Pleno del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2007

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA EXPROPIACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO QUE PASÓ A TITULARIDAD PRIVADA DURANTE LA DICTADURA FRANQUISTA.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular. Señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor presidente,
señoría, por una vez y sin que sirva de precedente voy a
coincidir con el señor Tardà en que este es un debate
cuyo ámbito propio parecería ser el proyecto de Ley de
Memoria Histórica. Debería haberle dicho a sus compañeros
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que
esto hubiera encajado muy bien en una enmienda para
hacer una nueva disposición adicional del proyecto de
Ley de Memoria Histórica. Por otra parte, tengo la sensación
de que este es un debate entre la izquierda, según
han dicho algunos medios de comunicación, y tengo que
decir que no andan desencaminados. Da la sensación, a
la vista de cómo parece que van las negociaciones del
Gobierno con ustedes en torno a ese proyecto de Ley de
Memoria Histórica, de que esta iniciativa se plantea
precisamente como un instrumento legítimo, por
supuesto, pero un instrumento legítimo de presión al
Gobierno para forzar un acuerdo en relación con ese
proyecto de ley.
Por lo demás, tengo que decir, como se ha señalado
muy bien, que esta iniciativa tiene dos partes. En cuanto
a la primera, hay una cosa que me preocupa especialmente,
lo relativo a las leyes personales. Pienso que si
hay algo que todos tenemos muy claro en esta Cámara
es que todos somos iguales ante la ley y que la ley no
puede hacer acepción de personas, ni aunque se apelliden
Franco. La ley no hace acepción de personas y creemos
en el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Si hay patrimonio de la familia Franco, de sus sucesores,
de quien sea, que por el procedimiento que sea ha llegado
a esas manos y ahora tiene interés público y debe ser
expropiado, para eso están la ley y los tribunales. Nosotros
creemos en el Estado de derecho y por tanto debe
actuarse conforme a la ley. Ahora, si lo que se quiere es
no actuar conforme a la ley, sino conforme estrictamente
a criterios políticos al margen de la ley, a lo mejor sí tiene
sentido traer una iniciativa de estas características. Lo
digo claramente. La ley trata a todos por igual y la justicia
es ciega. Por eso se la representa con una venda
cubriéndole los ojos. Como estamos en una democracia,
afortunadamente, como estamos en un Estado democrático
de derecho, afortunadamente, como creemos en el
principio de separación de poderes, afortunadamente,
como creemos que la justicia es independiente, afortunadamente,
y como las leyes si no son las adecuadas aquí
las podemos cambiar, que se actúe en el marco de la ley
y acudiendo a los tribunales de Justicia cuando proceda.
¿Qué ha pasado durante estos 32 años después de la
muerte de Franco? Que ni la Fiscalía del Estado ni la
Abogacía del Estado ni el Defensor del Pueblo ni los
diversos gobiernos que han existido han removido los
obstáculos en orden a que se eliminaran injusticias flagrantes.
No han cambiado las leyes que eran precisas
para conseguir objetivos legítimos y que debían servir
al interés común. ¿Qué han estado haciendo entonces
estos gobiernos —insisto— y todas estas instituciones
durante estos 32 años? Por eso hago hincapié en lo de la
ley personal, porque no se puede hacer una ley personal
contra la familia Franco, como he dicho, en un Estado
democrático y de derecho. Otros regímenes, como el nazi
o el soviético, claro que hacían leyes personales y, por
cierto, la ley personal, como saben, es fruto del régimen
nazi, por lo que en un Estado democrático y de derecho
no se pueden hacer leyes personales para nadie, ni
siquiera para Franco y sus descendientes.
En cuanto a la segunda parte de la iniciativa, que se
diga que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a que colabore con la Xunta de Galicia para hacer lo que
la Xunta de Galicia tiene que hacer, como mínimo suena
a palmadita paternalista. De verdad, no entiendo cómo
el BNG, cómo el señor Rodríguez lo apoya y cómo
ustedes que gobiernan con el BNG en la Xunta de
Galicia, están dispuestos a apoyar esto, porque todos
sabemos en qué situación se encuentra el proceso para
eventualmente declarar el pazo de Meirás como bien de
interés cultural para en su caso expropiarlo posteriormente.
Sabemos que el 30 de agosto los técnicos de la
Consellería de Cultura de la Xunta no pudieron acceder
y que la Xunta legítimamente ha ido a los tribunales de
Justicia, a los juzgados de lo Contencioso de A Coruña.
¿En qué tiene que colaborar el Congreso de los Diputados,
en que los juzgados de lo Contencioso de La
Coruña resuelvan esa denuncia de la Xunta de Galicia?
Supongo que no estarán pidiéndonos esto. ¿Para qué
están pidiéndonos que colabore el Gobierno con la Xunta
de Galicia? ¿Para que la Xunta de Galicia, en aplicación
de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio Cultural
de Galicia, le diga cómo tiene que proceder para
hacer un expediente administrativo, en orden a declarar
eventualmente como bien de interés cultural el pazo de
Meirás? Realmente me parece una ofensa para la Xunta
de Galicia y me parece una ofensa en términos políticos
para este Congreso de los Diputados. Si por lo demás
queremos recordarle al Gobierno, desde el Congreso de
los Diputados, que cumpla el principio constitucional de
cooperación, que como ha señalado en reiterada juris
prudencia el Tribunal Constitucional no está explicitado
en la Constitución pero se deriva necesariamente de ella,
para eso no hace falta una proposición no de ley ni hace
falta matar moscas a cañonazos, como hemos visto aquí,
porque da la sensación algunas veces de que ustedes
están aplicando aquello de lanzada al moro muerto.
Muchas gracias. (Varios señores diputados:
¡Bien!— Aplausos.)