Comisión Constitucional, 25 de noviembre de 2009
PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LOS ENTES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La posición de mi grupo parlamentario en relación con la Ley de Memoria Histórica es lo suficientemente conocida como para que no la tenga que reiterar en estos momentos. Sin embargo, quiero recordar que nuestra posición política en relación con esa ley a lo largo de las diferentes etapas por las que se desarrolló el proceso de su elaboración y finalmente aprobación podíamos resumirla en decir que estábamos radicalmente en contra del espíritu que animaba e impulsaba esa ley. Sin embargo, a pesar de ese espíritu que le envolvía, estábamos a favor de aquellas disposiciones -concretamente las que se referían o estaban contenidas en los artículos 5 a 9 de la ley, ambos inclusive- y las votamos así porque entendíamos que eran las únicas que se acomodaban de verdad a la literalidad del título de la ley porque afectaban a situaciones personales: a hijos, a nietos, a viudas, a personas que por diversas circunstancias, con ocasión o por consecuencia de la guerra civil, habían padecido unas situaciones personales que era justo que nuestra democracia reparara, partiendo de la base de que, al igual que hemos dejado constancia expresa en diferentes ocasiones, en nuestra democracia y desde el mismo comienzo de la transición se han ido dictando por los sucesivos gobiernos -primero de la UCD, después, de Felipe González; después, de José María Aznar, del Partido Popular- numerosísimas disposiciones con diferente jerarquía normativa que han ido reparando esas situaciones de objetiva desigualdad o injusticia. Ya tuve ocasión de señalar en una anterior intervención en esta misma Comisión Constitucional que eso afectaba -en el mejor sentido de la expresión- a muchos miles de compatriotas y que ascendía a un montante muy elevado de euros.
Eso fue en el contexto de un debate donde parecía que nos preocupábamos nosotros de reparar presuntas injusticias o agravios con sindicatos o partidos políticos y, sin embargo, no lo hacíamos con los particulares, con los ciudadanos. Es bueno recordarlo en el contexto de esta intervención porque de la misma manera que votamos -y por la razón que sucintamente ahora he recordado- a favor de esos artículos, votamos en contra del resto de la ley; resumiéndose nuestra posición en que, si se me permite la expresión, la mejor Ley de Memoria Histórica fue la Constitución de 1978, que por algo fue conocida y lo sigue siendo como la constitución de la reconciliación, de la concordia y del consenso y que no hizo sino culminar todo un proceso de transición política que estuvo impulsada por el mejor espíritu de reconciliación, de no mirar hacia atrás con ira sino hacia delante con esperanza, y no para olvidar el pasado, sino para extraer de ese pasado las experiencias suficientes para no volver a repetir lo que de negativo o especialmente negativo tenía y tiene ese pasado y que culminó en la guerra civil para, al mismo tiempo, extraer todas las experiencias de esa desgracia y que no volvamos a repetir en el futuro no ya una experiencia semejante sino unos enfrentamientos y unas discordias civiles como las que al final precipitaron en aquella desgracia, en aquel desastre colectivo que fue la Guerra Civil de 1936. Por eso votamos en contra la Ley de Memoria Histórica.
Entonces reiteré y quiero reiterar ahora, porque estamos en la Comisión Constitucional, que el espíritu del Grupo Parlamentario Popular y la posición política del Partido Popular en relación con estas cuestiones quedó sancionada solemnemente en la resolución de esta Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, donde por unanimidad se recogieron todos los aspectos que después han sido integrados con desigual fortuna, desde luego con espíritu radicalmente opuesto, en la Ley de Memoria Histórica. Quiero recordar además que tiene un especial valor nuestra posición política, la que quedó reflejada y a nuestros efectos se mantiene vigente en esa resolución, reitero, aprobada por unanimidad en la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, porque en aquél entonces el Partido Popular tenía mayoría absoluta en esta Cámara; tenía 183 diputados. Por tanto, creo que el beneficio de la duda ni siquiera puede existir respecto de que aquella era nuestra posición y nuestra voluntad política. Pudimos haberla evitado porque teníamos la mayoría suficiente para haber aprobado resoluciones diametralmente opuestas en la línea del espíritu de la Ley de Memoria Histórica y que hubieran sido legítimas y democráticas porque una mayoría democrática de esta Cámara lo hubiera hecho, pero no lo hicimos. Con voluntad de consenso, en el espíritu del pacto constitucional y en la medida en que había demandas vivas en esta Cámara de muchos grupos parlamentarios, acordamos aquella resolución. Comprenderán ustedes que no estamos dispuestos, ni se nos puede pedir -y si se nos pide, con toda tranquilidad vamos a negarnos- a que un día sí y otro también, a instancia de este o aquél grupo parlamentario, estemos teniendo que reiterar cuál es nuestra posición política y, al parecer, aceptar que nos expidan certificados de demócratas. No estamos por la labor, no lo queremos ni lo pedimos. Aquella es nuestra posición política; somos fieles a los pactos y seguimos en esa posición.
Para concluir, la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista me parece que es prácticamente copia literal de lo que dice el artículo 15 de la Ley, y sería contradictorio y poco coherente por quien habla y del grupo parlamentario al que represento que si votamos que no a ese artículo en la ley, ahora una enmienda que lo que hace es reproducir cuasi literalmente el artículo de la ley, lo votemos a favor. Además, teniendo en cuenta el entusiasmo del grupo proponente que ni siquiera viene a defenderlo, el entusiasmo de este grupo por apoyarlo es también descriptible. Dijimos que no entonces y hoy nos reiteramos en la misma posición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La posición de mi grupo parlamentario en relación con la Ley de Memoria Histórica es lo suficientemente conocida como para que no la tenga que reiterar en estos momentos. Sin embargo, quiero recordar que nuestra posición política en relación con esa ley a lo largo de las diferentes etapas por las que se desarrolló el proceso de su elaboración y finalmente aprobación podíamos resumirla en decir que estábamos radicalmente en contra del espíritu que animaba e impulsaba esa ley. Sin embargo, a pesar de ese espíritu que le envolvía, estábamos a favor de aquellas disposiciones -concretamente las que se referían o estaban contenidas en los artículos 5 a 9 de la ley, ambos inclusive- y las votamos así porque entendíamos que eran las únicas que se acomodaban de verdad a la literalidad del título de la ley porque afectaban a situaciones personales: a hijos, a nietos, a viudas, a personas que por diversas circunstancias, con ocasión o por consecuencia de la guerra civil, habían padecido unas situaciones personales que era justo que nuestra democracia reparara, partiendo de la base de que, al igual que hemos dejado constancia expresa en diferentes ocasiones, en nuestra democracia y desde el mismo comienzo de la transición se han ido dictando por los sucesivos gobiernos -primero de la UCD, después, de Felipe González; después, de José María Aznar, del Partido Popular- numerosísimas disposiciones con diferente jerarquía normativa que han ido reparando esas situaciones de objetiva desigualdad o injusticia. Ya tuve ocasión de señalar en una anterior intervención en esta misma Comisión Constitucional que eso afectaba -en el mejor sentido de la expresión- a muchos miles de compatriotas y que ascendía a un montante muy elevado de euros.
Eso fue en el contexto de un debate donde parecía que nos preocupábamos nosotros de reparar presuntas injusticias o agravios con sindicatos o partidos políticos y, sin embargo, no lo hacíamos con los particulares, con los ciudadanos. Es bueno recordarlo en el contexto de esta intervención porque de la misma manera que votamos -y por la razón que sucintamente ahora he recordado- a favor de esos artículos, votamos en contra del resto de la ley; resumiéndose nuestra posición en que, si se me permite la expresión, la mejor Ley de Memoria Histórica fue la Constitución de 1978, que por algo fue conocida y lo sigue siendo como la constitución de la reconciliación, de la concordia y del consenso y que no hizo sino culminar todo un proceso de transición política que estuvo impulsada por el mejor espíritu de reconciliación, de no mirar hacia atrás con ira sino hacia delante con esperanza, y no para olvidar el pasado, sino para extraer de ese pasado las experiencias suficientes para no volver a repetir lo que de negativo o especialmente negativo tenía y tiene ese pasado y que culminó en la guerra civil para, al mismo tiempo, extraer todas las experiencias de esa desgracia y que no volvamos a repetir en el futuro no ya una experiencia semejante sino unos enfrentamientos y unas discordias civiles como las que al final precipitaron en aquella desgracia, en aquel desastre colectivo que fue la Guerra Civil de 1936. Por eso votamos en contra la Ley de Memoria Histórica.
Entonces reiteré y quiero reiterar ahora, porque estamos en la Comisión Constitucional, que el espíritu del Grupo Parlamentario Popular y la posición política del Partido Popular en relación con estas cuestiones quedó sancionada solemnemente en la resolución de esta Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, donde por unanimidad se recogieron todos los aspectos que después han sido integrados con desigual fortuna, desde luego con espíritu radicalmente opuesto, en la Ley de Memoria Histórica. Quiero recordar además que tiene un especial valor nuestra posición política, la que quedó reflejada y a nuestros efectos se mantiene vigente en esa resolución, reitero, aprobada por unanimidad en la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, porque en aquél entonces el Partido Popular tenía mayoría absoluta en esta Cámara; tenía 183 diputados. Por tanto, creo que el beneficio de la duda ni siquiera puede existir respecto de que aquella era nuestra posición y nuestra voluntad política. Pudimos haberla evitado porque teníamos la mayoría suficiente para haber aprobado resoluciones diametralmente opuestas en la línea del espíritu de la Ley de Memoria Histórica y que hubieran sido legítimas y democráticas porque una mayoría democrática de esta Cámara lo hubiera hecho, pero no lo hicimos. Con voluntad de consenso, en el espíritu del pacto constitucional y en la medida en que había demandas vivas en esta Cámara de muchos grupos parlamentarios, acordamos aquella resolución. Comprenderán ustedes que no estamos dispuestos, ni se nos puede pedir -y si se nos pide, con toda tranquilidad vamos a negarnos- a que un día sí y otro también, a instancia de este o aquél grupo parlamentario, estemos teniendo que reiterar cuál es nuestra posición política y, al parecer, aceptar que nos expidan certificados de demócratas. No estamos por la labor, no lo queremos ni lo pedimos. Aquella es nuestra posición política; somos fieles a los pactos y seguimos en esa posición.
Para concluir, la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista me parece que es prácticamente copia literal de lo que dice el artículo 15 de la Ley, y sería contradictorio y poco coherente por quien habla y del grupo parlamentario al que represento que si votamos que no a ese artículo en la ley, ahora una enmienda que lo que hace es reproducir cuasi literalmente el artículo de la ley, lo votemos a favor. Además, teniendo en cuenta el entusiasmo del grupo proponente que ni siquiera viene a defenderlo, el entusiasmo de este grupo por apoyarlo es también descriptible. Dijimos que no entonces y hoy nos reiteramos en la misma posición.
entrada de Jorge Fernández Díaz @ 12:01 p. m.
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