Intervenciones Parlamentarias de Jorge Fernández

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Pleno del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2010

MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL MILITAR QUE CONDENÓ A MUERTE AL MOLT HONORABLE PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, el debate que nos convoca hoy aquí es un debate fundamentalmente entre ustedes, señores del Gobierno y que apoyan al Gobierno y el Grupo de Esquerra Republicana. Es un debate fundamentalmente entre los que promovieron la Ley de la Memoria Histórica. Es un debate entre los que llevan ocho años gobernando en Cataluña juntos y llevan unos cuantos años colaborando aquí en el Gobierno de España. Pero ahora es evidente que, ante la inminencia de unas elecciones autonómicas en Cataluña y ante la inminencia del 15 de octubre, necesitan marcar distancias; sobre todo por lo primero. Tampoco es un debate nuevo. Yo mismo tuve ocasión de intervenir en nombre de mi grupo, hace ahora exactamente seis años, el 28 de septiembre de 2004, con ocasión de una proposición de ley que presentó el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña donde pedía exactamente lo mismo que pide hoy, la nulidad del procedimiento del consejo de guerra sumarísimo de oficiales generales que condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluis Companys.

No voy a entrar en un debate jurídico sobre si la declaración de ilegitimidad va más allá o incluye la declaración de nulidad, como defendió el ministro de Justicia el pasado miércoles con ocasión de la interpelación de la que trae causa esta moción. Para el Grupo Popular, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya se han posicionado con mucha claridad acerca de la imposibilidad legal de atender las pretensiones de Esquerra Republicana sobre la anulación de ese consejo de guerra. Pero no estamos ante un debate exclusivamente jurídico ni mucho menos. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que la mejor Ley de la Memoria Histórica fue la Constitución de 1978, eso sí, interpretada, aplicada y desarrollada con el espíritu de concordia, de reconciliación y de consenso que permitió su elaboración y su aprobación. Todo lo contrario al espíritu con el que viene esta iniciativa.

Señorías, estos hechos dramáticos que ocurrieron hace ahora setenta años no conectan en absoluto con las preocupaciones de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles en este momento. Sus preocupaciones, que son las nuestras, las del Grupo Popular, van por otro lado y son preocupaciones también dramáticas para los que las padecen: la obtención de un empleo; el acceso a una vivienda digna en condiciones adecuadas; la garantía de disponer de una pensión que asegure tranquilamente su futuro. Repito, esas son las preocupaciones de la inmensa mayoría de nuestra sociedad actual. Por el contrario, parece que las preocupaciones de algunos están más cerca de lo ocurrido hace setenta años que de lo que ahora pide la sociedad española. De la complejidad y el dramatismo de los hechos históricos que estamos tratando me van a permitir que haga algunas sucintas referencias a modo de coordenadas históricas. Ciertamente, para mí el presidente Companys es una figura histórica compleja y controvertida en su dimensión política. Baste recordar los juicios, no precisamente benévolos sino todo lo contrario y muy reiterados, que emite sobre él una persona nada sospechosa, don Manuel Azaña, en sus memorias políticas y de guerra, donde, por ejemplo, tras reiteradas referencias a Lluis Companys, llega a decir el 28 de julio de 1937 en La Pobleta, y lo recoge en sus memorias de guerra: Lo mejor de los políticos catalanes es no tratarlos. Lo dice Manuel Azaña, no lo digo yo, obviamente, que soy político catalán.

También hemos de recordar, por ejemplo, que Lluis Companys fue condenado por la República el 6 de junio de 1935 —por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República— a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión que llevaba anexa la pérdida de la nacionalidad española. Resulta paradójico para nosotros que ustedes, señores de Esquerra Republicana, nunca hayan pedido la nulidad de ese procedimiento.

Otra cosa es la dimensión personal de don Lluis Companys, el president Companys, especialmente en el momento de afrontar ese momento cumbre de su vida que es la ejecución ante un pelotón de fusilamiento. En la obra que tengo aquí “Consejo de guerra y condena a muerte de Lluis Companys”, edición facsímil, editada por la Generalitat de Catalunya en 1999, introducida por el presidente Jordi Pujol y comentada por el doctor en historia y director del Museo de Historia de Cataluña, profesor Solé i Sabaté —que no es dudoso—, podemos leer literalmente en la página 33: El president Lluis Companys escuchó sin inmutarse ni sorprenderse la sentencia y no hizo ningún comentario. Solicitó la presencia de un sacerdote capuchino, orden de fiel catalanidad y espíritu abierto, pero no se sabe por qué no fue posible su visita. Finalmente, le atendieron espiritualmente un sacerdote castrense y un jesuita. Companys, en los últimos escritos, había dejado textos impregnados de religiosidad y fe en Dios. Se confesó y asistió a misa, a la que él mismo ayudó, recordando que de niño en El Tarros había ejercido de monaguillo. En el momento de la comunión, comulgó. Referencia histórica absolutamente indiscutible.

Para los que reivindican la figura del president mártir y su persona, creo que es bueno recordar la figura en su plenitud y especialmente los momentos dramáticos en los que ante la inminencia de su ejecución actuó sin ningún género de dudas con una gran altura moral. Creo que es bueno recordarlo en estos momentos donde se alude a otros aspectos no tan dignos desde nuestro punto de vista del president Companys.
Muchas gracias. (Aplausos.)

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