Pleno del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2011
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Muchas gracias,señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular quiere, a través de quien les habla, manifestar su respeto más absoluto por esta iniciativa legislativa popular y por sus promotores. Somos conscientes de lo que significa la iniciativa legislativa, del trabajo que exige una iniciativa legislativa para conseguir que pueda ser, como estamos haciendo ahora, debatido si se admite o no a trámite —esta en particular ha recibido el apoyo de 671.000 personas, además del de muchas instituciones de todo tipo en el conjunto de España— y somos conscientes además de que en este momento procesal hay una especial sensibilidad en el conjunto de la sociedad española hacia este tipo de iniciativas políticas; por lo tanto, desde el comienzo, nuestro pleno respeto político y, en consecuencia, nuestro pleno respeto parlamentario.
Como saben, señorías, el debate de admisión a trámite de una proposición de ley es el equivalente al debate de totalidad en un proyecto de ley cuando la iniciativa legislativa procede del Gobierno. Comienzo por decir que nuestro grupo parlamentario no se va a oponer a que esta iniciativa pueda ser tramitada parlamentariamente, digo que no se va a oponer siendo conscientes de que con nuestra abstención, en la medida en que esta iniciativa, por su naturaleza, no va a decaer al acabar la legislatura,
esta Cámara tendrá ocasión de tramitarla, de debatirla y de votarla en la legislatura que se iniciará con ocasión de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Quiero decir también que nuestro grupo, al afirmar su abstención, quiere expresar de manera muy sensible que esa abstención no debe ser interpretada
como neutralidad ni, mucho menos, como indiferencia; todo lo contrario, esta abstención responde a la convicción de que esta iniciativa legislativa popular merece ser tratada con la consideración que merece una iniciativa legislativa popular en general y esta que estamos debatiendo en particular, pero al mismo tiempo afirmando la convicción por parte de mi grupo parlamentario de una especial reserva sobre algunos aspectos que conforman contenido material de la iniciativa y que, en consecuencia, serán objeto de la correspondiente enmienda, como procede en toda iniciativa legislativa una vez que pasado el trámite de totalidad o el trámite que en estos momentos estamos sustanciando.
Decía pues, señorías, que estamos ante una iniciativa, de televisión sin fronteras, de un gran calado político, pero para que pueda tener la adecuada solución política requiere, y en este caso de manera muy particular, como han señalado algunos intervinientes con anterioridad, una previa solución técnica. En términos matemáticos suele hablar de condición necesaria y condición suficiente. En este caso la condición necesaria es el tercer múltiplex para la Comunidad Valenciana y la condición suficiente es el acuerdo político. Por declaraciones de altos representantes de los gobiernos autonómicos catalán y valenciano, a las que ahora me referiré, es evidente que ese acuerdo político deseable es posible. Por algunas de las intervenciones que aquí se han producido evidentemente ese acuerdo político no sería posible, pero precisamente por eso los grupos políticos a los que pertenecen determinados oradores son irrelevantes en determinadas comunidades autónomas y van a ser irrelevantes a la hora de las decisiones y los acuerdos políticos, y quizá deberían reflexionar acerca de ello. A estos efectos me refiero de manera particular a las declaraciones del portavoz del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en las que, literalmente, aludía al tema que nos ocupa de la siguiente forma: La Comunidad Valencia debería tener un tercer múltiplex de TDT, igual que Cataluña, ya que cuenta con dos lenguas oficiales. Y el mismo alto cargo decía: Sin un acuerdo técnico antes, no habrá acuerdo político. Estamos hablando de declaraciones de hace escasos meses, de este mismo año. En paralelo, el vicepresidente primero y conseller de Industria del Gobierno de la Generalitat Valenciana en las mismas fechas decía: TV3 será la primera televisión en poderse ver en la Comunidad Valenciana en cuanto haya la posibilidad desde el punto de vista técnico. No son ociosas todas estas declaraciones. Conviene tener memoria: Montilla, Carod Rovira y TV3 apagan Canal Nou y humillan a Valencia. Las sensibilidades las tenemos todos y las tienen todos. Por tanto, la solución técnica —que, como se ha dicho muy bien aquí antes, ya se podía haber resuelto, la del tercer múltiplex para la Comunidad Valenciana— está en manos del Gobierno, el cual, por cierto, vetó hace once meses, exactamente el 14 de octubre del pasado año, que se pudiera tramitar esta iniciativa legislativa popular, iniciativa que hoy previsiblemente será admitida a trámite —y lo celebramos— y será debatida en consecuencia en la próxima legislatura, pero que si no la hubiera vetado el Gobierno hace once meses, hubiera sido debatida y votada en esta legislatura. (Aplausos.) Por tanto, que cada palo aguante su vela o, dicho de otra manera, que cada cual asuma sus responsabilidades. En este caso hablo del Gobierno de la nación y de los que pactaron de manera muy particular y apoyaron a ese Gobierno, y por ejemplo de la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada, como saben, después de la presentación de la iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados y que en su artículo 40.3 regula una solución política del contencioso que aquí estamos debatiendo, que fue apoyada por la inmensa mayoría de los que en estos momentos se han pronunciado con anterioridad. La iniciativa legislativa popular contradice el artículo 40.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual en la medida en que dicha ley establece que, resueltas las premisas técnicas, mediante convenio bilateral y garantizando la reciprocidad no hay ningún problema para que haya lo que venimos en llamar una televisión sin fronteras. Sin embargo, como saben, la iniciativa legislativa popular no acepta —y es un tema que tendremos que debatir, evidentemente— que se someta a la suscripción de un convenio bilateral entre las comunidades autónomas afectadas. Por otra parte, hemos de tener presente, como también se ha señalado aquí, que no es solo un caso que afecte a Cataluña y a la Comunidad Valenciana, sino que también afecta a otras comunidades. Aquí se ha citado el caso del euskera, y podemos hablar de Telebista y de la Comunidad Foral de Navarra, donde estos mismos contenciosos se han planteado con anterioridad y han sido objeto de debate en esta Cámara y en el Senado.
Se ha aludido a que uno de los fundamentos jurídicos de la iniciativa legislativa popular —y es cierto— es la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Quiero recordar, señorías, que esa carta fue ratificada por el Estado español por medio de estas Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados el día 23 de
noviembre de 2000 y en el Senado el 20 de diciembre de 2000, en un momento —¡oh, casualidad!— en el que en el Congreso y en el Senado el Grupo Popular tenía
mayoría absoluta. Por tanto, se ratificó la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias por unanimidad, es verdad, pero con el apoyo, evidentemente, del Grupo
Popular, que tenía mayoría absoluta. Por tanto, apoyamos esa carta europea en su espíritu y en su letra no por obligación, sino por convicción.
Como sabemos —ya me he referido a ello—, la Ley General de Comunicación Audiovisual dio una respuesta —no tiene por qué ser la única, pero es la respuesta legal que hay— a este contencioso en el artículo 40.3, artículo que apoyaron todos ustedes, señorías. Y la ley, además, fue aprobada y apoyada por la práctica totalidad de la Cámara, salvo por el Grupo Popular, que fue marginado. Pero resulta que hay que ser coherentes y no ser contrarios a los propios actos, y no se puede apoyar simultáneamente, por lo menos en este punto, una iniciativa y la contraria. Dice el artículo 40.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual que la emisión del servicio público de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma en otra limítrofe y con afinidades lingüísticas y culturales podrá ser efectuada siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad. No pone más condiciones y eso lo apoyaron todos ustedes. Nosotros tenemos que decir que apoyamos esta solución sin negar otras. Apoyamos que, previa la solución técnica, que en este caso —insisto— pasa por el tercer múltiplex a la Comunidad Valenciana, se llegue en todo caso a la solución definitiva política mediante un convenio bilateral con la reciprocidad correspondiente, convenio donde se contengan los derechos y obligaciones de ambas partes.
Para acabar, señor presidente, el Grupo Popular es favorable a la reciprocidad y entiende que es posible apostar y que se debe apostar por la televisión sin fronteras. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque el Grupo Popular no quiere televisiones que se dediquen a crear fronteras donde ni las hay ni las debe haber, dicho de pasada. (Aplausos.) Y digo que la reciprocidad de las emisiones entre comunidades limítrofes —insisto en que será tema de debate en la tramitación legislativa en la legislatura que viene— no esté vinculada solo a lo lingüístico, que por supuesto, sino también por razones de afinidad cultural, social o económica. En el caso de la Comunidad Valenciana no tiene por qué negársele la posibilidad, dotando de los medios técnicos correspondientes, de que comunidades vecinas, como Murcia o Castilla-La Mancha, por ejemplo, puedan establecer, si así lo acuerdan sus
respectivos gobiernos, los correspondientes convenios bilaterales de reciprocidad. En particular —ya que hemos hablado de respeto en varias ocasiones y en
particular cuando hablamos de la lengua, y me parece muy bien, porque debe ser así— conviene que respetemos lo que dicen la Constitución y los estatutos, y el Estatuto de la Comunidad Valenciana habla de la Comunidad Valenciana y del valenciano como lengua oficial de la Comunidad Valenciana. (Aplausos.)
Como antes insistí en que la condición necesaria es el acuerdo técnico —tercer múltiplex— y la condición suficiente es el acuerdo político, digo esto porque para
que haya acuerdo político tiene que haber buena voluntad, buena fe y respeto por ambas partes. Y el respeto implica respetar las señas de identidad cultural, histórica y por supuesto estatutaria y constitucional de las diferentes comunidades autónomas. Y, por último, como he dicho, la reciprocidad debe estar vinculada en
todo caso a la suscripción de un convenio entre las comunidades afectadas.
Con este espíritu, insisto, nosotros no nos oponemos a que se tramite. Estamos a favor de que se tramite y tendremos ocasión —Dios mediante— en la próxima legislatura de debatir en profundidad sobre esta cuestión, porque nos parece necesario y conveniente para todos que se resuelva a satisfacción del conjunto de la sociedad. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres):
Gracias, señor Fernández.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio