Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. 17 de octubre de 2007.

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA ("LEY DE MEMORIA HISTÓRICA").

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el diputado don Jorge Fernández Díaz, en representación del Grupo Parlamentario Popular.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Quizá con una cierta ingenuidad pensaba que determinados debates, y sobre todo determinadas afirmaciones, en su espíritu y en su letra habían quedado sepultados en la Constitución de la reconciliación, del consenso y de la concordia de 1978, que culminó nuestra ejemplar transición a la democracia desde un régimen evidentemente no democrático, desde un régimen dictatorial hacia una plena democracia, como la que hoy tenemos en España. Por desgracia, comprobamos en los últimos tiempos que eso no es así, y tengo la impresión de que algunos quieren dinamitar el espíritu de la transición y no sé si incluso las bases que sustentaron aquel histórico pacto constitucional de 1978.
Me sorprende, además, porque ha habido rotundas afirmaciones en el tiempo, unas más lejanas y otras más próximas, de personas relevantes, de grupos políticos relevantes, que además abundaban en esa dirección, por ejemplo, en esta misma Cámara, el Congreso de los Diputados. El 12 de abril de 1994, el Grupo Socialista se opuso a una proposición de ley del Grupo Mixto sobre devolución de patrimonios incautados durante la guerra civil.
El ponente del Grupo Socialista en ese trámite -hablo del año 1994- es hoy un relevante miembro del Gobierno y además, según sabemos por los medios de comunicación, va a dirigir la próxima campaña electoral del Partido Socialista. Hablo del señor Jesús Caldera. En ese trámite, Jesús Caldera dijo -consta en el "Diario de Sesiones"- que no existía tal necesidad de reparación en la sociedad española porque -leo literalmente- la verdadera reparación de las heridas de la guerra civil fue la recuperación de las libertades y el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Si nos remontamos en el tiempo, podríamos observar un debate emblemático de la transición, como fue el debate correspondiente a la Ley de Amnistía de 1977. Pues bien, un ilustre representante del Partido Comunista, que sin duda no tiene nada que ver con sus actuales herederos, don Marcelino Camacho, decía el 14 de octubre de 1977 en esta casa durante el trámite de esa histórica y trascendental ley: ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos estábamos matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad, queremos cerrar una etapa, queremos abrir otra. Y decía él: Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en la vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso que hoy se abre. Hoy al parecer algunos herederos del Partido Comunista, directamente herederos, solo hablan de heridas y de desenterrar a los muertos que el señor Marcelino Camacho decía que ellos querían enterrar desde ese momento con la aprobación de la Ley de Amnistía. Querían enterrar a sus muertos y sus rencores y sus herederos hoy nos traen aquí a sus muertos y sus rencores. Por cierto, lo que hacía el señor Marcelino Camacho era actualizar el manifiesto-declaración del Partido Comunista de España por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español de junio de 1956. ¡Hay que ver!, algunos van realmente hacia atrás. En esa época decía el Partido Comunista de España: Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil -hablo de hace 51 años-, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante la historia, hacer pesar sobre esta generación, la del 56, las consecuencias de hechos en los que no tomó parte. Una política de azuzamiento de rencores puede hacerla Franco y en ello está interesado, pero no las fuerzas democráticas españolas. Podría seguir recordando muchas cosas que no tienen nada que ver, sino todo lo contrario, con lo que aquí se está diciendo hoy, que estoy seguro que además se está diciendo desde unas posiciones que son radicales y minoritarias en la sociedad española. El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que desde luego tiene toda la legitimidad democrática y todo mi respeto democrático, dice que está casi satisfecho con lo que ha salido. Un grupo de cinco diputados está casi satisfecho; sin embargo, un grupo de 148 está muy poco satisfecho. Señor Herrera, atendemos al principio democrático valga para lo que valga. Usted sale feliz con su marco institucional para las políticas de memoria democrática y algunos de nosotros nos ponemos a temblar porque vemos que una de las dos Españas puede volver a helarte el corazón no en el año 1936, sino en el año 2008, porque estamos hablando de un año después de las próximas elecciones.
Señorías, este debate es lamentable en los términos en los que se está planteando. Por si fueran pocas las referencias históricas a las que me he referido, puedo decir -el señor presidente de la Comisión no me dejará faltar a la verdad porque él fue protagonista activo de ese histórico acuerdo- que en la legislatura pasada el partido al que represento tenía 183 diputados, mayoría absoluta. Y les diré una cosa si me lo permiten. Si hiciéramos lo que algunos hacen, hubiéramos podido condenar todos los golpes que hubiéramos querido, empezando por el del señor Companys, del año 1934. Y hubiéramos podido seguir condenando el asesinato del jefe de la oposición parlamentaria, que no era franquista porque a lo mejor todavía no le había dado tiempo y que fue asesinado por las guardias de asalto de la República el 13 de julio de 1936. No lo hicimos cuando teníamos 183 diputados. ¿Sabe por qué? Porque era una gravísima irresponsabilidad. Hubiera sido atacar los cimientos sobre los que se ha construido la Constitución española de 1978, que, entre otras cosas, pretendió no olvidar el pasado. No pretendió olvidar el pasado, sino no volver a utilizar ese pasado de tal manera que se convirtiera en arma arrojadiza de unos contra otros. Sabían muy bien los constituyentes cuál era el pasado de España, seguramente mucho mejor que muchos de los que hoy presumen de conocerlo, pero precisamente porque lo conocían sabían que no podíamos volver a repetirlo y que la mejor manera de no volver a hacerlo era reconciliándonos, asumiendo que todos éramos responsables de esa tragedia colectiva que fue la guerra civil y que no podíamos volver a reincidir en las causas que nos llevaron a esa trágica confrontación. Por eso el Partido Comunista de España desde el año 1956, en la Ley de Amnistía el Partido Comunista de España en el Congreso y tantos otros después fuimos reiterando ese espíritu y ese deseo de piedad, de reconciliación y de perdón mutuo y ahora vienen algunos a darnos lecciones de lo que ha sido la transición, de lo que ha sido el pacto constitucional y hasta qué punto los constituyentes olvidaron resolver algunas heridas, algunos agravios y algunas injusticias y a desenterrar algunos muertos.
Cuando se hizo la declaración institucional de la Comisión Constitucional el 20 de noviembre -fíjense qué fecha- de 2002, el PP tenía mayoría absoluta. ¿A algunos de los que están aquí les suena, verdad? El PP tenía mayoría absoluta y aprobamos unánimemente una declaración que venía a ser una especie de punto final a determinados planteamientos que iban en contra del pacto constitucional, en contra del espíritu de la transición. Por el contrario, era un punto de partida para políticas de reconciliación concretas, en ámbitos concretos, donde, efectivamente, podían quedar situaciones injustas, injusticias que debían ser removidas mediante las correspondientes iniciativas de los poderes públicos a las que esa declaración mandataba de una manera muy clara. Señorías, por el contrario, si el proyecto de ley no avanzaba en esa dirección, el informe de la ponencia lo ha empeorado notablemente. Ha sido fruto en su inicio de un pacto bilateral entre el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, lógicamente, ha avanzado en la línea de las políticas -son legítimas, aunque no comprendemos cómo el Gobierno avanza en esa línea- de Izquierda Unida, una política de revisionismo histórico absoluto que pretende hacer echando por la borda todo lo que conjuntamente habíamos hecho en la senda efectiva de la reconciliación y debíamos seguir haciendo juntos en la senda de la reconciliación. Quiero decir, señor presidente, señorías, que desde la transición y desde la aprobación de la Constitución se han aprobado más de veinte normas con rango de ley, decretos-leyes de todo tipo, por unanimidad, en la línea precisamente de reparar injusticias, reconociendo y ampliando derechos a personas e instituciones que padecieron violencia o persecución en la guerra civil o en la dictadura. La última en esta legislatura, una ley relativa al complemento de indemnizaciones para los niños de la guerra. Quien les habla fue ponente de ese proyecto de ley. Viajé con el ministro y con otros colegas de esta Cámara a Moscú y estuvimos en el Centro de los niños de la guerra en Moscú. El Gobierno nos pidió no solo que votáramos a favor, sino que facilitáramos que se tramitara por urgencia y lo hicimos. Cuando hay buena voluntad y realmente se pretende resolver situaciones injustas de personas que han padecido, especialmente por la guerra civil o después, problemas personales y familiares que deben ser reparados y justamente restituidos por el Estado, nos han encontrado y nos encontrarán siempre. Y hablo con toda legitimidad cuando digo que estas veinte iniciativas aprobadas con gobiernos de la UCD, con gobiernos del PSOE y con gobiernos del PP han sido siempre apoyadas por el Partido Popular, como, señorías del Grupo Socialista, van a ser hoy votados a favor los textos correspondientes a los artículos que hacen referencia al reconocimiento y ampliación de derechos. Vamos a votarlos a favor, por cierto sin que ustedes se hayan dignado a descolgar el teléfono para llamarnos y ver si en relación con nuestras enmiendas, que intentaban una mejora técnica, podíamos llegar a un acuerdo. Lo que ha habido desde el primer día es una voluntad deliberada, no nos engañemos, de marginar al Partido Popular, de presentar esto como una política en la que los que se oponen son unos facciosos, unos franquistas o unos fachas y nosotros somos los progresistas, los que entendemos el sufrimiento y el padecimiento de la gente. Es volver a ese cordón sanitario que por desgracia se ha intentado demasiado en esta legislatura. Allá ustedes con esa política, estoy convencido de que en absoluto les va a ir bien electoralmente, pero fuera hay una prioridad, el bien común de la sociedad española y la brecha y las heridas que están abriendo, que estaban cicatrizadas, en la sociedad española se lo va a demandar la historia porque no hay derecho a lo que han hecho.
Quiero seguir, señorías. Esta ley, aunque su título no es ese, por algo es conocida como Ley de la memoria histórica. Yo creo en la sabiduría popular y cuando toda la sociedad, cuando todos los medios de comunicación, cuando todo el mundo habla de memoria histórica por algo será. Y por más que ustedes se empeñen en que no se llame así, la gente la llama Ley de memoria histórica. ¿Por qué? Porque la gente tiene sentido común, más del que algunas veces nosotros pensamos y más del que muchos políticos tienen o tenemos en muchas ocasiones.
A nosotros eso de la memoria histórica nos gusta regular. Es como cuando hablamos de ingeniería financiera. ¿Qué quiere que le diga? Yo soy ingeniero y las finanzas tienen su ámbito. Cuando hablamos de ingeniería financiera o de ingeniería social, ya nos ponemos a temblar; lo mismo sucede cuando hablamos de memoria histórica. La memoria es una cosa muy normal y la historia es una ciencia muy respetable y muy conveniente. Pero cuando mezclamos esas dos cosas ya nos ponemos a templar. Y cuando, en lugar de hablar de memoria histórica, hablamos de memoria democrática, ¿qué quiere usted que le cuente? ¿Es que me va a decir el señor Herrera cuando mi memoria es democrática o no? ¡Hasta ahí podíamos llegar! ¿Pero cuando la memoria histórica se establece por ley? La historia la narran los historiadores, la historia escrita se convierte en historiografía y la historiografía es diversa y plural porque son diversas y plurales las personas que escriben los libros de historia. Hay más de 40.000 títulos publicados sobre la guerra civil.
Señorías, los pueblos, las naciones pasan a tener memoria histórica a partir de un proceso de decantación de la conciencia colectiva en la que la historiografía desempeña un importante papel para conformar esa conciencia colectiva. Hay a lo largo de la historia sociedades, pueblos, países, Estados, naciones, en que ese proceso de decantación histórica y de asunción de una conciencia colectiva común les llevó a dotarse de una memoria histórica compartida. Lo que no ha sucedido nunca, y mucho menos en un régimen democrático parlamentario como el nuestro, es que sin haberse dado todo ese proceso ni mucho menos de decantación histórica venga un señor y se le ocurra decir -teniendo en cuenta además como mínimo a la mitad de este país- que se va a establecer por ley cuál es esa memoria histórica. Y el señor Herrera va mucho más allá, evidentemente, porque tiene la patente del monopolio de expedir certificados de democracia, y además dice que la memoria histórica luego hay que dividirla y clasificarla en una categoría adicional, que es memoria democrática. Y dice que está muy contento porque a partir de esta ley vamos a tener un año para establecer el marco institucional en el que se van a poder desarrollar políticas públicas de promoción y fomento de la memoria democrática. Eso me suena a ponencia del Partido Comunista de la China, pero no del actual, sino del de la Revolución cultural.
Señorías, el concepto de memoria histórica es utilizado básicamente en los países iberoamericanos. Les voy a dar una pequeña referencia que algunos me parece que ignoran. Se refiere esa memoria histórica, acuñada en Iberoamérica en los años setenta, al derecho a saber o al derecho a saber la verdad que tienen los pueblos que experimentan una transición traumática en la que tienen que convivir víctimas y verdugos y ese derecho a saber intenta compensar el dolor de las víctimas y hacerles protagonistas pacíficos del respeto de la sociedad, cuando esta sociedad se encuentra inmersa en un proceso de apertura y transición a la democracia. Ese concepto surge en los años setenta y surge en Iberoamérica, concretamente en países iberoamericanos como Argentina, Colombia, Guatemala o Uruguay. Pero en España no estamos en esa situación. En España hicimos una transición ejemplar en la que no se ocultó nunca la verdad -y se ha demostrado con todas las iniciativas que lleva aprobadas la democracia española y la transición- y nunca se ocultó ni se negó la reparación de las víctimas.
Señorías, establecer políticas de memoria es peligroso. Pero al menos, si se quiere establecer, hagámoslo con un poco de solvencia y de seriedad. ¿La historia empieza y termina el 18 de julio de 1936? ¿Quién lo ha dicho? Yo no digo que empiece la historia con la conversión de Recadero el 8 de mayo de 589 o el Corpus de Sang de 1640, que los nacionalistas catalanes -como siempre, hay amores que matan- llevaron a que Cataluña, y con ella a España, perdiera en la Paz de los Pirineos el Rosellón y la Cerdaña, que es lo que suele pasar. Tampoco me voy a remontar a la guerra de África, al expediente Picasso o a la guerra de Cuba, pero, si hablamos de guerra civil y de dictadura, habrá que remontarse a lo inmediatamente anterior, a la II República. Dice el artículo primero que tiene por objeto reparar los daños y los perjuicios de todo tipo que se produjeron a las personas que padecieron violencia por razones ideológicas, por razones políticas, por razones religiosas. ¿Eso no pasó en la II Republica? ¿Es que el 6 de octubre de 1934 no había un Gobierno legítimo en la República o es que solo era legítimo el que era de ustedes? ¿O es que el Gobierno de la CEDA y del señor Lerroux, que habían ganado las elecciones en 1933, no era un Gobierno legítimo de la República? ¿Es que no hubo un golpe de Estado el 6 de octubre de 1934 que ocasionó más de mil muertos en Asturias? ¿Es que el jefe de la oposición parlamentaria, señor Calvo-Sotelo, asesinado el 13 de julio, antes de empezar la guerra civil -repito, no le dio tiempo a ser franquista- no fue objeto de persecución por razones ideológicas?
Oiga, ¿es que la expulsión de los jesuitas del año 1932 no significó el exilio forzoso al que alude la norma que están ustedes promoviendo; exilio forzoso de miles de personas, o es que los jesuitas no eran personas en el año 1932? Esta es una ley absolutamente sectaria desde todos los puntos de vista y, repito, si el proyecto de ley lo era, el informe de la ponencia lo es todavía mucho más porque ha llegado ya a lo dramático que significa distinguir a las víctimas: hay unas víctimas que merecen reparación y hay otras que no la merecen. Pero, ¿saben por qué? O bien porque ese periodo de tiempo se ignora y parece que, efectivamente, no hubo persecución religiosa, no hubo persecución política, no hubo persecución ideológica, no hubo golpes de Estado durante la República. Eso no existe, por decreto-ley no existe. Pero es tampoco hay que honrar a las víctimas de la guerra civil del llamado bando nacional, ¿sabe por qué? Porque, claro, durante 40 años Franco se encargó de honrarlas. Mire, si eso es así -y no voy a decir que no fuera así- hay algo que distingue a la democracia de la dictadura y es que superior ética y moralmente la democracia y si ustedes hacen lo mismo que hicieron ellos se ponen a su nivel, que es un nivel más bajo. Lo que la ley no puede hacer es establecer diferencias en función del bando en el que estaban y eso porque no le gustaba a los de Izquierda Unida porque esa equidistancia entre víctima evidentemente es intolerable: hay muertos de primera clase y hay muertos de segunda clase. Eso que en el proyecto de ley no estaba ahora aparece en este texto.
Voy concluyendo, señor presidente, refiriéndome sucintamente a las enmiendas que quiero que conste en el "Diario de Sesiones" que defendemos. Para que se vea claro que obras son amores y no buenas razones, a pesar de todo y como siempre hemos hecho, en todo lo que sea reconocer y mejorar derechos de personas injustamente y que necesitan reparación nos van a encontrar siempre. Por tanto, votaremos a favor de los artículos 5 a 9, con unas mejoras que ya habíamos presentado en las enmiendas que quedan vivas y que sé que no nos las van a aprobar porque ni siquiera han tenido la cortesía parlamentaria para llamarnos para decir que sí o que no y que hablemos, y creo que hubiera valido la pena que hubieran tratado algunas de ella con nosotros porque mejoraban técnica, jurídica y económicamente algunas de las prestaciones que ustedes reconocen. El artículo 10 me interesa muchísimo señor presidente. Queremos añadir un inciso final al texto del punto primero del artículo 10, donde dice que se reconocen indemnizaciones para los que fallecieron durante el periodo que va del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977. Queremos añadir un inciso que diga: siempre que su actuación resultara conforme a los principios y valores constitucionales hoy vigentes. Lo voy a decir con toda claridad, no estamos dispuestos a que etarras puedan ser indemnizados como presuntos luchadores por la libertad, así de claro.

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, ¿eso es una enmienda presentada, una enmienda viva, verdad? Es por si era una enmienda transaccional.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: No, es una enmienda presentada que está viva. Se trata de añadir el inciso que consta: siempre que su actuación resultara conforme a los principios y valores constitucionales hoy vigentes. Nada más que eso. He dicho la motivación con toda claridad.
Respecto a la enmienda relativa al Valle de los Caídos, se ha hablado mucho aquí del Valle de los Caídos y quiero decir algo al respecto. Para nosotros el Valle de los Caídos es ante todo y sobre todo un lugar en el que nos consta que yacen los restos de 60.000 personas que murieron con ocasión o como consecuencia de la guerra civil. Por cierto, de ellos -y cuando lo supe me alegré mucho- el 55 por ciento del bando republicano y el 45 por ciento del bando nacional. De verdad les decimos una cosa: dejemos que los muertos descansen en paz. Allí hay una comunidad benedictina y la de San Benito es una orden que en relación con la cultura y la civilización europea ha dicho mucho y ha hecho mucho, que hace lo que les dijo San Benito: Ora et labora. Y rezan para que esas personas, con independencia del bando en el que lucharon y por el que murieron, descansen en paz, y sobre todo y ante todo para que las causas que nos llevaron a aquella trágica experiencia de la guerra civil no se vuelvan a reproducir. Por eso estamos a favor absolutamente de la despolitización total, integral y absoluta del Valle. Por eso votamos a favor del párrafo primero y del párrafo segundo y creemos que el párrafo tercero puede entrar en contradicción con el párrafo segundo y con el primero. Por eso mismo pediremos votación separada y votaremos en contra del párrafo tercero.
Por último, entro en los artículos 15, 22 y 24. Del artículo 15, sobre las calles y monumentos públicos, solo diré una cosa. Después de 27 años de ayuntamientos democráticos, señor presidente, creo que ya habido muchos ayuntamientos de muchos colores democráticamente elegidos que han hecho en el callejero todos los cambios que han estimado oportunos y convenientes.
Creo que ha habido ya muchos ayuntamientos, de muchos colores, democráticamente elegidos, que han hecho en el callejero todos los cambios que han estimado oportunos y convenientes, y yo creo que al final, después de 27 años de democracia municipal, hay un pacto tácito en los pueblos y en las calles. Hay muchos pueblos, calles y capitales en que a lo mejor está la plaza de Carlos Marx al lado de la calle de la División Azul; oiga, pues mire, bendito sea Dios, qué quiere usted que le diga, si el ayuntamiento democrático no lo cambia. A unos les gusta más esa calle y los otros les gusta más la otra. Lo que quiero decir es que yo sí creo en la garantía institucional de la autonomía local reconocida en la Constitución. Dejemos a los ayuntamientos -que son mayores de edad- que digan cuál es su callejero. Ahora, eso sí, lo que si me preocupa es que en el País Vasco -y eso es más actual que revisar el callejero de presuntas personas que protagonizaron hechos hace 70 años- haya etarras, que están hoy, ayer y anteayer atentando contra la libertad y atentando contra personas por defender la libertad y la Constitución española, y tienen calles allí. Eso sí se que me parece un sarcasmo y me parece -por actual, entre otras cosas-, mucho más urgente que eso. Termino ya, señor presidente, de verdad.
Las enmiendas al artículo 20 y 21 de la ponencia, sobre el Archivo general de la guerra civil, que se transforma en el Centro documental de la memoria histórica. Ya lo ven, al final el Archivo general de la guerra civil se transforma en eso. Como hay que establecer por ley la memoria histórica, vamos a crear un centro para que ahí, efectivamente, la ideología, el sectarismo establezca de una manera obligatoria cuál es la memoria que han de tener los españoles de los hechos que sucedieron en los peores años de nuestra historia del pasado siglo XX. Con eso no jueguen con nosotros, y sí que decimos, por cierto, que esos 50.000 carteles que se le transfirieron a la Fundación Pablo Iglesias que vayan a ese centro documental, ya que ustedes lo quieren crear, porque nos parece que forman parte de ese patrimonio histórico y en lugar de estar en la Fundación de Pablo Iglesias estén en el Centro documental de la memoria histórica (Aplausos.).

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El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: En primer lugar y en aras de la reconciliación nacional, voy a dar por retirada la enmienda número 21 del informe de la ponencia, relativa a los 50.000 carteles que pedíamos que se reintegraran al Archivo General de la Guerra Civil Española porque me han aportado una información que yo desconocía.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Enmienda al artículo 21. Queda retirada.
En segundo lugar, señora Lasagabaster, estoy muy tranquilo; otra cosa es que esté profundamente preocupado. ¿Sabe por qué? Porque yo viví la transición, era muy jovencito pero la viví. A mí me preocupa la convivencia de los españoles y creo además en España. Usted tiene todo el derecho a sentir el sentimiento que tiene de España, que es el equivalente al que yo tengo por el Tíbet, porque usted dice que pertenece a una fuerza política que quiere la independencia del País Vasco respecto de España. Por tanto, yo en su lógica hasta lo puedo entender, lo que pasa es que en la lógica del Gobierno y del Grupo Socialista no lo entiendo, porque ellos sí que hicieron mucho por la transición y por la Constitución española vigente.
Señor presidente, me voy a permitir leer algo para que no se interprete mal, porque la señora Lasagabaster evidentemente no se enteró de esa resolución y el señor Herrera menos porque no estaba en este Congreso. La resolución de 20 de noviembre de 2002 fue una declaración extraordinariamente importante desde el punto de vista de todas estas cosas que estamos tratando. Es más, se llegó a tal nivel de consenso entre todos los grupos políticos que se produjo una declaración institucional, una lectura institucional de esa proposición por parte del entonces presidente de la Comisión Constitucional, don Jaime Ignacio del Burgo.
Participó muy activamente en la redacción de esa declaración de consenso don Alfonso Guerra. Un servidor, que era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, con un Gobierno que tenía mayoría absoluta, estuvo muy cerca de ese proceso, y cuando se dijo lo de punto final se dijo evidentemente en el sentido -por lo menos a mí se me trasladó así- para este tipo de iniciativas, porque a partir de esta declaración ya teníamos que trabajar operativamente en un clima de consenso para la resolución de los problemas que esas proposiciones de ley que confluyeron en esta declaración institucional de consenso pretendían obtener. Señora Lasagabaster, señorías, les voy a leer lo que dice el "Diario de Sesiones": Por todo lo anterior, primero, el Congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democracia, reitera que nadie -escuchen- puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. ¿Le parece bien? Lo leyó don Jaime Ignacio del Burgo, mayoría absoluta del PP. Si quiere, lo repetimos cinco veces, porque como aquí se trata de ir condenando el franquismo y hasta el bando de guerra de 1936 no sé cuántas veces. Lo hicimos el día 20 de noviembre -insisto-. (La señora Lasagabaster Olazábal: Si estaba yo.) Pues no lo parece. (Rumores.) Segundo. El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente, -señorías del Grupo Socialista, con todo respeto, conviene que lo escuchen, para que no digan según qué cosas a este grupo- para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Lo han escuchado bien, ¿verdad? Comparen si esta ley que aquí estamos debatiendo es conforme con esto.Tercero. El Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo a la confrontación civil. Unanimidad. Mayoría absoluta del PP. Cuarto. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno -ahora señores del Gobierno- para que desarrolle de manera urgente una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra, etcétera.
Traen aquí un proyecto de ley del que no han hablado ni un segundo con el Grupo Popular, que ha presentado enmiendas que mejoran el texto y que, en todo caso, como va a demostrar ahora, va a votar a favor varios artículos de esta ley. ¿Se compadece este espíritu y esta letra, esta declaración, con lo que han hecho ustedes ahora? (La señora Lasagabaster Olazábal: Sí, sí.) Si entienden que sí, a partir de ese momento quiere decirse que solo el cinismo y la hipocresía valen para algunos, con lo cual se cierra toda posibilidad de que confiemos en algo que es elemental cuando negociamos personas, con las que podemos discrepar políticamente pero de las que nos fiamos por la palabra dada.
Termino, señoría. Mi grupo acepta la enmienda transaccional que ha ofrecido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al artículo 16 sobre el Valle de los Caídos, siempre y cuando quede claro -rogaría que conste en el "Diario de Sesiones", señor presidente- que se entiende en su literalidad de transaccional de nueva disposición adicional, que sustituiría al apartado tercero del artículo 16 del texto del informe de la ponencia, que en todo caso el principio que prevalece es, primero, que en aquella institución del Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas correspondientes a establecimientos y lugares de culto y cementerios públicos y, segundo, que queda prohibido todo tipo de manifestación o exaltación política. Si es en esos términos, con ese espíritu y de esta forma, nosotros aceptamos la enmienda transaccional. Si no es así, mantendremos lo que dijimos anteriormente.

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El señor PRESIDENTE: Señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Pido también un minuto por alusiones.
Con todo respeto y afecto, señora Lasagabaster, yo no interpreto sus sentimientos, yo simplemente escucho sus intervenciones y -repito- usted tiene derecho a decir lo que dice y a decir que usted quiere independizar Euskadi de España; entonces de eso se deriva necesariamente que su sentimiento de pertenencia y de afecto a España es descriptible. Me parece que no es un juicio de intenciones peligroso.
Señor presidente, respecto al punto final, me remito al "Diario de Sesiones" para ver el punto de partida para tratar las cosas conjuntamente que tienen que ver con las cosas que nos ocupan en esta ley. Miren lo que dijo el señor López Garrido ese día. Señor López Garrido, "Diario de Sesiones", 20 de noviembre de 2002, Comisión Constitucional. "Nos felicitamos de que esto sea la culminación de una serie de constantes, de pacientes intentos, desde hace muchos años, de mucha gente, de las fuerzas democráticas y progresistas, para conseguir alcanzar un texto como el que hoy se va a someter a votación en esta Comisión." Culminar. Señor Alcaraz, por el Grupo Comunista: "Se podría decir que hoy es un día histórico para este Congreso, porque a partir de este momento…", etcétera. Sigo. Señor López de Lerma, por Convergència i Unió: Nuestro grupo parlamentario cierra un debate con esta resolución -cierra un debate- que fue abierto hace ya tiempo en beneficio de todos, sobre todo de aquellos que fueron víctimas de la guerra civil, con un reconocimiento moral y también -por qué no-, de las futuras generaciones. ¿Quién está faltando a la lealtad institucional y quién no está faltando? Nosotros, señoría, con esto creo que cumplimos lo que era un deber moral y con mayoría absoluta lo apoyamos y lo ratificamos. Lo que no se puede venir ahora es a decirnos que nosotros estamos en contra de la que ya hicimos, por una parte, o que repitamos, repitamos y repitamos de manera maniquea y sectaria esto cuando a ustedes les convenga. En eso no nos van a encontrar nunca, señor López Garrido, lo siento mucho. No tenemos complejos, de verdad, de que nos tachen de lo que quieran. En defensa de la Constitución, de la transición y de la libertad, no aceptamos lecciones de nadie, ni siquiera de ustedes. (Aplausos.- El señor López Garrido pide la palabra.)