Intervenciones Parlamentarias de Jorge Fernández

miércoles, 19 de diciembre de 2007

Pleno del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2007

MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS
QUE HA ADOPTADO Y PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FORTALECER LOS VALORES Y SÍMBOLOS QUE UNEN A LOS ESPAÑOLES.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso):
Pasamos al punto siguiente del orden del día: Moción
del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas que ha
adoptado y piensa adoptar el Gobierno para fortalecer
los valores y símbolos que unen a los españoles.
Para su defensa tiene la palabra el señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el miércoles de la semana pasada tuve ocasión
de defender en nombre de mi grupo parlamentario
la última interpelación de mi grupo de este periodo de
sesiones y de esta legislatura. Esta moción trae causa de
aquella interpelación y fundamentalmente pretende
poner en valor la Constitución española de 1978, la
Constitución que ha hecho posible para España el
periodo de progreso y estabilidad democrática más fructífero
de nuestra historia y que ha de continuar siendo el
fundamento de la convivencia de los españoles en el
futuro. Esta, señorías, es la fórmula concreta que reza en
el primer punto de la moción que sometemos a su consideración.
Merece una explicación, aunque sucinta, el porqué de
una moción de estas características. Cuando acabamos
de conmemorar el 29 aniversario de la aprobación de
nuestra Constitución puede parecer una obviedad instar
al Congreso de los Diputados a reafirmar la convicción
de que esa Constitución ha de continuar siendo el fundamento
de la convivencia de los españoles para el
futuro, dado que —como he dicho anteriormente— ha
significado y ha hecho posible para España el periodo
más largo de progreso y estabilidad. La explicación es
lo que ha sucedido en esta legislatura. Se empezó por
cuestionar el fundamento mismo de la Constitución en
la medida en que se puso en cuestión a la nación española,
que según el artículo segundo de la Constitución
española es el fundamento de la misma. Si la nación
española es un concepto discutido y discutible es evidente
que la Constitución, que encuentra en ella su
fundamento, es discutida y discutible. Si añadimos a ello
que se han puesto en cuestión y se han roto consensos y
pactos de Estado —explícitos e implícitos— que hicieron
posible en su día el pacto constitucional y después el
desarrollo de la Constitución en los aspectos que afectan
a la arquitectura institucional que esa Constitución
definía para el Estado, es evidente que no es ocioso ni
obvio en absoluto que en este momento, en que se acaba
ya esta VIII legislatura, queramos efectuar esa reafirmación
con la solemnidad propia de una votación en el
Pleno de esta Cámara.
Señorías, como todos ustedes saben, la historia del
constitucionalismo español a lo largo del siglo XIX y de
buena parte del siglo XX no ha sido precisamente exitosa.
Con la excepción de la Constitución de 1812 y la
Constitución de la Restauración canovista de 1874, el
resto de constituciones del siglo XIX y el siglo XX hasta
llegar a 1978 ha sido fundamentalmente la historia de
un fracaso. Ello porque la Constitución expresaba la
relación de poder de cada momento. El grupo que detentaba
el poder imponía a la otra parte de España su constitución.
Aquello dio lugar, como saben ustedes, al
famoso trágala; una parte de España le imponía el trágala
a la otra parte de España. Lógicamente, cuando la correlación
de fuerzas, por unas u otras circunstancias —en
muchos casos con ocasión de asonadas militares—
variaba, la otra parte imponía su constitución. Así hemos
estado, como digo, hasta la Constitución de la Restauración
canovista de 1874. Después, es evidente que la
Constitución de la II República llevó precisamente el
germen de la guerra civil, en la medida en que fue una
Constitución de una parte de España contra la otra parte.
Eso —en mi opinión no es el momento ahora de desarrollarlo,
ni es mi voluntad— lo hemos visto con ocasión
de los recientes debates sobre la Ley de Memoria Histórica.
Vimos efectivamente que esa Constitución, por
desgracia, ya llevaba el germen de lo que después fue
una discordia, un conflicto civil, que finalmente degeneró
nada más y nada menos que en guerra civil. Después
del franquismo, los constituyentes españoles tenían
muy clara la historia de España; tenían muy claro que
no podíamos seguir así y, en un ejercicio de patriotismo
y de responsabilidad, se propusieron y consiguieron
hacer una Constitución de todos y para todos, una Constitución
de consenso, una Constitución de concordia, una
Constitución con la que pudieran gobernar unos y otros;
y así ha sido. Desde 1978 ha gobernado en España la
Unión de Centro Democrático, ha gobernado en España
el Partido Socialista con mayoría absoluta y en minoría
y ha gobernado el Partido Popular con mayoría absoluta
y en minoría; es decir, ha gobernado prácticamente todo
el espectro político de esta Cámara de una u otra manera,
sin necesidad de cambiar la Constitución, lo cual en sí
mismo ya quiere decir mucho a favor de esa Constitución
y mucho a favor de los constituyentes. Ese consenso se
materializó especialmente en la Constitución a la hora
de decidir y a la hora de resolver consensuadamente
cuestiones polémicas que nos habían dividido en los
siglos XIX y XX, como, por ejemplo, la forma de Estado
—monarquía o república—, en la que se pactó la monarquía
parlamentaria; la forma de Estado —Estado unitario
centralista o Estado descentralizado— en la que se pactó
el título VIII, o la cuestión religiosa, sobre la que se llegó
a la definición del Estado aconfesional en el artículo 16,
complementado con el artículo relativo a la libertad de
enseñanza y al derecho a la educación del artículo 27.
Se llegaron a grandes consensos y en ese clima de consenso
se desarrolló la Constitución, de manera muy
especial en lo que hacía referencia a su organización
territorial, el título VIII. Ahí están todos los pactos que
los dos grandes partidos nacionales, cuando menos —
primero, UCD y PSOE y, después, PSOE y PP— han
hecho para desarrollar los estatutos de autonomía que,
desarrollaron la Constitución en el ámbito territorial. Así
ha funcionado el Estado de las autonomías hasta esta
legislatura, en la que, rompiendo lo que ha sido una
tradición de pacto y de consenso en las grandes cuestiones
nacionales de los dos grandes partidos nacionales,
el Gobierno del señor Zapatero, unilateralmente, promovió
y elaboró un nuevo estatuto de autonomía, el
Estatuto de Cataluña, marginando al principal partido de
la oposición, rompiendo el consenso del título VIII de la
Constitución y rompiendo lo que había sido una tradición
de pacto de Estado para su desarrollo desde 1978 hasta
los pactos autonómicos de 1992.
Por ello, señorías, nosotros con esta moción queremos
volver a hacer una llamada al consenso, al sentido de
Estado del conjunto de la Cámara y especialmente del
Grupo Socialista para que esta forma de gobernar no se
reproduzca en el futuro y esta moción que cierra la legislatura
sea como el frontispicio de lo que debe ser la
próxima: la vuelta al consenso, la vuelta al sentido de
Estado, la vuelta al sentido de la responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

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