Comisión Constitucional, 25 de noviembre de 2009
PROPOSICIÓN NO DE LEY POR LA QUE SE IMPULSA LA RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A QUIENES FUERON PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS VINCULADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Como es sabido y dije antes, en la Ley de Memoria Histórica nuestro grupo parlamentario votó a favor los artículos 5 al 9 inclusive, que se referían precisamente a cuestiones vinculadas con reclamaciones de particulares, de colectivos, de empresas, etcétera, por razón de lo que presuntamente era el objeto de la ley, por ocasión o consecuencia de la guerra civil. Hasta ahora la posición de mi grupo ha sido la de manifestar que, desde un principio de seguridad jurídica y estabilidad institucional, no se pueden mantener abiertas permanentemente las demandas y las reclamaciones de estas características. Hace más de setenta años que terminó la guerra civil; hace más de treinta años que está aprobada la Constitución; hace pocos días hizo treinta y cuatro años que murió Franco; es decir, las cosas tienen sus periodos de prescripción y de caducidad. Desde la posición del Gobierno parecía que con la Ley de Memoria Histórica quería resolver estas cuestiones. Al final, el tiempo quita y da razones. Y lo cierto es que si por sus frutos los conoceréis, los frutos de esa lamentable Ley de Memoria Histórica, desde nuestro punto de vista, no son precisamente positivos, porque los grupos parlamentarios que apoyaron al Gobierno para la aprobación de esa ley un día sí y otro también en esta Comisión Constitucional o en el Pleno de la Cámara están planteando iniciativas que son negadas por el grupo del Gobierno, porque entienden que no entran en el ámbito de aplicación de la ley o, dicho de otra manera, que no tienen cobertura en la ley y que la ley, bien porque esas demandas no fueran presentadas en el momento procesal oportuno, cuando se estaba elaborando el proyecto de ley y cuando aquí, en sede parlamentaria, se tramitó la ley o bien porque habiendo sido planteadas, no fueron aceptadas. Esa ha sido la posición de Gobierno y ha sido nuestra posición, no porque coincidamos con el Gobierno, sino porque nos parece que nuestra posición tiene sentido. Por eso he reiterado que esos artículos fueron votados a favor por parte de nuestro grupo parlamentario. Este es un ejemplo más de lo que estoy diciendo.
Hace poco tuvimos ocasión también en esta Comisión de debatir también una iniciativa de Convergència i Unió, relativa a las incautaciones de moneda republicana que se produjeron por parte en el bando nacional y se pedía también que hubiera la reparación correspondiente.
Hoy tenemos un ejemplo. Entonces se hacía referencia a familias particulares cuyas monedas republicanas habían sido incautadas; hoy tenemos un ejemplo que hace referencia a una familia, a unas personas físicas, titulares de un patrimonio correspondiente a unos periódicos, que fueron incautadas en el año 1938 y que por no ser afectos a los principios del movimiento nacional, después, a diferencia de otros supuestos, no les fueron devueltos a sus legítimos propietarios una vez acabada la guerra civil. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Es más, tengo aquí delante una información en la que se hace referencia a que la estimación del coste de esta reclamación -lo que sería la memoria económica, si me permiten el símil- es que solo en maquinaria y material, a 1 de enero de 1936, la editora acumulaba un valor patrimonial de 2,7 millones de pesetas, una cifra -dice- que actualizada con la inflación sitúa la deuda en 4,9 millones de euros. La familia Busquets maneja una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 14 millones de euros entre el valor sustancial de la empresa, el Fondo de Comercio y la pérdida de beneficios por la interrupción de la actividad; total, 18 millones de euros sería más o menos el coste de la reclamación que aquí se plantea por la vía de esta proposición no de ley. Al margen de la cuantía económica, por razones de oportunidad ya diríamos que no -tenemos una situación económica con un déficit desbocado-, pero no son solo razones de oportunidad, son razones de fondo, como la que expuse antes, y es que no podemos tener permanentemente abierto el Estado con reclamaciones que tienen que ver, insisto, con hechos que sucedieron hace más de setenta años; alguna vez eso debe terminar. Y el Gobierno pretendió que eso terminaba con la Ley de Memoria Histórica. Insisto, la experiencia está demostrando que ni ha contentado a los que entonces nos oponíamos, ni ha contentado a los que entonces lo apoyaron. Repito, eso demuestra hasta qué punto hay determinadas confianzas que después se ven defraudadas.
He dicho antes que la coherencia se presume en el grupo del Gobierno, cuando ha dicho en iniciativa similares que, por las razones que antes aduje, no podían aceptar esas pretensiones, que el ámbito de aplicación de la ley es el que es y las reclamaciones o pretensiones que no quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la ley no pueden ser atendidas. Hasta ahí podíamos estar de acuerdo pero, repito, que el Gobierno se aplique la coherencia hasta el final y que el grupo del Gobierno se la aplique hasta el final, porque a estas horas, señor presidente, se está debatiendo en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara -y me permito traerlo aquí, porque hay un nexo lógico y racional importante- una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que pide -y cito literalmente- recuperar la memoria histórica -por eso estamos hablando de la Ley de Memoria Histórica- en relación a los moriscos, que fueron expulsados por el rey Felipe III hace cuatrocientos años de los reinos de España, y dice que es hoy ejercicio de recuerdo crítico del pasado que nos ha configurado, así como tarea de concienciación ciudadana respecto a donde pueden llegar la intolerancia, el fanatismo, el racismo sociocultural o simplemente la fuerza de peligrosos perjuicios enquistados en el imaginario social. No está hablando de no sé quién, está hablando de los españoles del siglo XVII en el contexto de la recuperación de la memoria histórica. Por tanto, no contenta ni a unos ni a otros. Esto lo dice su propio grupo parlamentario en otra Comisión. Con todos los respetos, si hubiera venido a esta Comisión, no sé en qué posición se hubiera encontrado el Grupo Parlamentario Socialista, porque nadie puede ir contra sus propios actos. Aquí resulta que reabren la memoria histórica, porque no tengo conocimiento de que cuando estuvimos debatiendo la ley los moriscos pidieran ser incluidos en el ámbito de aplicación de la ley; lo digo sinceramente, me parece que no quedaron incluidos en el ámbito de la ley. Y ya que habla de la expulsión de los moriscos, podrían aplicarla a la expulsión de los jesuitas. Que yo sepa los expulsó Carlos III y la II República. ¿Por qué nos vamos a compensar, como pide la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, también a los jesuitas? Es más, ya que estamos hablando de esta pretensión, uno podía pensar por qué en el mismo día en la Comisión Constitucional le niegan a la familia Busquets lo que pide y se lo dan los socialistas los moriscos. ¿Es que los moriscos eran más desafectos al régimen, a los principios del movimiento nacional, que la familia Busquets, titular de esos medios de comunicación? No lo entendemos. Y si los moriscos hubieran sido titulares de medios de comunicación, ¿se los hubieran compensado, como el Grupo Parlamentario Socialista pide en este momento para los moriscos?
Sé que suena a broma y estoy haciendo una cierta broma, pero hay cosas que o te las tomas a broma o no te las puedes tomar de otra manera porque, repito, en estos momentos, cronológicamente, de forma simultánea en la Comisión de Exteriores con relación a la memoria histórica el Grupo Parlamentario Socialista está predicando lo contrario de lo que está diciendo en esta Comisión. Esa contradicción es la que quiero poner de manifiesto en estos momentos, para que se vea que lo que no podemos hacer es un uso alternativo del derecho y que la coherencia sirva solo lunes, miércoles y viernes, y no martes y jueves, o que sirva para la Comisión Constitucional y que no sirva para la Comisión de Exteriores. Valga como ejemplo, señores del Grupo Parlamentario Socialista, para que también se coordinen ustedes y no nos obliguen a los que intentamos ser coherentes y poner muy difícil que nuestra coherencia acompañe a la que presuntamente debería guiarles a ustedes.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Como es sabido y dije antes, en la Ley de Memoria Histórica nuestro grupo parlamentario votó a favor los artículos 5 al 9 inclusive, que se referían precisamente a cuestiones vinculadas con reclamaciones de particulares, de colectivos, de empresas, etcétera, por razón de lo que presuntamente era el objeto de la ley, por ocasión o consecuencia de la guerra civil. Hasta ahora la posición de mi grupo ha sido la de manifestar que, desde un principio de seguridad jurídica y estabilidad institucional, no se pueden mantener abiertas permanentemente las demandas y las reclamaciones de estas características. Hace más de setenta años que terminó la guerra civil; hace más de treinta años que está aprobada la Constitución; hace pocos días hizo treinta y cuatro años que murió Franco; es decir, las cosas tienen sus periodos de prescripción y de caducidad. Desde la posición del Gobierno parecía que con la Ley de Memoria Histórica quería resolver estas cuestiones. Al final, el tiempo quita y da razones. Y lo cierto es que si por sus frutos los conoceréis, los frutos de esa lamentable Ley de Memoria Histórica, desde nuestro punto de vista, no son precisamente positivos, porque los grupos parlamentarios que apoyaron al Gobierno para la aprobación de esa ley un día sí y otro también en esta Comisión Constitucional o en el Pleno de la Cámara están planteando iniciativas que son negadas por el grupo del Gobierno, porque entienden que no entran en el ámbito de aplicación de la ley o, dicho de otra manera, que no tienen cobertura en la ley y que la ley, bien porque esas demandas no fueran presentadas en el momento procesal oportuno, cuando se estaba elaborando el proyecto de ley y cuando aquí, en sede parlamentaria, se tramitó la ley o bien porque habiendo sido planteadas, no fueron aceptadas. Esa ha sido la posición de Gobierno y ha sido nuestra posición, no porque coincidamos con el Gobierno, sino porque nos parece que nuestra posición tiene sentido. Por eso he reiterado que esos artículos fueron votados a favor por parte de nuestro grupo parlamentario. Este es un ejemplo más de lo que estoy diciendo.
Hace poco tuvimos ocasión también en esta Comisión de debatir también una iniciativa de Convergència i Unió, relativa a las incautaciones de moneda republicana que se produjeron por parte en el bando nacional y se pedía también que hubiera la reparación correspondiente.
Hoy tenemos un ejemplo. Entonces se hacía referencia a familias particulares cuyas monedas republicanas habían sido incautadas; hoy tenemos un ejemplo que hace referencia a una familia, a unas personas físicas, titulares de un patrimonio correspondiente a unos periódicos, que fueron incautadas en el año 1938 y que por no ser afectos a los principios del movimiento nacional, después, a diferencia de otros supuestos, no les fueron devueltos a sus legítimos propietarios una vez acabada la guerra civil. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Es más, tengo aquí delante una información en la que se hace referencia a que la estimación del coste de esta reclamación -lo que sería la memoria económica, si me permiten el símil- es que solo en maquinaria y material, a 1 de enero de 1936, la editora acumulaba un valor patrimonial de 2,7 millones de pesetas, una cifra -dice- que actualizada con la inflación sitúa la deuda en 4,9 millones de euros. La familia Busquets maneja una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 14 millones de euros entre el valor sustancial de la empresa, el Fondo de Comercio y la pérdida de beneficios por la interrupción de la actividad; total, 18 millones de euros sería más o menos el coste de la reclamación que aquí se plantea por la vía de esta proposición no de ley. Al margen de la cuantía económica, por razones de oportunidad ya diríamos que no -tenemos una situación económica con un déficit desbocado-, pero no son solo razones de oportunidad, son razones de fondo, como la que expuse antes, y es que no podemos tener permanentemente abierto el Estado con reclamaciones que tienen que ver, insisto, con hechos que sucedieron hace más de setenta años; alguna vez eso debe terminar. Y el Gobierno pretendió que eso terminaba con la Ley de Memoria Histórica. Insisto, la experiencia está demostrando que ni ha contentado a los que entonces nos oponíamos, ni ha contentado a los que entonces lo apoyaron. Repito, eso demuestra hasta qué punto hay determinadas confianzas que después se ven defraudadas.
He dicho antes que la coherencia se presume en el grupo del Gobierno, cuando ha dicho en iniciativa similares que, por las razones que antes aduje, no podían aceptar esas pretensiones, que el ámbito de aplicación de la ley es el que es y las reclamaciones o pretensiones que no quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la ley no pueden ser atendidas. Hasta ahí podíamos estar de acuerdo pero, repito, que el Gobierno se aplique la coherencia hasta el final y que el grupo del Gobierno se la aplique hasta el final, porque a estas horas, señor presidente, se está debatiendo en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara -y me permito traerlo aquí, porque hay un nexo lógico y racional importante- una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que pide -y cito literalmente- recuperar la memoria histórica -por eso estamos hablando de la Ley de Memoria Histórica- en relación a los moriscos, que fueron expulsados por el rey Felipe III hace cuatrocientos años de los reinos de España, y dice que es hoy ejercicio de recuerdo crítico del pasado que nos ha configurado, así como tarea de concienciación ciudadana respecto a donde pueden llegar la intolerancia, el fanatismo, el racismo sociocultural o simplemente la fuerza de peligrosos perjuicios enquistados en el imaginario social. No está hablando de no sé quién, está hablando de los españoles del siglo XVII en el contexto de la recuperación de la memoria histórica. Por tanto, no contenta ni a unos ni a otros. Esto lo dice su propio grupo parlamentario en otra Comisión. Con todos los respetos, si hubiera venido a esta Comisión, no sé en qué posición se hubiera encontrado el Grupo Parlamentario Socialista, porque nadie puede ir contra sus propios actos. Aquí resulta que reabren la memoria histórica, porque no tengo conocimiento de que cuando estuvimos debatiendo la ley los moriscos pidieran ser incluidos en el ámbito de aplicación de la ley; lo digo sinceramente, me parece que no quedaron incluidos en el ámbito de la ley. Y ya que habla de la expulsión de los moriscos, podrían aplicarla a la expulsión de los jesuitas. Que yo sepa los expulsó Carlos III y la II República. ¿Por qué nos vamos a compensar, como pide la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, también a los jesuitas? Es más, ya que estamos hablando de esta pretensión, uno podía pensar por qué en el mismo día en la Comisión Constitucional le niegan a la familia Busquets lo que pide y se lo dan los socialistas los moriscos. ¿Es que los moriscos eran más desafectos al régimen, a los principios del movimiento nacional, que la familia Busquets, titular de esos medios de comunicación? No lo entendemos. Y si los moriscos hubieran sido titulares de medios de comunicación, ¿se los hubieran compensado, como el Grupo Parlamentario Socialista pide en este momento para los moriscos?
Sé que suena a broma y estoy haciendo una cierta broma, pero hay cosas que o te las tomas a broma o no te las puedes tomar de otra manera porque, repito, en estos momentos, cronológicamente, de forma simultánea en la Comisión de Exteriores con relación a la memoria histórica el Grupo Parlamentario Socialista está predicando lo contrario de lo que está diciendo en esta Comisión. Esa contradicción es la que quiero poner de manifiesto en estos momentos, para que se vea que lo que no podemos hacer es un uso alternativo del derecho y que la coherencia sirva solo lunes, miércoles y viernes, y no martes y jueves, o que sirva para la Comisión Constitucional y que no sirva para la Comisión de Exteriores. Valga como ejemplo, señores del Grupo Parlamentario Socialista, para que también se coordinen ustedes y no nos obliguen a los que intentamos ser coherentes y poner muy difícil que nuestra coherencia acompañe a la que presuntamente debería guiarles a ustedes.
entrada de Jorge Fernández Díaz @ 12:04 p. m.
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