ley no se sostiene en
absoluto. No llega ni a becario de curso de posgrado en
una facultad de Derecho, con todos los respetos. Porque,
claro, en una iniciativa legislativa hay que distinguir
entre lo que es una norma jurídica, lo que es el contenido
positivo o material de la norma jurídica y lo que es un
discurso político valorativo. Bien, para hacer un mitin
político de Esquerra Republicana puede estar muy bien
lo que usted ha dicho hoy aquí, pero para defenderlo
como una proposición de ley cuya admisión a trámite
hoy vamos a debatir y votar, sinceramente no se sostiene.
No se sostiene que ustedes pretendan, señor Tardà, en el
artículo primero de la proposición de ley, apartado d),
como texto legal que se reconozca la II República como
un Estado democrático y de derecho. Se necesita una ley
para reconocer o no reconocer eso. Pero además va más
allá, que por ley se afirme que la Monarquía parlamentaria
constitucional española actual tiene como precursora
la II República. Eso quiere usted que lo digamos
por ley, ese absoluto disparate. Eso no se puede decir
seriamente, ni siquiera —perdone— en un mitin de
Esquerra Republicana de Cataluña.
Cuando usted ha hablado de secuestros mentales ha
criticado a los protagonistas de la transición por la transición
misma y por su culminación que fue el pacto
constitucional, la Constitución de la concordia, del consenso,
la Constitución de 1978, y les ha dicho que ahora
hay una generación que, a diferencia de aquellos constituyentes,
no tienen necesidad de tener secuestros mentales
ni las debilidades que los constituyentes dijeron, y
no sé si usted hace un ejercicio de injusticia o un ejercicio
de ignorancia, porque los constituyentes no tenían
que olvidar nada, salvo el pasado en lo que tenía de
negativo, todo el pasado de toda nuestra historia, no solo
el franquismo, la II República, se lo repito, la II República,
y toda la historia del constitucionalismo de casi
todo el siglo XIX español. Querían aprender de ese
pasado colectivo para no volverlo a reproducir y para
que la Constitución en cada momento histórico no fuera
el resultado de la correlación de fuerzas que en ese
momento histórico había en España, de tal manera que
el trágala o el espadón de turno impusiera su Constitución
cuando estuviera dominando la situación y llevara
al secuestro de verdad a los que entonces habían pasado
a vivir peor suerte que cuando disfrutaban de otra mejor
en el momento de aprobar o de imponer su Constitución.
Todo eso tuvieron presente los constituyentes, señor
Tardà, y actuaron con altura de miras y con generosidad
y con mucha responsabilidad. Toda la altura de miras
que a ustedes les faltó y les sigue faltando, toda la generosidad
que a ustedes les faltó entonces y les sigue faltando,
a ellos les sobró. Ustedes, Esquerra Republicana,
que fueron en coalición en el año 1977 con el Partido
del Trabajo de España, y el señor don Heribert Barrera
fue el diputado, ¡ya ven qué coalición, el Partido del
Trabajo de España que era marxista-leninista en el
año 1977!, fueron los votos que a ustedes les dieron su
escaño en las constituyentes, y ustedes no estuvieron en
el consenso constitucional. Lo malo es que treinta años
después siguen sin estar en el consenso constitucional.
Bien, hasta ahí podría pasar, pero es que lo que pretende
el señor Tardà es que los que estuvimos en el consenso
constitucional y en la transición pidamos perdón,
digamos que lo hicimos mal e intentemos volver a las
andadas. ¡Hombre, para ser ustedes tan pocos nos exigen
demasiado a tantos como somos los que estuvimos y
estamos en el pacto constitucional! (Aplausos.)
Me tocó debatir con S.S. la llamada Ley de Memoria
Histórica —que ya sé que no se llama así pero por más
que quieran los señores socialistas para España se llama
así, Ley de Memoria Histórica— y de aquellos vientos
vienen estas tempestades. Porque un grupo como el de
ustedes —al que respeto y sabe que de manera especial
a las personas—, muy marginal en la política española,
muy excéntrico en la política española —quiero decir
muy alejado de la centralidad—, que no estuvo en el
consenso constitucional, que sigue estando fuera de la
centralidad y del consenso constitucional, que haga y
diga estas cosas, hasta cierto punto forma parte del
guión. Ahí estaría la lógica en la que me hubiera situado
si me lo hubiera tomado en broma —esa posición que le
comenté al principio—, me lo podría tomar en broma
porque son cosas del amigo Joan Tardà y de Esquerra
Republicana de Catalunya. Pero estos señores tienen
mucha responsabilidad política de esto porque gobiernan
con ustedes en Cataluña y porque la Ley de Memoria
Histórica la impulsaron ellos y ahora tenemos la situación
que tenemos, porque, para poder garantizar a los
familiares de los desaparecidos un derecho que en ningún
momento hemos cuestionado y que entendemos que lo
tienen y que hay que garantizárselo y reconocérselo, que
es el de poder acceder a saber dónde están los familiares
desaparecidos, no hacía falta esta ley. Con un Congreso
con mayoría absoluta del Partido Popular, el de la legislatura
2000-2004, el 20 de noviembre del año 2002 —
dese cuenta de la fecha, que no fue casual— la Comisión
Constitucional de esta Cámara aprobó por unanimidad
una resolución —que le recomiendo, señor Tardà, que
se la vuelva leer— donde se decía, entre otras cosas, que
las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas
competencias tenían que aprobar los respectivos
protocolos de exhumación para localizar a los desaparecidos;
y se mandataba a las administraciones públicas
para hacerlo. Fíjese que ha pasado un año desde la aprobación
de la Ley de Memoria Histórica y todavía esos
protocolos no existen, todavía los reglamentos de desarrollo
de la ley no existen y se dice que la ley se hace
para ampliar derechos de personas represaliadas en la
guerra civil o el franquismo. Oiga, ¿qué derechos se han
ampliado? Si para exhumar fosas al final el juez Garzón
ha tenido que hacer una causa general contra el franquismo
que ha acabado como ha acabado, cuando se ha
enterado que Franco murió hace 33 años (Aplausos.); si
ha tenido que ir por la vía penal porque por la vía administrativa
no podía progresar porque el Gobierno todavía
no ha hecho sus deberes; si lo que ha hecho ha sido
generar una polémica en España, en donde nos pasamos
el día hablando de fosas, de exhumación de cadáveres,
de víctimas, de criminales y de asesinos, cuando el problema
que había se solucionaba con una norma reglamentaria,
si había voluntad política para hacerlo, en lugar
de reescribir la memoria histórica y decir que donde
durante cuarenta años había unos buenos y unos malos,
ahora es al revés, ahora los buenos son los malos y los
malos son los buenos, que eso es lo que pretende la
memoria histórica, no nos engañemos. Miren, señorías,
lo que está pasando, se lo voy a explicar a algunos que,
a lo mejor, todavía no lo saben. La Ley de Memoria
Histórica ha hecho una cosa que jurídicamente es aberrante
y políticamente es lamentable, y es que dice que
quedan legitimadas para iniciar los procesos de localización
y exhumación de fosas de desaparecidos unas
asociaciones. Lo normal sería que dijera, por ejemplo:
las asociaciones que se constituyan desde la entrada a
vigor de la ley hasta el plazo de tantos meses. No, lo
aplica con efecto retroactivo y dice que las únicas asociaciones
legitimadas, a efectos de iniciar e incoar esos
procesos, son las constituidas antes del 1 de junio del
año 2004, es decir, tres años y medio antes de la aprobación
de la ley. ¿Qué le parece eso? Y a continuación
dice, evidentemente, que las administraciones públicas,
en el ámbito de sus competencias, otorgarán subvenciones
en las universidades a proyectos de investigación
para esas asociaciones que estén en eso. Eso es lo que
está pasando. Es que hay asociaciones que ahora se
querrían constituir, porque desaparecidos también hay
en muchos sitios; por ejemplo, sería muy interesante
saber dónde está Andreu Nin, ¿verdad?, que no lo mató
Franco, creo yo. Hay otros muchos que sus familiares
les gustaría averiguar dónde están y qué paso. Pero esas
asociaciones no están legitimadas porque no se constituyeron
antes del 1 de junio de 2004. Ni siquiera ahora,
cuando se ha aprobado la ley, si se constituyen les da
legitimación activa la ley. ¿Qué le parece? Y no pueden
acceder a subvenciones públicas con esta finalidad. Esto
es lo que ha hecho la Ley de Memoria Histórica; todos
somos mayorcitos para saber lo que es esta Ley de
Memoria Histórica. Los señores socialistas que han
hecho esto son los responsables políticos de que después
vengan ustedes creando este clima y estas peticiones en
el Congreso de los Diputados.
Señoría, ha dicho usted tantas cosas y tantas barbaridades,
que no sé por dónde comenzar; simplemente le
voy a decir algunas. Como usted pretende con esta ley
que se afirme que la II República es la precursora de la
Monarquía parlamentaria constitucional actual, le digo
que eso no sé si este Congreso de los Diputados lo aprobará
por ley; lo que quiero decirle es que tiene el mismo
valor que si este Congreso dijera que dos y dos son seis,
es que es tan absurdo… Que diga además que la II República
es un modelo de respeto a los derechos humanos,
pero ¡qué me está usted diciendo! Si el 11 de mayo ya
estaban quemando conventos, expulsando a los jesuitas
y, algo tan actual como lo que ocurre ahora, retirando
crucifijos. (Aplausos.) El 13 de julio de 1936 —¿se lo
imagina usted ahora, con perdón?—, el jefe de la oposición
parlamentaria, señor Calvo Sotelo, era asesinado
por la policía del Estado (Aplausos.), pero es que eran
los guardaespaldas de un líder socialista. ¿Se imagina
usted que al jefe de la oposición parlamentaria de este
país lo asesinara —y perdóneme por decir eso, pero es
para entender que usted está diciendo que ese es un
modelo de régimen político— la policía del Estado? Y
no era franquista porque no había empezado el 18 de
julio, no le había dado tiempo a lo mejor, no lo era. Y si
la II República era un modelo, le pregunto señor Tardà,
¿por qué ustedes el 6 de octubre de 1934 dieron un golpe
de Estado revolucionario contra la II República? (Varios
señores diputados: ¡Muy bien! — Aplausos.) ¿Por qué
lo hicieron? Porque hubo miles de muertos en Asturias,
y muy poquitos en Cataluña, con ocasión de ese golpe
de Estado revolucionario. Claro, como la república en
aquel momento la gobernaba la CEDA y el Partido
Radical, la república era para los republicanos; era tan
demócrata, tan respetuosa de los derechos humanos, que
la república era, evidentemente, solo para ustedes, y
media España quedaba marginada. Usted dice que por
ley establezcamos que ese régimen político es un modelo
de respeto a los derechos humanos y que es el precursor
de la actual Constitución de 1978. ¿Pero usted se da
cuenta de la barbaridad que está diciendo? ¿Usted cree
que el pueblo español, que está representado aquí, se
merece que digamos esas barbaridades desde la tribuna,
cuando hay la crisis económica que hay y la gente está
padeciendo porque no llega a fin de mes? (Aplausos.)
¿Usted cree que podemos hacer esto? Viniendo por aquí
era por donde yo decía que me la podía tomar muy en
broma, pero, insisto, me ha parecido que era demasiado
serio no salir al paso de estas afirmaciones de una vez
por todas, porque el «Diario de Sesiones» de las Cortes
sigue lleno de iniciativas de ustedes en esta línea y, el
pueblo español, en estos momentos, créanme, necesita
confianza, necesita serenidad, necesita tranquilidad,
porque hay mucha preocupación en las familias españolas,
como ustedes saben o deberían saber; hay mucha
preocupación, demasiada, como para que en estos
momentos, en vez de aportarles un proyecto sugestivo
de futuro, les estemos aportando iniciativas como esta,
que no hacen más que ahondar en la división, en la discordia
entre los españoles y dividirnos entre buenos y
malos otra vez. Fíjese hasta qué punto llega el disparate
de su iniciativa, que dice que como los franquistas han
estado adoctrinando en un sentido durante muchos años,
ahora hay que adoctrinar en sentido contrario. Entonces
proponen, nada más y nada menos, la creación de un
consejo estatal de pedagogía de la memoria histórica,
porque como los franquistas han adoctrinado en relación
con la II República diciendo que eran muy malos, ahora,
fíjense ustedes, en una democracia constitucional liberal
del siglo XXI, que se cree un consejo estatal de pedagogía
de la memoria histórica, porque como aquello
estaba muy mal, vamos a hacer nosotros lo mismo, pero
en sentido contrario, que entonces estará muy bien. Esta
es su iniciativa. ¿Cree que se puede tomar en serio? He
dicho al principio, señoría, que ustedes no son los que
tienen más responsabilidad política, son los socialistas
los que han creado este clima con su malhadada Ley de
Memoria Histórica, (Aplausos.) que ni ha solucionado
lo que se pretendía solucionar y está creando el estado
de opinión en el que estas cosas se pueden producir.
Termino, señor presidente. Por si fuera poco todo lo
que he dicho, por si fuera poco, vuelven a pedir, nada
más y nada menos, que España pida perdón a Marruecos
porque en los años veinte masacramos a las tribus rifeñas
que han padecido durante generaciones mucho cáncer,
debido a los bombardeos que hicimos los españoles con
ocasión de las guerras de África en los años veinte, y por
supuesto que se pague la deuda histórica correspondiente.
Le voy a recordar una cosa, Estat Català y Acció
Catalana felicitaron a Abd el Krim cuando masacró
a 8.000 españoles en Annual. Por tanto, son ustedes
dignos herederos de ellos. A lo mejor deberían pedir
responsabilidades a Ufkir, ¿les suena, no?, preceptor de
Hassan II, que después le mató cuando conspiró contra
él en aquel golpe de Estado en el año 1970 ó 1971, y que
en el año 1958 o 1959 sí que bombardeó con napal
aquella zona de Marruecos. Pero yo no entro en eso. En
todo caso, si fuera poco todo lo que ha hecho, que usted
quiera que el Congreso de los Diputados pida perdón por
una supuesta masacre, por un supuesto genocidio a las
tribus rifeñas hace veinte años, cuando España solo tenía
un avión, el Farman Goliat, imputándole que pague y
que pida perdón por aquello, demuestra donde están
ustedes, ausentes del tiempo, ausentes de la realidad y
ausentes del sentido común, acompañando a estos
señores, por desgracia.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!— Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

La Razón, 20 noviembre 2008

UNA PLACA EN EL CONGRESO

Desde hace una semana, en el Congreso de los Diputados se ha suscitado un debate absolutamente singular y que parece más propio del siglo XIX que del siglo XXI. Una monja carmelita, canonizada en la plaza de Colón el 4 de mayo de 2003, por Juan Pablo II en su último viaje a España, Santa Maravillas de Jesús, ha sido su protagonista.
Vayamos a los hechos. Esta Santa carmelita nació en la Carrera de San Jerónimo, en un edificio que desde hace dos años forma parte de la institución parlamentaria y se ubican en él las direcciones de los Grupos Parlamentarios. Se da la circunstancia, además, de que familiarmente está estrechísimamente relacionada con el Congreso ya que fueron Diputados tanto su padre, como su tío y sus abuelos, durante varias legislaturas, siendo, además, algunos de ellos incluso Presidentes de la Cámara.
Por otra parte, es costumbre muy extendida colocar una placa conmemorativa en los edificios en los cuales nacieron, residieron o fallecieron personajes ilustres o que, por diversas circunstancias, han alcanzado notoriedad pública. Sin ir más lejos, los alrededores del Congreso recogen muchos ejemplos de este tipo: basta pasear por sus calles para comprobarlo.
Dadas estas circunstancias de notoriedad pública en la persona de Santa Maravillas, propuse al Presidente de la Cámara la posibilidad de colocar en el vestíbulo de entrada del citado edificio, una sencilla placa conmemorativa del hecho histórico de su nacimiento en ese lugar. Los diversos miembros de la Mesa consultados al respecto -y con una única excepción-, estuvieron conformes con la propuesta, la cual fue oficialmente aprobada en reunión de la Mesa del Congreso del pasado 4 de noviembre. Lo cierto es que en el espíritu del acuerdo se incluía la necesidad de un amplio consenso entre los Grupos Parlamentarios, que se debería entender implícito ya en el acuerdo de la Mesa dada la vinculación de sus integrantes con los diferentes Grupos.
Sin embargo, la sorpresa, -y muy desagradable, por cierto-, estalló cuando tanto la dirección del PSOE como de su Grupo parlamentario, al conocer el acuerdo, expresaron su frontal rechazo al mismo alegando, nada más y nada menos, la vulneración de la aconfesionalidad del Estado e invocando que la política del PSOE es “eliminar progresivamente los símbolos religiosos del espacio público”.
A mi entender, aquí radica la gravedad de este asunto: la concepción que trasmite el partido del Gobierno sobre una cuestión tan sensible como es la de las relaciones de la Iglesia y el Estado y de la misma libertad religiosa, especialmente cuando afecta a los católicos. Lo digo porque creo que podemos estar bastante de acuerdo en que si se hubiera tratado de un personaje que hubiera alcanzado notoriedad pública por una creencia religiosa diferente no se hubiera planteado ningún problema, hay muchos ejemplos que se pueden invocar a estos efectos. El laicismo radical, el anticlericalismo decimonónico de que ha hecho gala el PSOE, hace aflorar unos tics que algunos podrían creer superados pero que, por desgracia, no lo están.
De esta forma, el debate acerca de la colocación o no de la placa evocadora del nacimiento de Santa Maravillas de Jesús, trasciende la singularidad del personaje para colocar el foco en un Partido Socialista que gobierna en España y que no ha hecho su aggiornamento, su puesta al día tras el Concilio Vaticano II, si se me permite la ironía.
Este Partido Socialista, en su rancio anticlericalismo, ve gigantes donde simplemente hay molinos. En una sencilla placa que pretendía recordar a una humilde carmelita ve un símbolo religioso que socava el sagrado principio de la aconfesionalidad que debe presidir el “espacio público institucional”, por decirlo con la misma expresión cursi empleada por los diferentes portavoces socialistas. Es el mismo Partido Socialista que se llena la boca hablando de modernidad, de igualdad, de no discriminación, de tolerancia, de talante… y que sin embargo, a la hora de la verdad, demuestra con hechos lo que por desgracia sigue siendo una preocupante realidad: su incapacidad para asumir que aconfesionalidad y laicidad quieren decir autonomía y separación de Iglesia y Estado, pero con cooperación entre ambos en orden a la consecución del bien común y de la consideración de la libertad religiosa como una de las libertades constitutivas de un Estado democrático. Un Partido que no ha tenido presente el principio de no discriminación por creencia religiosa establecido en el artículo 14 de la Constitución.
Estamos conmemorando el año Paulino, evocador del 2000 aniversario del nacimiento del Apóstol de las gentes, quien sembró las raíces cristianas de Europa, predicando lo que era “escándalo para los judíos y necedad para los gentiles”. Dos mil años después, nuestros socialistas, para nuestra desgracia, se siguen moviendo entre el escándalo y la necedad.


Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados

Comisión Constitucional, 1 de octubre de 2008

PROPOSICIÓN NO DE LEY DE MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA ACONFESIONALIDAD
DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA - IZQUIERDA UNIDA - INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández
Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Empiezo por decir
que lamentándolo mucho —porque sabe, de verdad, el
señor Tardà que pese a las diferencias notables de
carácter político e ideológico le tengo afecto y sé que
me corresponde— no voy a poder ser magnánimo. Y,
por tanto, atendiendo a lo que decía el señor presidente
de la Comisión, si depende de la unanimidad el que se
tramite esa enmienda in voce no va a tener el plácet de
mi grupo. Lo siento, señor Tardà, pero también hay que
trabajar; hay que hacer lo deberes para no tener que
presentar una enmienda in voce.

También tengo que decir, para no faltar a la verdad,
que en la medida en que la voluntad del señor Tardà
—expresada en su intervención— era mandatar,
mediante esa autoenmienda, desde la Comisión Constitucional
al Gobierno a presentar un proyecto de ley
para reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa,
si no le he entendido mal, estoy radicalmente en contra
de estos principios; mi grupo no los comparte. Quiero
aprovechar para decir que muchas de las cosas, o casi
todas las cosas, que ha dicho la señora Oramas yo las
comparto plenamente en su espíritu y en su literalidad.
Efectivamente, lo quiera reconocer o no el señor Tardà,
a veces se nos va la mano, porque leyendo las cosas
que dice es lo que ha dicho la señora Oramas y más.
Porque fíjese usted lo que dice, señor Tardà, no sé si
sus compañeros —como decía usted— socialistas, en
quienes confía —porque en nosotros, la derecha, aunque
estamos a su izquierda hoy, no— estarán de acuerdo
pero lo que dice la iniciativa literalmente es que los
miembros de instituciones públicas, en cuanto tales, no
pueden participar en ritos religiosos. O sea, hablando
en roman paladino, un diputado no puede ir a misa,
salvo que se establezca un control a la entrada de las
iglesias para decir: oiga, ¿usted viene como diputado
o como ciudadano? Resulta grotesco, pero es que eso
es lo que dice. Porque dice: los miembros de las instituciones
públicas, en cuanto tales… El Congreso de los
Diputados es una institución pública. Un servidor y
todos los que estamos aquí somos miembros de esta
institución pública, somos diputados; no podemos
participar en cuanto tales, es decir, en cuanto diputados,
en ritos religiosos. Por lo tanto, habrá que acreditarse
a la entrada de la iglesia, de la misa, que es un rito
religioso, por lo demás creo que bastante extendido y
tradicional en nuestro país. Si un diputado va el
domingo a misa —el que vaya— habrá que preguntarle:
¿viene como diputado o viene como ciudadano? Si
viene como diputado no puede entrar. Esto puede
parecer grotesco, pero es que lo dice la iniciativa.
Entonces, las cosas que ha dicho la señora Oramas las
ha dicho muy bien. Hay que leerse las cosas que se
dicen y pensar que se legisla para una sociedad concreta,
para unas personas concretas y para una realidad
concreta. Con toda cordialidad y con todo afecto, es
que hay algunas cosas… Pero ¿en qué país estamos?
En el siglo XXI estamos teniendo debates que no es
que sean decimonónicos, es que yo creo que pertenecen
a la época de las guerras de religión del siglo XVII,
sinceramente. Por favor, que estamos en los Estados
modernos, en los Estados liberales, donde la separación
entre Iglesia y Estado, entre la comunidad eclesiástica,
religiosa, y la comunidad civil, la comunidad política,
la laicidad, es un principio ya asumido por nuestra
civilización; es que no es discutible ni es discutida. Y
el principio de libertad religiosa es condición sine qua
non, entre otras cosas, por ejemplo, para ser miembro
de la Unión Europea. Todos sabemos que el problema
fundamental de Turquía, además de otros que tiene, es
que siendo un Estado laico, laicista, lo de la libertad
religiosa es más que discutible. Y ya no es un problema
de que la religión mayoritaria sea una o sea otra, es que
en todo caso tiene que haber libertad religiosa. Con
Estado confesional, al estilo de las monarquías nórdicas,
por ejemplo, la monarquía británica, en que la
Reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana
—más confesionalidad no se puede dar, pero hay
libertad religiosa—, o la República griega, que hoy es
una república evidentemente confesional porque la
Iglesia ortodoxa es oficial en Grecia, hay libertad religiosa.
Y tenemos la república laica por excelencia, la
República francesa, y el modelo de aconfesionalidad,
hoy diríamos casi laicidad positiva, aconfesionalidad
cooperativa, que es el definido por los constituyentes
en el año 1978. Todo en la vida es mejorable, pero no
se puede decir que el progreso es ir hacia el siglo XVII
o hacia el siglo XIX, sinceramente, ese es un progreso
muy peculiar, señor Tardà. Es como dirigirse a la
izquierda aludiendo a los que tiene a su derecha.
Al hilo de estas intervenciones, quiero recordar
(hoy está muy presente, quizás es porque usted decía
que es un debate de coyuntura, si no he entendido mal,
señor Tardà; la iniciativa está publicada en el Boletín
de las Cortes Generales del 27 de mayo, han pasado
cuatro meses, pero fíjese usted el debate que está
habiendo en el mundo, y hoy de manera muy profunda,
especialmente en el ámbito cultural y político
europeo, a raíz del concepto de laicidad positiva, que
ha puesto muy de actualidad el reciente viaje del Papa
a Francia) que en la República francesa, laica por
excelencia —paradigma desde la Revolución francesa,
la Ilustración y todo eso, de lo que seguramente usted
desea—, en la misa que el Papa celebró en la explanada
delante de los Inválidos, hace unos días, estaba
presente el primer ministro Fillon, el presidente de la
Asamblea Nacional, el presidente del Senado y cuatro
ministros del Gobierno de la República laica francesa.
Si quiere, seguimos. Cualquiera de los que están aquí
tiene experiencias personales similares, pero yo he
estado en el Senado de California y he visto cómo,
antes de abrir la sesión, se ha rezado una oración, y
hay demócratas, republicanos y demás. Aquí hacemos
planteamientos que creemos que son de progreso, que
son muy modernos, y son absolutamente trasnochados,
están superados. ¿Alguien se imagina en este país
trasladar estos principios, en su literalidad y en su
espíritu, a la realidad social española en estos
momentos? Ha dicho, por ejemplo, que los poderes
públicos no pueden discriminar positivamente, que es
cuando menos un concepto jurídico indeterminado.
¿Qué es discriminar positivamente? ¿Al 80 por ciento
de católicos, de ciudadanos españoles que, barómetro
tras barómetro en el CIS, se definen a sí mismos como
católicos? Un 1,5 por ciento se definen creyentes de
otras religiones, un 6 por ciento, ateos y un 11 por
ciento, agnósticos. Cada uno se define como quiere,
faltaría más; pero da la casualidad que en torno a
un 80 por ciento, mes tras mes, se definen católicos.
¿Qué es discriminar positivamente, tratar a ese 80 por
ciento como al 6 por ciento, como al 1,5 por ciento?
Expréseme qué es. Porque el principio democrático es
consustancial a un sistema democrático, y si hablamos
de medios públicos, algo tendrá que ver también el
principio democrático. Por tanto, tratemos estas cosas
con seriedad. Yo se lo ruego porque el tema es serio y
es importante.

Y cuando hablamos de neutralidad, también. Pero
en el contexto de la Constitución neutralidad no es
indiferencia, entre otras cosas porque dice aconfesional,
o sea, no confesional, pero con cooperación, porque ve
el hecho religioso como un hecho positivo y, en todo
caso, sometido a protección de los poderes públicos
porque forma parte ontológica de un derecho, una
libertad indisoluble de la dignidad de la persona
humana, que es su libertad de creencia, su libertad de
opinión, de pensamiento. A partir de ahí, ¿cómo vamos
a limitar eso, como lo vamos a considerar como una
manifestación negativa en su dimensión social, por
ejemplo? Los constituyentes, muy acertadamente,
entendieron que la dimensión social del hecho religioso
era una realidad, que el Estado como tal debía ser neutral
pero no indiferente, porque la neutralidad era la
garantía precisamente de que esa libertad religiosa y
esas creencias, las que fueren, o increencias, pudieran
manifestarse con absoluta libertad.

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, vaya
terminando.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Termino, señor
presidente.
Que luego esa cooperación se pueda concretar en
unos acuerdos, en un concordato o en lo que sea, es
algo discutible; pero se decidió que fuera por acuerdos
y sobre ese tema hemos debatido ya mucho. Muy
recientemente esta Cámara se ha pronunciado abrumadoramente
en los términos en que se ha pronunciado y,
por tanto, no quiero reiterarlo.
Termino, señor presidente. Pero quiero terminar
citándome a mí mismo y citando al señor Tardà, con lo
mismo que le dije el 27 de mayo pasado, cuando debatimos
esto mismo en el Pleno de la Cámara señor Tardà.
Consta en el«Diario de Sesiones», y termino así:«En
este debate conviene alejarse de la tentación del fundamentalismo,
también de la del fundamentalismo laicista,
señor Tardà, que pretende imponernos su verdad
a costa de la libertad. En el otro extremo, los relativistas
nos pretenden imponer su libertad a costa de la verdad;
ustedes, la verdad, su verdad, a costa de nuestra libertad,
y eso no es bueno para nadie, sobre todo no es bueno
para la convivencia.» Esto se lo decía yo el pasado 27
de mayo y consta en el«Diario de Sesiones». Ya ve que
el debate no es de coyuntura. Hoy se lo vuelvo a repetir,
señor Tardà, con todo afecto.

Pleno del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2008

PROPOSICIÓN NO DE LEY
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
(SEÑOR JORQUERA Y SEÑORA FERNÁNDEZ),
RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS
ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En las últimas legislaturas hemos tenido ocasión de
debatir extensamente iniciativas similares. Presentadas
por unos grupos o por otros, lo que pretenden en síntesis
es, desde nuestro punto de vista, una mutación constitucional
y convertir el modelo de aconfesionalidad cooperativa
definida en nuestra Constitución por un Estado
laico en la acepción laicista. Para ello se parte de unas
premisas a mi juicio erróneas, equivocadas. Por ejemplo,
en el petitum de esta proposición no de ley se afirma que
los acuerdos deben subordinarse a los principios constitucionales,
que es tanto como decir que no respetan los
principios constitucionales; que deben adecuarse a la
aconfesionalidad del Estado establecida en el
artículo 16.3; que se reformen los convenios administrativos
firmados por el Gobierno y la Iglesia católica para que se
adecuen a las leyes y reglamentos, es decir, para que se
sometan al ordenamiento jurídico, y, por último, que bajo
el principio de no discriminación e igualdad de trato se
extiendan esos acuerdos o marcos de cooperación establecidos
con la Iglesia católica a otras confesiones o
creencias religiosas en la medida en que estén presentes
en el Estado español. Cualquiera que leyera este petitum,
diría: ¿En qué Estado de derecho vivimos? Si tenemos
unos acuerdos con rango de tratado internacional, ratificados
por esta Cámara, que tienen casi treinta años de
vigencia y atentan contra los principios constitucionales,
alguien diría: ¿Qué han hecho los gobiernos y los
poderes públicos durante esos treinta años para permitir
semejante disparate? Si además resulta que esos acuerdos
con la Iglesia católica no respetan la aconfesionalidad
del Estado, es decir, el modelo de relaciones entre la
Iglesia y el Estado, se preguntarían: ¿Pero qué tipo de
acuerdos son esos? ¿Y llevan ustedes así treinta años?
Pero la perplejidad sigue cuando se dice: Reformen los
convenios administrativos que en desarrollo de esos
acuerdos han firmado ustedes —entiendo que se estarán
refiriendo, por ejemplo, a los relativos a los profesores
de religión— para adecuarlos al ordenamiento jurídico,
que llevan ya bastantes años de vigencia. Y uno diría:
¿El Gobierno ha firmado unos convenios administrativos
que son ilegales y que tienen más de diez años de
vigencia? ¿Pero qué Estado democrático es este? Y, para
acabar, dicen: Por cierto, no siga usted manteniendo esa
desigualdad de trato y esa discriminación hacia las
demás confesiones y creencias religiosas y, por tanto,
establezca usted unos marcos de cooperación con las
demás que garanticen que no hay esa desigualdad de
trato, que no hay esa discriminación.

Por tanto, si de verdad la premisa de la que se parte para llegar a esa
conclusión fuera cierta, insisto, todos los que estamos
aquí y todos los que nos han precedido aquí a lo largo
de nueve legislaturas deberían hacer una seria reflexión.
Este Estado debería reflexionar sobre si efectivamente
este es un Estado democrático, social y de derecho o es
una broma. Evidentemente, no es una broma, lo que pasa
es que las premisas de las que se parte son absolutamente
falsas, son apriorísticas, son prejuicios ideológicos que,
insisto, pretenden llegar a una mutación constitucional
desde unas premisas falsas. Sobre todo, quiero destacar
esa apreciación en cuanto que no respeta los acuerdos
vigentes entre la Iglesia y el Estado, como ya se ha
señalado reiteradamente, que entraron en vigor el 3 de
enero de 1979, con el preacuerdo de julio de 1976; no
respeta la aconfesionalidad del Estado.
No da tiempo, evidentemente, ni es este el ámbito para
teorizar acerca del concepto de aconfesionalidad, pero
sí quiero decir que para mí el concepto de aconfesionalidad
es sinónimo del concepto de laicidad —que no de
laicismo, obviamente— y que el Estado aconfesional
definido en nuestra Constitución está tan alejado del
Estado confesional como del Estado laico; pero hay que
hacer una clara afirmación: y es que tanto el Estado
aconfesional, como el Estado laico, como el Estado
confesional están en Europa y todos ellos son democráticos,
por tanto, no hay incompatibilidad en ninguno de
esos tres modelos con ser democrático.

Lo que define a un Estado como democrático desde el punto de vista de
las relaciones con las iglesias, confesiones o creencias
religiosas es que respete o no respete y garantice o no
garantice la libertad religiosa. Y en Europa tenemos esos
modelos. Estado confesional: Grecia, donde la Iglesia
ortodoxa es la Iglesia oficial. Y fíjese usted en el Reino
Unido, donde la Reina de Inglaterra es la cabeza de la
Iglesia anglicana, por no hablar de las monarquías nórdicas,
luteranas o calvinistas, que son monarquías parlamentarias
democráticas y que son Estados confesionales.
Estado aconfesional: el Estado español. Estado
laico, república laica por excelencia, el paradigma:
Francia. Los tres son democráticos. Fuera de Europa
tenemos estados que son laicos y no son democráticos
porque no respetan la libertad religiosa, y el ejemplo más
emblemático es Turquía, que saben ustedes que su problema
fundamental en orden a su incorporación a la
Unión Europea viene precisamente por aquí, porque no
respetan la libertad religiosa, porque es un Estado laico
laicista que a diferencia del francés, que es democrático,
que respeta la libertad religiosa, este no la respeta. Y más
allá tenemos otros ejemplos, como las monarquías o
repúblicas islámicas, que son evidentemente laicistas y
que no son democráticas porque no respetan la libertad
religiosa. Por tanto, tenemos todo tipo de modelos, pero
en Europa lo sustantivo es que siempre, siempre se respeta
la libertad religiosa.

Termino, señor presidente. Quiero decir que, además
de esa aconfesionalidad a la que me he referido anteriormente
como definidora de nuestro modelo de relaciones
y de definición de nuestro Estado en orden al hecho
religioso, la aconfesionalidad implica neutralidad, que
no indiferencia, del Estado ante el hecho religioso; neutralidad
como garantía previa para el ejercicio de la
libertad religiosa por parte de los ciudadanos. Por tanto,
con tal actitud positiva y de respeto hacia la libertad
religiosa, puesto que se obliga desde la Constitución a
cooperar con las iglesias, en particular con la católica y
con las demás en la medida en que estén implantadas en
el Estado español, nuestro modelo de relación es el de
la aconfesionalidad cooperativa, insisto, tan alejado del
Estado laicista al que pretenden llevarnos como, desde
otra perspectiva, del Estado confesional.

Por último, en cuanto a la desigualdad de trato y discriminación
en relación con otras confesiones o creencias
religiosas, como antes decía el señor Jaúregui,
España es como es y es lo que es, y España no es el Tíbet;
seguramente en el Tíbet la Iglesia católica tiene una
importancia descriptible, tanta como aquí puede tener
esa confesión, por lo demás absolutamente respetable,
faltaría más. Pero lo cierto es que los españoles son lo
que son y el conjunto de confesiones religiosas no católicas
las comparten, según las encuestas del CIS mes a
mes, no más del 1,5 por ciento de los ciudadanos españoles
mayores de 18 años, mientras que cerca del 80 por
ciento se definen mes tras mes como católicos. Por tanto,
no podemos tratar igualmente hechos tan determinantemente
desiguales. ¿Se imagina, señor Llamazares, lo que
sería que se tratara desde el Gobierno de manera igual a un partido que
representara al 80 por ciento de los españoles que a los
demás partidos que todos juntos representaran al 1,5 por
ciento? ¿Eso sería democrático? ¿Eso sería atender al
principio democrático? Eso debe hacerse compatible con
el respeto a las minorías, faltaría más, pero eso no es
desigualdad de trato sino tratar de manera desigual lo
que es desigual y tratar de manera igual lo que es
igual.

Termino, señor presidente, ahora sí. En este debate
conviene alejarse de la tentación del fundamentalismo,
también de la del fundamentalismo laicista, señor Tardà,
que pretende imponernos su verdad a costa de la libertad.
En el otro extremo, los relativistas nos pretenden
imponer su libertad a costa de la verdad; ustedes, la
verdad, su verdad, a costa de nuestra libertad, y eso no
es bueno para nadie, ni para ustedes, ni para nosotros, ni
para la convivencia.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

Pleno del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2008

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) RELATIVA A LA CESIÓN DEL CUARTEL DEL BRUC, EN BARCELONA, A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS CATALANAS.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.Señorías, estamos en presencia de un debate muy normal y muy habitual en los tiempos que corren, puesto que la historia no para. Es evidente que forma parte de otros momentos de la historia que las instalaciones militares estuvieran en los núcleos urbanos, y que después la evolución de la sociedad haya hecho que en muchísimas ocasiones, unido esto a la evolución que lógicamente han experimentado los ejércitos, el concepto de la defensa, etcétera, se haya considerado que esas instalaciones militares ya no sirven a los fines para los que inicialmente estaban previstas y para los que estaban destinadas.
La presión demográfica y el desarrollo urbanístico o las nuevas necesidades de la defensa, etcétera, han hecho que cada vez se plantee más que instalaciones que en algunas ocasiones incluso tenían siglos de existencia, hoy no sean precisas para las necesidades de la defensa, y que por el contrario dichas instalaciones, esos solares o esos terrenos los necesiten las instituciones públicas, normalmente ayuntamientos y comunidades autónomas, para destinarlos a la construcción de viviendas u otros fines de interés social.
Pues bien, en ese contexto general se plantea una vez más un debate de estas características, debate que afecta en este caso, como vemos, a la ciudad de Barcelona y a un equipamiento militar histórico en la ciudad de Barcelona, como es el cuartel del Bruc, que no queda en el centro de Barcelona salvo que consideremos que nada más entrar en Barcelona por la Diagonal, eso sea el centro de la ciudad. Otra cosa es que algunos recordemos desde muy pequeñitos, vivimos al lado del cuartel del Bruc, que desde la entonces plaza Calvo Sotelo, hoy plaza Francesc Macià, hasta ese barrio de Pedralbes, donde está el cuartel del Bruc y la Universidad Politécnica de Cataluña, no había nada y aquello era el extrarradio de Barcelona, pero hoy eso no es un extrarradio, es el límite urbano de Barcelona pero no el extrarradio, lo cual no sería el centro de Barcelona, y en este sentido, señor Xuclà, estaríamos de acuerdo.
En todo caso, para racionalizar como es lógico este debate, lo que hay que plantearse es que el Ministerio de Defensa, que es el que tiene en estos momentos afectado el uso de esa instalación militar, dé su opinión.Parece razonable, ¿verdad? ¿Usted necesita esa instalación para los fines de la defensa o no la necesita? Y si considera el ministerio que no la necesita y responde de una manera razonable, se debería producir la enajenación en los términos previstos por la ley. Aquí el Ministerio de Defensa se ha manifestado con mucha claridad, y considera que necesita esa instalación para cumplir sus funciones y concretamente -según la información de que disponemos nosotros- alega que en ese cuartel del Bruc de Barcelona se encuentran en estos momentos diversas unidades, entre ellas una que ha sustituido al que todos conocimos, al Regimiento de Infantería Jaén 25, que ha estado toda la vida allí, hasta hace pocos años; ahora está el Batallón de infantería ligera que pertenece al Regimiento de cazadores de montaña 62, la Unidad de servicios de acuartelamiento USAC del Bruc, el Centro de historia y cultura Militar de la Subinspección General del Ejército, etcétera. Es decir, que hay allí unos efectivos y unas unidades que, insisto, el Ministerio de Defensa, que es quien tiene competencia en la materia, considera que deben seguir estando allí, para lo cual esa instalación militar es precisa. Por otra parte, hemos de tener muy presente también que aquí se habla de cesión gratuita, que es un supuesto que no contempla la ley.
En el supuesto de que se desafectaran estos u otros bienes -en concreto el Ministerio de Defensa los afecta a la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo, que los enajena de acuerdo con el procedimiento previsto en la ley-, ya sabemos que es enajenación directa, permuta subasta pública, y en ningún caso cesión gratuita, como sabe muy bien el señor Xuclá.Nosotros, como es lógico, atendemos a lo que nos parece razonable. Este es un viejo debate. En el Ayuntamiento de Barcelona ha habido muchísimos debates. En esta misma Cámara un servidor, el diputado que les habla, en la anterior legislatura preguntó en muchas ocasiones al Ministerio de Defensa por el cuartel del Bruc y tengo muchas respuestas por escrito de este ministerio, algunas tan lacónicas como la que dice que aludir al número de efectivos y unidades allí destinadas pertenece al ámbito de la seguridad y la defensa nacional y que por tanto le afectaba la Ley de Secretos Oficiales; hoy parece ser que no es así, afortunadamente. En todo caso, ha habido muchos debates: ya en el año 1992 la Universidad Politécnica de Cataluña -porque ahora está allí Ciudad Universitaria- quiso que fuera cedida a la universidad para equipamientos, residencias, universitarias; mi escuela, donde yo hice mi carrera, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, también quería trasladarse allí y permutar su solar con el del cuartel del Bruc. O sea, que es una vieja historia que demuestra que es un tema de actualidad y sobre el que el Ayuntamiento de Barcelona se ha pronunciado en numerosísimas ocasiones.Por cierto, el único grupo municipal que siempre ha votado en la misma dirección. Perdón, el único no, quería distinguirme del Grupo Parlamentario Socialista, que espero que abandone su posición errática ya en estos momentos, porque en el Ayuntamiento de Barcelona ha votado de todo, a pesar de que el alcalde es socialista y de que también ahora el presidente de la Generalitat es socialista.
El Gobierno municipal de Barcelona muy recientemente ha votado a favor de la cesión del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Es más, en el programa de actuación municipal 2004-2007, contempla literalmente la cesión. En la Comisión de Presupuestos y Hacienda de hace dos meses, en el Ayuntamiento de Barcelona el Grupo Socialista volvió a votar a favor de la cesión, e incluso tengo aquí unas declaraciones del tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el señor don Jordi William Carnes, donde decía que el nombramiento de doña Carmen Chacón como ministra de Defensa, es el mejor augurio para la cesión definitiva del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Yo espero que hoy ustedes de una vez se aclaren, abandonen las posiciones erráticas y se pronuncien desde la racionalidad, es decir, si el Ministerio de Defensa considera que necesita el cuartel del Bruc, nosotros tenemos sentido común -también sentido de Estado pero sobre todo sentido común-, y si el Ministerio de Defensa considera que lo necesita, nosotros -no diré que en primer tiempo y saludo, pero sí con sentido común- estaremos al lado del Gobierno para decir que al igual que hemos hecho siempre en el Ayuntamiento de Barcelona, si es necesario para la defensa nacional que el cuartel del Bruc siga donde está, porque a nosotros, sinceramente, no nos molesta lo más mínimo.Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Díaz.