Intervenciones Parlamentarias de Jorge Fernández

lunes, 17 de diciembre de 2007

Pleno del Congreso de los Diputados, 12 diciembre 2007

INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO Y PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA FORTALECER LOS VALORES Y SÍMBOLOS QUE UNEN A LOS ESPAÑOLES.

El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día:
Interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre
las medidas que ha adoptado y piensa adoptar el
Gobierno para fortalecer los valores y símbolos que unen
a los españoles. La interpelación la formulará el señor
Fernández Díaz. (La señora vicepresidenta, Calvo
Poyato, ocupa la Presidencia.)

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, es esta previsiblemente la
última interpelación de mi grupo parlamentario en esta
legislatura. Es un honor y al mismo tiempo una gran
oportunidad para hacer balance de España, de las políticas
que ha desarrollado y piensa desarrollar el Gobierno
para fortalecer los valores y símbolos que unen a los
españoles y, en definitiva, un balance de legislatura, un
balance de cómo está la nación española, de cómo estaba
cuando ustedes llegaron al Gobierno y de cómo se
encuentra en estos momentos. En una interpelación es
evidente que no hay tiempo para hacer un balance global
y exhaustivo de todas las facetas de la vida nacional
—económica, social, cultural, etcétera—. Por eso me
referiré, como ya he señalado, a elementos estructurales
y que conforman el ser y la identidad de la nación española.
Valores, símbolos y realidades que vertebran, que
cohesionan, que en definitiva unen a los españoles y a la
nación.
Empiezo por decir, señora ministra, señorías, que
nuestra idea de España es la idea que se ve reflejada en
la Constitución. Es la idea de la nación española plural
que se define y organiza jurídica y políticamente en la
Constitución. Es la España constitucional, de la Constitución
de la reconciliación y de la concordia de 1978.
Nuestra España y nuestra idea de España no es la de la
II República, ese régimen que acabó en una guerra civil
y que ha estado tan presente por desgracia en esta legislatura
y al que se ha referido tan reiteradamente como
presunta referencia cronológica y política previa a
nuestra Constitución el señor presidente del Gobierno.
Ni nuestra España es la España de la Ley de Memoria
Histórica que quiere romper con lo mejor de nuestro
reciente pasado, con nuestra transición política a la
democracia, volviendo a reabrir heridas y divisiones que
creíamos ya superadas o cicatrizadas por la generosidad
y la altura de miras de tantos y tantos españoles de todo
el espectro político. Una ley, la de Memoria Histórica,
ya aprobada por las Cortes, que pretende dividir a los
españoles en buenos y malos según las decisiones que
tomaron en la guerra civil sus abuelos. Señorías, ustedes
han puesto en cuestión en esta legislatura algunos de los
valores superiores consagrados en nuestra Constitución
e incluso lo ha puesto en cuestión y hoy se ha recordado,
no por mí sino por el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), el mismo fundamento de la Constitución
española, que es la nación española, cuando el
presidente del Gobierno, en sede parlamentaria, dijo
aquello que, insisto, hoy ha recordado el portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco, que la nación —por
supuesto era la española, ¿verdad?— era un concepto
discutido y discutible. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)
Si es discutido y discutible el fundamento de
la Constitución, evidentemente la Constitución pasa a
estar tan discutida y tan cuestionada como lo ha estado
por desgracia en esta legislatura. Eran los tiempos, como
digo, señorías, en los que se discutía la nación española,
pero paralelamente brotaban naciones y realidades
nacionales por doquier. Repito que nuestra idea de
nación es la definida en la Constitución: comunidad
política e integrada por ciudadanos libres e iguales ante
la ley e iguales en derechos y en obligaciones. (Un señor
diputado: ¡Muy bien!) Hoy mismo, desde una tribuna
de prensa, un académico nos recuerda el origen etimológico
del término nación: del latín nascere, nacer, y su
origen político reciente, fruto de la Revolución Francesa,
pues anteriormente se refería exclusivamente, como
sabemos, a personas unidas por orígenes y tradiciones
comunes, incluida o no la lengua. Los nacionalistas
periféricos afirman que sus comunidades son naciones
porque las conforman pueblos con una voluntad de ser,
con identidad cultural propia, en ocasiones con lengua
específica propia y una historia propia, pero podemos
señalar que no es menos cierto por lo menos que todos
esos requisitos concurren desde hace siglos en la nación
española, y eso no es discutido ni discutible desde una
óptica seria y rigurosa salvo para el presidente del
Gobierno.
Quiero referirme ahora, señorías, a los valores, símbolos
y realidades que unen a los españoles en nuestra
opinión. El valor fundamental de la libertad que hoy
encarna —hoy— de manera ejemplar la alcaldesa de
Lizarza sustituyendo el nombre de un terrorista en la
plaza de su localidad por el de libertad: plaza de la
Libertad. Libertad para elegir el bien como ha hecho la
alcaldesa de Lizarza. Eso es libertad. Libertad ejercida
para el bien. Y no puedo dejar de señalar cómo las víctimas
del terrorismo, que siempre han sido un referente
moral para la inmensa mayoría de los españoles como
consecuencia de las torpes maniobras del Gobierno y de
su nefasta política antiterrorista, se han convertido —y
lo hemos visto, lamentablemente por desgracia, hace
muy poco— artificialmente en elementos de división, de
enfrentamiento o de confrontación incluso entre las
propias víctimas alentándose determinadas iniciativas
desde la propia Presidencia del Gobierno. El valor de la
libertad que se plasma en todos los ámbitos de la vida
de los ciudadanos y de las comunidades. Libertad de los
padres para elegir el colegio para sus hijos conforme a
sus convicciones. Libertad para que sean educados en su
lengua materna en cualquier parte del territorio nacional,
cuando además esa lengua materna resulta que es la
lengua española oficial del Estado. A este respecto,
quiero anticipárselo señora ministra, el Estatuto de Cataluña
ha estatuido, de alguna manera ha constitucionalizado,
una política de normalización lingüística que era
coyuntural y que ahora se convierte en estructural porque
evidentemente un estatuto no se puede modificar como
una ley ordinaria. Libertad de conciencia para oponerse
al adoctrinamiento de las conciencias que persigue el
Gobierno con su asignatura de educación para la ciudadanía
socialista. Hay otros valores superiores consagrados
en nuestra Constitución que, en nuestra opinión,
no han sido —sino todo lo contrario— reforzados con
las políticas del Gobierno en esta legislatura. El valor
superior de la justicia que consagra nuestra Constitución,
que ha de ser ciega para ser objetiva y ha de estar siempre
sometida a la ley, con independencia de la voluntad
política del Gobierno de turno. Si al Gobierno no le gusta
la ley tiene la capacidad de cambiarla. Lo que no puede
hacer es poner en suspenso el cumplimiento de la ley,
poner en suspenso o en interinidad el Estado de derecho
y el principio de seguridad jurídica en función de una
determinada política. Lo hemos visto, por desgracia, en
el llamado proceso de paz, proceso de negociación política
con los terroristas en esta legislatura. El valor superior
de la paz también está consagrado como valor
superior en nuestra Constitución, y es evidente que une
al conjunto de los ciudadanos. Pero hablamos de la paz
de los valientes, no la paz que desean los terroristas
alcanzar con sus procesos de negociación. Y esos son
valores consagrados en la Constitución que unen a los
españoles, pero que —y he citado la libertad, he citado
la justicia, he citado la paz— en esta legislatura, por
desgracia, no solo no han unido sino que han enfrentado
a los españoles como consecuencia de las políticas
impulsadas por el Gobierno del señor Rodríguez
Zapatero.
Otro valor superior consagrado en la Constitución y
que debe servir para unir mejor, desde la pluralidad y la
diversidad, a los ciudadanos y a los territorios es la solidaridad
interterritorial, consagrada en el artículo 2 de la
Constitución. ¿Es solidario, desde el punto de vista
territorial, que se prefiera que el agua sobrante vaya al
mar antes de que vaya a alimentar a otras comunidades
que la necesitan? ¿Qué concepto de la solidaridad personal
y territorial es ese? ¿Qué concepto de la solidaridad
interterritorial en la política del Gobierno socialista es
la que nos lleva a que las inversiones del Estado territorializadas
se predeterminan desde los estatutos de autonomía
en función del interés particular —legítimo pero
particular— y no desde el interés general que esta
Cámara y el Gobierno de la nación son los encargados
de defender y promover? Señorías, ya estamos viendo
cuáles son los frutos de la España plural del señor
Rodríguez Zapatero; uno de sus grandes ejes políticos
en esta legislatura. Estamos en estos momentos con
referendos de autodeterminación o de independencia,
anunciados por el vicepresidente del Gobierno de la
Generalitat de Catalunya al líder del partido principal
coaligado en Cataluña y en España, en sede gubernamental
o en sede parlamentaria del Gobierno socialista
del señor Rodríguez Zapatero. Referéndum de autodeterminación
para el año 2014 en Cataluña; referéndum
de autodeterminación para el año 2009 en el País Vasco.
¿Esos son los frutos de la España plural que iban a servir
para cohesionar, vertebrar y unir mejor a los españoles?
Por sus frutos los conoceréis, señoría. Estamos al final
de la legislatura y esos son los lamentables frutos que
esas malhadadas políticas han obtenido.
Hablamos de símbolos, de realidades, de instituciones.
La Corona, símbolo, según la Constitución, de la unidad
y permanencia de España, ha sido objeto en esta legislatura
de unos ataques sin precedentes, por ejemplo, con
quema masiva y organizada de retratos de Sus Majestades.
Pero ¿nos ha de sorprender esto cuando el presidente
del Gobierno reiteradamente ha aludido a la II
República como un régimen político de referencia, del
que se sentía especialmente orgulloso y que era el precedente
político de la Constitución de 1978; cuando tiene
como socios preferenciales del Gobierno a un partido
que es republicano y que es independentista? La contradicción
in terminis que significa velar por los intereses
generales de España con un partido que niega España se
puede mantener durante un corto periodo de tiempo, pero
no se puede mantener de una manera sostenida y larga
en el tiempo, y los frutos los estamos viendo.
Sigo, señorías. Los símbolos son importantes, evidentemente,
no por su contenido material, sino por su representación
institucional, por su repercusión afectiva, por
los sentimientos y las realidades que representan. En esta
legislatura hemos visto enfrentarse a selecciones nacionales
de comunidades autónomas contra la selección
española en diversas disciplinas deportivas y en competiciones
oficiales internacionales. Hemos visto cómo el
Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento de
Cataluña con los votos del Partido Socialista y con la
promoción absolutamente decidida y decisiva del presidente
del Gobierno, reconoció las selecciones nacionales
catalanas. Eso tiene mucho que ver con los símbolos,
con las instituciones y con las realidades que cohesionan
y que vertebran, que unen a los españoles entre sí. Por
tanto, vemos que junto a la pasividad en ocasiones existe
complicidad, no sé si dolosa o culpable, pero en definitiva
complicidad. Le voy a dar un dato, señora ministra,
que no sé si conocerá, pero que le hará darse cuenta de
hasta qué punto determinadas cosas no se pueden aceptar
en un país serio y sensato. Por ejemplo, el Ministerio de
Defensa está patrocinando en estos momentos, hoy, una
obra de teatro que se llama Los persas, donde se escenifica
un claro ultraje a la bandera española y, por cierto,
se critica de manera directa la presencia de las tropas
españolas en Afganistán, con el patrocinio del Ministerio
de Defensa. Está en los medios. (Rumores.) Señorías,
estas cosas están pasando, y, como le digo, esto tiene que
ver con los valores, tiene que ver con los sentimientos,
tiene que ver con las instituciones y tiene que ver con
las realidades que unen y vertebran a España, a los españoles
y a sus territorios.
Durante esta legislatura el señor Rodríguez Zapatero
ha promovido con gran eficacia una política —que si no
lo perseguía lo ha conseguido— de división y de enfrentamiento
entre territorios y entre ciudadanos: ruptura del
Pacto antiterrorista, elaboración de un nuevo Estatuto de
Cataluña sin consenso, como hasta ahora había sucedido,
de los dos grandes partidos nacionales; ha llegado a
blindar ríos, a desgajar archivos o a establecer derechos
distintos según el lugar de nacimiento o residencia.
Señorías, señora ministra, los conceptos entran por los
afectos. No se puede querer lo que no se conoce, y si no
se enseña en nuestras escuelas a los jóvenes una historia
común y compartida de España y de su geografía en su
globalidad, no se puede querer a España. Cuando se
amputa la historia de España, como vemos ahora con los
programas de estudios, para decir que España de alguna
manera nace con la modernidad del siglo XIX y se considera
prehistoria de España la Hispania romana, la
España visigótica, la Reconquista, el Islam, la España
de los Austrias, es evidente que estamos dando a las
nuevas y futuras generaciones de España una visión de
España que no tiene nada que ver con nuestra identidad
histórica y con nuestra realidad nacional.
Termino ya, señora ministra. Al acabar la Segunda
Guerra Mundial, De Gaulle y Adenauer dijeron que sus
países respectivos no podían seguir enfrentándose militarmente
como lo llevaban haciendo desde la primera
guerra franco-prusiana en 1870. Llegaron a la conclusión
de que una de las causas era que a los niños franceses se
les enseñaba a odiar a los alemanes y a los alemanes a
odiar a los franceses. Estamos hablando de dos países
que son importantes en Europa y en el mundo, que se
han enfrentado durante siglos militarmente en guerras
que han llegado a ser mundiales. Gracias a Dios en
España no estamos en esas circunstancias, pero sí que
debemos aceptar e imitar su ejemplo. Procuremos
enseñar una historia común y compartida en todo el
territorio nacional. Una cosa es gestionar el sistema
educativo y otra cosa es utilizarlo para adoctrinar ideológica
y políticamente y educar a algunos niños en el
odio a España.

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato):
Señor Fernández Díaz, le pido que vaya concluyendo.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Eso no tiene nada
que ver con lo que el Gobierno de la nación debe
impulsar, proteger y favorecer, ni con los valores superiores,
símbolos, representaciones e instituciones que la
Constitución garantiza y ampara para ese fin.
Muchas gracias. (Aplausos.—Varios señores diputados:
¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato):
Muchas gracias, señor Fernández.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señoría, le he escuchado con atención, pero debo
decirle que, como viene siendo habitual en ustedes, trae
aquí un relato, un cuento podríamos decir, cargado de
ruido y de exageraciones tremendistas. Ustedes, la
derecha, suelen recurrir a visiones apocalípticas. En la
elaboración de la Constitución, y especialmente en el
Título VIII, hacían y decían las mismas cosas que dicen
ahora. Ya desde entonces anunciaban desastres que, por
cierto, afortunadamente no se han cumplido. Debo
decirle que no aprenden nada de la historia y, lo que es
peor, con frecuencia intentan reescribirla. Pero además
ahora, en sus prisas por alcanzar el poder, creo que hacen
algo más: anteponen sus intereses partidistas a los intereses
del país y de los ciudadanos. En nuestra opinión,
crean falsas polémicas, avivan enfrentamientos entre
territorios y personas, porque, señorías, los conflictos
menores y las anécdotas con los símbolos, que siempre
han existido, ustedes los elevan a la categoría de problema
nacional. Se convierten en verdaderos agitadores
del frentismo y utilizan como arma arrojadiza aquello
que debe servirnos a todos como garantía de convivencia.
En su estrategia no hay ningún espacio, institución o
acontecimiento que escape a su utilización partidaria, a
su deterioro, a su crispación y a su grosera manipulación.
Quiero decirle que actualmente no hay un problema con
los valores y los símbolos constitucionales que no se
diera ya antes. Son ustedes quienes intentan amplificar
esos problemas con alarmas infundadas introduciendo
irresponsablemente en la confrontación política lo que
siempre ha estado fuera de ella y debería seguir estándolo.
He de decirle que tanto el contenido de la interpelación
como su intervención me han servido para ver sus
propias incoherencias, incoherencias, por supuesto,
como cuando hablan de consenso institucional apropiándose
de conceptos que no forman parte de su práctica
política. Todos sabemos que la Constitución de 1978
constituye el mejor instrumento con que nos hemos
dotado los españoles para asegurar nuestra convivencia
en común; al igual que sabemos que nuestra Constitución
fue fruto del consenso de todas las fuerzas políticas y no
solo de las dos principales, entre las que le recuerdo,
señoría, no se encontraba Alianza Popular, cuya refundación
dio lugar al actual Partido Popular. Porque, ¿de
qué consenso hablan? ¿Del artículo 2 de la Constitución,
que no votaron, o del Título VIII, al que se opusieron?
(El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!) ¿Recuerdan
sus profecías sobre el Título VIII de la Constitución, que
según ustedes nos llevaría a la destrucción pura y simple
del Estado? ¿De qué erosión del pacto constitucional
de 1978 hablan? ¿Su amnesia constitucional les ha llevado
también a olvidar su oposición a los primeros
estatutos vasco y catalán? En todo caso, también ahora
son ustedes los que se colocan fuera del consenso constitucional.
Son ustedes los que no tienen en cuenta, por
estrategia partidista, los principios de lealtad, de respeto
y de integración. Son ustedes los que utilizan —tratan
de utilizar— los acuerdos y el diálogo a conveniencia
propia. Son ustedes los que faltan al respeto a los órganos
constitucionales planteando recusaciones sobre bases
falsas, como recientemente les ha dicho el Tribunal
Constitucional. Sin duda, el sistema autonómico fue uno
de los principales aciertos de nuestra Constitución. Hoy
en día los españoles han interiorizado plenamente su
pertenencia a su respectiva comunidad autónoma y ven
de manera positiva que se avance en el desarrollo del
Estado de las autonomías, como se ha hecho a lo largo
de esta legislatura que está a punto de concluir. Las
reformas estatutarias aprobadas por las Cortes Generales,
tanto las de antes como las de ahora, han buscado
siempre adecuar el modelo a las nuevas realidades y una
mejora en la articulación territorial y en la actualización
de competencias, siempre en beneficio de los ciudadanos.
Y en cuanto a los nuevos estatutos de autonomía
aprobados en esta legislatura —siete—, quiero señalarle
y recordarle que todos ellos, con excepción del de Cataluña,
han sido aprobados con el voto favorable del Partido
Popular. Y al hilo de esto me va a permitir que le
haga algunas consideraciones sobre sus falsas afirmaciones
en el petitum de la interpelación. Le recuerdo que
el primer Estatuto de nueva generación aprobado fue el
de la Comunidad Valenciana. ¿Acaso S.S. incluye al
Partido Popular entre los nacionalismos radicales que
dice han apoyado al Gobierno en estas reformas
estatutarias? ¿Son los nuevos estatutos de Valencia, de
Andalucía, de las Islas Baleares, de Aragón y de Castilla
y León también una manifestación de los discursos particularistas
que fracturan la solidaridad de igualdad entre
españoles a los que S.S. hace referencia al presentar la
interpelación? Y respecto del Estatuto catalán, en lugar
de participar de manera constructiva en el proceso de
aprobación de esta reforma estatutaria, ustedes se embarcaron
en una campaña de boicot contra lo catalán de la
que todavía no se han bajado. En primer lugar, se hartaron
de decir que la reforma del Estatuto de Cataluña
era una modificación de la Constitución. El Tribunal
Constitucional puso las cosas en su sitio no admitiendo
un recurso de amparo diciéndoles que no era una reforma
de la Constitución. (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.—Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato):
Señorías.

La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (Salgado Méndez): En segundo lugar, y sin
ningún respeto a la soberanía nacional que reside en esta
Cámara, hicieron gala de una suerte de atropello institucional
planteando un referéndum ilegal que corrigieron
posteriormente con mesas petitorias. Por tanto, ¿cómo
pueden seguir argumentando en su interpelación iniciativas
plebiscitarias con tanto desprecio y menoscabo del
procedimiento establecido constitucionalmente? Es
incomprensible su nivel de incoherencia, echando en
cara al Gobierno que haya formaciones políticas que
defiendan unos referendos, desde luego inconstitucionales,
al tiempo que ustedes son capaces de defender una
iniciativa llevada a cabo por su partido para impedir la
aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña;
iniciativa que contradice abiertamente el procedimiento
de aprobación de las reformas estatutarias y, por
tanto, también puede ser tachada de inconstitucional.
En tercer lugar, dónde está la coherencia de su modelo
de Estado cuando impugnan un estatuto, el catalán, y
apoyan otros, como el de Andalucía, que contiene más
de cuarenta principios idénticos a los impugnados por
ustedes en el Estatuto catalán. En ese tótum revolútum
de su interpelación llegan incluso a falsear la realidad
afirmando que el presidente hizo un reconocimiento en
el Congreso de una suerte —y leo textualmente lo que
ustedes dicen— de derecho de autodeterminación. El
presidente del Gobierno, en el debate celebrado el 1 de
febrero de 2005 en esta Cámara, sobre la propuesta de
reforma del Estatuto de la Comunidad de Euskadi,
afirmó con rotundidad —y cito literalmente— que la
relación del País Vasco con el resto de España la decidirán
todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles.
Esto es lo que dijo, añadiendo que apostaba —y sigo
leyendo textualmente— por un nuevo proyecto para
Euskadi y para el conjunto de España; un proyecto que
ha de tener el respaldo de todos y la mirada puesta en el
futuro, que ha de establecer la prioridad en aquellos que
no pueden vivir como seres libres, en el afán de compartir
las aspiraciones nacionales dentro de un gran
proyecto de convivencia, de un gran proyecto que representa
una España orgullosa de su pluralidad. Por cierto,
quiero recordarle que la primera vez que se anunció la
intención de convocar un referéndum en el País Vasco
fue gobernando ustedes, el PP, en marzo del año 2000.
A este respecto en todo momento la posición del
Gobierno ha sido muy clara, el respeto a otras visiones
expresadas por otras formaciones políticas o instituciones,
siempre que se expresen por cauces democráticos.
El límite está en lo que marca nuestra Constitución.
Igualmente, aprovecho para matizarle la alusión
inexacta que hace en su interpelación sobre las declaraciones
del presidente del Gobierno en relación con el
concepto nación. El presidente del Gobierno en ningún
momento llegó a calificar la nación española como un
concepto discutido y discutible, sino que, ante afirmaciones
de su portavoz en el Senado que rezumaban
fundamentalismo, le contestó —y vuelvo a citar textualmente—
que quizá no haya un concepto tan discutido
en la teoría política, en la ciencia política y en la ciencia
constitucional como el concepto de nación. ¿A que no
es lo mismo que ustedes han dicho? En cuanto a la interpelación
que me hace S.S. sobre los símbolos, en la
misma línea y con las mismas intenciones que otras
muchas iniciativas anteriores, tengo que repetirles lo
mismo: no hay ningún problema de símbolos en España,
más allá de la utilización abusiva que ustedes vienen
haciendo con fines partidarios. La actuación del
Gobierno de España en este tema, al igual que los anteriores,
es el de absoluto respeto por la legalidad y una
confianza plena en el funcionamiento del Estado de
derecho, apoyando la persecución de delitos y velando
por el cumplimiento de la Ley de banderas. Lo que sí ha
cambiado es la actitud irresponsable mantenida por su
partido, instrumentalizando unos símbolos que deben
servir para unir, haciéndolos elementos arrojadizos en la
confrontación partidista. La diferencia respecto a situaciones
pasadas es que cuando ustedes gobernaban
durante ocho años no hicieron nada, no plantearon ninguna
reforma legislativa ante situaciones similares a las
actuales, mientras que la diferencia es que la oposición
entonces no utilizaba ni la Constitución, ni la Corona, ni
los símbolos nacionales, ni la guerra de las banderas, ni
la lucha antiterrorista en el enfrentamiento partidario.
Tampoco hay ningún problema lingüístico, ni se tiene
constancia de persecución a los ciudadanos que desean
que sus hijos estudien en castellano. El sistema de cooficialidad
lingüística reconocido en nuestra Constitución,
el castellano como lengua oficial del Estado y las demás
lenguas oficiales reconocidas por las comunidades autónomas
en sus estatutos, está garantizado por la legislación
vigente. (El señor Fernández Díaz: No es así.) De
manera que el conocimiento de cualquier lengua cooficial
no puede generar discriminación, como se refleja,
por ejemplo, en el Estatuto catalán, que dice taxativamente
en el artículo 32 que todas las personas tienen
derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas,
y previamente el artículo 6 reitera el derecho constitucional
de utilización del castellano y el 33 reconoce a
los ciudadanos el derecho de opción lingüística en sus
relaciones con la Administración.
Termino, señoría, diciéndole que pertenezco a un
Gobierno que se siente orgulloso de lo que hemos hecho
en esta legislatura, de haber afrontado retos importantes
que afectaban al Estado de las autonomías y a los ciudadanos
y que hemos solventado satisfactoriamente en su
beneficio; de una política territorial basada en el respeto,
el diálogo y la cooperación entre las instituciones, en
lugar de la confrontación de épocas anteriores. Esta ha
sido la legislatura con más y mayores reformas de calado
en beneficio de los ciudadanos, de la solidaridad y de la
cohesión; esas cosas, por cierto, de las que su partido no
quiere que se hable. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que
mientras que el Gobierno se preocupa por las personas,
se dedica a ofrecer buenos resultados y a tener una solución
para cada problema, ustedes me temo que se han
convertido en un problema que no tiene solución.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato):
Muchas gracias, señora ministra.
Señor Fernández, su turno de réplica.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, le voy a decir una cosa con todo
respeto, por supuesto. Se nota que usted no era la
ministra de Administraciones Públicas cuando se tramitó
el Estatuto de Cataluña. Usted me puede dar lecciones
de muchas cosas, pero le aseguro que del Estatuto de
Cataluña y de Cataluña no le acepto ninguna. Se lo digo
con toda humildad pero con toda sinceridad. Por tanto,
no me tiene usted que explicar a mí cuál fue la tramitación
del Estatuto de Cataluña. Usted entonces era
ministra de Sanidad y se nota.
Ha traído un discurso escrito evidentemente, donde
ha empezado a hablar de que yo he traído aquí un cuento
apocalíptico para acabar descalificándonos, como es
habitual. Le voy a contestar muy sintéticamente. Primero,
lo del boicot a los productos catalanes es demasiado
serio como para que usted lo diga aquí. No se lo
acepto bajo ningún concepto. (Rumores.) Decir que el
Partido Popular ha promovido el boicot a los productos
catalanes solo se puede decir desde la manifiesta mala
fe. ¿Está claro? Y no se lo acepto. (Varios señores diputados:
¡Muy bien!— Rumores.)
Hablar de tótum revolútum cuando usted compara
referendos de autodeterminación anunciados por el señor
Carod-Rovira…, oiga, si yo me tomo en serio que el
señor Carod-Rovira es el conseller de la Vicepresidencia
de la Generalitat de Catalunya, no sé si usted se lo toma
en serio o no, que plantea un referéndum para el 11 de
septiembre del año 2014 y que está trabajando en esa
dirección, por cierto, desde el Gobierno de la Generalitat
de Catalunya, presidida por un socialista. Yo me tomo
en serio al lehendakari Ibarretxe cuando dice que quiere
plantear un referéndum de soberanía. Que usted compare
eso con una recogida de firmas para apoyar políticamente
una proposición no de ley como hizo el Grupo
Parlamentario Popular, si habla en serio es que usted no
es digna de estar en el banco azul, y si habla en broma
no es el momento. ¿Está claro? (Varios señores diputados:
¡Muy bien!) Porque nosotros esas cosas nos las
tomamos en serio y usted me habla de tótum revolútum.
Hablemos en serio, señora ministra, que estamos
hablando de cosas serias.
Tercero, que me hable a mí de reescribir la historia
cuando ustedes han hecho la Ley de Memoria Histórica…,
¡por favor!, cuando han creado ustedes el Centro
Documental de la Memoria Histórica y pretenden establecer
por ley la memoria histórica, identificando que la
ley lo que tiene que decir es que los españoles acepten
que la historia de la guerra civil, de la posguerra y de la
preguerra civil es la del señor Zapatero, pero por favor,
¿dónde estamos? Que ya somos mayorcitos, y ese debate
ya lo hemos tenido, pero no nos hable a nosotros de
reescribir la historia cuando han aprobado ustedes una
Ley de Memoria Histórica. Por otra parte, le digo,
señoría, en relación con las banderas, que hay una diferencia
entre cuando gobernábamos nosotros y ahora.
Entre otras cosas, y no es menor, tenemos ya una interpretación
auténtica y válida de la ley hecha por el Tribunal
Supremo, y supongo que siendo el Tribunal
Supremo quien se ha pronunciado muy exhaustiva y
casuísticamente en torno a cómo debe interpretarse y
aplicarse la Ley de banderas, estamos en un Estado de
derecho y, por tanto, el Gobierno se toma en serio lo que
ha dicho el Tribunal Supremo y actúa en consecuencia
con los requerimientos correspondientes. En todo caso,
acépteme, señora ministra, que por lo menos los alcaldes
del Partido Socialista, que es el partido del Gobierno,
han de cumplir y hacer cumplir la ley de manera ejemplar,
aunque solo sea —que no sea obligatorio— para
exigir a los demás lo que de entrada empiezan a exigirse
a sí mismos, que es una cosa que prometen o juran
cuando toman posesión de sus cargos, que es cumplir y
hacer cumplir la ley, también, señora ministra, la Ley de
banderas.
En relación con la lengua, tampoco en eso, con todo
respeto —qué quiere usted que le diga—, le acepto lecciones.
Le vuelvo a reiterar lo que le dije antes. Se nota
que usted no era la ministra de Administraciones
Públicas cuando se tramitó el Estatuto de Cataluña La
política de normalización lingüística en Cataluña, que la
conozco perfectamente como otros diputados que
estamos en esta Cámara, es una política que fundamentalmente
lo que persiguió en un primer momento —hablo
de la política de normalización lingüística que mejor
conozco, que es la catalana— fue intentar, utilizando un
término que en la discusión política empleamos habitualmente
aunque no me guste a mí, una cierta discriminación
positiva en favor del catalán que estaba en objetiva
inferioridad de condiciones respecto al castellano
después del franquismo, eso era evidente. Tenía, por
tanto, desde nuestra perspectiva, esa finalidad y, por su
naturaleza, un periodo de transitoriedad. Un Gobierno
distinto podía cambiar de política. Lo que han hecho
ustedes ahora es llevar esa política de normalización
lingüística al Estatuto de Cataluña y ya no se puede
cambiar porque, claro, un Estatuto no se hace cada día,
y menos un Estatuto del 151 como el de Cataluña. Por
cierto, fíjense ustedes cómo han legislado que frente a
lo que se dice de reforma del Estatuto, han hecho un
Estatuto nuevo, han derogado el anterior y como el Tribunal
Constitucional derogue alguna norma del Estatuto,
va a haber un vacío jurídico competencial para la Generalitat
de Catalunya. Eso es en lo que estamos. Lo cierto
es que al final se está sancionando a comercios en Cataluña
por rotular en la lengua española oficial del Estado.
Lo cierto es que hay padres que no pueden decidir en
qué lengua quieren que se enseñe a sus hijos, teniendo
en cuenta muy claramente que esa lengua en ese caso
concreto es el castellano, que es su lengua materna y que
es lengua oficial del Estado también en Cataluña, como
en Galicia, como en el País Vasco, como en Baleares,
como en Valencia. Por supuesto que la política de normalización
lingüística y la política educativa han de
permitir que al salir de sus estudios lógicamente han de
dominar las dos lenguas, la propia o específica de su
comunidad y la común, general y oficial en todo el
Estado, que es el castellano.
Por último, me ha dicho usted que he hecho una alusión
inexacta a esa famosa aseveración que se imputa al
presidente del Gobierno en relación con que la nación
es un concepto discutido y discutible. No estaba usted
en el Congreso esta tarde cuando el señor Erkoreka abrió
el turno de sesión de control, porque empezó por decirle
eso. Y yo creo que el presidente del Gobierno, si la alusión
hubiera sido inexacta, se la hubiera corregido, y no
se la corregido. Me parece que usted en este caso ha sido
más papista que el Papa, es decir, ha sido más zapaterista
que el señor Zapatero.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!—
Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato):
Gracias, señoría. Señora ministra, su turno de dúplica.

La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora
presidenta.
Usted ha dado una respuesta breve y la mía también
lo va a ser. Simplemente quiero decirle que continúan
acudiendo al catastrofismo, exagerando la anécdota y
construyendo realidades que no existen, porque verdaderamente
lo que les importa es recuperar el poder como
sea. Quisiera decirle que España desde luego no se
rompe, lo han dicho ustedes muchas veces, y por el
contrario los españoles piensan que somos un país
mucho mejor, con más bienestar, con más derechos y
con más democracia. De la misma manera que no ha
desaparecido la familia, sino que se ha beneficiado de la
fortaleza de políticas de apoyo. ¿De verdad quieren
defender la Constitución española y sus símbolos? Pues
si es así empiecen por ser respetuosos. Ustedes mismos
no respetan las instituciones cuando se instrumentaliza
la justicia constitucional por intereses partidista, cayendo
en el abuso de derecho o fraude procesal como les ha
dicho el Tribunal Constitucional, ni cuando por esos
mismos intereses bloquean la renovación de órganos
constitucionales como el Consejo General del Poder
Judicial o el Tribunal Constitucional. Tampoco se respetan
los valores constitucionales con ese relativismo
moral que ustedes practican cuando hablan de la unidad
de España pero se dedican a dividir a los españoles;
cuando lo que es bueno para ustedes en el Estatuto
valenciano es malo para el catalán; o cuando con la
reforma del Estatuto de Canarias se opusieron en el
Parlamento insular por considerarlo inconstitucional
convirtiéndose muy poco después en su máximo valedor
para poder así formar Gobierno en esa comunidad —esas
no son precisamente muestras de coherencia-; o cuando
gobernando minimizaron el fenómeno de las banderas
y vienen intentando llevar por la vía penal lo que la
doctrina legal viene diciendo que ha de ser por la vía
contencioso-administrativa. Señoría, le insisto en que el
Gobierno no puede dar órdenes a los alcaldes. Señoría,
de verdad, si quieren garantizar la igualdad y la solidaridad
entre los españoles interioricen de verdad lo que
una diputada de su grupo dijo en una de las muchas
iniciativas sobre los símbolos —cito literalmente—:
Cuando se renuncia a cumplir la ley lo que se está
haciendo es atacar directamente los derechos de los
españoles. Aplíquenselo ustedes donde gobiernan con
leyes como igualdad, la LOE, la dependencia o las
ayudas para el alquiler a los jóvenes que se quieran
emancipar.
Termino, señoría, con un llamamiento a la cordura. Si
de verdad creen en la soberanía nacional, en los valores
constitucionales y en sus instituciones, rectifiquen su
comportamiento, sean más respetuosos, no utilicen, por
ejemplo, los órganos de cooperación entre Estado y
comunidades autónomas con actitudes estrambóticas,
como han hecho en las dos conferencias sectoriales
celebradas hoy, abandonen los intereses espurios que les
mueven, tomen una dosis de sensatez y tengan fe en
España, esa sinfonía incompleta, que diría Ramiro de
Maeztu, y que entre todos tenemos que perfeccionar.
Muchas gracias. (Aplausos.—Un señor diputado:
¡Muy bien!)

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