Comisión Constitucional. Congreso de los Diputados. 11 de marzo de 2009
PROPOSICIONES NO DE LEY POR LA QUE SE IMPULSA LA COMPENSACIÓN A LOS PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DE MONEDA REPUBLICANA EN LA ÉPOCA FRANQUISTA (Convergència i Unió)
El señor PRESIDENTE (Alfonso Guerra): En nombre del Grupo Parlamentario
Popular don Jorge Fernández Díaz tiene la
palabra.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Nuestro grupo, como
es sabido, manifestó un entusiasmo descriptible por la
Ley de Memoria Histórica, pero es evidente que en dicha
ley votó a favor de los artículos 5 a 9 inclusive, es decir,
de aquellos que eran acordes con el espíritu de la transición
y del Pacto constitucional, de los que de verdad
cumplían con el espíritu y la literalidad del título oficial
de la ley, pero no de aquellas otras cosas que llevaba la
ley y que no iban en la línea de remover obstáculos o
resolver situaciones de objetiva injusticia que estuvieran
padeciendo personas o entidades como consecuencia de
la guerra civil, de la posguerra y del franquismo.
Escuchando al señor Xuclà, al señor Tardà y a la
señora Oramas, quiero aclarar una cosa.
He empezado diciendo que tenemos el beneficio de la duda en cuanto
a que, habiendo criticado duramente la Ley de Memoria
Histórica, no consideramos justo trasladar desde esta
Cámara a la sociedad española la idea de que la Cámara
protege a los partidos y a los sindicatos, pero no a los
particulares. No es así. Desde el comienzo de la transición,
en España se han dictado 22 normas de distinta
jerarquía normativa —resoluciones, órdenes ministeriales,
leyes, decretos, decretos-leyes—, que han ido en
la línea de reparar esas injusticias que se produjeron con
ocasión de la guerra civil y después de ella. Hemos hecho
una memoria económica del montante de esas 22 normas;
una memoria económica bastante seria, a la que aludí
con ocasión de los debates de la Ley de Memoria Histórica.
El montante de esas ayudas se eleva a 16.000
millones de euros y hay un total de 570.000 personas
beneficiadas con el conjunto de esas disposiciones. Lo
digo en honor a la verdad. Por eso empecé afirmando
que, no siendo dudosos en cuanto al entusiasmo que nos
merece la Ley de Memoria Histórica, pongamos las
cosas en su sitio, porque si no alguien podría decir: Oiga,
¿qué hace este Congreso de los Diputados? Si se trata
de proteger a los sindicatos, muy bien; si se trata de
proteger a los partidos políticos, muy bien, pero si se
trata de los particulares, no. Eso no es así y no es justo.
Puedo citar algunas leyes, como la Ley 5/1979, de 18 de
septiembre, que reconoce pensiones, asistencia médica
y asistencia social a viudas, hijos y familiares de españoles
fallecidos en la guerra civil; la Ley 35/1980, de 26
de junio, que reconoce los derechos sociales de los mutilados
de la República; la Ley 4/1990, de 29 junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990, cuya
disposición adicional 18ª estableció una indemnización
a favor de quienes sufrieron prisión en establecimientos
penitenciarios durante tres o más años como consecuencia
de los supuestos contemplados en la citada Ley
de Amnistía y tuvieran cumplida la edad de 65 años el 31
de diciembre de 1990... Podría citar muchísimas, hasta 22
y —repito— hay 570.000 personas físicas beneficiadas,
no 570.000 sindicatos ni partidos políticos. Pongamos
las cosas en su sitio.
Dicho esto y habiendo quedado claro lo anterior, paso
a la cuestión nuclear de la proposición no de ley del
Grupo de Convergència i Unió, del diputado, señor
Xuclà. A mí me parece que cada día tiene su afán y la
oportunidad en política es muy importante. Esta es una
iniciativa que debía tener asiento en la Ley de Memoria
Histórica. Quiero recordar que el proyecto de ley de
memoria histórica que presentó el Gobierno al Congreso
de los Diputados la legislatura pasada no preveía la
posibilidad de restitución de bienes incautados ni a personas
jurídicas ni a personas físicas. Es verdad. Tanto el
Grupo Parlamentario de Esquerra como el de Izquierda
Unida presentaron enmiendas en ese sentido; a mí no me
consta la de Convergència i Unió. En sede parlamentaria,
el Grupo Parlamentario Socialista pactó con el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida un proyecto de ley
muy distinto del originario del Gobierno, que motivó que
en esta Comisión y en el Pleno el señor Herrera dijera
—y creo que lo decía con propiedad— que ese proyecto
de ley de memoria histórica se había convertido en su
proyecto. Yo tuve ocasión de decirle: Señor Herrera, se
ha convertido en su proyecto teniendo su grupo parlamentario
cinco diputados, y no tiene nada que ver con
nuestro grupo parlamentario, teniendo 148 diputados.
Ese es el consenso alcanzado en esta Cámara. ¡Oh casualidad!
A continuación, Izquierda Unida, que había asumido
plenamente su proyecto, aceptó que en ese proyecto
no estuvieran sus enmiendas relativas a la
posibilidad de que fueran compensadas las incautaciones
a particulares. Por tanto, que cada palo aguante su
vela.
Nosotros hemos intentado ser coherentes desde el
principio. Votamos, como he dicho, el contenido de la
ley, como lo habíamos hecho en esas 22 normas que se
dictaron con gobiernos del Partido Socialista y con
gobiernos del Partido Popular. Estando en el Gobierno
o en la oposición, siempre las votamos a favor y votamos
también los artículos 5 a 9 inclusive de la Ley de
Memoria Histórica. Ahora bien, repito, cada día tiene su
afán y los criterios de oportunidad en política son importantes.
Una vez que la Ley de Memoria Histórica ha sido
aprobada, en la percha de esa ley han de tener acogida,
con el correspondiente desarrollo reglamentario, cuantas
iniciativas, reclamaciones y demandas estén dentro del
ámbito de aplicación de esa ley. Las cuestiones que aquí
estamos planteando no aparecen en la ley y empezamos
a abrir este proceso.
Cuando hablamos de razón de oportunidad
—se ha referido a ello el señor Xuclà—, es
verdad. Estamos en un momento de una especial crisis
financiera y económica. Cada día engrosan la lista de
parados de nuestro país muchos ciudadanos españoles y
el déficit público está absolutamente desbocado. Sinceramente,
estamos hablando de una reclamación que en
los largos meses de tramitación de la Ley de Memoria
Histórica pudo haber tenido asiento en la ley. No lo tuvo
en ningún momento. No lo acogió así el Gobierno, no
lo acogió así el Grupo Parlamentario Socialista, no lo
acogió así el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, no lo acogió así el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, que apoyó la ley y
votó a su favor, y ahora reclaman esta posibilidad. Nosotros
no entramos en el fondo de la cuestión. No negamos
la legitimidad ni la justicia de esas peticiones, pero sinceramente
nos parece que no es el momento desde el
punto de vista económico y financiero ni legal.
Termino como comencé. Que no se transmita a la
opinión pública que este Congreso de los Diputados
atiende a los partidos y a los sindicatos, porque eso falta
a la verdad radicalmente.
Lo que pasa es que como se ve con esta iniciativa y como se verá después con la de
revisión de juicios, la Ley de Memoria Histórica no
resolvió lo que pretendía resolver y, por el contrario, ha
reabierto conflictos y heridas que ya creíamos superados
en el espíritu de la transición y del pacto constitucional.
El señor PRESIDENTE (Alfonso Guerra): En nombre del Grupo Parlamentario
Popular don Jorge Fernández Díaz tiene la
palabra.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Nuestro grupo, como
es sabido, manifestó un entusiasmo descriptible por la
Ley de Memoria Histórica, pero es evidente que en dicha
ley votó a favor de los artículos 5 a 9 inclusive, es decir,
de aquellos que eran acordes con el espíritu de la transición
y del Pacto constitucional, de los que de verdad
cumplían con el espíritu y la literalidad del título oficial
de la ley, pero no de aquellas otras cosas que llevaba la
ley y que no iban en la línea de remover obstáculos o
resolver situaciones de objetiva injusticia que estuvieran
padeciendo personas o entidades como consecuencia de
la guerra civil, de la posguerra y del franquismo.
Escuchando al señor Xuclà, al señor Tardà y a la
señora Oramas, quiero aclarar una cosa.
He empezado diciendo que tenemos el beneficio de la duda en cuanto
a que, habiendo criticado duramente la Ley de Memoria
Histórica, no consideramos justo trasladar desde esta
Cámara a la sociedad española la idea de que la Cámara
protege a los partidos y a los sindicatos, pero no a los
particulares. No es así. Desde el comienzo de la transición,
en España se han dictado 22 normas de distinta
jerarquía normativa —resoluciones, órdenes ministeriales,
leyes, decretos, decretos-leyes—, que han ido en
la línea de reparar esas injusticias que se produjeron con
ocasión de la guerra civil y después de ella. Hemos hecho
una memoria económica del montante de esas 22 normas;
una memoria económica bastante seria, a la que aludí
con ocasión de los debates de la Ley de Memoria Histórica.
El montante de esas ayudas se eleva a 16.000
millones de euros y hay un total de 570.000 personas
beneficiadas con el conjunto de esas disposiciones. Lo
digo en honor a la verdad. Por eso empecé afirmando
que, no siendo dudosos en cuanto al entusiasmo que nos
merece la Ley de Memoria Histórica, pongamos las
cosas en su sitio, porque si no alguien podría decir: Oiga,
¿qué hace este Congreso de los Diputados? Si se trata
de proteger a los sindicatos, muy bien; si se trata de
proteger a los partidos políticos, muy bien, pero si se
trata de los particulares, no. Eso no es así y no es justo.
Puedo citar algunas leyes, como la Ley 5/1979, de 18 de
septiembre, que reconoce pensiones, asistencia médica
y asistencia social a viudas, hijos y familiares de españoles
fallecidos en la guerra civil; la Ley 35/1980, de 26
de junio, que reconoce los derechos sociales de los mutilados
de la República; la Ley 4/1990, de 29 junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990, cuya
disposición adicional 18ª estableció una indemnización
a favor de quienes sufrieron prisión en establecimientos
penitenciarios durante tres o más años como consecuencia
de los supuestos contemplados en la citada Ley
de Amnistía y tuvieran cumplida la edad de 65 años el 31
de diciembre de 1990... Podría citar muchísimas, hasta 22
y —repito— hay 570.000 personas físicas beneficiadas,
no 570.000 sindicatos ni partidos políticos. Pongamos
las cosas en su sitio.
Dicho esto y habiendo quedado claro lo anterior, paso
a la cuestión nuclear de la proposición no de ley del
Grupo de Convergència i Unió, del diputado, señor
Xuclà. A mí me parece que cada día tiene su afán y la
oportunidad en política es muy importante. Esta es una
iniciativa que debía tener asiento en la Ley de Memoria
Histórica. Quiero recordar que el proyecto de ley de
memoria histórica que presentó el Gobierno al Congreso
de los Diputados la legislatura pasada no preveía la
posibilidad de restitución de bienes incautados ni a personas
jurídicas ni a personas físicas. Es verdad. Tanto el
Grupo Parlamentario de Esquerra como el de Izquierda
Unida presentaron enmiendas en ese sentido; a mí no me
consta la de Convergència i Unió. En sede parlamentaria,
el Grupo Parlamentario Socialista pactó con el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida un proyecto de ley
muy distinto del originario del Gobierno, que motivó que
en esta Comisión y en el Pleno el señor Herrera dijera
—y creo que lo decía con propiedad— que ese proyecto
de ley de memoria histórica se había convertido en su
proyecto. Yo tuve ocasión de decirle: Señor Herrera, se
ha convertido en su proyecto teniendo su grupo parlamentario
cinco diputados, y no tiene nada que ver con
nuestro grupo parlamentario, teniendo 148 diputados.
Ese es el consenso alcanzado en esta Cámara. ¡Oh casualidad!
A continuación, Izquierda Unida, que había asumido
plenamente su proyecto, aceptó que en ese proyecto
no estuvieran sus enmiendas relativas a la
posibilidad de que fueran compensadas las incautaciones
a particulares. Por tanto, que cada palo aguante su
vela.
Nosotros hemos intentado ser coherentes desde el
principio. Votamos, como he dicho, el contenido de la
ley, como lo habíamos hecho en esas 22 normas que se
dictaron con gobiernos del Partido Socialista y con
gobiernos del Partido Popular. Estando en el Gobierno
o en la oposición, siempre las votamos a favor y votamos
también los artículos 5 a 9 inclusive de la Ley de
Memoria Histórica. Ahora bien, repito, cada día tiene su
afán y los criterios de oportunidad en política son importantes.
Una vez que la Ley de Memoria Histórica ha sido
aprobada, en la percha de esa ley han de tener acogida,
con el correspondiente desarrollo reglamentario, cuantas
iniciativas, reclamaciones y demandas estén dentro del
ámbito de aplicación de esa ley. Las cuestiones que aquí
estamos planteando no aparecen en la ley y empezamos
a abrir este proceso.
Cuando hablamos de razón de oportunidad
—se ha referido a ello el señor Xuclà—, es
verdad. Estamos en un momento de una especial crisis
financiera y económica. Cada día engrosan la lista de
parados de nuestro país muchos ciudadanos españoles y
el déficit público está absolutamente desbocado. Sinceramente,
estamos hablando de una reclamación que en
los largos meses de tramitación de la Ley de Memoria
Histórica pudo haber tenido asiento en la ley. No lo tuvo
en ningún momento. No lo acogió así el Gobierno, no
lo acogió así el Grupo Parlamentario Socialista, no lo
acogió así el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, no lo acogió así el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, que apoyó la ley y
votó a su favor, y ahora reclaman esta posibilidad. Nosotros
no entramos en el fondo de la cuestión. No negamos
la legitimidad ni la justicia de esas peticiones, pero sinceramente
nos parece que no es el momento desde el
punto de vista económico y financiero ni legal.
Termino como comencé. Que no se transmita a la
opinión pública que este Congreso de los Diputados
atiende a los partidos y a los sindicatos, porque eso falta
a la verdad radicalmente.
Lo que pasa es que como se ve con esta iniciativa y como se verá después con la de
revisión de juicios, la Ley de Memoria Histórica no
resolvió lo que pretendía resolver y, por el contrario, ha
reabierto conflictos y heridas que ya creíamos superados
en el espíritu de la transición y del pacto constitucional.
entrada de Jorge Fernández Díaz @ 4:22 p. m.
<< Inicio