ABC, domingo 19 de agosto de 2007
¿Hasta cuándo, señor Rodríguez Zapatero?
El 14 de agosto, y por segundo año consecutivo -en periodo extraordinario de sesiones-, Cataluña volvió a ser noticia negativa en el Congreso. En esta ocasión la causa fue el mal servicio de diversas infraestructuras dependientes del Gobierno de la nación.
El pasado año lo fue por un histórico caos en el aeropuerto de El Prat, provocado por la ocupación de las pistas durante muchas horas, que ocasionó una gravísima perturbación del tráfico aéreo y afectó a más de 100.000 viajeros. Por desgracia, la imagen que Barcelona dio al mundo se situó en las antípodas de la gran capital que fue capaz de organizar con brillantez los Juegos Olímpicos de 1992. Esa jornada ya es un paradigma de la Barcelona de la actual legislatura: hundimiento de El Carmelo, anulación de una cumbre europea por miedo a los okupas, etcétera.
Ahora, ante el calamitoso funcionamiento de diversos servicios públicos básicos para la Comunidad, la respuesta del presidente de Gobierno y de la ministra de Fomento ha sido la de pedir calma a los ciudadanos y la de culpar al PP de la situación existente.
Como es sabido, la causa principal -que no única- de los incidentes y averías que se producen son las obras de infraestructuras para la llegada del AVE a Barcelona, cuyo trazado coincide con el corredor del servicio de Cercanías de Renfe. Este proyecto es de gran complejidad técnica y por eso la eficiencia y la capacidad de gestión resultan imprescindibles: y esto es lo que falta en el Ministerio de Fomento.
No quiero hacer aquí y ahora una narración exhaustiva de los accidentes, incidentes y averías de todo tipo padecidas por los ciudadanos de Barcelona en los tres últimos años porque sería interminable. Sólo citaré dos de las últimas como ejemplo: una, la producida el pasado 8 de agosto por unos rayos que inutilizaron tres catenarias, afectando a 180 convoyes y a más de 33.000 viajeros. Otra, el colapso de la carretera AP7 con atascos de más de 75 kilómetros, producido por el incremento de tráfico como consecuencia de la falta de confianza de muchos viajeros en el servicio de Cercanías.
Para comprender el estado de ánimo de gran parte de la sociedad catalana, recordemos que entre el caos de El Prat y este último incidente se han producido multitud de anomalías en un medio de transporte que utilizan 120 millones de pasajeros al año en Cataluña; sin olvidar el apagón histórico que el pasado 23 de julio dejó en Barcelona sin suministro a 300.000 abonados, afectando a un millón largo de barceloneses.
Las chapuzas vienen de lejos. Por ello, ya en octubre de 2005, en sesión plenaria, la Ministra de Fomento hubo de asumir el compromiso de que en «muy breve espacio de tiempo se iban a recuperar los estándares de calidad en el servicio, de puntualidad, así como de confianza de los ciudadanos». En septiembre pasado se reiteró este compromiso y presentó en la Cámara Baja el PAU -Plan de actuación urgente- como aval del mismo. Por fin, el pasado 21 de marzo, y ante la situación insostenible creada en la opinión pública, tuvo que comparecer una vez más -y ahora con carácter extraordinario- ante el pleno del Congreso para responder por las críticas recibidas. Allí volvió a reiterar solemnemente su compromiso de recuperación de la normalidad en la prestación del servicio ferroviario de Cercanías en Cataluña.
Como la confianza y la paciencia no dan más de sí, ahora la ministra se ha inventado un nuevo argumento: «la culpa de lo que sucede es del Partido Popular, que en sus ocho años de gobierno abandonó Cataluña». En nuestra idea de Cataluña y de España, «lo que es bueno para Cataluña es bueno para España y viceversa». Por ello, en aras de la verdad debo recordar unas cifras.
Durante el periodo de gobierno socialista 1982-1996, el promedio de inversión territorializada en Cataluña fue del 7 por ciento del total de los Presupuestos Generales del Estado. Este promedio se elevó hasta el 11 por ciento en los ocho años de gobierno del PP, alcanzando el 17 por ciento en el presupuesto del año 2004. Con datos del INE y SEOPAN, si pasamos de inversión presupuestada a licitación adjudicada -dato decisivo para evaluar la eficiencia y capacidad de gestión- resulta que con el PP en el Gobierno la licitación -tanto por habitante como en relación al PIB regional- supera ampliamente la del periodo 2004-2007. Queda desmontada así la falacia de que es la falta de inversión de los Gobiernos del PP la responsable de la actual situación.
En esta legislatura los Gobiernos de España y Cataluña han equivocado sus prioridades. Con el impulso decisivo del señor Rodríguez Zapatero han consumido sus energías en iniciativas -como el nuevo Estatuto para Cataluña- que no demandaba la sociedad catalana, mientras ni se gestionaba correctamente el día a día ni se proyectaban nuevas las obras de infraestructuras que la competitividad de la economía catalana y la calidad de vida de sus ciudadanos exigían. Ahora pagamos las consecuencias.
Cuatro grupos parlamentarios que representan a 170 diputados han pedido la dimisión de la ministra de Fomento. La señora Álvarez ha respondido que a ella no es nombrada por el Congreso, sino por el presidente del Gobierno y que seguirá en su puesto mientras tenga su confianza, aunque no tenga la de la Cámara. Así le ha endosado al señor Rodríguez Zapatero, directa y personalmente, la responsabilidad política por la situación que padece Cataluña. ¿Hasta cuando. señor presidente?
Jorge Fernández Díaz
Diputado por Barcelona
Secretario General del Grupo Popular en el Congreso
El 14 de agosto, y por segundo año consecutivo -en periodo extraordinario de sesiones-, Cataluña volvió a ser noticia negativa en el Congreso. En esta ocasión la causa fue el mal servicio de diversas infraestructuras dependientes del Gobierno de la nación.
El pasado año lo fue por un histórico caos en el aeropuerto de El Prat, provocado por la ocupación de las pistas durante muchas horas, que ocasionó una gravísima perturbación del tráfico aéreo y afectó a más de 100.000 viajeros. Por desgracia, la imagen que Barcelona dio al mundo se situó en las antípodas de la gran capital que fue capaz de organizar con brillantez los Juegos Olímpicos de 1992. Esa jornada ya es un paradigma de la Barcelona de la actual legislatura: hundimiento de El Carmelo, anulación de una cumbre europea por miedo a los okupas, etcétera.
Ahora, ante el calamitoso funcionamiento de diversos servicios públicos básicos para la Comunidad, la respuesta del presidente de Gobierno y de la ministra de Fomento ha sido la de pedir calma a los ciudadanos y la de culpar al PP de la situación existente.
Como es sabido, la causa principal -que no única- de los incidentes y averías que se producen son las obras de infraestructuras para la llegada del AVE a Barcelona, cuyo trazado coincide con el corredor del servicio de Cercanías de Renfe. Este proyecto es de gran complejidad técnica y por eso la eficiencia y la capacidad de gestión resultan imprescindibles: y esto es lo que falta en el Ministerio de Fomento.
No quiero hacer aquí y ahora una narración exhaustiva de los accidentes, incidentes y averías de todo tipo padecidas por los ciudadanos de Barcelona en los tres últimos años porque sería interminable. Sólo citaré dos de las últimas como ejemplo: una, la producida el pasado 8 de agosto por unos rayos que inutilizaron tres catenarias, afectando a 180 convoyes y a más de 33.000 viajeros. Otra, el colapso de la carretera AP7 con atascos de más de 75 kilómetros, producido por el incremento de tráfico como consecuencia de la falta de confianza de muchos viajeros en el servicio de Cercanías.
Para comprender el estado de ánimo de gran parte de la sociedad catalana, recordemos que entre el caos de El Prat y este último incidente se han producido multitud de anomalías en un medio de transporte que utilizan 120 millones de pasajeros al año en Cataluña; sin olvidar el apagón histórico que el pasado 23 de julio dejó en Barcelona sin suministro a 300.000 abonados, afectando a un millón largo de barceloneses.
Las chapuzas vienen de lejos. Por ello, ya en octubre de 2005, en sesión plenaria, la Ministra de Fomento hubo de asumir el compromiso de que en «muy breve espacio de tiempo se iban a recuperar los estándares de calidad en el servicio, de puntualidad, así como de confianza de los ciudadanos». En septiembre pasado se reiteró este compromiso y presentó en la Cámara Baja el PAU -Plan de actuación urgente- como aval del mismo. Por fin, el pasado 21 de marzo, y ante la situación insostenible creada en la opinión pública, tuvo que comparecer una vez más -y ahora con carácter extraordinario- ante el pleno del Congreso para responder por las críticas recibidas. Allí volvió a reiterar solemnemente su compromiso de recuperación de la normalidad en la prestación del servicio ferroviario de Cercanías en Cataluña.
Como la confianza y la paciencia no dan más de sí, ahora la ministra se ha inventado un nuevo argumento: «la culpa de lo que sucede es del Partido Popular, que en sus ocho años de gobierno abandonó Cataluña». En nuestra idea de Cataluña y de España, «lo que es bueno para Cataluña es bueno para España y viceversa». Por ello, en aras de la verdad debo recordar unas cifras.
Durante el periodo de gobierno socialista 1982-1996, el promedio de inversión territorializada en Cataluña fue del 7 por ciento del total de los Presupuestos Generales del Estado. Este promedio se elevó hasta el 11 por ciento en los ocho años de gobierno del PP, alcanzando el 17 por ciento en el presupuesto del año 2004. Con datos del INE y SEOPAN, si pasamos de inversión presupuestada a licitación adjudicada -dato decisivo para evaluar la eficiencia y capacidad de gestión- resulta que con el PP en el Gobierno la licitación -tanto por habitante como en relación al PIB regional- supera ampliamente la del periodo 2004-2007. Queda desmontada así la falacia de que es la falta de inversión de los Gobiernos del PP la responsable de la actual situación.
En esta legislatura los Gobiernos de España y Cataluña han equivocado sus prioridades. Con el impulso decisivo del señor Rodríguez Zapatero han consumido sus energías en iniciativas -como el nuevo Estatuto para Cataluña- que no demandaba la sociedad catalana, mientras ni se gestionaba correctamente el día a día ni se proyectaban nuevas las obras de infraestructuras que la competitividad de la economía catalana y la calidad de vida de sus ciudadanos exigían. Ahora pagamos las consecuencias.
Cuatro grupos parlamentarios que representan a 170 diputados han pedido la dimisión de la ministra de Fomento. La señora Álvarez ha respondido que a ella no es nombrada por el Congreso, sino por el presidente del Gobierno y que seguirá en su puesto mientras tenga su confianza, aunque no tenga la de la Cámara. Así le ha endosado al señor Rodríguez Zapatero, directa y personalmente, la responsabilidad política por la situación que padece Cataluña. ¿Hasta cuando. señor presidente?
Jorge Fernández Díaz
Diputado por Barcelona
Secretario General del Grupo Popular en el Congreso
entrada de Jorge Fernández Díaz @ 4:54 p. m.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio