Intervenciones Parlamentarias de Jorge Fernández

jueves, 27 de noviembre de 2008

Pleno del Congreso de los Diputados, 25 noviembre 2008

PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDAINICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS, DE
RECONOCIMIENTO DE TODAS LAS VÍCTIMAS
DE LA DICTADURA Y DE RECUPERACIÓN
DE LA MEMORIA HISTÓRICA.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Cuando leí la iniciativa del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana vi que solo me quedaban dos
actitudes, señor Tardà, o tomármela en serio o tomármela
en broma; no había término medio, o muy en serio o muy
en broma, y realmente, como ven, al haber pedido el
turno en contra, decidí con mi grupo tomármela en serio,
porque los tiempos no están para la sociedad española
para bromas macabras y pesadas como las que se concretan
en la iniciativa que ustedes han presentado y que
usted ahora desde esta tribuna ha defendido. Digo en
broma, porque la técnica legislativa, desde el punto de
vista jurídico, de su proposición de ley no se sostiene en
absoluto. No llega ni a becario de curso de posgrado en
una facultad de Derecho, con todos los respetos. Porque,
claro, en una iniciativa legislativa hay que distinguir
entre lo que es una norma jurídica, lo que es el contenido
positivo o material de la norma jurídica y lo que es un
discurso político valorativo. Bien, para hacer un mitin
político de Esquerra Republicana puede estar muy bien
lo que usted ha dicho hoy aquí, pero para defenderlo
como una proposición de ley cuya admisión a trámite
hoy vamos a debatir y votar, sinceramente no se sostiene.
No se sostiene que ustedes pretendan, señor Tardà, en el
artículo primero de la proposición de ley, apartado d),
como texto legal que se reconozca la II República como
un Estado democrático y de derecho. Se necesita una ley
para reconocer o no reconocer eso. Pero además va más
allá, que por ley se afirme que la Monarquía parlamentaria
constitucional española actual tiene como precursora
la II República. Eso quiere usted que lo digamos
por ley, ese absoluto disparate. Eso no se puede decir
seriamente, ni siquiera —perdone— en un mitin de
Esquerra Republicana de Cataluña.
Cuando usted ha hablado de secuestros mentales ha
criticado a los protagonistas de la transición por la transición
misma y por su culminación que fue el pacto
constitucional, la Constitución de la concordia, del consenso,
la Constitución de 1978, y les ha dicho que ahora
hay una generación que, a diferencia de aquellos constituyentes,
no tienen necesidad de tener secuestros mentales
ni las debilidades que los constituyentes dijeron, y
no sé si usted hace un ejercicio de injusticia o un ejercicio
de ignorancia, porque los constituyentes no tenían
que olvidar nada, salvo el pasado en lo que tenía de
negativo, todo el pasado de toda nuestra historia, no solo
el franquismo, la II República, se lo repito, la II República,
y toda la historia del constitucionalismo de casi
todo el siglo XIX español. Querían aprender de ese
pasado colectivo para no volverlo a reproducir y para
que la Constitución en cada momento histórico no fuera
el resultado de la correlación de fuerzas que en ese
momento histórico había en España, de tal manera que
el trágala o el espadón de turno impusiera su Constitución
cuando estuviera dominando la situación y llevara
al secuestro de verdad a los que entonces habían pasado
a vivir peor suerte que cuando disfrutaban de otra mejor
en el momento de aprobar o de imponer su Constitución.
Todo eso tuvieron presente los constituyentes, señor
Tardà, y actuaron con altura de miras y con generosidad
y con mucha responsabilidad. Toda la altura de miras
que a ustedes les faltó y les sigue faltando, toda la generosidad
que a ustedes les faltó entonces y les sigue faltando,
a ellos les sobró. Ustedes, Esquerra Republicana,
que fueron en coalición en el año 1977 con el Partido
del Trabajo de España, y el señor don Heribert Barrera
fue el diputado, ¡ya ven qué coalición, el Partido del
Trabajo de España que era marxista-leninista en el
año 1977!, fueron los votos que a ustedes les dieron su
escaño en las constituyentes, y ustedes no estuvieron en
el consenso constitucional. Lo malo es que treinta años
después siguen sin estar en el consenso constitucional.
Bien, hasta ahí podría pasar, pero es que lo que pretende
el señor Tardà es que los que estuvimos en el consenso
constitucional y en la transición pidamos perdón,
digamos que lo hicimos mal e intentemos volver a las
andadas. ¡Hombre, para ser ustedes tan pocos nos exigen
demasiado a tantos como somos los que estuvimos y
estamos en el pacto constitucional! (Aplausos.)
Me tocó debatir con S.S. la llamada Ley de Memoria
Histórica —que ya sé que no se llama así pero por más
que quieran los señores socialistas para España se llama
así, Ley de Memoria Histórica— y de aquellos vientos
vienen estas tempestades. Porque un grupo como el de
ustedes —al que respeto y sabe que de manera especial
a las personas—, muy marginal en la política española,
muy excéntrico en la política española —quiero decir
muy alejado de la centralidad—, que no estuvo en el
consenso constitucional, que sigue estando fuera de la
centralidad y del consenso constitucional, que haga y
diga estas cosas, hasta cierto punto forma parte del
guión. Ahí estaría la lógica en la que me hubiera situado
si me lo hubiera tomado en broma —esa posición que le
comenté al principio—, me lo podría tomar en broma
porque son cosas del amigo Joan Tardà y de Esquerra
Republicana de Catalunya. Pero estos señores tienen
mucha responsabilidad política de esto porque gobiernan
con ustedes en Cataluña y porque la Ley de Memoria
Histórica la impulsaron ellos y ahora tenemos la situación
que tenemos, porque, para poder garantizar a los
familiares de los desaparecidos un derecho que en ningún
momento hemos cuestionado y que entendemos que lo
tienen y que hay que garantizárselo y reconocérselo, que
es el de poder acceder a saber dónde están los familiares
desaparecidos, no hacía falta esta ley. Con un Congreso
con mayoría absoluta del Partido Popular, el de la legislatura
2000-2004, el 20 de noviembre del año 2002 —
dese cuenta de la fecha, que no fue casual— la Comisión
Constitucional de esta Cámara aprobó por unanimidad
una resolución —que le recomiendo, señor Tardà, que
se la vuelva leer— donde se decía, entre otras cosas, que
las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas
competencias tenían que aprobar los respectivos
protocolos de exhumación para localizar a los desaparecidos;
y se mandataba a las administraciones públicas
para hacerlo. Fíjese que ha pasado un año desde la aprobación
de la Ley de Memoria Histórica y todavía esos
protocolos no existen, todavía los reglamentos de desarrollo
de la ley no existen y se dice que la ley se hace
para ampliar derechos de personas represaliadas en la
guerra civil o el franquismo. Oiga, ¿qué derechos se han
ampliado? Si para exhumar fosas al final el juez Garzón
ha tenido que hacer una causa general contra el franquismo
que ha acabado como ha acabado, cuando se ha
enterado que Franco murió hace 33 años (Aplausos.); si
ha tenido que ir por la vía penal porque por la vía administrativa
no podía progresar porque el Gobierno todavía
no ha hecho sus deberes; si lo que ha hecho ha sido
generar una polémica en España, en donde nos pasamos
el día hablando de fosas, de exhumación de cadáveres,
de víctimas, de criminales y de asesinos, cuando el problema
que había se solucionaba con una norma reglamentaria,
si había voluntad política para hacerlo, en lugar
de reescribir la memoria histórica y decir que donde
durante cuarenta años había unos buenos y unos malos,
ahora es al revés, ahora los buenos son los malos y los
malos son los buenos, que eso es lo que pretende la
memoria histórica, no nos engañemos. Miren, señorías,
lo que está pasando, se lo voy a explicar a algunos que,
a lo mejor, todavía no lo saben. La Ley de Memoria
Histórica ha hecho una cosa que jurídicamente es aberrante
y políticamente es lamentable, y es que dice que
quedan legitimadas para iniciar los procesos de localización
y exhumación de fosas de desaparecidos unas
asociaciones. Lo normal sería que dijera, por ejemplo:
las asociaciones que se constituyan desde la entrada a
vigor de la ley hasta el plazo de tantos meses. No, lo
aplica con efecto retroactivo y dice que las únicas asociaciones
legitimadas, a efectos de iniciar e incoar esos
procesos, son las constituidas antes del 1 de junio del
año 2004, es decir, tres años y medio antes de la aprobación
de la ley. ¿Qué le parece eso? Y a continuación
dice, evidentemente, que las administraciones públicas,
en el ámbito de sus competencias, otorgarán subvenciones
en las universidades a proyectos de investigación
para esas asociaciones que estén en eso. Eso es lo que
está pasando. Es que hay asociaciones que ahora se
querrían constituir, porque desaparecidos también hay
en muchos sitios; por ejemplo, sería muy interesante
saber dónde está Andreu Nin, ¿verdad?, que no lo mató
Franco, creo yo. Hay otros muchos que sus familiares
les gustaría averiguar dónde están y qué paso. Pero esas
asociaciones no están legitimadas porque no se constituyeron
antes del 1 de junio de 2004. Ni siquiera ahora,
cuando se ha aprobado la ley, si se constituyen les da
legitimación activa la ley. ¿Qué le parece? Y no pueden
acceder a subvenciones públicas con esta finalidad. Esto
es lo que ha hecho la Ley de Memoria Histórica; todos
somos mayorcitos para saber lo que es esta Ley de
Memoria Histórica. Los señores socialistas que han
hecho esto son los responsables políticos de que después
vengan ustedes creando este clima y estas peticiones en
el Congreso de los Diputados.
Señoría, ha dicho usted tantas cosas y tantas barbaridades,
que no sé por dónde comenzar; simplemente le
voy a decir algunas. Como usted pretende con esta ley
que se afirme que la II República es la precursora de la
Monarquía parlamentaria constitucional actual, le digo
que eso no sé si este Congreso de los Diputados lo aprobará
por ley; lo que quiero decirle es que tiene el mismo
valor que si este Congreso dijera que dos y dos son seis,
es que es tan absurdo… Que diga además que la II República
es un modelo de respeto a los derechos humanos,
pero ¡qué me está usted diciendo! Si el 11 de mayo ya
estaban quemando conventos, expulsando a los jesuitas
y, algo tan actual como lo que ocurre ahora, retirando
crucifijos. (Aplausos.) El 13 de julio de 1936 —¿se lo
imagina usted ahora, con perdón?—, el jefe de la oposición
parlamentaria, señor Calvo Sotelo, era asesinado
por la policía del Estado (Aplausos.), pero es que eran
los guardaespaldas de un líder socialista. ¿Se imagina
usted que al jefe de la oposición parlamentaria de este
país lo asesinara —y perdóneme por decir eso, pero es
para entender que usted está diciendo que ese es un
modelo de régimen político— la policía del Estado? Y
no era franquista porque no había empezado el 18 de
julio, no le había dado tiempo a lo mejor, no lo era. Y si
la II República era un modelo, le pregunto señor Tardà,
¿por qué ustedes el 6 de octubre de 1934 dieron un golpe
de Estado revolucionario contra la II República? (Varios
señores diputados: ¡Muy bien! — Aplausos.) ¿Por qué
lo hicieron? Porque hubo miles de muertos en Asturias,
y muy poquitos en Cataluña, con ocasión de ese golpe
de Estado revolucionario. Claro, como la república en
aquel momento la gobernaba la CEDA y el Partido
Radical, la república era para los republicanos; era tan
demócrata, tan respetuosa de los derechos humanos, que
la república era, evidentemente, solo para ustedes, y
media España quedaba marginada. Usted dice que por
ley establezcamos que ese régimen político es un modelo
de respeto a los derechos humanos y que es el precursor
de la actual Constitución de 1978. ¿Pero usted se da
cuenta de la barbaridad que está diciendo? ¿Usted cree
que el pueblo español, que está representado aquí, se
merece que digamos esas barbaridades desde la tribuna,
cuando hay la crisis económica que hay y la gente está
padeciendo porque no llega a fin de mes? (Aplausos.)
¿Usted cree que podemos hacer esto? Viniendo por aquí
era por donde yo decía que me la podía tomar muy en
broma, pero, insisto, me ha parecido que era demasiado
serio no salir al paso de estas afirmaciones de una vez
por todas, porque el «Diario de Sesiones» de las Cortes
sigue lleno de iniciativas de ustedes en esta línea y, el
pueblo español, en estos momentos, créanme, necesita
confianza, necesita serenidad, necesita tranquilidad,
porque hay mucha preocupación en las familias españolas,
como ustedes saben o deberían saber; hay mucha
preocupación, demasiada, como para que en estos
momentos, en vez de aportarles un proyecto sugestivo
de futuro, les estemos aportando iniciativas como esta,
que no hacen más que ahondar en la división, en la discordia
entre los españoles y dividirnos entre buenos y
malos otra vez. Fíjese hasta qué punto llega el disparate
de su iniciativa, que dice que como los franquistas han
estado adoctrinando en un sentido durante muchos años,
ahora hay que adoctrinar en sentido contrario. Entonces
proponen, nada más y nada menos, la creación de un
consejo estatal de pedagogía de la memoria histórica,
porque como los franquistas han adoctrinado en relación
con la II República diciendo que eran muy malos, ahora,
fíjense ustedes, en una democracia constitucional liberal
del siglo XXI, que se cree un consejo estatal de pedagogía
de la memoria histórica, porque como aquello
estaba muy mal, vamos a hacer nosotros lo mismo, pero
en sentido contrario, que entonces estará muy bien. Esta
es su iniciativa. ¿Cree que se puede tomar en serio? He
dicho al principio, señoría, que ustedes no son los que
tienen más responsabilidad política, son los socialistas
los que han creado este clima con su malhadada Ley de
Memoria Histórica, (Aplausos.) que ni ha solucionado
lo que se pretendía solucionar y está creando el estado
de opinión en el que estas cosas se pueden producir.
Termino, señor presidente. Por si fuera poco todo lo
que he dicho, por si fuera poco, vuelven a pedir, nada
más y nada menos, que España pida perdón a Marruecos
porque en los años veinte masacramos a las tribus rifeñas
que han padecido durante generaciones mucho cáncer,
debido a los bombardeos que hicimos los españoles con
ocasión de las guerras de África en los años veinte, y por
supuesto que se pague la deuda histórica correspondiente.
Le voy a recordar una cosa, Estat Català y Acció
Catalana felicitaron a Abd el Krim cuando masacró
a 8.000 españoles en Annual. Por tanto, son ustedes
dignos herederos de ellos. A lo mejor deberían pedir
responsabilidades a Ufkir, ¿les suena, no?, preceptor de
Hassan II, que después le mató cuando conspiró contra
él en aquel golpe de Estado en el año 1970 ó 1971, y que
en el año 1958 o 1959 sí que bombardeó con napal
aquella zona de Marruecos. Pero yo no entro en eso. En
todo caso, si fuera poco todo lo que ha hecho, que usted
quiera que el Congreso de los Diputados pida perdón por
una supuesta masacre, por un supuesto genocidio a las
tribus rifeñas hace veinte años, cuando España solo tenía
un avión, el Farman Goliat, imputándole que pague y
que pida perdón por aquello, demuestra donde están
ustedes, ausentes del tiempo, ausentes de la realidad y
ausentes del sentido común, acompañando a estos
señores, por desgracia.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!— Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Fernández Díaz.

viernes, 21 de noviembre de 2008

La Razón, 20 noviembre 2008

UNA PLACA EN EL CONGRESO

Desde hace una semana, en el Congreso de los Diputados se ha suscitado un debate absolutamente singular y que parece más propio del siglo XIX que del siglo XXI. Una monja carmelita, canonizada en la plaza de Colón el 4 de mayo de 2003, por Juan Pablo II en su último viaje a España, Santa Maravillas de Jesús, ha sido su protagonista.
Vayamos a los hechos. Esta Santa carmelita nació en la Carrera de San Jerónimo, en un edificio que desde hace dos años forma parte de la institución parlamentaria y se ubican en él las direcciones de los Grupos Parlamentarios. Se da la circunstancia, además, de que familiarmente está estrechísimamente relacionada con el Congreso ya que fueron Diputados tanto su padre, como su tío y sus abuelos, durante varias legislaturas, siendo, además, algunos de ellos incluso Presidentes de la Cámara.
Por otra parte, es costumbre muy extendida colocar una placa conmemorativa en los edificios en los cuales nacieron, residieron o fallecieron personajes ilustres o que, por diversas circunstancias, han alcanzado notoriedad pública. Sin ir más lejos, los alrededores del Congreso recogen muchos ejemplos de este tipo: basta pasear por sus calles para comprobarlo.
Dadas estas circunstancias de notoriedad pública en la persona de Santa Maravillas, propuse al Presidente de la Cámara la posibilidad de colocar en el vestíbulo de entrada del citado edificio, una sencilla placa conmemorativa del hecho histórico de su nacimiento en ese lugar. Los diversos miembros de la Mesa consultados al respecto -y con una única excepción-, estuvieron conformes con la propuesta, la cual fue oficialmente aprobada en reunión de la Mesa del Congreso del pasado 4 de noviembre. Lo cierto es que en el espíritu del acuerdo se incluía la necesidad de un amplio consenso entre los Grupos Parlamentarios, que se debería entender implícito ya en el acuerdo de la Mesa dada la vinculación de sus integrantes con los diferentes Grupos.
Sin embargo, la sorpresa, -y muy desagradable, por cierto-, estalló cuando tanto la dirección del PSOE como de su Grupo parlamentario, al conocer el acuerdo, expresaron su frontal rechazo al mismo alegando, nada más y nada menos, la vulneración de la aconfesionalidad del Estado e invocando que la política del PSOE es “eliminar progresivamente los símbolos religiosos del espacio público”.
A mi entender, aquí radica la gravedad de este asunto: la concepción que trasmite el partido del Gobierno sobre una cuestión tan sensible como es la de las relaciones de la Iglesia y el Estado y de la misma libertad religiosa, especialmente cuando afecta a los católicos. Lo digo porque creo que podemos estar bastante de acuerdo en que si se hubiera tratado de un personaje que hubiera alcanzado notoriedad pública por una creencia religiosa diferente no se hubiera planteado ningún problema, hay muchos ejemplos que se pueden invocar a estos efectos. El laicismo radical, el anticlericalismo decimonónico de que ha hecho gala el PSOE, hace aflorar unos tics que algunos podrían creer superados pero que, por desgracia, no lo están.
De esta forma, el debate acerca de la colocación o no de la placa evocadora del nacimiento de Santa Maravillas de Jesús, trasciende la singularidad del personaje para colocar el foco en un Partido Socialista que gobierna en España y que no ha hecho su aggiornamento, su puesta al día tras el Concilio Vaticano II, si se me permite la ironía.
Este Partido Socialista, en su rancio anticlericalismo, ve gigantes donde simplemente hay molinos. En una sencilla placa que pretendía recordar a una humilde carmelita ve un símbolo religioso que socava el sagrado principio de la aconfesionalidad que debe presidir el “espacio público institucional”, por decirlo con la misma expresión cursi empleada por los diferentes portavoces socialistas. Es el mismo Partido Socialista que se llena la boca hablando de modernidad, de igualdad, de no discriminación, de tolerancia, de talante… y que sin embargo, a la hora de la verdad, demuestra con hechos lo que por desgracia sigue siendo una preocupante realidad: su incapacidad para asumir que aconfesionalidad y laicidad quieren decir autonomía y separación de Iglesia y Estado, pero con cooperación entre ambos en orden a la consecución del bien común y de la consideración de la libertad religiosa como una de las libertades constitutivas de un Estado democrático. Un Partido que no ha tenido presente el principio de no discriminación por creencia religiosa establecido en el artículo 14 de la Constitución.
Estamos conmemorando el año Paulino, evocador del 2000 aniversario del nacimiento del Apóstol de las gentes, quien sembró las raíces cristianas de Europa, predicando lo que era “escándalo para los judíos y necedad para los gentiles”. Dos mil años después, nuestros socialistas, para nuestra desgracia, se siguen moviendo entre el escándalo y la necedad.


Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados