Pleno del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2008

PROPOSICIÓN NO DE LEY
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
(SEÑOR JORQUERA Y SEÑORA FERNÁNDEZ),
RELATIVA A LA REVISIÓN DE LOS
ACUERDOS ESTADO-SANTA SEDE.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
En las últimas legislaturas hemos tenido ocasión de
debatir extensamente iniciativas similares. Presentadas
por unos grupos o por otros, lo que pretenden en síntesis
es, desde nuestro punto de vista, una mutación constitucional
y convertir el modelo de aconfesionalidad cooperativa
definida en nuestra Constitución por un Estado
laico en la acepción laicista. Para ello se parte de unas
premisas a mi juicio erróneas, equivocadas. Por ejemplo,
en el petitum de esta proposición no de ley se afirma que
los acuerdos deben subordinarse a los principios constitucionales,
que es tanto como decir que no respetan los
principios constitucionales; que deben adecuarse a la
aconfesionalidad del Estado establecida en el
artículo 16.3; que se reformen los convenios administrativos
firmados por el Gobierno y la Iglesia católica para que se
adecuen a las leyes y reglamentos, es decir, para que se
sometan al ordenamiento jurídico, y, por último, que bajo
el principio de no discriminación e igualdad de trato se
extiendan esos acuerdos o marcos de cooperación establecidos
con la Iglesia católica a otras confesiones o
creencias religiosas en la medida en que estén presentes
en el Estado español. Cualquiera que leyera este petitum,
diría: ¿En qué Estado de derecho vivimos? Si tenemos
unos acuerdos con rango de tratado internacional, ratificados
por esta Cámara, que tienen casi treinta años de
vigencia y atentan contra los principios constitucionales,
alguien diría: ¿Qué han hecho los gobiernos y los
poderes públicos durante esos treinta años para permitir
semejante disparate? Si además resulta que esos acuerdos
con la Iglesia católica no respetan la aconfesionalidad
del Estado, es decir, el modelo de relaciones entre la
Iglesia y el Estado, se preguntarían: ¿Pero qué tipo de
acuerdos son esos? ¿Y llevan ustedes así treinta años?
Pero la perplejidad sigue cuando se dice: Reformen los
convenios administrativos que en desarrollo de esos
acuerdos han firmado ustedes —entiendo que se estarán
refiriendo, por ejemplo, a los relativos a los profesores
de religión— para adecuarlos al ordenamiento jurídico,
que llevan ya bastantes años de vigencia. Y uno diría:
¿El Gobierno ha firmado unos convenios administrativos
que son ilegales y que tienen más de diez años de
vigencia? ¿Pero qué Estado democrático es este? Y, para
acabar, dicen: Por cierto, no siga usted manteniendo esa
desigualdad de trato y esa discriminación hacia las
demás confesiones y creencias religiosas y, por tanto,
establezca usted unos marcos de cooperación con las
demás que garanticen que no hay esa desigualdad de
trato, que no hay esa discriminación.

Por tanto, si de verdad la premisa de la que se parte para llegar a esa
conclusión fuera cierta, insisto, todos los que estamos
aquí y todos los que nos han precedido aquí a lo largo
de nueve legislaturas deberían hacer una seria reflexión.
Este Estado debería reflexionar sobre si efectivamente
este es un Estado democrático, social y de derecho o es
una broma. Evidentemente, no es una broma, lo que pasa
es que las premisas de las que se parte son absolutamente
falsas, son apriorísticas, son prejuicios ideológicos que,
insisto, pretenden llegar a una mutación constitucional
desde unas premisas falsas. Sobre todo, quiero destacar
esa apreciación en cuanto que no respeta los acuerdos
vigentes entre la Iglesia y el Estado, como ya se ha
señalado reiteradamente, que entraron en vigor el 3 de
enero de 1979, con el preacuerdo de julio de 1976; no
respeta la aconfesionalidad del Estado.
No da tiempo, evidentemente, ni es este el ámbito para
teorizar acerca del concepto de aconfesionalidad, pero
sí quiero decir que para mí el concepto de aconfesionalidad
es sinónimo del concepto de laicidad —que no de
laicismo, obviamente— y que el Estado aconfesional
definido en nuestra Constitución está tan alejado del
Estado confesional como del Estado laico; pero hay que
hacer una clara afirmación: y es que tanto el Estado
aconfesional, como el Estado laico, como el Estado
confesional están en Europa y todos ellos son democráticos,
por tanto, no hay incompatibilidad en ninguno de
esos tres modelos con ser democrático.

Lo que define a un Estado como democrático desde el punto de vista de
las relaciones con las iglesias, confesiones o creencias
religiosas es que respete o no respete y garantice o no
garantice la libertad religiosa. Y en Europa tenemos esos
modelos. Estado confesional: Grecia, donde la Iglesia
ortodoxa es la Iglesia oficial. Y fíjese usted en el Reino
Unido, donde la Reina de Inglaterra es la cabeza de la
Iglesia anglicana, por no hablar de las monarquías nórdicas,
luteranas o calvinistas, que son monarquías parlamentarias
democráticas y que son Estados confesionales.
Estado aconfesional: el Estado español. Estado
laico, república laica por excelencia, el paradigma:
Francia. Los tres son democráticos. Fuera de Europa
tenemos estados que son laicos y no son democráticos
porque no respetan la libertad religiosa, y el ejemplo más
emblemático es Turquía, que saben ustedes que su problema
fundamental en orden a su incorporación a la
Unión Europea viene precisamente por aquí, porque no
respetan la libertad religiosa, porque es un Estado laico
laicista que a diferencia del francés, que es democrático,
que respeta la libertad religiosa, este no la respeta. Y más
allá tenemos otros ejemplos, como las monarquías o
repúblicas islámicas, que son evidentemente laicistas y
que no son democráticas porque no respetan la libertad
religiosa. Por tanto, tenemos todo tipo de modelos, pero
en Europa lo sustantivo es que siempre, siempre se respeta
la libertad religiosa.

Termino, señor presidente. Quiero decir que, además
de esa aconfesionalidad a la que me he referido anteriormente
como definidora de nuestro modelo de relaciones
y de definición de nuestro Estado en orden al hecho
religioso, la aconfesionalidad implica neutralidad, que
no indiferencia, del Estado ante el hecho religioso; neutralidad
como garantía previa para el ejercicio de la
libertad religiosa por parte de los ciudadanos. Por tanto,
con tal actitud positiva y de respeto hacia la libertad
religiosa, puesto que se obliga desde la Constitución a
cooperar con las iglesias, en particular con la católica y
con las demás en la medida en que estén implantadas en
el Estado español, nuestro modelo de relación es el de
la aconfesionalidad cooperativa, insisto, tan alejado del
Estado laicista al que pretenden llevarnos como, desde
otra perspectiva, del Estado confesional.

Por último, en cuanto a la desigualdad de trato y discriminación
en relación con otras confesiones o creencias
religiosas, como antes decía el señor Jaúregui,
España es como es y es lo que es, y España no es el Tíbet;
seguramente en el Tíbet la Iglesia católica tiene una
importancia descriptible, tanta como aquí puede tener
esa confesión, por lo demás absolutamente respetable,
faltaría más. Pero lo cierto es que los españoles son lo
que son y el conjunto de confesiones religiosas no católicas
las comparten, según las encuestas del CIS mes a
mes, no más del 1,5 por ciento de los ciudadanos españoles
mayores de 18 años, mientras que cerca del 80 por
ciento se definen mes tras mes como católicos. Por tanto,
no podemos tratar igualmente hechos tan determinantemente
desiguales. ¿Se imagina, señor Llamazares, lo que
sería que se tratara desde el Gobierno de manera igual a un partido que
representara al 80 por ciento de los españoles que a los
demás partidos que todos juntos representaran al 1,5 por
ciento? ¿Eso sería democrático? ¿Eso sería atender al
principio democrático? Eso debe hacerse compatible con
el respeto a las minorías, faltaría más, pero eso no es
desigualdad de trato sino tratar de manera desigual lo
que es desigual y tratar de manera igual lo que es
igual.

Termino, señor presidente, ahora sí. En este debate
conviene alejarse de la tentación del fundamentalismo,
también de la del fundamentalismo laicista, señor Tardà,
que pretende imponernos su verdad a costa de la libertad.
En el otro extremo, los relativistas nos pretenden
imponer su libertad a costa de la verdad; ustedes, la
verdad, su verdad, a costa de nuestra libertad, y eso no
es bueno para nadie, ni para ustedes, ni para nosotros, ni
para la convivencia.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.