La Razón, 27 de noviembre de 2009
EL ABORTO: CUESTIÓN DE CONCIENCIA
“Al votar una ley sobre el aborto, mi conciencia me interpela”. Así lo afirmaba ayer en un artículo publicado en El País, el Presidente del Congreso, José Bono.
Al hilo del debate que ha comenzado su andadura parlamentaria, el autor expone las razones por las que él considera que se puede votar -siquiera sea como “un mal menor”-, esta ley que, alega, “tiene como objetivo fundamental reducir el número de abortos que se producen en España”. Vaya por delante mi reconocimiento al deseo que expresa el Presidente del Congreso de buscar un “terreno compartido” –al que alude glosando el encuentro que mantuvo Obama con Benedicto XVI-, desde el que podamos respetarnos primero y ponernos de acuerdo después, personas que militamos en posiciones políticas distintas y aun con convicciones y creencias diferentes. Este esfuerzo del autor debe valorarse en sus justos términos porque en la España de hoy, sumida en una profunda crisis económica superpuesta a una no menos profunda crisis de valores, es preciso tender puentes y no cavar trincheras cuando el debate afecta, además, a una cuestión como la que nos ocupa -el aborto-, con graves connotaciones jurídico-constitucionales, científicas, éticas, morales y sociales.
Sin embargo, mi discrepancia básica con la tesis del autor radica en que, para él, este proyecto de ley es un “mal menor” frente a la actual regulación porque, afirma, “reducirá claramente el escandaloso número de abortos que se producen en nuestro país con la ley actual”. Su diagnostico de partida, a estos efectos -siguiendo el Dictamen del Consejo de Estado-, yo lo comparto: la aplicación en claro fraude de ley del llamado “tercer supuesto” –salud psíquica de la madre, y sin limitación temporal-, produce el 97% del total de abortos en la actualidad. Se pregunta el autor: ¿es esta normativa la que hay que preservar? Y se responde: evidentemente no. Yo le replico: evidentemente, lo que hay que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley evitando, en consecuencia, ese masivo fraude de ley en el que se está aplicando ese “tercer supuesto” que nos ha llevado, de hecho, a una situación de práctico aborto libre en estos momentos.
Por el contrario, la respuesta que a esta grave situación da el Gobierno es el “Proyecto de Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, que provoca que una conducta pase -conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional-, de estar tipificada en el Código penal, con excepciones en algunos supuestos, a convertirse en nada menos que en un derecho. ¿Puede pensarse razonablemente que con esta radical mutación normativa se puede reducir el número de abortos?
Ojalá los deseos del Presidente del Congreso sobre la mejora de la ley pudieran producirse pero me temo que no va a ser posible: los fundamentos ideológicos sobre los que se ha elaborado están en las antípodas de los principios éticos y convicciones que él manifiesta en su artículo.
Basta ver, a estos efectos, como en esta nueva regulación del aborto, ni se les reconoce el derecho a la objeción de los profesionales implicados, ni se admite el voto en conciencia de los Diputados que deben votarla.
En todo caso, con José Bono se puede debatir y se puede discrepar, precisamente porque él sí se esfuerza por buscar ese “terreno compartido” sobre el que poder hacerlo desde el respeto mutuo.
Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados
“Al votar una ley sobre el aborto, mi conciencia me interpela”. Así lo afirmaba ayer en un artículo publicado en El País, el Presidente del Congreso, José Bono.
Al hilo del debate que ha comenzado su andadura parlamentaria, el autor expone las razones por las que él considera que se puede votar -siquiera sea como “un mal menor”-, esta ley que, alega, “tiene como objetivo fundamental reducir el número de abortos que se producen en España”. Vaya por delante mi reconocimiento al deseo que expresa el Presidente del Congreso de buscar un “terreno compartido” –al que alude glosando el encuentro que mantuvo Obama con Benedicto XVI-, desde el que podamos respetarnos primero y ponernos de acuerdo después, personas que militamos en posiciones políticas distintas y aun con convicciones y creencias diferentes. Este esfuerzo del autor debe valorarse en sus justos términos porque en la España de hoy, sumida en una profunda crisis económica superpuesta a una no menos profunda crisis de valores, es preciso tender puentes y no cavar trincheras cuando el debate afecta, además, a una cuestión como la que nos ocupa -el aborto-, con graves connotaciones jurídico-constitucionales, científicas, éticas, morales y sociales.
Sin embargo, mi discrepancia básica con la tesis del autor radica en que, para él, este proyecto de ley es un “mal menor” frente a la actual regulación porque, afirma, “reducirá claramente el escandaloso número de abortos que se producen en nuestro país con la ley actual”. Su diagnostico de partida, a estos efectos -siguiendo el Dictamen del Consejo de Estado-, yo lo comparto: la aplicación en claro fraude de ley del llamado “tercer supuesto” –salud psíquica de la madre, y sin limitación temporal-, produce el 97% del total de abortos en la actualidad. Se pregunta el autor: ¿es esta normativa la que hay que preservar? Y se responde: evidentemente no. Yo le replico: evidentemente, lo que hay que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley evitando, en consecuencia, ese masivo fraude de ley en el que se está aplicando ese “tercer supuesto” que nos ha llevado, de hecho, a una situación de práctico aborto libre en estos momentos.
Por el contrario, la respuesta que a esta grave situación da el Gobierno es el “Proyecto de Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, que provoca que una conducta pase -conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional-, de estar tipificada en el Código penal, con excepciones en algunos supuestos, a convertirse en nada menos que en un derecho. ¿Puede pensarse razonablemente que con esta radical mutación normativa se puede reducir el número de abortos?
Ojalá los deseos del Presidente del Congreso sobre la mejora de la ley pudieran producirse pero me temo que no va a ser posible: los fundamentos ideológicos sobre los que se ha elaborado están en las antípodas de los principios éticos y convicciones que él manifiesta en su artículo.
Basta ver, a estos efectos, como en esta nueva regulación del aborto, ni se les reconoce el derecho a la objeción de los profesionales implicados, ni se admite el voto en conciencia de los Diputados que deben votarla.
En todo caso, con José Bono se puede debatir y se puede discrepar, precisamente porque él sí se esfuerza por buscar ese “terreno compartido” sobre el que poder hacerlo desde el respeto mutuo.
Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados
entrada de Jorge Fernández Díaz @ 10:09 a. m.
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